El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, advirtió que los avances logrados en el Acuerdo Económico Productivo Empresarial, suscrito con el Gobierno, corren riesgo pues “su implementación está tropezando con muchas dificultades y barreras que ralentizan la concreción de objetivos”.

El empresario remarcó que el acuerdo de 10 puntos, firmado en febrero, “ha tenido resultados positivos y es prioritario sostenerlo”; sin embargo, afirmó que esos avances “corren el riesgo de ser sobrepasados por circunstancias externas e internas; que parecen superar nuestra capacidad de resiliencia y de reacción”.

En el acto de celebración por los 60 años de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca, realizado el jueves en Sucre, Ortuño manifestó que el sector privado está preocupado por los conflictos políticos y sociales que afectan a la economía.

En la ceremonia participó también el presidente Luis Arce y varios de sus ministros.

“Estamos atravesando por tiempos de incertidumbre y de preocupaciones crecientes no solamente por la persistente escasez de divisas extranjeras; sino también por la confrontación política y los conflictos sociales que muchas veces dificultan la toma de decisiones; y de acciones estructurales para desarrollar (…) los grandes temas que harán de Bolivia un país económicamente fuerte y socialmente justo”, señaló.

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Acuerdo

Asimismo, Ortuño reafirmó que es importante el diálogo “abierto, franco y directo” pero escuchando, atendiendo y entendiendo las visiones, propuestas y las necesidades del otro. “Y también estar dispuesto a ceder en ideas que muchas veces creemos adecuadas para que se impongan soluciones que beneficien a todos”.

En su intervención, convocó a la unidad y la integración para encontrar los caminos de solución a los problemas que aquejan al país. “Hoy Bolivia nos necesita a todos y todos necesitamos a Bolivia”, sentenció.

Garantizó que los empresarios están dispuestos a continuar aportando con la producción, el trabajo, la inversión y el esfuerzo.

En febrero, los empresarios privados y el Gobierno firmaron un acuerdo de 10 puntos con el objetivo de incrementar el flujo de dólares.

En un trabajo conjunto realizado entre personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Policía Boliviana se logró desarticular una red de falsificadores de tarjeta B-Sisa en Cochabamba.

Según el reporte, el ente regulador de hidrocarburos identificó que esta red comercializaba las etiquetas del B-Sisa a Bs 150 a través de redes sociales. En el operativo fue aprehendida una persona que fue derivada al Ministerio Público para fines investigativos.

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En conferencia de prensa, el director ejecutivo de la ANH, Germán Jiménez, pidió a la población que sea cautelosa a la hora de adquirir su tarjeta B-Sisa, ya que la única institución que puede otorgar este requisito indispensable para el carguío de combustible es la entidad reguladora.

“Hemos podido identificar personas que estaban realizando la falsificación de tag (etiqueta de autoidentificación). Este es un tag original por parte de la ANH y este es un tag que estaba siendo clonado y de manera dolosa estaba siendo vendido en el mercado negro”, indicó.

Jiménez sostuvo que en el departamento de Cochabamba se emitía las etiquetas a solo 160 motorizados entre vehículos y motocicletas por día.

Etiquetado

No obstante, afirmó que se determinó incrementar el trabajo para registrar a mayores coches para que porten este tag y puedan realizar el carguío de combustibles sin ningún tipo de inconvenientes.

“Hoy hemos incrementado casi a 800 vehículos y más de 150 motos, estamos bordeando casi los 1.000 vehículos que estamos etiquetando. Esto ha generado una gran cantidad de filas para etiquetado de los motorizados”, informó.

La ANH recordó que tiene habilitada la línea gratuita 800106006 y el número de WhatsApp 72072300 para denunciar cualquier tipo de irregularidad con el tema de los combustibles.

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), en coordinación con el Gobierno y las operadoras de telefonía, trabaja en el reempadronamiento de números de celulares ante el incremento de estafas digitales hacia la población.

Según Ely Zambrana, jefa de servicios legales de la ATT, ante las miles de denuncias de los usuarios, la entidad comenzó una campaña de prevención a través de su plataforma Bloquea la Estafa.

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Estafas digitales

El proyecto de reempadronamiento consiste evitar que exista un plazo de 72 horas para el registro de un chip de telefonía celular. Y que este proceso sea inmediato.

“Venimos trabajando el proyecto de decreto supremo para empadronar a nivel nacional todos los números de celular y evitar que haya un plazo de 72 horas para que sea uno inmediato, estamos previendo esta situación”, calculó Zambrana.

La responsable legal de la ATT confirmó que a la fecha se registran más de 6.500 denuncias de estafas digitales en el país. Esto derivó en el bloqueo de números celulares, también de los códigos IMEI con lo que se inhabilita el equipo celular.

La página para la presentación de las denuncias es www.bloquealaestafa.att.gob.bo. Los usuarios pueden comunicarse también con los teléfonos 800106000 o 715 33208, habilitados las 24 horas del día.

Recomendaciones

Zambrana exhortó a la población a presentar sus denuncias ante cualquier llamada o mensaje dudoso de personas que pidan datos personales, fotos de carnet de identidad o información de sus redes sociales.

“A partir de esto pedimos que manden fotos de los mensajes del número que realizan estafas. Con esto emitimos a las operadoras para que verifiquen los cruces de llamadas. Así en menos de 48 horas se realiza el bloqueo del celular del delincuente”, explicó.

Control de operadoras

La ATT corroboró que las operadoras de telefonía cumplen un rol fundamental en el control para evitar estos delitos.

Cada compañía registra en una lista negra a los números sospechosos y después de una investigación se procede a enviar la información a la Policía para que comience un operativo de búsqueda de los responsables de estafas.

(24/05/2024)

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, dijo que, a través de controles en las farmacias, se evidenció el incremento de precios de los medicamentos hasta en un 25%.

“Se puede apreciar que hay un incremento desmedido de un 20, 25% que no está autorizado”, sostuvo a los periodistas.

Aclaró que la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) es la única instancia encargada de definir los precios de los medicamentos y que para este año aún no se autorizó el incremento de los medicamentos.

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Por tanto, afirmó que se sancionará a las farmacéuticas que incrementaron los costos de los medicamentos sin ninguna autorización de la institución competente.

“Lo que nos informa la Agemed es que los precios referenciales que ellos tienen son de la gestión pasada y que en esta gestión no se ha autorizado ningún incremento de precios, por lo tanto, amerita sancionar a aquellas personas que están cometiendo agio o especulación con los medicamentos”, anunció.

Lamentó que algunos sectores, en este caso los farmacéuticos, eleven el costo de los medicamentos con cualquier justificativo, lo que afecta a la población que demanda esos productos.

“Encuentran el pretexto de la guerra Rusia y Ucrania, luego la invasión de Israel, luego los incendios, luego las lluvias, ahora es el dólar; siempre encuentran un pretexto para justificar el incremento de precios”, reprochó.

Controles

El personal de Defensa del Consumidor realizó controles en el departamento de Santa Cruz donde se identificaron el incremento de precios. Por tanto, anunció que este tipo de actividades se desarrollarán en el resto del país.

La presidenta de la Asociación de Profesionales Propietarios de Farmacias (Asprofar) La Paz, Silvia Heredia, denunció el 9 de mayo que, hace un año se registra el incremento de precios de los medicamentos de hasta un 30% que, según las industrias farmacéuticas, importadoras y distribuidoras, se debe a la falta de dólares, entre otros factores.

“Lamentablemente, día tras día la subida de porcentaje, del incremento de precios es constante. A nivel nacional los medicamentos nacionales han estado incrementándose de un 6%, un 8%, un 12%, los importados en un 25%, 30%”, denunció Heredia hace dos semanas.

En un acto en el Regimiento de Infantería 2 “Mariscal Antonio José de Sucre”, en la capital del país, el Gobierno dio inicio al pago de la Renta Dignidad con la meta de superar esta gestión el monto del año pasado, que llegó a los Bs 23,24 millones.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, fue el encargado de dar inicio al pago de este beneficio que se realiza a través de las Fuerzas Armadas para llegar a las áreas más alejadas del territorio nacional.

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Las Fuerzas Armadas han “pagado el año pasado, en todo el territorio boliviano, la suma de 23.242.800, asumiendo el compromiso de superar este monto en la presente gestión”, afirmó la autoridad de Estado.

Para el pago de este beneficio, las Fuerzas Armadas habilitaron 154 puntos, de los cuales 111 corresponden al Ejército, 32 a la Armada Boliviana y 11 a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), además de unidades móviles para llegar a los lugares más alejados y efectuar el pago a las personas de la tercera edad que no tienen una renta de jubilación.

“De esta manera las Fuerzas Armadas ejecutan el pago en recintos militares necesarios y a través de las unidades móviles de pago para lograr el alcance geográfico de las áreas urbanas y rurales desde 2023”, indicó.

Cada uno de los equipos de pago móvil estará conformado por tres miembros de las FFAA, que se desplazarán por tres días consecutivos a las localidades y/o comunidades, principalmente alejadas para el pago del beneficio.

Beneficiarios

Durante la gestión 2023 se alcanzó cancelar el beneficio a 61.842 adultos mayores y se espera alcanzar una cifra similar este año.

El 16 de abril de este año se firmó el Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Defensa y la Gestora Pública de Seguridad Social a Largo Plazo para el pago de la Renta Dignidad en esta gestión.

Novillo recordó que el 28 de noviembre de 2007 el Gobierno de ese entonces promulgó la Ley 3791, de Renta Universal de Vejez, conocido como Renta Dignidad.

Mediante el Decreto Supremo 29399, del 29 de diciembre de 2007, se establecieron los mecanismos para operativizar el pago de la Renta Dignidad a través de las Fuerzas Armadas.

El comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, vicealmirante Gonzalo Vigabriel, dijo que la institución castrense “está siempre al lado de nuestros parientes de la tercera edad apoyándoles con recursos que también se generan en las Fuerzas Armadas”.