El Gobierno rechaza sentencia a favor de Marinkovic y anuncia procesos contra magistrados
Se trata de dos predios en Santa Cruz, en Guarayos y la Chiquitania, que datan de 1998 y 2000
El viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, rechazó las sentencias de la sala cuarta del Tribunal Constitucional sobre la situación de tierras a favor del empresario y político Branko Marinkovic y anunció procesos contra magistrados.
Se trata de dos predios en Santa Cruz, en Guarayos y la Chiquitania, que datan de 1998 y 2000. Respectivamente. en el proceso de saneamiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Guerrero afirmó que ambos predios suman 34.000 hectáreas, a pesar de que Constitución dispone solo 5.000 hectáreas de propiedad.
“Los magistrados van más allá anulando las notificaciones al Viceministerio de Tierras y dejando sin efecto el decreto supremo del presidente (Luis) Arce y establecen que puedan titularse los predios”, cuestionó el funcionario.
Guerrero afirmó que la medida judicial es “totalmente ilegal porque la Constitución establece como límite máximo 5.000 hectáreas y de manera ilegal se ordena que se titulen 34.000 hectáreas de tierra”.
“Por eso estamos en desacuerdo por estas sentencias que atentan contra el derecho del pueblo boliviano y de los indígenas”, insistió.
Consulte también: Tierra e ilegalidad, oprobio al estado
Marinkovic
Guerrero recordó que durante el gobierno de Jeanine Áñez fue emitida una resolución favorable a la familia de Marinkovic. Que posteriormente fue demandada y que a la postre derivó en una sentencia favorable al Estado. Pero después, los magistrados emitieron otra resolución.
“Los abogados presentan amparo constitucional por todas las irregularidades en esos procesos y esas tierras deberían pasar al Estado; esa resolución de amparo va en revisión a Sucre, donde esa sala de magistrados emite una resolución que data de abril de 2023. Y nos notifican un año después y la otra sentencia del 8 de diciembre de 2023”, detalló la autoridad.
Guerrero arguyó que esa sentencia es contraria a las leyes y se pueden encontrar tipos penales que pueden ser objeto de un “proceso penal” contra esos magistrados.