Tierra e ilegalidad, oprobio al estado
Imagen: la razón-archivo
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Una reflexión sobre la propiedad agraria en Bolivia y los desafíos para su saneamiento.
Un grupo de extranjeros menonitas se proponen adjudicarse más de 36 mil hectáreas de tierras en la Chiquitanía pagándole al Estado por cada hectárea. En contra ruta, malos bolivianos acaban instigándoles a que accedan por la vía gratuita, les ayudan viabilizando a cambiar la naturaleza de su constitución de grupo proponiéndoles a que se declaren campesinos. En 2020, el gobierno de Áñez les titula 31 mil ha. ¿Hubo ilegalidades?
Si los sociólogos examinan las ilegalidades agrarias, de inmediato enfadan a los abogados funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Ellos evitan que alguien pise la cola del tigre. Vigilan y cuidan su sagrado territorio descalificando a cualquier crítico. Cierran todas las puertas y accesos como los leucocitos de la sangre cuando se afanan en eliminar cuerpos extraños. ¿Cómo?, impiden a los investigadores acceder a la mínima información.
El asunto agrario tiene temáticas de máxima relevancia difundidas oficialmente y administradas con incongruencia: precisamos desempolvar.
En septiembre de 2017, el INRA cerró el saneamiento en todo el país en un acto oficial en Cochabamba. Su directora, Beatriz Yuque, informó que en cinco departamentos había concluido el saneamiento y faltaban solamente en Cochabamba 40 200 hectáreas (ha), en Potosí 178 131 ha, en Santa Cruz 35 790 ha y en La Paz 608 912 ha. En Bolivia solo restaban 4,5 millones de hectáreas.
Desde 2017, ¿por qué para el INRA se hizo imposible concluir elsaneamiento de al menos de 36 mil ha en Santa Cruz? En el futuro, ¿cómo justificará el indeterminado vacío legal de ley que amplíe el saneamiento después de 2017 a la fecha?
En 2023, el actual director todavía ostenta como logro suyo al 91% de avance nacional del saneamiento. “A cuanto más se miente, la mentira se convierte en verdad”, sentencia un dicho popular para situaciones similares. Veamos un caso concreto para entender mejor los últimos conflictos por tierras en Santa Cruz.
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En mayo de 2021, leí la denuncia de una dirigente campesina chiquitana. Coloreé con resaltadores diferenciando las irregularidades descritas. Ella identificó ilícitos claves, después de haber examinado 4733 páginas de 24 tomos de expediente, casi comunes en cada trámite de saneamiento de tierras de la Asociación Civil “Colonia Menonita Valle Hermoso Schonthal”, que en 2012 había recibido personalidad jurídica.
En su censura, la denunciante objetó a los representantes extranjeros menonitas, Loewen Dyck y Klassen Heide, por adquirir tierras con dudosa legalidad; incluso habían pretendido regularizar hasta 36 568 ha en las proximidades de Quimome, municipio cruceño de San José de Chiquitos.
Desde entonces me interesé por indagar sobre las argucias y las técnicas criollas transformadas en métodos usuales mientras se redactaba un conjunto de papeleos, de informes firmados y de resoluciones emitidas por funcionarios del INRA amañados en concomitancia con los potenciales propietarios, con los dirigentes sindicales dóciles a prebendas y hasta con la participación de funcionarios de otros órganos del Estado.
Esta ingeniosa e imprecisa manera de papelear es menospreciada e invisibilizada a la hora de ser examinada por jueces y magistrados agroambientales y constitucionales. Por esa razón, el INRA casi nunca recupera tierras para el Estado.
Volvamos al caso menonitas de Schonthal. Al inicio del saneamiento solicitaron pagar al Estado 10 934 ha por la vía de adjudicación de Propiedad Empresarial; años después creció el interés de los extranjeros por 36 568 ha. ¿Quién infló la burbuja?
Ante las reclamaciones de los vecinos de Quimome, en julio de 2018, el INRA recortó 20 462 ha al total pretendido y resolvió declararlo tierra fiscal. Sin embargo, diecinueve meses después el propio INRA SCZ le adicionó la superficie recortada al área total para ser dotada y no adjudicada y la convirtió en Propiedad Comunaria: no la mantuvo en Propiedad Empresarial. Los afortunados, en julio de 2020, se beneficiaron con la titulación de 31 392 ha por la vía de dotación en la gestión del Golpe de Estado.
¿Con cuántos millones de dólares hubieran comprado de propietarios privados los mencionados menonitas más de 31 mil ha? ¿Qué funcionarios, qué dirigentes sindicales y qué autoridades locales, regionales y nacionales estuvieron detrás de este descomunal beneficio? ¿Habrá investigación en algún momento? Y como anillo al dedo, ninguna instancia del Estado tiene facultades legales para pedir la invalidación del título irregular, a mi juicio. En 2018, el exministro de Tierras, César Cocarico gestionó para mutilar al Viceministerio de Tierras la facultad de pedir la anulación de títulos al Tribunal Agroambiental.
Mientras yo contrastaba la denuncia de la dirigente con las páginas de los 24 tomos, me sorprendí con el tomo 16: ahí encontré resoluciones firmadas por un exdirector departamental que, en mayo 2023 ejercía el interinato en el INRA SCZ cuando su director, Adalberto Rojas, libraba la batalla con el COVID. Ante semejante sorpresa, introduje el tomo en la mochila y me trasladé al despacho del ministro, Remmy Gonzales, mostré la evidencia y él me pidió un informe que terminó desvanecido por algún motivo hasta la fecha.
En 2020, si los mencionados extranjeros hubiesen sido favorecidos con la adjudicación por el gobierno de Áñez, habrían pagado al Estado un promedio benevolente de 58 bolivianos por hectárea. Ese costo pagó al Estado el exministro Branko Marinković? por sus dos propiedades en 2020. El Estado boliviano podía haber recibido 1,8 millones de bolivianos. ¿Será que los funcionarios causaron un daño económico al Estado? Obviamente sostendrán que fue conforme a la legalidad. ¿Quién tomará las medidas? Curiosamente, el actual director nacional del INRA mantiene a susodichos funcionarios entre los directores más cercanos de su despacho.
Colorín colorado. Cuando pedí al ministro un chofer y un vehículo sin vínculo con el INRA, con tarea discreta e imprecisa ruta, tenía la intención de verificar en campo como director general de tierras que era. Partimos de Santa Cruz con un mapa con escasa precisión de datos UTM, tuvimos que girar sin querer por los asentamientos abandonados y promovidos, fotografié letreros de madera que distinguían nombres de sindicatos sin asentados en raros lugares a uno o tres delegados por sus poseedores titulares.
Casi a las 16:00 llegamos al campamento menonita. Ellos habían desviado el curso de riachuelos, habían represado una laguna para agrandar áreas de cultivo. En el campamento encontré construcciones parecidas a películas, con pinos recortados en forma de rombos, tractores con ruedas metálicas que elevaban los caminos, carretones dirigidos por mujeres rubias menonitas. En esas situaciones ya consolidadas de asentamientos, ¿el Estado tendría potestad de sentar autoridad desalojando a sus poseedores con dudosa legalidad?
La cuestión de la ilegalidad es más de lo que imaginamos. Estos actos similares y recurrentes colocan al Estado en oprobio. ¿Quién podrá defender las tierras y recuperarlas para el Estado?
(*)Wilbert Villca López es sociólogo