Este fin de semana nuevamente se registraron filas de vehículos en las estaciones de servicio, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) atribuye el incremento de la demanda de combustible al inicio de las inscripciones escolares, que se realizarán a partir del lunes.

“A causa de las fiestas que han transcurrido y las inscripciones que ya comienzan en el tema escolar, se están trasladando a los distintos municipios y provincias del departamento, lo que ha hecho que incremente la demanda correspondiente”, explicó el director distrital de la ANH en La Paz, Iván Colque.

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Combustible

De acuerdo con el cronograma del Ministerio de Educación, la próxima semana se realizarán las inscripciones escolares para la gestión de 2025, cuyo inicio está programado para el 3 de febrero.

Por ello, según Colque, los padres de familia y los alumnos que aprovecharon sus vacaciones ahora retornan nuevamente donde realizan sus estudios, lo que generó que la demanda de carburantes sea mayor durante este fin de semana.

En ese sentido, el director distrital de la ANH informó que, en el caso de La Paz, “se ha incrementado un poco más los volúmenes” de lo que generalmente se distribuye a las estaciones de servicio.

Para este fin de semana la ANH, en coordinación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) despachó “1.600 metros cúbicos para diésel y 1.800 de metros cúbicos para gasolina”.

Con esta cantidad, se espera brindar seguridad y tranquilidad a la población, para que no se observen filas en los surtidores del departamento.

“Los despachos están siendo regulares y por ende no va a haber desabastecimiento en la ciudad de La Paz”, aseguró Colque.

Se prevé que para la próxima semana y hasta el 3 de febrero, cuando las clases inicien oficialmente, se sigan despachando cantidades extras de gasolina y diésel para garantizar el abastecimiento normal de combustible en las estaciones de servicio.

Con el objetivo de mantener los productos básicos de la canasta familiar a precios justos, el Gobierno, a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), prevé acopiar una gran cantidad de maíz, grano de arroz y trigo a lo largo de esta gestión.

“Estamos pensando acopiar 65.000 toneladas de maíz (…), con el tema del arroz, tenemos previsto acopiar 80.000 toneladas (…), en caso del trigo, se tiene planificado acopiar 150.000 toneladas”, informó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, en entrevista con Bolivia Tv.

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Maíz

Para ello, el Gobierno destinará Bs 528 millones a la subvención de alimentos durante 2025, para que los precios se mantengan a un costo accesible para las familias bolivianas.

En el caso del maíz, por ejemplo, éste se destina al sector pecuario, particularmente al sector avicultor, para que tengan los insumos necesarios y no eleven de sobre manera el costo de sus productos.

De acuerdo con Huanca, el quintal de maíz subvencionado se les entrega a los productores a Bs 70, mientras que la misma cantidad en el mercado se comercializa a más de Bs 125.

Subvención

De igual manera, Emapa comercializa la arroba de arroz a Bs 50,50, pero en los centros de abasto puede incrementar su precio hasta tres veces más. Lo mismo sucede con la harina.

Para este año, se incrementará la cantidad de harina subvencionada, entregando en promedio cuatro quintales por día, para que el precio del pan se mantenga en Bs 0,50 por unidad.

Por ello, Huanca calificó a estas medidas como un “esfuerzo” y que requieren “invertir recursos”, pero es la política del Gobierno para que la población pueda acceder al producto a precios justos.

En el caso del arroz, además, se realizó la importación de 60.000 toneladas del grano para que incremente la oferta en los mercados y los precios reduzcan.

Una vez más, el Gobierno reiteró que la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) no está orientada a perjudicar al sector productivo, sino que pretende eliminar prácticas como la especulación y el contrabando, para proteger el abastecimiento de alimentos y otros productos.

“Ese artículo del PGE está orientado a proteger y garantizar el abastecimiento de los alimentos que se producen en el territorio nacional; es lo que las familias bolivianas están demandando”, explicó en entrevista con Bolivia Tv el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.

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Disposición

La denominada disposición confiscatoria autoriza el decomiso por parte de las autoridades estatales de productos y mercancías que se acopien con el objetivo de incrementar su costo más adelante.

Por ello, el sector productivo, empresarial, industrial, gremial rechaza la medida, pues consideran que se trata de una violación a la propiedad privada y que el Gobierno la podría emplear de manera arbitraria.

Huanca aclaró que solo afectará a quienes se dediquen al agio y a la especulación, pero quienes operan de manera normativa no deben preocuparse.

“Estamos trabajando en algunas reuniones, aclarándole al sector gremial que esta medida no les debería afectar”, señaló el ministro.

Las reuniones con el sector gremial en particular se deben a que otorgaron un plazo máximo al Gobierno para eliminar la disposición y advirtieron con medidas de presión en caso de una respuesta negativa.

El ministro también indicó que lo que se pretende es tener una mayor coordinación con el sector productor para que no haya un “aumento desmedido” del precio de los productos, como ocurrió en 2024.

“Lo único que queremos es que exista ese intercambio de información y que garanticen esa producción a precios justos a las familias bolivianas”, afirmó Huanca.

Por ello, la autoridad resaltó la importancia de la disposición, pese a todos los pedidos de derogación, y aseguró que los controles al sector productor no serán asfixiantes, como acusan algunos sectores.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, informó que el Gobierno remitió cuatro proyectos de ley de financiamiento externo a la Asamblea Legislativa en la última semana, por lo que ya son 16 los créditos que están a la espera de ser aprobados por los legisladores.

Uno de ellos es para la construcción de una planta refinadora de zinc en Oruro y los tres restantes son proyectos que fueron rechazados en la gestión anterior, en los cuales el oficialismo insistirá una vez más en su aprobación.

“Con éstos son 16 proyectos de ley que estarían en la Asamblea para su tratamiento y son aproximadamente más de 1.600 millones de dólares que estarían en tratamiento. Esperamos que puedan ser tratados, analizados, discutidos y esperamos que puedan ser aprobados”, indicó Cusicanqui en entrevista con Bolivia Tv.

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De los 16 créditos, el último, para la planta de zinc, establece un préstamo de $us 329 millones y debería concluirse en un lapso de hasta máximo cuatro años.

“Nos va a permitir generar una economía de base ancha, ya no vamos a exportar mineral en bruto, sino que vamos a tener la posibilidad de refinarlo. Esto nos va a dar pie para que en el futuro podamos generar otro tipo de industrias”, destacó el ministro.

Asimismo, Cusicanqui recalcó que la nueva planta generará nuevos empleos, directos e indirectos, durante su construcción y una vez que inicie operaciones.

Los tres créditos que se rechazaron en 2024 y se volvieron a presentar son la ampliación de la Línea Café de Mi Teleférico en La Paz; un programa de infraestructura caminera, que abarca la construcción de puentes y carreteras en varios departamentos del país; y un proyecto para culminar el saneamiento de tierras en el territorio nacional. Los tres suman un total de $us 223.000.

El ministro resaltó que la mayoría de los 16 proyectos buscan favorecer a la población y las necesidades de algunas regiones en particular. Por ello, espera que en esta gestión los legisladores prioricen su aprobación, a diferencia de lo que se observó en 2024. Además, Cusicanqui aclaró que el desembolso de los créditos no es inmediato en su totalidad, sino que se van desembolsando conforme a los avances que se presentan.

Ahora que el tema del litio es motivo de críticas, por los contratos con empresas trasnacionales, el Gobierno aclaró que los acuerdos no ocuparán ni el 2% de las reservas de litio que tiene el país en sus salares.

“Con estos dos contratos, de los 21 millones de reservas que tenemos de litio, solo se está ocupando el 1,64% de lo que es el total del 100%; no llegamos ni al 2% de las reservas que tenemos y existe una inversión de más de 2.000 millones de dólares”, explicó el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, en entrevista con Bolivia Tv.

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Contratos

En septiembre de 2024, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group firmaron el primer contrato para para producir 14.000 toneladas de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, Potosí, utilizando la tecnología de extracción directa de litio (EDL) y con una inversión superior a los $us 970 millones.

Posteriormente, en noviembre, YLB y la empresa china Hong Kong CBC firmaron otro contrato para el emplazamiento de dos plantas de producción de carbonato de litio también con EDL de 10.000 y 25.000 toneladas anuales de capacidad con una inversión de $us 1.030 millones.

Actualmente, ambos contratos se encuentran en la Asamblea Legislativa a espera de ser aprobados. Una vez los legisladores les den el visto nuevo, los “proyectos demorarán aproximadamente un periodo de tres años”, según Gallardo.

Además, de acuerdo con el ministro, antes de realizar los contratos, se hizo un estudio de todos los tipos de escenario, tomando en cuenta los comportamientos del precio del litio en el mercado, de manera que, incluso en el peor caso, el país obtenga beneficios.

“Se realizó todo ese tipo de escenarios, tomando en cuenta el pesimista, el operativo y el optimista. Entonces, si se cumple que los precios tengan una banda negativa, igual se tendrán indicadores positivos del proyecto, recuperar la inversión, tener una tasa de retorno positiva”, detalló Gallardo.

Reservas

Debido a que el país posee una de las reservas de litio más grandes del mundo, la autoridad considera que no se debe cerrar la puerta a las empresas extranjeras.

“No podemos coartar inversiones, no podemos vernos como un país que siempre se cierra ante la oportunidad de inversiones extranjeras”, señaló.

Sin embargo, recalcó que aquellos interesados en la industrialización del litio boliviano deberán respetar las “características específicas” del país y respetar lo que establece la Constitución.