Según anuncio oficial de la Policía, hoy es el último día para hacer la inspección técnica vehicular (ITV) del año. Las y los conductores de automóviles de uso particular que se han sometido a este control anualizado saben que se trata de un trámite engorroso, cuando no humillante, que sirve como ilustración de todo lo que está mal entre la Policía y la sociedad.

Sorpresivamente, y a diferencia de años anteriores, la ITV 2023 comenzó en agosto y termina antes de lo habitual; sin embargo, no sorprenderá que el plazo se amplíe por algunas semanas, como ya es habitual. En todo caso, la primera falla está en la pobre comunicación del proceso, pues tuvo muy poca publicidad y previsiblemente se han formado extensas filas en todos los puntos de inspección (cuyas direcciones tampoco fueron comunicadas oportuna o eficazmente), lo cual a su vez produce enorme tensión entre los uniformados y la ciudadanía.

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Mucho más grave que las filas y la larga espera (atribuible en parte a la cultura de hacerlo todo “a última hora”) son las observaciones que hacen los policías, en general arbitrarias y alejadas de los aspectos eminentemente técnicos o “ambientales” señalados explícitamente en la Ley 165, de Transporte, como por ejemplo exigir tres tamaños diferentes de gasa o guantes quirúrgicos en el botiquín. El estado de funcionamiento de los automóviles se evalúa, literalmente, a simple vista y no en los “centros de revisión técnica” señalados en el artículo 222 de la citada norma.

Peor aún, los criterios de calidad exigidos por los encargados de la inspección, que no están recogidos en norma específica alguna, también anunciada en la Ley 165, solo aplican para las y los vehículos de uso exclusivamente particular. Taxis, trufis, minibuses y micros obtienen la roseta de la ITV sin someterse a más revisión que una fotografía del conductor y su vehículo, que en muchos casos apenas si se salva de parecer chatarra y de funcionar como tal. La mayor parte de los accidentes por fallas mecánicas ocurren en automóviles dedicados al transporte de pasajeros.

Mas no solo los conductores del transporte sindicalizado se ahorran las molestias y sinsabores de la ITV, muchas y muchos propietarios de automóviles particulares encuentran en incontables oficiales y suboficiales atajos para obtener la roseta a cambio de un pago no siempre modesto. No cabe duda que en la Policía Boliviana hay muchas y muchos uniformados de intachable comportamiento y ética profesional, pero muchos otros no hacen sino abonar al extendido prejuicio de la corruptibilidad de la fuerza del orden.

Tener y conducir un automóvil implica mucha responsabilidad y algunos riesgos que no pueden ser minimizados, pero en el actual estado de cosas la seguridad vial está librada al criterio (o al arbitrio) de las y los conductores, en su mayoría incapaces de respetar la norma y a los uniformados supuestamente llamados a hacerla cumplir. La ITV es, por lo visto, nada más que un mecanismo poco transparente de recaudación.

La contundente victoria en Argentina, el domingo, en segunda vuelta, del candidato “ultraliberal” Javier Milei ha sorprendido a muchos de los que todavía creen en las encuestas de intención de voto (que habitualmente esconden el número de quienes no responden) y a todos los que esperaban que el miedo a perder derechos superase al enojo por la crisis que no da signos de resolverse.

Fue tal el triunfo del candidato de La Libertad Avanza (LLA), que el postulante oficialista y todavía ministro de Economía, Sergio Massa, reconoció su derrota y felicitó a su contrincante antes de que el conteo de votos llegase siquiera al 90%, estableciendo de ese modo, al menos hasta ahora, el tono del proceso de transición que culminará el 10 de diciembre con la transmisión de mando.

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Impulsado por un discurso de abiertamente confrontador y tachonado de palabrotas pronunciadas siempre de modo exaltado, el ahora presidente electo “sorprendió” por primera vez al imponerse en las elecciones primarias (PASO) y luego ocupó el segundo lugar en la primera vuelta, que lo habilitó para conseguir una holgada victoria en la segunda. Analistas coinciden en que los números de la votación coinciden con los de Patricia Bullrich y los del partido de Mauricio Macri, que más que pronto comprometieron su apoyo al líder neoliberal.

En su discurso tras el triunfo electoral y luego en otras apariciones, Milei se mostró mucho más sereno que el personaje que se identificaba con un león y portaba una motosierra. Se impone al ánimo exaltado de la campaña el realismo que exige el cargo para el que acaba de ser electo, debido a que, como explicaron tres analistas en el Piedra, Papel y Tinta de esta casa periodística, su gobernabilidad depende de tres factores clave: una estructura administrativa para la que probablemente no tiene suficientes cuadros propios, la capacidad de controlar la movilización social y un posiblemente escaso respaldo legislativo.

Súmese a ello la dificultad de imponer en el corto plazo las transformaciones prometidas. Si bien es probable que se ejecuten algunas acciones de alto impacto en la opinión, como la ya anunciada privatización de la estatal petrolera (YPF) y los medios públicos de comunicación, otras, estructurales y urgentes como el control de la crisis cambiaria y la inflación, lo ha reconocido el propio Milei, tomarán al menos un año y medio. En el camino, es posible que el desmantelamiento del Estado en plan neoliberal también encuentre escollos.

Las razones que explican el triunfo del “ultraliberal” merecen mucho debate, análisis e investigación, pero mientras tanto conviene reconocer que se equivocan quienes creen que es una derrota del populismo, pues el candidato Milei construyó cuidadosamente la diferencia entre un “nosotros” y “la casta”, además de mostrarse como líder mesiánico, ingredientes clave para este modo de gestionar la política. Se dice que el enojo desatado da paso a la esperanza por los cambios que pueden producirse, falta ver si se convierte o no en frustración.

Al cumplirse, ayer, cuatro años de la masacre perpetrada en Sacaba, Cochabamba, y a pocos días de idéntico aniversario de la ocurrida en Senkata, El Alto, parece todavía difícil que las víctimas y sus sobrevivientes y familiares reciban la justicia y la reparación que merecen. Una larga cadena de contradicciones y errores procesales podría dejar esta tragedia y a sus autores en la impunidad.

A juzgar por el hecho que los dos tribunales de sentencia se excusaron de conocer los casos, primero el de El Alto y días después el de Sacaba, el principal problema es la falta de claridad en el proceso que puede o debe merecer la expresidenta, incluso si ostentaba el cargo de manera inconstitucional, cuando se produjeron los crímenes que se desea juzgar.

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En favor de tramitar un juicio de responsabilidades, una buena parte de la opinión recuerda que incluso Luis García Meza y sus colaboradores en la dictadura de 1980-1982 merecieron este tipo de proceso; también puede inferirse algo de temor de los jueces que se excusaron ante la posibilidad de ser a su vez procesados por no haber observado el debido proceso, el mismo que lamentablemente es cada vez menos fácil de definir.

En favor de un proceso por la vía penal ordinaria hay muchas otras voces, comenzando por la del exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrao, quien participó de manera personal en los procedimientos investigativos de ambas masacres, y que afirma que “es legítima la existencia de los juicios civiles y penales ordinarios de la justicia nacional”, en el afán de brindar justicia a las víctimas y sanción a los victimarios. Como él, pero con argumentos diferentes, piensan el Ministro de Justicia, y el Fiscal General del Estado, quien ocupaba el mismo puesto cuando se produjeron las matanzas.

Quienes no brindan claridad alguna sobre su posición son las y los representantes parlamentarios de las fuerzas de oposición (incluyendo al ala evista del MAS), que a la vez afirman estar de acuerdo con el juicio de responsabilidades y no estar dispuestos a facilitarlo en el ámbito legislativo. Daría la impresión de que los líderes de estas fuerzas tienen algo qué temer de un proceso de esa naturaleza, además de mostrar el poco aprecio que sienten por la idea de justicia para las víctimas y mucho menos por el principio de no repetición de esos horrendos hechos.

Hay otras contradicciones y obstáculos en el camino al juzgamiento de la expresidenta y su gobierno inconstitucional, que en su momento merecerán comentario y crítica; sin embargo, es posible afirmar que, dado el estado de cosas en los ámbitos jurídico y político, las víctimas de Sacaba y Senkata están cada día más lejos de la justicia y la reparación que les corresponde, y que hay poca o ninguna voluntad de cambiar el rumbo y encontrar la verdad histórica, que todo el país merece conocer.

Al cabo de tres años de gobierno, el presidente del Estado, Luis Arce, brindó ayer informe a la nación. En rigor, no hubo novedad en las palabras del mandatario, que inicia su cuarto año de gestión en medio de creciente incertidumbre no solo debido a los ataques de una oposición articulada con el ala evista del MAS, sino también por los propios errores que alimentan el disenso.

Fueron varios los temas que abordó el mandatario en su discurso, pronunciado ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que ayer inició la legislatura 2023-2024, destacando en todos los casos los logros o, en ausencia de estos, las promesas en camino de materializarse, pero hizo poca o ninguna mención de los errores y debilidades, atribuyéndolos, más bien, a los obstáculos que enfrenta su gobierno.

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En el ámbito económico, señaló como principales causas del bajo crecimiento y la falta de normalidad en las actividades económicas en el país a la “crisis multidimensional del capitalismo global”, los efectos de la pandemia, las guerras, y los problemas internos, entre ellos “el sabotaje económico”. El país vive en una época caracterizada por una crisis económica, alimentaria, climática, hídrica, energética, entre otras; así como por el reacomodo del orden global, concluyó el mandatario.

En el aspecto político, reconoció que la institucionalidad democrática es rebasada por una sociedad “más fuerte y participativa”, mientras surge la amenaza del fascismo, y deploró que haya grupos e individuos que despliegan ataques arteros y “mentiras de grueso calibre” contra el Gobierno, mientras sueñan con el acortamiento de su mandato; “estas personas no terminan de darse cuenta de que bloqueando la prosperidad de la Patria no perjudican al Gobierno, sino a todo el pueblo”, afirmó.

Respecto de la industrialización, argumento central en su política de gobierno, informó que, en los tres años de gestión cumplidos, Bolivia encara la construcción de más de 150 plantas industriales, además de un laboratorio para servicios industriales y control de calidad. Respecto del litio, afirmó que está en marcha la construcción de cuatro plantas industriales con una multimillonaria inversión que permitirá al país conservar la soberanía sobre estos recursos. De los problemas, obstáculos y denuncias en la materia no dijo nada.

Reconoció como “asunto pendiente y urgente de resolver” la situación del sistema de justicia en el país, pero se limitó a hacer votos porque “las elecciones judiciales lleguen a buen puerto, sin cuoteo y pensando en el interés colectivo” y a reconocer que la sola elección de nuevos magistrados no cambiará el estado de cosas. De planes, o siquiera intenciones, para hacer el tan esperado cambio, no dijo nada.

Ha sido, pues, un informe presidencial previsible y cuidadosamente confeccionado para evitar el conflicto y el riesgoso señalamiento de personas o grupos. Es previsible que las reacciones sean igual de tímidas, exceptuando, claro, las de aquellos líderes y dirigentes que en plan reaccionario levantan el dedo y hacen afirmaciones que a menudo los muestran como contradictorios y poco reflexivos.

El lunes último, en Sucre, el Fiscal General del Estado anunció la decisión de acusar formalmente a la expresidenta Jeanine Añez y otras 17 personas por el delito de genocidio, asociado a las masacres de Sacaba y Senkata, cometidas días después de que en cuestionados actos legislativos se proclamase presidenta del Senado, primero, y Presidenta del Estado, después. Hay polémica para rato.

La primera de ambas masacres ocurrió el 15 de noviembre, en el puente de Huayllani, en el municipio de Sacaba, en Cochabamba: un contingente militar y policial apostado en ese puente, usó gases y balas para reprimir a los movilizados, una nutrida columna que exigía “respeto a la democracia”. Cuatro días después, en Senkata, una populosa zona de El Alto, nuevamente los militares dispararon contra un grupo de manifestantes que impedían la salida de cisternas y camiones con garrafas de gas de la planta engarrafadora que allí se levanta.

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En total, 20 personas perdieron la vida, sin que los entonces gobernantes, la Iglesia Católica o la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia manifestaran siquiera pena por las personas muertas o los familiares que les sobrevivieron. Los medios de comunicación alineados con el gobierno se prodigaron en interpretaciones y explicaciones para justificar los asesinatos. La única explicación válida es que el gabinete de ministros había aprobado días antes el Decreto Supremo 4078, que eximía a militares y policías de responsabilidades penales por el posible uso desmedido de la fuerza.

Tuvo que ser un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar ambos casos, el que pusiera los puntos sobre las íes, calificando ambas actuaciones como “masacres” y desvirtuando las delirantes explicaciones que los ministros de Gobierno y de Defensa repetían una y otra vez, tratando de culpabilizar a las víctimas.

Casi cuatro años después, la Fiscalía General, encabezada por el mismo fiscal que ostentó el cargo durante el gobierno transitorio, tras haber acumulado 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales, 11 informes técnicos de investigación, además de 126 entrevistas a miembros las Fuerzas Armadas, 30 entrevistas de efectivos policiales, 50 entrevistas a víctimas y ocho a funcionarios de YPF, decidió acusar formalmente a la expresidenta, detenida desde 2021, a tres de sus ministros y a todos los jefes militares y policiales de su gobierno, según lo que indica el artículo 138 del Código Penal.

Sin embargo, el proceso no será sencillo ni mucho menos, no solo por la gravedad de los crímenes que se juzgan, sino sobre todo por el hecho que la expresidenta no gozará de juicio de responsabilidades, sino un proceso ordinario, en gran medida debido a que la oposición parlamentaria lo ha impedido, para beneplácito del oficialismo, que no le reconoce legitimidad alguna al gobierno transitorio. El resultado, probablemente, será una sentencia cuestionable que no dará justicia, ni mucho menos reparación, a las víctimas de ambas masacres.