Silvia Molina: ‘Los negocios con Brasil serán ahora ‘fríos’, sin retóricas de integración’
La investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) proyecta los escenarios de las relaciones económicas entre la administración socialista de Evo Morales y del ultraconservador brasileño Jair Bolsonaro.
Desde el 1 de enero, la mayor economía de Sudamérica y principal socio comercial de Bolivia es gobernada por Jair Bolsonaro, elegido por más del 55% de los votantes brasileños cansados de la frágil situación de la economía, la inseguridad en la sociedad y la escandalosa corrupción en esferas políticas y empresariales. En la fecha, el controversial exmilitar y político ultraderechista lanzó polémicas frases que marcarán su mandato como: “Este es el día en que el pueblo comenzó a liberarse del socialismo”, la cual fue escuchada por varios jefes de Estado, entre los que se encontraba el boliviano Evo Morales. En su cuenta de Twitter, el Mandatario socialista afirmó que Bolivia y Brasil son “socios estratégicos” y que los unen “lazos de hermandad y complementariedad”. La investigadora Silvia Molina (CEDLA) analiza estos escenarios.
— ¿Cómo se proyectan las relaciones económicas entre el Gobierno de Bolivia y la nueva administración de Brasil?
— Básicamente las relaciones económicas entre ambos países se han sustentado en la venta de gas. Ese contrato concluye este año y lo que se ve en ese marco es que las negociaciones avanzaron poco. Brasil, que planifica a 10, 20 y 30 años, ha desarrollado su sistema energético, sus propios proyectos, sus reservas (hidrocarburíferas) y ha abierto la inversión privada a las de presal. Bolivia, por su lado, tiene dificultades internas, como reservas que no cumplen las condiciones que teníamos al inicio del anterior contrato y pozos (de exploración) que lamentablemente no tienen resultados. Además, tiene que enfrentar la fluctuación de los precios del petróleo y los cambios en el contexto energético nacional, regional y mundial. Entonces, las condiciones para negociar no son las mismas que en el pasado, son mucho más complicadas y difíciles para los bolivianos, mucho más en un momento en que la privatización es muy clara en la política del Presidente brasileño. Por otro lado, hay otra posibilidad que sí va avanzando, el desarrollo de la energía hidroeléctrica para Brasil en condiciones de privatización de Eletrobras, algo que también planteó Bolsonaro y que significa que es una negociación también con privados. Pero además hay situaciones como la continuidad del Complejo Hidroeléctrico del Río Madera, que ya tiene dos represas en Brasil y que debe construir otras dos en territorio boliviano: la binacional y Cachuela Esperanza, que sería la siguiente. La comisión binacional continúa con su trabajo, pero en condiciones poco conocidas. La hidroeléctrica binacional es la de mayor interés para Brasil, por algo se está avanzando en los estudios con financiamiento de la CAF. Supongo que eso es lo que va dirigiendo de alguna manera el Gobierno boliviano, esas relaciones para de aquí a los siguientes cinco años, porque lo hidroeléctrico no se desarrolla en uno o dos años, y por eso también los anuncios de El Bala, Chepete, Rositas. En otros aspectos, el financiamiento brasileño a infraestructura que se tenía en el pasado, sobre todo de carreteras, ya bajó. El nuevo actor es China y es China también en Brasil que está invirtiendo tanto en energía como en la compra de muchas empresas. Pero por otro lado, la participación china en infraestructura y toda la crisis brasileña han hecho que el Banco de Desarrollo de Brasil se reestructure y cambie su dirección, luego de haber sido la fuerza del poder económico brasileño y una fuente importante de financiamiento para proyectos en Bolivia. Entonces, vemos a Bolivia como proveedor de gas y electricidad para Brasil, pero en condiciones de desigualdad, en condiciones en las que Brasil plantea una presencia privada muy grande, que puede ser de muchos sectores y actores transnacionales con los que tendrá que negociar y eso significa un momento de mucha incertidumbre para el futuro de los ingresos para el país.
— ¿La negociación del gas y electricidad es más conveniente para Bolivia si la hace con el Estado o con los privados?
— Las condiciones de Estado a Estado tienden a ser muy favorables; con los privados serán distintas. Cada empresa tiene características y condiciones diferentes y contratos, probablemente, con mucho menores tiempos (…). El proceso anterior de negociación de precios (del gas) fue una discusión muy amplia; ahora, seguramente vamos a tener que sustentarnos en las otras condiciones, en qué seguridad podemos darle a Brasil y qué demanda segura ellos van a tener. Y en el caso brasileño, ellos van a dirigir su mirada a múltiples opciones, no a una como teníamos en el pasado. Eso va a definir la parte de los precios: el mercado.
— A diferencia del área energética hay otras iniciativas que todavía se mantienen en el ámbito estatal, una de ellas es el ferroviario. ¿La asunción en Brasil de un gobierno con una ideología diferente a la de la administración boliviana puede truncar la concreción de proyectos estratégicos como el del tren bioceánico?
— Antes, hay aspectos que hay que tomar en cuenta. En la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), que luego pasa a ser el Cosiplan (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento) de la Unasur se identificaron tres rutas de ferrocarriles bioceánicos en el continente, rutas con perfiles de estudio que eran conocidas por todos nuestros gobiernos. La primera, que era de gran interés de China, es la que bordeaba Bolivia por la Amazonía. Ésta fue rechazada por (el expresidente peruano Pedro Pablo) Kuczynski (2016-2018) porque hay carga en una dirección, pero no en la otra. Además pesaron los aspectos sociales y de transformación territorial en una región que concentra mucho de la atención ambiental mundial. La segunda ruta es la que atraviesa Bolivia. La tercera ruta es la que se acerca más a lo que ahora estarían concretando Brasil y Chile, que estaría muy vinculada a la circulación de mercancías del Mercosur, con la llegada de soya, básicamente, a los puertos chinos. Esos tres proyectos se plantearon en el IIRSA y en ese marco la ruta más razonable, menos problemática para el cruce de (la cordillera de) los Andes, es la que pasa por Bolivia, aunque con muchos cuestionamientos geográficos, geológicos e hidrológicos. Brasil, por ejemplo, cuestionó en su momento que cruce el conflictivo Chapare. Entonces, ese es el gran proyecto propuesto por Bolivia, un proyecto cuyos estudios de preinversión del BID planteaban como opción (de salida) Ilo (en Perú), aunque en el marco del análisis del IIRSE no excluyó a Chile. Más bien se planteaba la posibilidad de que esa ruta atraviese Bolivia y acabe en puertos chilenos —que ya están consolidados—, pero la política boliviana se decidió por el puerto de Ilo—que es muy pequeño—, por cuestiones geopolíticas y estratégicas. Esa es la situación y en ese marco, por sus relaciones económicas y políticas, Brasil y Chile llegan a acuerdos para dejar a Bolivia y Perú fuera de esto.
— ¿Aunque hasta ahora no se ha emitido un anuncio concreto al respecto por parte del Gobierno brasileño?
— Las tres opciones fueron planteadas, pero sin llegar a estudios concretos. La decisión que se vaya a tomar ahora de cuál se lleve adelante tiene que ver con aspectos económicos, de carga, de comercio y geográficos, son negociaciones que se tienen que dar en el marco de los gobiernos. A eso me refiero. Bolivia ha promocionado mucho la ruta a través de su territorio, se tienen avances, estudios e intereses alemanes, españoles y de otros países. Pero estamos en una etapa muy inicial de los proyectos y Chile —que negocia junto a las empresas privadas que dirigen sus importantes puertos— no quiere estar al margen de esto. Creo que por ahora la única ruta descartada es la que bordea el norte de Bolivia, las otras dos opciones están en proceso de negociación permanente y de acuerdos (…)
— Al ser muy preliminares los avances no hay nada definido.
— No hay nada definido. Chile, obviamente, muy interesado siempre en la carga boliviana, brasileña y paraguaya que llega y sale de sus puertos va a tomar acciones para que éstos no sean dejados de lado y tiene afinidades políticas con el Gobierno brasileño. El Gobierno boliviano, si quisiera avanzar en su proyecto, tiene que ser muy estratégico. Las decisiones sobre el trayecto dentro del territorio boliviano tienen que tomarse con base en criterios económicos y técnicos.
— De concretarse una decisión brasileña que favorezca a la ruta bioceánica que termina en Chile y deja de lado a Bolivia y Perú, ¿cuál sería el impacto político para la administración boliviana?
— Sería un golpe, una pérdida política para el Gobierno que ha tomado este proyecto como una fuerte bandera, porque el Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI) tiene que ver con inversiones, con el fortalecimiento de los sectores agroindustriales de Santa Cruz. Además, se evidencia de alguna manera que el distanciamiento político que tenemos con Chile lo tenemos también con Brasil. Y en términos de mercado y de comercio, fuera de lo político, Brasil va a ir por donde le convenga; y los financiadores, ya sean alemanes o de cualquier otro país, van a ir también por donde puedan obtener mayores ganancias, así de simple.
— ¿Las diferencias ideológicas de ambos gobiernos pueden frenar futuras negociaciones económicas?
— Más allá de las diferencias y de algunos comentarios de ministros, en términos de comercio o de mercado, las negociaciones se van a concentrar en cuáles son las mejores condiciones, en qué le es más cómodo a los brasileños. Los intereses de Brasil en Bolivia son mínimos, entonces el comercio va a ser frío, no de apoyos, no de acuerdos políticos, no de retórica de integración ni nada por el estilo.
El Lava Jato debe trocar la inversión en infraestructura
— ¿Qué representa para el país Lava Jato?
— A nosotros nos ha tocado poco, pero es una bola de nieve en Brasil, Perú y Colombia, donde ya hay dos asesinatos por el caso. A los bolivianos nos va a introducir en un tema que es necesario, y no porque sea el Lava Jato o porque sea Brasil, sino porque la infraestructura es uno de los sectores que más inversiones públicas del país maneja y porque tiene las mayores complejidades tanto en los niveles de contratación como en los de la propia ejecución de la obra que llevan a este tipo de prácticas. El caso pone las miradas sobre la infraestructura como un sector en el cual muchos procesos de posible corrupción pueden ser reales y son reales. En el caso de la investigación de los proyectos de Brasil, lo que nos está mostrando es ese vínculo permanente entre empresas apoyadas por los Estados y por bancos. El tema es cómo manejamos un sector dan delicado y para eso son necesarias las investigaciones y procesos que se están dando en otros países.
— ¿Qué se puede esperar de los resultados de la investigación en Bolivia?, tomando en cuenta que la oposición desconfía de la forma en que se maneja el proceso.
— La investigación se la hace en el marco de la Asamblea, pero el primer actor público que debería dar ya los informes del pasado —porque es su rol— es la Contraloría. Esa institución audita los proyectos, las inversiones públicas, las contrataciones públicas. Y ahí ya las delaciones, lo que venga debería ser parte de procesos abiertos. A diferencia del acuerdo que ha alcanzado en Perú (la brasileña) Odebrecht para dar información, en Bolivia tendrán que ser todas las que estuvieron en el último periodo de Gobierno y en los del pasado también. Son procesos que tienen que darse, que no pueden excluir etapas, que deben tener continuidad o serán sesgados. NdE. El caso conocido como Operación Lava Jato, destapado en 2015, da cuenta que desde 2003 Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Queiroz Galvao, OAS y Odebrecht pagaron sobornos para obtener licitaciones en varios países.
— En este marco, ¿qué es lo que podrían dejar en el país los resultados de un proceso con estas características?
— La forma cómo se negocia la obra pública, que representa entre el 35 y el 40% de la inversión pública. Este sector desde hace décadas tiene estos procesos, con normas que se superponen a otras. Eso nos demuestra los vínculos entre gobiernos, empresas y banca nacional y multilateral, y cómo la normativa se la vulnera o se la ajusta a partir de decretos y a través de intereses. Entonces, definitivamente tiene que cambiar ya el panorama de la inversión pública. Y eso tiene que ver con muchos aspectos, como el hecho de que —pese a haber pasado por una época de bonanza — no hemos dejado de depender del financiamiento externo, con condiciones de desigualdad que sí se nos imponen. La banca multilateral impone políticas y las bancas de otros de países como Brasil o China la contratación de sus empresas.
Perfil
Nombre: Silvia Molina Carpio
Profesión: Ingeniera Civil
Cargo: Investigadora del CEDLA
Experta en integración
Es especialista en políticas y proyectos de desarrollo de infraestructura vial, energía e integración regional; en estudios sobre transformaciones territoriales y efectos económicos, sociales y ambientales de estas políticas, planes y proyectos; y en desarrollo de actividades de difusión y formación. Cuenta con experiencia de trabajo en instituciones del sector público, organizaciones no gubernamentales y coordinación con la cooperación internacional.
