El presidente Evo Morales asumió una decisión correcta cuando encaró, como una política de Estado, el proceso legal planteado contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Fue una política de Estado que se tradujo en las consultas permanentes con expresidentes y exministros de Relaciones Exteriores; en el nombramiento del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) como agente ante la Corte más importante de las Naciones Unidas, y fue una política de Estado cuando me invitó como Representante oficial de Bolivia para la causa marítima.

Esta tarea de equipo, complementada por el Consejo de Asesoramiento Marítimo y Diremar, marcó una línea coherente que tuvo el resultado que vivimos hace exactamente dos años: una gran construcción de la argumentación jurídica frente a la demanda preliminar de incompetencia, planteada por Chile a la Corte Internacional de Justicia, y en lo que toca a mi responsabilidad, una difusión adecuada de los argumentos de Bolivia a escala internacional; con jefes de Estado, ministros de Relaciones Exteriores, vicepresidentes y secretarios generales de organismos internacionales.  

La causa, expuesta en función de una coherencia jurídica inobjetable, logró un primer fallo histórico que marca un antes y un después sobre un tema crucial entre Bolivia y Chile: la afirmación por parte de la Corte Internacional de Justicia —por primera vez un tercero y en un fallo de carácter vinculante— que sí hay temas pendientes entre ambos países.

En el dictamen del 24 de septiembre de 2015, la Corte ha marcado que Bolivia nació a la vida independiente con una costa soberana al océano Pacífico. Fue la primera vez en la historia que alguien que no sea Bolivia hace esa afirmación categórica. Segundo, Chile le arrebató el mar a Bolivia, su departamento de Litoral, a través de la fuerza. Tercero, el Tratado de 1904 es un instrumento internacional de carácter bilateral muy importante, pero que no resuelve los temas pendientes entre ambos países. En consecuencia, la Corte Internacional de Justicia consideró, a través de esta decisión inequívoca, que hay un tema pendiente.

Además, el alto Tribunal de La Haya delimitó claramente el objeto de la controversia, porque Chile insistió, en sus alegatos planteados durante la demanda preliminar de competencia, que ese objeto era el Tratado de 1904 y que Bolivia disfrazaba su “verdadero objetivo” que era la modificación de ese trato bilateral. El fallo estableció que el objeto de la controversia es establecer si Chile tiene o no obligaciones emanadas de compromisos jurídicos que asumió a lo largo del tiempo.

A partir de ese momento, la Corte estableció [párrafos 33 y 34] que ante la eventualidad de que su fallo fuese favorable a Bolivia, no se puede adelantar el resultado de una negociación (demandada por el país por efecto de esas obligaciones jurídicas). Ante esto, Chile señala que el Tribunal le ha puesto límites al objetivo de la demanda que es precisamente esta negociación, cuyo resultado sea otorgarle un acceso soberano al mar a Bolivia.

Para Chile, ésta es una mutilación de la demanda, pero para nosotros tiene absoluto sentido. ¿Qué es lo que la Corte Internacional de Justicia está diciendo en los párrafos 33 y 34 de su fallo? Señala que el resultado de la negociación dependerá de los que negocian: Bolivia y Chile. En ese sentido, no está diciendo que de lo único de lo que va a hablar es sobre si debe o no negociaciones y no está limitando los objetivos de la demanda, porque no se puede separar la negociación del fin que persigue el proceso. Por eso, no se puede interpretar la decisión de la Corte como una mutilación.

Ahora bien. Desde el punto de vista jurídico, el contenido de la demanda boliviana está basado en los documentos oficiales de Chile y en todo se une el compromiso de negociar para que el resultado de esa negociación sea otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar. No es una interpretación unilateral de nuestro país, que hace una demanda uniendo negociación con acceso soberano al mar en función de los documentos de Chile. Ahora, si la Corte hace una lectura jurídica y considera que eso genera obligaciones jurídicas que Chile tiene que honrar, obviamente no hay otra vía que establecer un vínculo de ambas cosas.

Por otra parte, Chile hace una división de aguas incomprensible; argumenta que quien quiere modificar el Tratado de 1904 es Bolivia y, sin embargo, los documentos firmados por ese país, posteriores a ese año, se refieren a ofertas para un acceso soberano al mar. Chile debe preguntarse quién quiere alterar el Tratado de 1904.

La modificación del Tratado de 1904 no está en la demanda de Bolivia, pues ésta se basa en los documentos formales y oficiales firmados por Chile.

¿Qué sigue ahora? Para las audiencias orales de 2018, Bolivia va a desarrollar argumentos que ya tiene elaborados. La memoria presentada en 2014, la réplica presentada a Chile en marzo de 2017 y todos los elementos que han sido producidos hacen parte de esta argumentación. En lo que toca a mi trabajo, si soy invitado, mi participación sería comunicacional pues no tengo participación en el ámbito jurídico. En mayo de 2015 fui invitado por el presidente Morales para participar en La Haya de las audiencias orales del proceso preliminar de competencia y fue para desarrollar una tarea comunicacional frente a medios internacionales: chilenos y bolivianos.

• Carlos D. Mesa Gisbert fue presidente de Bolivia (2003-2005)

El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el litigio entre Perú y Chile deja en claro que Bolivia no puede pretender que el único interlocutor para lograr un acceso libre, útil y soberano al mar sea Chile. Bolivia tiene que entender que Perú es un jugador tan importante como Chile, y no se está haciendo nada en esa dirección…

En los dos encuentros que sostuvimos los expresidentes con el presidente Evo Morales, le planteamos que es imprescindible y urgente el establecimiento de un equipo del más alto nivel —que incluye a la Embajada en las Naciones Unidas, la Embajada en la Organización de los Estados Americanos, la Embajada en Perú y el Consulado General en Chile— que acompañe al nombramiento del agente especial de Bolivia ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé.

Si Bolivia no trabaja con un equipo coherente e integral, con personas del más alto nivel profesional y que tengan extraordinarias relaciones en la sociedad política y económica de Perú y Chile, no se van a lograr resultados. El país debe trabajar con el Perú mucho más ahora que es evidente que tras el fallo no hay mucho entusiasmo en Chile ni en Perú por perder su frontera. La lógica peruana dominante hoy es la siguiente: ya está resuelto el conflicto con Chile, la frontera bilateral funciona muy bien, ¿por qué querríamos complicarnos con un tercero en discordia en un límite geográfico bilateral finalmente resuelto?

Por eso, creo que nuestro punto débil es Perú. Es una cuestión que, considerando los años que vamos a necesitar para conocer el fallo de La Haya, debemos encarar con una estrategia clara y articulada con los objetivos básicos del juicio ante la CIJ.

Al momento se está trabajando este aspecto con mucha lentitud. Me imaginaba que el nombramiento de Eduardo Rodríguez Veltzé iría acompañado de un paquete de nombramientos en todos estos otros ámbitos mencionados, no ocurrió. No obstante, se está a tiempo. Insisto, no se puede olvidar que, independientemente de lo que suceda entre Bolivia y Chile, Perú será un actor fundamental para la recuperación de nuestra soberanía marítima, ya que la única opción boliviana de corredor está sobre la frontera al norte de Arica (antiguo territorio peruano); lo otro sería partir en dos el territorio chileno, lo que es inviable.

Bolivia tiene que lograr dos resultados: ganar en la Corte Internacional para obligar a Chile a negociar con base en su propia oferta (por ejemplo, la oferta concreta más reciente e importante hecha por el canciller chileno Patricio Carvajal en 1976). Si se logra vencer ese obstáculo —el fundamental—, vendrá la consulta de Chile a Perú, que deberá dar una respuesta. Esa respuesta debe ratificar en lo esencial el eventual acuerdo boliviano chileno y resolver la proyección marítima de Bolivia, que debe adecuarse a la actual situación: las 80 millas(12 de ellas de mar territorial) en línea paralela para luego seguir la perpendicular hasta la milla 200, tal como falló La Haya. La proyección marítima de un corredor soberano para Bolivia tendría que seguir ese trazo.

En cuanto al fallo sobre la cuestión fronteriza Chile-Perú, creo que no afecta al juicio encarado por Bolivia. Hay que subrayar un elemento clave: la decisión de la Corte establece que la línea paralela de continuidad de la frontera, llamada Línea de la Concordia, se prolonga tal como estaba antes en las primeras 80 millas marítimas. Eso quiere decir que las circunstancias de vínculo, soberanía y espacios territoriales anteriores a las que definió el fallo no han cambiado. Los elementos de lo que Bolivia puede plantear como corredor y la proyección inicial marítima, no se modifican.

Un aspecto importante del juicio Perú-Chile es que entre sus antecedentes se citó el proceso de negociación de Charaña. La Corte, si bien dijo que los elementos de esa negociación no fueron decisivos a la hora de la emisión del fallo, al mencionarlos reconoce la evidencia de que hay un tercero en discordia. Bolivia, sin necesidad de haber solicitado su participación en el juicio mediante el reconocimiento de un tercero —lo que fue muy inteligente—, es reconocida como una nación concernida en ese preciso escenario geográfico cuyo punto emblemático es Arica.

Desde el punto de vista jurídico, la comparación entre ambos juicios no parece pertinente. El ventilado entre Perú y Chile fue un litigio territorial. El que plantea Bolivia contra Chile se refiere a las obligaciones jurídicas nacidas del compromiso unilateral de un Estado con otro Estado. En puridad, el juicio boliviano no incorpora una demanda territorial que exija una fallo de La Haya sobre una zona en litigio.

La jurisprudencia sobre las obligaciones jurídicas que crean los actos unilaterales de los Estados existe ya, y hay antecedentes muy concretos en que la Corte ha fallado en favor de los Estados que han hecho demandas con argumentos similares a los de Bolivia, pero también hay otras sentencias que no han sido favorables a los Estados demandantes. Lo que sucede es que es un proceso en desarrollo, con jurisprudencia relativamente reciente que está en plena construcción. El juicio boliviano es parte de esa construcción.

En este contexto, es interesante la declaración del presidente Morales en la que ratificó la voluntad de diálogo bilateral con Chile, esperando que su relación con la presidenta Michelle Bachelet sea mejor que la que tuvo con Sebastián Piñera. Deja caer la idea de que podría hacerse una negociación con Chile en el ínterin del propio desarrollo del juicio. Esto muestra la voluntad inalterable de Bolivia de no abandonar la posibilidad del diálogo bilateral independientemente de los otros escenarios. En política, la flexibilidad y las posibilidades son múltiples. Pero, ojo, esta iniciativa del Presidente debe tomar en cuenta que después de la presentación de la memoria boliviana ante la CIJ, queda esperar lo que hará Chile, que podría reconocer o no reconocer la jurisdicción de la Corte en este caso.

En cuanto a la lectura del reciente fallo de la CIJ, sin ninguna duda, se puede hablar de ganadores y perdedores. Me parece inequívoco que el ganador fue Perú. Objetivamente, Perú ha ganado 22.000 kilómetros cuadrados y, como prolongación, otros 30.000; Chile los ha perdido… Eso está claro y se evidencia en las declaraciones oficiales de autoridades chilenas que señalan que cumplirán el fallo a pesar de estar en completo desacuerdo con él. El efecto político sobre la opinión pública chilena y sobre la necesidad  de una nueva orientación de su diplomacia puede convertirse en algo  positivo para Bolivia.

Yvy Maraey son dos palabras con la sonoridad honda de la lengua guaraní, escucharla pronunciada con serenidad nos conduce inexorablemente al alma de un pueblo. “Tierra sin mal”. Es, en definitiva, la utopía guaraní construida durante un milenio. Yvy Maraey es ahora también el nombre de una película que intenta un descubrimiento, el de las miradas mutuas, la idea de encontrar al otro en las ópticas de un guaraní y de un blanco (karai en la lengua del pueblo chaqueño). Guaraní y karai encontrarán en la diferencia distintas ópticas de un mismo mundo, de la vida, a la vez que construirán una compleja amistad, entre tensiones y guiños, en una travesía por el espíritu de un pueblo y por los espíritus de dos individuos.

La película Yvy Maraey es una búsqueda personal y colectiva, algo más que un guión, que una historia, que una obra de ficción dentro de otra. Es la necesidad de encontrar una parte esencial de la complejidad de una nación, Bolivia, multiplicada en varias naciones, dos de ellas, la guaraní y la ayoreo (pueblo íntima y paradójicamente ligado al guaraní a lo largo de la historia), unidas a través de una peripecia vital.

Si de verdad Juan Carlos Valdivia tiene un compromiso con su comunidad, la boliviana, su desafío era trascender la obra creativa personal y ser parte de la experiencia de guaraníes y ayoreos. Valdivia lo consigue con gran sensibilidad y respeto, pero sin renunciar nunca a su propio yo. En muchos sentidos Yvy Maraey recobra en su historia una parte de las cosas de todos los días, de la cotidianeidad de un pueblo.

El protagonista, la narración, la película en suma, se convierte en un instrumento que contribuye a que el tiempo sea recobrado a partir de la memoria colectiva, desde los saberes, habilidades y capacidades de pueblos cuya vitalidad requiere ser preservada para el futuro. No —como podría suponerse por la reconstrucción idealizada del mundo descubierto por Nordenskiold— a partir de la antropología, o la peligrosa taxonomía de quien colecciona y mira con ojos fríos, sino desde un hoy vivo cargado de mitos, voces, ecos, preguntas que llegan desde el otro lado del espejo de la historia.

* Escrito por el expresidente Carlos Mesa, éste es un fragmento de un texto que estará disponible completo en un libro que Cine Nómada prepara sobre ‘Yvy Maraey’

Bolivia ha decidido tomar el camino de un juicio internacional contra Chile, no como la constatación del fracaso de la política exterior del país en el pasado, sino como la consecuencia lógica de esa política.

El proceso judicial iniciado se basa precisamente en la construcción de antecedentes que demuestran la sagacidad de nuestros gobernantes y negociadores en cuatro momentos claves: 1950, presidencia de Mamerto Urriolagoitia H., Ministerio de Relaciones Exteriores de Pedro Zilvetti A. y Embajada en Chile de Alberto Ostria G; 1975, presidencia de Hugo Banzer S., Ministerio de Relaciones Exteriores de Alberto Guzmán S. y embajada en Chile de Guillermo Gutiérrez V. M; 1979, presidencia de Wálter Guevara A., Ministerio de Relaciones Exteriores de Gustavo Fernández S.; y 1987, presidencia de Víctor Paz E., Ministerio de Relaciones Exteriores de Guillermo Bedregal G. y Consulado en Chile de Jorge Siles S. Sin esos pasos cruciales, simplemente la iniciativa del Gobierno no tendría fundamento jurídico posible.

El mérito del presidente Evo Morales y el equipo que lo acompaña en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) es haber trabajado en profundidad y con gran imaginación, apoyado en una premisa de oro: abrir la mente a nuevos escenarios, buscar caminos no explorados, romper el círculo de hierro de una relación bilateral que, a pesar de haber trabajado propuestas que en su momento fueron extraordinarias —algunas de las cuales (1950 y 1975) se han transformado en el cimiento inamovible de nuestra demanda de largo aliento—, había entrado en un peligroso círculo vicioso.

Es en eso en que radica la potencialidad del juicio boliviano. Rompe viejos paradigmas, se atreve a cuestionar “dogmas” nacionales sobre la cuestión, especialmente la obsesión referida al Tratado de 1904, y explota escenarios no recorridos por nuestra jurisprudencia en el ámbito del derecho internacional, particularmente el referido a las controversias entre Estados y específicamente en antecedentes vinculados a fallos de la Corte Internacional de Justicia. Este enfoque ha sido posible además por el trabajo serio y responsable de profesionales bolivianos y el cotejo de sus tesis con juristas del más alto nivel internacional, que han permitido contrastar ideas y aceptar experiencias de muchos años en estrados del mundo, sin complejos chauvinistas y menos prejuicios xenófobos que, por el contrario, contaminan dramáticamente en otros temas la política diaria de nuestros gobernantes.

Pero, algo más. Ha sido la experiencia en carne propia la que se ha recogido para dar este importante paso. La gestión de Morales comenzó su relación con Chile con mucho optimismo y una buena dosis de ingenuidad, sobre una base diferente a la de hoy: la búsqueda de un acercamiento, la disposición plena al diálogo y la premisa de que la “diplomacia de los pueblos” era un camino que nos acercaría al mar con mayor celeridad que la diplomacia de los gobiernos.

El primer logro de esta nueva tónica, que fue respaldada por la presidenta chilena Michele Bachelet, fue la agenda de los 13 puntos que retomó los acuerdos de Algarve (2000, Banzer-Murillo) cuando se estableció una agenda bilateral sin exclusiones. En el citado compromiso estaba, en el punto 6, el tema del mar. Los problemas comenzaron cuando el canciller David Choquehuanca demandó a su par chileno la definición de un calendario específico para comenzar el diálogo sobre el citado tema 6. Allí acabaron las sonrisas y comenzaron las dilaciones. Ese momento coincidió con el cambio de mando en La Moneda. Bolivia se cansó de respuestas evasivas o postergaciones explícitas que muy pronto le permitieron percibir que había un largo trecho entre una agenda aparentemente irrestricta y con voluntad abierta, ya la precisión que implica tomar al toro por las astas e iniciar una negociación que busque una solución. Por el contrario, en una actitud mucho más cerrada que en el pasado, Chile no dio siquiera el paso de una primera reunión sobre el tema, olvidando que varios de los gobiernos que lo antecedieron desarrollaron negociaciones plenas para la búsqueda de una solución o, más aún, propusieron unilateralmente y por iniciativa propia una salida soberana al país a través de puntos específicos de la geografía del océano Pacífico.

No se puede menos que subrayar que Chile desaprovechó una oportunidad de oro de buscar una solución progresiva y razonable con Bolivia (incluida una potencial contrapartida boliviana) al no entender dos cosas: la primera, que tenía como interlocutor al Presidente con mejor disposición hacia ese país en muchísimos años, y, la segunda, que ese interlocutor era quizás el mandatario con mayor legitimidad en la historia del país.

Sebastián Piñera, a diferencia de Bachelet, careció de la sensibilidad, el tino diplomático y la estrategia política para profundizar un acercamiento que pudo marcar la diferencia histórica en un tema tan delicado. Baste recordar que en 2009 la percepción de la opinión pública chilena hacia Morales era la más favorable que había tenido un Presidente boliviano en décadas y que la simpatía hacia la causa boliviana —con matices— superaba el 50%.

El giro de Morales, en marzo de 2011, no fue, en consecuencia, producto de un capricho o una impronta personal; fue el resultado de la miopía de nuestros vecinos y la frustración que representó ver que los cuatro años anteriores habían sido desperdiciados y que el esfuerzo genuino de acercamiento no era correspondido con un mínimo gesto, aunque sólo fuera el formal, de instalar una mesa de diálogo sobre el tema marítimo.

Bolivia ha escogido el único camino posible para romper este punto muerto y lo ha hecho de un modo novedoso. Chile, que inicialmente reaccionó con un cierto tono de displicencia, ha comprendido que el juicio va en serio, que está fundamentado y que Bolivia está poniendo sobre el tablero a sus mejores representantes para lograr el éxito que espera y que merece.

Cuando un gobierno entiende que las políticas de Estado son indispensables en temas prioritarios y que su solidez depende de la adecuada comprensión de un pasado que las hizo posible, comienza —mal que le pese— a reevaluar su lectura de la historia.