domingo 20 sep 2020 | Actualizado a 11:16

Arce opta por asistir a debates entre todos los candidatos y no solo con Mesa

El MAS rechazó el desafío del candidato de Comunidad Ciudadana (CC) de un cara a cara entre los dos candidatos presidenciales.

/ 14 de septiembre de 2020 / 12:46

Luis Arce, candidato del MAS, en conferencia de prensa este lunes. Foto: Roberto Guzmán

El candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, señaló este lunes que asistirá a los debates electorales siempre y cuando estén presentes en ellos los ocho candidatos en carrera hacia las elecciones del 18 de octubre.

Sin dejar de calificar al resto de candidatos (de siete frentes) como “de derecha”, que “todos van a aplicar las mismas recetas de política económica”, Arce sin embargo aclaró: “Queremos debatir con todos, no podemos ir a debatir con una sola persona o con un solo candidato, el requisito para que nosotros vayamos a un debate franco y abierto, tiene que ser que todos los candidatos de todos los frentes estén ahí”.

El anuncio de que el candidato presidencial del MAS no debatirá “con un solo candidato” es una clara referencia al postulante de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, que la semana pasada mediante las redes sociales desafió a Arce a debatir sobre salud y economía.

“Espero que Luis Arce acepte el debate cuando quiera, en el medio que quiera”, retó Mesa a Arce.

“(Arce) fue cómplice del despilfarro y la corrupción de @evoespueblo, y eso no le permite sostener las ofertas que hace. Por ello lo reto a un debate público, espero que acepte y no huya como Morales. Aquí estoy, ponga fecha, hora y medio”, añadió no obstante.

En lo relativo a los temas que plantea para el debate, Arce insistió en que éstos no pueden ser puestos en mesa solo para favorecer a una u otra candidatura.

“No podemos ir a debatir cosas que le conviene o que le convenza a un candidato o a un grupo de candidatos; lo que sí podemos ir a debatir claramente son temas que le preocupen al pueblo, el tema económico, el tema educativo, el tema sanitario”, destacó el candidato masista.

En el ámbito económico, el exministro de Economía deploró la crisis en que está el país debido, dijo, no solo a la pandemia, sino a la “mala gestión” del gobierno transitorio desde el 12 de noviembre de 2019.

“Miren esa tasa de desempleo, esa tasa de recesión económica, ese elevado déficit fiscal, el elevado endeudamiento externo e interno; Bolivia está en peligro, en riesgo, y de parte de la derecha no vemos ninguna respuesta que vaya a resolver el problema”, protestó Arce.

(14/09/2020)

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Procurador: Hasta el día de hoy no se conoce el decreto de devolución de acciones de Elfec

José María Cabrera reveló que es el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien, saltando procedimientos, impulsa la polémica medida.

/ 18 de septiembre de 2020 / 12:31

El procurador José María Cabrera, en una entrevista pasada con La Razón.

En declaraciones a La Razón, el procurador general del Estado, José María Cabrera, reveló que hasta este viernes no se conoce el texto del decreto supremo por el cual se devolvería las acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec) expropiadas en 2010 a sus socios privados.

Al calificar la medida de una afectación al patrimonio estatal, el funcionario reveló que el trámite fue impulsado por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

“Hasta el día de hoy, pese al anuncio (de dicha devolución), nadie conoce el texto del supuesto decreto supremo”, señaló Cabrera.

El lunes 14, en el aniversario de Cochabamba, la presidenta interina Jeanine Añez dijo en esa ciudad que la norma está siendo elaborada por el Ministerio de Energías.

En declaración al periódico Los Tiempos de Cochabamba, también este viernes, el gerente de Elfec, Jaime Doria Medina Claros, aclaró que aún espera el decreto y su reglamentación. “No tengo otra información a la que ha dado la Presidenta”, dijo.

Para el procurador Cabrera, la demora no se debe solo a un trámite administrativo; sino que existe el impedimento legal y económico de fondo que implica la reversión de una estatización o nacionalización efectuada hace diez años.

El funcionario señaló que la medida fue objetada hace tiempo por la Procuraduría General del Estado en las reuniones técnicas que se llevan adelante para aprobar un decreto.

Se cuestionó, dice, que se haya actuado omitiendo varios procedimientos legales, imprescindibles dada la magnitud del caso, pero además, se reclamó que fuera el ministro Murillo, que no es del área, quien haya sido el protagonista de dicha iniciativa.

“La Procuraduría formuló la omisión de muchos procedimientos. ¿Por qué un ministro que no es del ramo, como es el ministro de Gobierno, está planteando una iniciativa en el área energética, saltando y prescindiendo del Ministerio de Energía? No se cuentan con los trámites más elementales, como informes jurídicos y técnicos que respalden y avalen esa determinación. Se aplicó un procedimiento llamado ‘procedimiento rápido’, que es destinado a otras cosas mucho más sencillas, en el caso de ENDE es un caso que amerita el tratamiento por la vía ordinaria de un decreto supremo. Estos son aspectos de forma que nunca fueron aclarados ni contestados”, destacó Cabrera a este medio.

Pero el procurador insiste también sobre las consecuencias económicas que implica esta “privatización” del patrimonio estatal. 

“Y finalmente, ya de fondo, es la afectación del patrimonio del pueblo boliviano. Usted sabe que ENDE es una empresa nacional estratégica, de manera que la iniciativa de retrotraer una nacionalización y volver nuevamente a manos privadas amerita una tramitación transparente, y no disimulada, disfrazada”, afirmó.

Para Cabrera, la situación es incierta, pues —asegura— en el propio gabinete de ministros existe una desazón sobre la viabilidad y pertinencia de la medida:

“Ningún ministro de Estado del gabinete se anima a firmar ello porque están conscientes de los graves daños económicos al Estado boliviano que ocasionaría esta medida; hasta el día de hoy, reitero, no existe el texto del decreto supremo”, destacó.

Cabrera afirmó que el ministro Murillo está “furioso” contra él por esta su oposición a la devolución de las acciones de Elfec a privados.

“Es de mi preocupación y de interés nacional es que existan autoridades que pretendan actuar por encima de la Constitución y la ley, como es el ministro Arturo Murillo, y además con graves daños a intereses nacionales”, concluyó la autoridad.

El jueves, desde la cuenta oficial de Twitter de la Procuraduría General del Estado, se informó que el procurador Cabrera está “a punto de ser destituido por oponerse a la privatización de ENDE y por caso de gases lacrimógenos”.

“Para José María Cabrera devolver acciones a ELFEC no es más que una privatización que atentaría contra los intereses del Estado”, se develó.

(18/09/2020)

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El MAS concentra su programa en la ‘reconstrucción económica’ del país

Inversión pública, manejo de la deuda externa e interna, desempleo e industrialización son los ejes de un “Plan de acción” inmediato, adelantó el candidato Luis Arce Catacora.

/ 17 de septiembre de 2020 / 12:29

Luis Arce explica su plan en conferencia de prensa. Foto: José Lavayén-La Razón

El Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó este jueves 17 la actualización de su programa de gobierno, bajo la forma del “Plan de acción Vamos a salir adelante. Nuestra mirada para Reconstruir Bolivia”.

La exposición del plan estuvo a cargo del candidato presidencial Luis Arce Catacora.

Partiendo de la premisa de que el gobierno de transición en 10 meses “cambió el modelo económico, reestableció el viejo modelo neoliberal y desechó el modelo comunitario que dio crecimiento económico por 14 años”, Arce enfatizó que la tarea de un gobierno del MAS será la reconstrucción económica.

“Se paralizó la inversión pública y, por tanto, la economía empezó a caer drásticamente, no por la pandemia, sino desde noviembre del año pasado”. Así, el déficit fiscal para este año, adelantó, será de 12,1%, cuando hasta noviembre de 2019 el déficit fiscal era del 5,2%, terminando el año con más del 8%.

Otro gran problema que se deberá encarar, insistió Arce, es el desempleo. “Nosotros dejamos (la tasa de desempleo) más o menos en 4,2% en noviembre del año pasado y ahora el desempleo está casi 12%, quiere decir que el desempleo en este periodo aumentó por tres veces; asimismo fue aumentando la pobreza”, protestó el candidato.

“Todos los avances que habíamos hecho hasta ahora están retrocediendo por la aplicación de malas políticas económicas y sanitarias”.

Adelantó que de ser gobierno impulsará una estrategia adicional de generación de empleo enfocado a las empresas privadas. “Vamos a relanzar con mucha más fuerza nuestro programa de Mi Primer Empleo que tuvo éxito y este gobierno ha desechado”, remarcó.

Un tema aparte en la exposición del plan de acción fue el litio: “Nuestro plan maestro de industrialización del litio con soberanía, es otro de nuestros proyectos estrella. El único partido que garantiza que los bolivianos seguirán en posesión de sus recursos naturales, es el nuestro”, afirmó.

Prometió el desarrollo de “41 industrias relacionadas con el litio”.

En relación al aspecto financiero, el candidato advirtió no solo del incremento acelerado de la deuda externa en manos del gobierno interino, sino también de la deuda interna: “Nadie habla de la deuda que está contrayendo este Gobierno con el Banco Central de Bolivia, poniendo en riesgo nuestra estabilidad económica”, dijo.

Habló de dejar de pagar intereses y capital de la deuda externa por dos años, para destinar estos recursos a proyectos de inversión: “Tenemos que hacerlo prioritariamente para garantizar la producción de empleo en el país, y no redirigir esa deuda para el gasto corriente”.

Arce adelantó algunas medidas, como disminuir el Impuesto del Valor Agregado (IVA), cuando el pago se lo haga con tarjeta de débito o de crédito.

En salud, el candidato señaló que contra el COVID-19 habrá brigadas médicas distribuidas en todo el país, el monitoreo vía WhatsApp para pacientes que manifiesten síntomas leves; “El Estado va a garantizar la provisión e importación de medicamentos y se creara la empresa estatal de fármacos”, prometió.

Sobre educación, adelantó un nuevo congreso educativo. “El Primer Congreso Plurinacional de Educación; aquí necesitamos discutir entre todos y con todos los involucrados qué cosa y cómo vamos a resolver este problema que nos está dejando este Gobierno, la clausura del año escolar y por tanto el retraso que tenemos en el tema educativo”.

“Vemos con cautela todo tipo de propuestas. Sabemos que la propuesta del MAS es la única que ofrece al país alternativas que son ampliamente aceptadas. Estamos atravesando una crisis profunda, económica, que requiere soluciones profundas”, concluyó.

Al final, Arce habló de enmendar los errores que el MAS cometió en su gestión de gobierno: «Hay que aprender de lo bueno y de lo malo que ocurrió en nuestro gobierno. El proceso de cambio debe continuar fortalecido, revitalizado, pero es una necesidad imperiosa si el país quiere salir adelante. Hemos cometido errores y los vamos a enmendar”, dijo.

(17/09/2020)

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Encuesta a 16.000 personas en el país ratifica a Luis Arce como posible ganador de los comicios

Carlos Mesa sigue siendo segundo; la sorpresa es Luis Fernando Camacho, que se ubica tercero, y desplaza al cuarto lugar a Jeanine Áñez.

/ 16 de septiembre de 2020 / 14:44

La encuesta de mayor alcance hecha hasta ahora ratifica a Luis Arce, candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), como ganador de las elecciones del próximo 18 de octubre.

La consulta abarca a 16.000 encuestados en todo el país, en área urbana y rural, y fue patrocinada por “Tu voto cuenta”, un colectivo de al menos 27 instituciones, entre las que se encuentran el sistema universitario estatal, la Fundación Jubileo, Cipca, medios radiales, entre otros.

En promedio, las anteriores encuestas tenían un universo de 2.000 personas consultadas.

Aparte de reiterar el primer lugar para el MAS, una de las mayores novedades de la consulta es el desplazamiento de Jeanine Áñez (alianza Juntos) al cuarto lugar, cuando en todas las encuestas anteriores figuraba tercera.

En el trabajo de Tu voto cuenta, a nivel nacional Luis Arce logra 29,2% de la preferencia electoral; como en anteriores consultas, segundo está Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana (CC), con 19%.

La sorpresa es el postulante de Creemos, el excívico cruceño Luis Fernando Camacho, que se ubica tercero con 10,4%; Áñez fue desplazada al cuarto lugar con apenas 7,7%.

El quinto lugar lo sigue ocupando el candidato del Frente Para la Victoria (FPV), Chi Hyun Chung, con 3,2%, y persiste en el sexto puesto Jorge Quiroga, postulante de Libre 21, con 2% de la preferencia electoral.

Como en las anteriores encuestas, en la consulta de Tu voto cuenta también van últimos la candidata de Acción Democrática Nacionalista (ADN), María de la Cruz Bayá, con 0,6%, y Feliciano Mamani, del Partido Acción Nacional Bolivia (PAN-Bol), con 0,4%.

En la consulta presentada a mediodía este miércoles en Televisión Universitaria, no dejan de llamar la atención los votos que no van por ningún candidato: hay 7,1 % de votos blancos; 10,6% de nulos; y, 9,8% del segmento no sabe/no responde.

En el trabajo elaborado por Tu voto cuenta, sus técnicos practicaron la desagregación de los votos válidos (los que van para algún candidato, dejando de lado a los blancos, nulos y a quienes no respondieron).

Aquí, solo viendo los votos válidos, las cifras varían significativamente, por lo menos para los dos primeros. Arce gana con 40,3%; segundo es Mesa, con 26,2%; le sigue Camacho, con 14,4%; cuarta es Áñez, con 10,6%; en quinto lugar se ubica Chi Hyun Chung, con 4,4%; la sexta posición será para Quiroga, con 2,8%. Séptima en la preferencia electoral está De la Cruz Bayá, con 0,8%; y, octavo, Mamani, con 0,6%.

Tu voto cuenta también ofrece la intención de voto según se trate del área urbana o de la rural. Ratifica el gran peso que en el voto por el MAS tiene el área rural.

Así, en la intención del voto urbano, la preferencia es como sigue: 26,6% para Arce; 20,7% para Mesa; 11,5% para Camacho; 8,3% para Áñez; 3,3% para Chi Hyung Chung; 2,3% para Quiroga; 0,6% para De la Cruz Bayá; y, 0,4% para Mamani.

En el área rural se confirma la supremacía masista: Arce alcanza 38,5%; Mesa, 12,9%; Camacho, 6,7%; Áñez, 5,5%; Chi Hyung Chung, 2,6%; Quiroga, 1%; Mamani, 0,5%; y, De la Cruz Bayá, 0,4%.

(16/09/2020)

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Polémica cesión de Justicia

El debate está en que si la denuncia ante la CPI corresponde a una actuación en derecho

/ 16 de septiembre de 2020 / 06:33

El procurador general del Estado, José María Cabrera, en La Haya, tras la presentación de la denuncia contra Evo Morales y otros, por delitos de lesa humanidad, ante la Corte Penal Internacional (CPI)

Por Iván Bustillos

El 14 de septiembre puede pasar a la historia de la Justicia en el país como emblemático, tanto en el sentido de ser una iniciativa en pos de justicia que no se puede encontrar en el país (como afirma el Gobierno), como en la dirección de que se trata de un hecho desproporcionado, forzado, de enjuiciamiento desde fuera del país, menospreciando la Justicia boliviana (según sus críticos).

Ese día, el procurador general del Estado, José María Cabrera, interpuso la primera demanda en la Corte Penal Internacional (CPI) en la historia del país. Una denuncia, como señaló el Procurador, “contra el expresidente prófugo en la Argentina y sus colaboradores, por la comisión de delitos de lesa humanidad, por actos inhumanos realizados con el cerco a las ciudades de toda Bolivia y el bloqueo de todos los puntos carreteros, lo que ocasionó grandes sufrimientos a la población y provocó el fallecimiento de al menos 40 víctimas por privación de oxígeno”.

Los términos de la tipificación de los delitos en la demanda boliviana en realidad están extractados del artículo 7 del Estatuto de Roma (documento de constitución de la CPI, aprobado el 17 de julio de 1998, y vigente desde julio de 2002; Bolivia lo ratificó en mayo de 2002), donde precisamente se detalla los “crímenes de lesa humanidad”.

Hay que recordar que la CPI juzga tres grandes delitos: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

El crimen de lesa humanidad, señala el artículo 7, es “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. De las once formas de este crimen que señala el Estatuto de Roma (entre las que están el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la desaparición forzada, la tortura, entre otros), la demanda boliviana recoge la undécima: “otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

Razones

La Procuraduría, como en reiteradas ocasiones señalaron el Procurador y algunos ministros y viceministros, esgrime dos razones para que el Gobierno boliviano haya acudido a la CPI: uno, que los delitos que en su opinión se han cometido durante los bloqueos (a saber, los crímenes de lesa humanidad) no están tipificados en el Código Penal boliviano; y, dos, que en el país no es posible alcanzar justicia porque todo el sistema judicial está “cooptado” o bajo “control” del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Algunos se han preguntado ¿por qué la Procuraduría acudió a instancias internacionales y no se agotaron procesos internos? Son dos razones que llevaron a esta decisión: en primer lugar, porque dentro de la normativa boliviana al derecho penal no existe la figura jurídica de delito de lesa humanidad, y es eso lo que ha ocurrido en Bolivia, un crimen de lesa humanidad; en segundo lugar, porque lamentablemente estamos ante un sistema judicial cooptado por el MAS y que ha puesto en evidencia su falta de imparcialidad en diferentes casos planteados por este gobierno”, destacó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, el lunes 7.

El procurador Cabrera afirmó desde La Haya que siendo signatario el país del Estatuto de Roma, “nunca se introdujo en el Código Penal el listado de delitos de lesa humanidad; por tanto, jurídicamente es imposible en Bolivia llevar a cabo un juzgamiento interno”, por eso, dice, se habilita “la vía internacional” (la CPI). 

Que nunca se introdujeron los delitos de lesa humanidad en el Código Penal no es cierto, reclama el abogado constitucionalista Iván Lima Magne. Si bien los delitos graves de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra hoy no están en el Código Penal (por cierto, vigente desde 1972), los tres ya fueron incorporados en el nuevo Código del Sistema Penal, promulgado el 15 de diciembre de 2017 y que estuvo vigente hasta el 25 de enero de 2018, cuando debido a la presión de algunos sectores tuvo que ser derogado.

En efecto, los tres delitos eran parte del “Libro Segundo: Infracción Penal Específica; Título I: Crímenes; Capítulo I: Crímenes contra la humanidad”. El artículo 80 desarrollaba el Genocidio, para el cual establecía “prisión de treinta (30) años sin derecho a indulto y reparación económica”; el artículo “81. Crímenes de lesa humanidad”, disponía de 14 a 30 años de cárcel; y, el artículo “82. Crímenes de guerra” señalaba 23 formas de este delito, por los cuales, según su gravedad, lo mismo sancionaba al culpable con prisión de 14 a 30 años.

Ahora, una cosa es hablar en general de “justicia corrupta”, de “jueces vendidos”, o “jueces cooptados o al servicio” de algún partido, y otra esgrimir esto en un documento oficial, como una causal para un procedimiento jurídico. El procurador Cabrera afirmó que “El Estatuto de Roma establece que cuando un país no tenga la posibilidad de juzgar actos de lesa humanidad, la denuncia va a la Corte Internacional”.

Control

Y una de las causales para que en Bolivia no sea posible dicho juzgamiento es la “cooptación” de la Justicia, el “control” de los jueces por parte de un partido político.

Esto, destaca Lima Magne, es una pura acusación, que en regla tendría que probarse y buscar la sanción de los implicados, pues va contra el principio constitucional de independencia e imparcialidad del juzgador (artículo 178 de la Constitución). Y no se olvide que cuando se dice “la Justicia” cooptada, se está hablando del último al primer juez del país.

“El hecho que señala de que la Justicia está en manos del MAS si bien puede ser una afirmación es una afirmación difamatoria, porque un juez por naturaleza debe ser imparcial e independiente; si es que depende de una persona, así sea un líder político, estaríamos hablando de la comisión permanente de un delito. Es una afirmación que van a tener que probar, demostrar con pruebas, no solamente con apreciaciones subjetivas ante la Corte Penal Internacional; yo creo que eso es imposible de probar”, señala el constitucionalista.

El abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez, por su parte, registra el periódico Cambio, incluso habla de que si el Gobierno no es capaz de probrar sus acusaciones se expone a un proceso esta vez por parte de los acusados: “El Gobierno, mediante la Procuraduría, ha tenido que reunir suficientes evidencias, no recortes de periódicos, no panfletos; sino evidencias claras y objetivas que vayan a presumir que ellos tienen la facultad y la suficiente prueba para poder acudir al Tribunal de La Haya; caso contrario, podría darse la vuelta la situación y el Estado va a tener que pagar daños y perjuicios a las personas denunciadas”, dijo.

La Procuraduría presentó la denuncia en la CPI, respaldándose, señaló el procurador Cabrera, en el artículo 14 del Estatuto de Roma, que describe la “remisión de una situación por un Estado Parte”. Dice el primer punto de dicho artículo: “Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas”.

Con relación a esto, Lima contrapone el artículo 17 del mismo Estatuto de Roma, cuando en su inciso a) dice que un asunto no será admitido por la Corte cuando “sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él, salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo”; y esta no voluntad o incapacidad de llevar a cabo dicho enjuiciamiento, hasta ahora no se ha podido verificar por parte del Gobierno; de ahí que se puede hablar, señala Lima, de una práctica cesión de la sobernía de la Justicia boliviana.

La incapacidad de administrar justicia no es poca cosa, pues se trata de un hecho propio de “estados fallidos”, insiste el constitucionalista: “en las cinco sentencias de la Corte y los 27 casos que están en juicio actualmente son estados fallidos, estados donde no existe justicia; por eso reclamo que el Procurador nos ha puesto al nivel de estados fallidos, que no tienen en abosluto posibilidad de hacer justicia; (cuando) en Bolivia tenemos capacidad de hacer justicia y para darles una respuesta a las víctimas o a las que se consideran víctimas de los hechos que han ocurrido” (los bloqueos de caminos en 12 días de agosto).

En cuanto a la tipificación de los hechos de agosto como delitos de lesa humanidad, como hace el Gobierno, que por eso intenta llevar el caso a la CPI, Lima reclama que pese a que dicha calificación delictiva no está en las leyes bolivianas, sí existen las figuras legales con que se puede encausar suficientemente a los posibles culpables: “los hechos que se están investigando (el bloqueo y sus consecuencias), por los que se está buscando justicia, son hechos que ya en Bolivia están tipificados, bajo formas de homicidio culposo, destrucción de la propiedad ajena, los daños, o la propias muertes de las personas, como asesinato, están tipificados, tenemos tipos penales específicos”.

Jurisdicción

Ahora, tampoco deja de ser polémica la lógica de la denuncia que señala que no habiendo el delito de lesa humanidad en el país, si la CPI encuentra culpables a los acusados (Evo Morales, Juan Carlos Guarachi y Leonardo Loza), directamente podrá perseguirlos; aplicar la jurisdicción internacional a la local sin más.

Una de las exigencias de la CPI es que todos los países incorporen los tres delitos (genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra) a la legislación nacional; solo de este modo, se podrá aplicar en pleno el fallo de la CPI en el país.

“Para que una conducta sea delito debe estar tipificada en el país donde se la piensa aplicar, bajo el principio de legalidad. Por eso el Estatuto de Roma reclama y exige a los países que tipifiquen estas conductas; al contrario, decir ‘como no está en nuestra legislación, vamos a aplicar directamente el Estatuto de Roma’ no es una interpretación conforme al Estatuto ni conforme a los principios constitucionales de legalidad, de conocimiento que tiene que tener el ciudadano de qué conducta es delito y qué conducta no lo es; lo que está diciendo el Procurador es que la cesión de soberanía no solamente es de los jueces, también está cediendo soberanía en legislar, en crear delitos y reconocérselo al Estatuto de Roma”, concluye el abogado Lima.

En lo relativo al procesamiento del “caso boliviano” en la CPI, si bien la Fiscalía de la Corte confirmó que el viernes 4 recibió la denuncia que interpusiera el Gobierno interino de Bolivia, esta recepción se enmarca en la figura de “remisión”.

“El 4 de septiembre de 2020, recibí una remisión del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en relación a la situación con la situación en su propio territorio”, señaló mediante un comunicado la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda.

Según recogió Europa Press, la fiscal Bensouda reveló que el Gobierno boliviano indica que los bloqueos fueron cometidos “de manera deliberada” para causar “sufrimientos graves en la integridad física y la salud mental de la población”.

El Gobierno de Bolivia sostiene que en agosto de 2020 miembros del partido político Movimiento Al Socialismo y organizaciones afines llevaron a cabo una línea de conducta (…) consistente en atacar a la población boliviana, a través de la coordinación de bloqueos en distintos puntos de todo el país”, explicó la Fiscal General de la CPI, según recoge la agencia EFE.

La Fiscal jefe de la CPI aclaró, sin embargo, que la petición del Gobierno boliviano “no conlleva automáticamente la apertura de una investigación”.

Para que se active una investigación, destaca la Fiscal, su oficina debe analizar primero si el caso amerita “la competencia, la admisibilidad y el interés de la Justicia”.

En general, el procedimiento de la CPI consiste en: I) el examen preliminar del caso, II) la fase de investigación y enjuiciamiento, y, III) el juicio oral y la posterior sentencia.

La denuncia del Gobierno se encuentra en el examen preliminar; por esto, informó la fiscal Bensouda, se la remitió a una sala para este nivel de consideración: “La Fiscal General ha informado de la situación al presidente de la CPI, que asignará la situación a una Sala de Cuestiones Preliminares formada por tres magistrados, trámite habitual en el caso de las remisiones”, señala el reporte de EFE.

No obstante, aclara la Fiscal jefe de la CPI, destaca Europa Press, “si la Fiscalía determinase que la situación remitida amerita una investigación de conformidad con los criterios estatutarios, como resultado de esta remisión, el Estatuto no requiere que la Fiscalía solicite la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte a efectos de abrir una investigación”, lo que implicaría un trámite más acelerado del caso

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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El Gobierno protesta por la ‘lenta’ investigación del caso de presunto fraude

El ministro Yerko Núñez dice que llamadas clave entre el expresidente Morales y los exvocales del TSE no fueron tomadas en cuenta.

/ 15 de septiembre de 2020 / 14:04

El ministro Yerko Núñez, en rueda de prensa en la Casa Grande del Pueblo. Foto: Roberto Guzmán-LaRazón

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, en conferencia de prensa este martes, protestó por lo que calificó lento proceso de investigación del supuesto fraude ocurrido en las elecciones del 20 de octubre de 2019.

«Nosotros pedimos al Ministerio Público que podamos tener mayor celeridad en estos procesos que el pueblo boliviano está esperando», afirmó el funcionario en la Casa Grande del Pueblo.

Haciendo referencia a los fiscales que llevan adelante el caso, Nuñez se quejó de que los investigadores en la indagación no incluyeron llamadas telefónicas que —dijo— hubo entre el expresidente Evo Morales, el exministro de Justicia Héctor Arce y los vocales del antiguo Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Para Nuñez, estas llamadas son elementos clave para demostrar el supuesto fraude en la elección del 20 de octubre de 2019.

Lo que molesta al Gobierno, dio a entender el ministro, es que a casi un año de los hechos, la Fiscalía no haya llegado a una conclusión sobre el pretendido fraude.

Con más de 20 exautoridades electorales detenidas, el caso del ‘fraude’ electoral se instaló por las dudas que generó tras las elecciones el informe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que habló de un ‘inexplicable’ cambio de tendencia en el conteo preliminar de los votos el día de la elección.

Al menos cuatro estudios académicos y de medios de comunicación cuestionan el informe de la OEA por insuficiencias técnicas y hasta ven en la actuación del organismo internacional una intención explícita de instaurar la idea de fraude en Bolivia el año pasado.

(15/09/2020)

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