Seguridad Ciudadana

jueves 4 jun 2020 | Actualizado a 20:08

Envían a la cárcel a tres policías vinculados con la fuga de un reo brasileño

Un juez dictó detención preventiva por cuatro meses para los tres policías vinculados a la fuga del privado de libertad de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro

/ 31 de marzo de 2020 / 18:00

Imagen de referencia

Los policías Jhonny Q. A., Luis N. R. Q. y Zenobio C. M. fueron enviados al penal de San Pedro de La Paz bajo detención preventiva, acusados de complicidad en la fuga del reo brasileño de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.

El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, informó por los uniformados fueron imputados por los delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, incumplimiento de deberes, favorecimiento a la evasión y concusión.

En la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público –según una nota de prensa institucional- demostró que los imputados son con probabilidad autores de los delitos investigados por, presuntamente, haber facilitado la fuga de Pereira Gómez, el pasado 16 de marzo a cambio de 70 mil dólares.

Después de 13 días, el súbdito brasileño fue recapturado por la Policía y en su declaración informativa reveló un trato con los tres efectivos policiales. Según Pereira Gómez, el pago se realizó en dos oportunidades e incluso declaró que su fuga fue planificada con ocho días de anticipación.

La medida contra los tres policías fue dictada por el Juzgado Primero Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de la ciudad de El Alto. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció la baja del oficial involucrado en este caso.

El privado de libertad recaptura fue enviado a la cárcel de El Abra de Cochabamba. (31/02/2020)

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Siete legisladores del MAS presentan demanda penal contra los ministros Murillo y López

Se los acusa de tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

/ 4 de junio de 2020 / 19:46

El ministro López durante la explicación de los proyectiles, este jueves.

Por Paulo Cuiza

Siete asambleístas nacionales del Movimiento Al Socialismo (MAS) se querellaron este jueves en contra de los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, por supuestas irregularidades en la compra de gases lacrimógenos y equipo antimotín a través de intermediario, denunciado por un periodista de la red Gigavisión.

Las diputadas Elvira Rojas, presidenta de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas; Sonia Brito, Ayda Villarroell, Juana Quispe y los asambleístas Edgar Montaño, Remberto Calani y Franklin Flores plantearon la demanda ante la Fiscalía en materia de corrupción por delitos de tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

López ofreció este jueves una conferencia de prensa en la que descartó alguna irregularidad en la compra de ese equipamiento. Defendió la legalidad de la decisión de comprar a la firma intermediaria tras mostrar una certificación que envió la fábrica Cóndor con sede en Brasil al Ministerio de Gobierno en el que da cuenta que Bravo Tactical Soluctions “está autorizada a firmar contratos, representar, preparar, negociar y concluir ofertas”.

Según la denuncia hecha pública en el muro de Facebook de “Detrás de la Verdad”, Bolivia pagó $us 5,6 millones por cartuchos de gas lacrimógeno adquiridos a través de la intermediación de la empresa Bravo Tactical os Solutions LLC, con sede en Estados Unidos, después que decidió suspender una compra directa con la empresa brasileña Cóndor. La firma del contrato fue en diciembre de 2019.

De acuerdo a la querella, Bolivia pagó Bs 270 por cada unidad de proyectiles de larga distancia y Bs 250 por unidad de proyectiles de triple acción. En cada caso demandó la dotación de 50.000 unidades. Comparando la compra con una del Gobierno de Venezuela, la adquisición de los proyectiles de larga distancia a la empresa Cóndor hubiera significado la inversión de Bs 108 por unidad, y de Bs 116 por unidad en el caso de los proyectiles de triple acción.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, demandó este jueves al Ministerio Público empezar un proceso de investigación y remarcó que en la Asamblea Legislativa Plurinacional se ve la posibilidad de conformar una Comisión Mixta para investigar el caso.

“Este tipo de hechos nos lastima a los bolivianos, porque hablamos de recursos económicos que son sacados del Estado en desmedro de la economía nacional. Los intermediarios sabemos trabajan por intereses propios es más directo ir a la empresa donde se produce el producto y no intermediarios”, dijo.

López defendió la compra del equipamiento y cuestionó que se haga una comparación con una compra venezolana, además anunció una pericia por supuesta falsedad de documentos presentados por la red televisiva.

El periodista Junior Arias hizo esa y otras denuncias. Reveló que es objeto de amenazas y decidió retirarse temporalmente del medio, lo que desató una serie de muestras de apoyo.

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Patzi defiende destitución de Sahonero y pide al Gobierno respetar la autonomía

“A mí, primero ni siquiera me han notificado, ni siquiera han tenido la gentileza de decirme toma el memorándum y te puedes retirar", dijo Sahonero en una entrevista por televisión.

/ 4 de junio de 2020 / 00:14

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, junto a director del Sedes, René Sahonero.

Por Paulo Cuiza

Horas después de su cambio como director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) del departamento de La Paz, René Sahonero cuestionó la noche de este miércoles su destitución y lo atribuyó a sus denuncias de irregularidades. El gobernador Félix Patzi defendió su decisión y descalificó la labor de la hoy exautoridad, pero además pidió al Gobierno respetar las autonomías.

“A mí, primero ni siquiera me han notificado, ni siquiera han tenido la gentileza de decirme toma el memorándum y te puedes retirar; a mí no me dijeron nada, solamente entraron directamente a las oficinas y posesionaron (al nuevo director, Ever Osco)”, explicó la exautoridad en una entrevista en el programa Anoticiando de ATB.

Patzi advirtió que el cambio es “institucional” porque Sahonero vulneró normas de la Gobernación al coordinar su tarea directamente con el Ministerio de Salud. “No puede ser eso. El Director tiene que coordinar en términos de gestión con la Gobernación”, cuestionó en el programa Noches Sin Tregua de Cadena A al defender su decisión.

Como lo había hecho antes, la exautoridad atribuyó su destitución a las denuncias en el manejo de ítems que hizo en una sesión de la Asamblea Departamental de La Paz. Sahonero llegó al cargo durante la intervención del Ministerio de Salud al Sedes por no cumplir con las disposiciones para luchar contra el COVID-19, pero después fue posesionado por el mismo Patzi.

“El Gobierno central debería ser respetuoso de las autonomías, por ser no respetuoso pasó lo que pasó en el Sedes, ha ignorado al Gobierno departamental y nunca debería ser así. En Cochabamba hizo lo propio y como autoridad electa mi tarea es hacer respetar la autonomía”, advirtió el gobernador.

Desde su percepción, Sahonero hizo un mal trabajo en el SEDES en cuanto a coordinación y gestión. “Si hubiera hecho un buen trabajo en este momento hubiera habido respiradores, mayores reactivos, información precisa sobre las pruebas, resultados, solo ha dado positivos y acumulados y eso no es un buen trabajo”.

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Doria Medina observa uso de intermediarios en compras estatales

Samuel Doria Medina, candidato a la vicepresidencia de la candidata Jeanine Áñez, dijo que dará mayor transparencia el evitar la intermediación de compras estatales. En los últimos días se denunció que la intermediación en la compra de equipos antidisturbios implicó $us 2,1 millones.

/ 2 de junio de 2020 / 22:19

El empresario Samuel Doria Medina en declaraciones a los medios en La Paz.

El empresario Samuel Doria Medina, candidato a la vicepresidencia de la presidenta Jeanine Áñez, puso en cuestión el uso de intermediarios en compras estatales, en alusión a una denuncia de contratación de un intermediario para la compra de gases lacrimógenos y balines de goma antidisturbios por parte de la actual administración.

“Una medida preventiva para lograr la mayor transparencia en las compras del Estado es evitar en lo posible el uso de intermediarios. El sector público tiene el volumen de compras y la capacidad necesaria para ir directamente al fabricante o al proveedor”, escribió el empresario y candidato en su cuenta en la red social Twitter.

La red Gigavisión informó que $us 2,1 millones implicó la intermediación en la compra de equipos antidisturbios de la firma Bravo Tactical Solutions LLC, pese a que inicialmente se estaba haciendo la compra directa. De acuerdo a los datos de esa red televisiva, el Gobierno pagó $us 5.649.137,64 por el contrato firmado en diciembre de 2019.

En un comunicado difundido el 1 de junio, el Ministerio de Gobierno negó las acusaciones del programa y advirtió que el periodista Junior Arias “ha difundido una historia falsa para dañar el prestigio y la dignidad del personal de este Ministerio. Esa falsedad es guerra sucia y es guerra política”. Además advirtió con no descansar hasta lograr la retractación del periodista.

En el documento oficial se establece que “se trata de una compra estatal hecha dentro de la ley y las normas”, sin dar mayores detalles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la advertencia del Ministerio de Gobierno a un periodista que denunció un presunto caso de corrupción en la compra de material antidisturbios.

Otro caso de supuesto sobreprecio es el referido a la compra de 170 respiradores españoles para la lucha contra el coronavirus. De acuerdo a la investigación, la empresa IME Consulting fue la intermediaria para la compra de los equipos. Se estima en $us 2,3 millones el daño económico al Estado y por este caso el exministro de Salud Marcelo Navajas, cuatro funcionarios y un empresario que dijo haber participado de la intermediación, fueron enviados a la cárcel bajo detención preventiva.

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HRW ve ‘amenaza’ a la prensa boliviana por conminatoria del Ministerio de Gobierno a un periodista

“El @MindeGobierno dice que la denuncia de @RedGigavision de supuesto sobreprecio en un contrato sin licitación es falsa. Pero no publica documentos que lo demuestren, sino que acusa al periodista..." escribió José Miguel Vivanco en Twitter.

/ 2 de junio de 2020 / 20:41

Imagen de trabajadores de la prensa en La Paz.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), calificó de una “amenaza” a la prensa boliviana la conminatoria del Ministerio de Gobierno al periodista de Gigavisión Junior Arias para que se retracte de las denuncias sobre un supuesto sobreprecio en la adquisición de equipos anti motín.

“El @MindeGobierno dice que la denuncia de @RedGigavision de supuesto sobreprecio en un contrato sin licitación es falsa. Pero no publica documentos que lo demuestren, sino que acusa al periodista de guerra sucia y guerra política. Es una amenaza para toda la prensa de Bolivia”, escribió Vivanco en su cuenta de la red social Twitter.

El mensaje fue acompañado por el comunicado del Ministerio de Gobierno emitió el 31 de mayo sobre las denuncias de un supuesto sobreprecio en la compra de granadas lacrimógenas y balines de goma en diciembre de 2019. La intervención de un intermediario implicó $us 2 millones.

Esa cartera de Estado acusó a Arias de denunciar una “historia falsa” e ingresar en una guerra sucia y política, además de construir una historia absurda, de manipular y de actuar maliciosamente.

“Es una falsedad y no vamos a descansar hasta que el Sr Arias rectifique y restaure la dignidad e imagen de las personas dañadas”, dice el comunicado en su parte final.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también observó el tono de la posición asumida por el Ministerio de Gobierno respecto a la denuncia de Arias.

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Santa Cruz reporta 7.018 casos de COVID-19, entre ellos más de 500 menores

De los 307 casos nuevos, 219 corresponden a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

/ 1 de junio de 2020 / 23:02

El director del SEDES, Marcelo Ríos, durante el informe epidemiológico.

Por Paulo Cuiza

El departamento de Santa Cruz sumó este lunes 7.018 casos de COVID-19, 500 de ellos niños menores de 12 años que han sido infectados por los propios padres o personas mayores que no respetan las normas de bioseguridad, informó el director del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Marcelo Ríos.

En una conferencia de prensa, Ríos comparó la situación que se vive en la región cruceña con una película de terror, Criticó a ciudadanos que no cumplen con las medidas bioseguridad como el uso de barbijos.

“Tenemos 307 casos confirmados, vamos ya por 7.018 casos confirmados en total. Tenemos 164 fallecidos», dijo.

Ríos detalló que “hay más de 500 niños menores de 12 años en estas 7.000 personas enfermas”. “500 niños infectados y los niños no salen al mercado, no salen a pasear, al colegio, al trabajo, son los padres y las personas mayores quienes los están contagiando”, reclamó.

Lee además: Bolivia suma 549 infectados y 30 muertos en el primer día de la cuarentena flexible

Según el reporte oficial, este lunes 15 personas perdieron la vida con lo cual la cifra departamental de decesos llegó a 164. Del total de pacientes infectados, 3.646 son varones y 3.372 mujeres. En relación a las personas dadas de alta en las últimas 24 horas el número llegó a 147, alcanzando la cifra global 688.

De los 307 casos nuevos, 219 corresponden a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 16 a Montero, 11 a Yapacaní, 9 a San Juan de Yapacaní, 8 a Warnes, 7 a El Torno, 5 a Cabezas, 5 a Camiri, 4 a Cuatro Cañadas, 4 a San Antonio de Lomerío, 3 a Asunción de Guarayos, 3 a San Ignacio, 2 en los Municipios de La Guardia, Moro Moro, Samaipata, San Carlos, San José, San Julián y 1 en Pailón.

De ese total, 133 son mujeres 174 son varones. Ríos detalló que 43 están relacionados a personas mayores de 60 años y 16 a menores de 15 años; además 57 pacientes están en terapia intensiva.

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