LR en la Memoria

miércoles 8 dic 2021 | Actualizado a 22:12

Evo Morales y el aparato mediático antimasista

Morales ya no es presidente, pero los medios que montaron campañas contra su figura y su gobierno no variaron un ápice sus políticas editoriales, informativas y de opinión.

Evo Morales en medio de una rueda de prensa.

/ 27 de junio de 2021 / 01:32

Rafael Ramírez es el nombre del periodista del diario La Prensa que el 10 de diciembre de 2008, en un acto realizado en el Palacio de Gobierno, fue apercibido por el presidente Evo Morales, indignado por un titular que decía Evo negoció luz verde con los contrabandistas dos meses antes y que estaba relacionado con un incidente producido en el departamento de Pando en el que supuestamente el gobierno había sido permisivo con el paso de 33 camiones que transportaban mercadería ilegal. El maltrato dispensado a Ramírez duró aproximadamente cinco minutos, con el presidente de la República expulsando del acto al periodista, luego de que éste intentara responder.

El descrito es seguramente el incidente más desagradable que haya podido producirse con periodistas durante las tres presidencias de Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS). En aquella oportunidad el primer mandatario le exigió al responsable de la cobertura en la plaza Murillo que probara sus aseveraciones, cuando lo conducente hubiera sido pedir explicaciones al director del medio, si acaso estaban fundadas en un reclamo argumentado. Pudo más, sin embargo, como en otras ocasiones, la irritación de Evo que a partir de ese comportamiento desató protestas que trascendieron los límites nacionales.

AMBIENTE.

Ocho años después, un enfoque internacional se refería en los siguientes términos al resquebrajamiento de las relaciones gubernamentales con medios de comunicación: “El ambiente en el que trabajan los periodistas bolivianos se ha deteriorado considerablemente desde el inicio del año: acusaciones públicas, intimidaciones, amenazas de procesos judiciales… Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncia los intentos de las autoridades de perjudicar al gremio periodístico y apoya a los periodistas perseguidos en el país (…) El 19 de mayo de 2016, ante los miembros de la Asamblea Legislativa de Bolivia, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusó a la Agencia de Noticias Fides (ANF), así como a los diarios Erbol, El Deber y Página Siete de formar parte de un “cártel de la mentira”.

El ministro hizo esta impactante declaración cuando fue interpelado por los parlamentarios sobre el presunto tráfico de influencias en el que estaría implicada la expareja del presidente Evo Morales (…) Según Quintana, se trata de un escándalo mediático para desestabilizar al país”.

En marzo de 2016, la edición digital de Datos Política afirmaba que Evo mantiene tensa relación con la prensa independiente: “‘Pollos de granja’, ‘vuvuzelas’, ‘agentes de inteligencia’ o del imperio, ‘cobardes’ y ‘narcotraficante’ son algunos adjetivos con los que el presidente Evo Morales calificó a los periodistas desde que ingresó al poder en 2006 (…) ‘La relación entre el Presidente y los periodistas ha sido muy difícil, muy tensa desde el inicio’, aseguró el responsable de la web de El Deber, Carlos Morales, quien afirmó que el Primer Mandatario afirmó varias veces que los medios son sus principales enemigos políticos (…) ‘Los medios de comunicación son mi principal oposición’, repitió con insistencia Morales desde que llegó a Palacio de Gobierno hasta hoy (…) El Jefe de Estado dijo una vez que el 80% de los medios estaba en manos de los opositores, por lo que decidió cambiar esa situación (…) Pese a que la relación entre los medios de comunicación y Morales sigue áspera, el Gobierno siempre negó una persecución, debido a que deja que se publique en su contra y se respalda en que no hay periodistas encarcelados”.

Enfrentamientos en Santa Cruz entre simpatizantes del MAS y sectores de oposición

Según la misma Datos Política, las relaciones entre Evo Morales y los medios internacionales son parecidas: «’El corresponsal de CNN (en Bolivia) es narcotraficante’, dijo Morales en su intervención en Venezuela, al recordar los tres años del deceso del presidente de ese país Hugo Chávez. La cadena internacional rechazó la acusación de Morales porque su corresponsal es una mujer y calificó de peligrosas las declaraciones del gobernante boliviano (…) El presentador y periodista de la misma cadena Ismael Cala no se salvó de Morales. ‘Cobarde, agente del imperio y prófugo de la Revolución Cubana’, dijo Morales de Cala, cuando el Jefe de Estado canceló horas antes una entrevista con CNN en agosto de 2013 (…) En septiembre de 2010, Evo intentó que la corresponsal de BBC Mundo y NTN 24 TV, Mery Vaca, respondiera sobre un comentario racista. ‘Aquí dice que soy un cruce de llama con Lucifer. ¿Eso es o no racismo?’, dijo Evo. Vaca se limitó a decir que no le correspondía a ella responder.”

Lo que Reporteros sin Fronteras y Datos Política no consignan en sus enfoques tiene que ver con una relación saturada de cortocircuitos, pero que fue siempre de ida y vuelta, y para documentar esta aseveración, examinemos cómo Evo Morales se convirtió en el presidente más vilipendiado por medios de comunicación, periodistas y opinadores en la historia contemporánea de los asuntos públicos bolivianos. Cabe recordar que 2008 y 2009 fueron cruciales para el país que se encontraba en proceso de aprobar en las urnas una nueva Constitución Política del Estado. En ese contexto, varios sectores de la oposición política, incluida la oposición mediática, propietaria de la mayoría de periódicos, radios y canales de televisión del país, montaron una virulenta campaña personalizada en la figura presidencial:

Portada diario El Mundo, Santa Cruz de la Sierra, 17 de marzo de 2008. (Titular a propósito del encuentro entre el presidente Evo Morales y el futbolista argentino Diego Armando Maradona en alusión a la temática coca-cocaína): “Evo exporta Diego consume”.

Arturo Mendivil, Radio Oriental, Santa Cruz de la Sierra, 28 de abril de 2008. Comentario: “Qué pasaría si tenemos un colla hijo de puta, un colla hijo de puta, que dice que nosotros estamos construyendo la separación de Bolivia, …esos engendros de llama y piedra… nos han tenido agarraos de los huevos estos collas malditos. ¡Carajooo! Ya está de buen tamaño que estos collas infelices, malditos, crean que aquí la juventud es mierda. Nuestra juventud es mucho más altanera y llena de ansias de superación y no como la raza de los collas que solamente buscan la teta del Estado o buscan la coca o buscan la cocaína o buscan el atraco. Esa la diferencia entre collas y cambas.”

Portada diario El Mundo, Santa Cruz de la Sierra, 17 de agosto de 2008. “Excelentísimo asesino Presidente de los Bolivianos”: Rubén Costas, prefecto (luego gobernador) del departamento de Santa Cruz.

Jorge Melgar, revista informativa en Canal 18, «Televisión del Norte», en Riberalta-Beni, septiembre-octubre de 2008. Comentario: “Odio esa raza maldita, esta (muestra dedo anular), no va a poder este (Evo Morales) indio analfabeto ignorante. Pero creo que se está acercando la hora de que él sea liquidado físicamente, me refiero a Evo Morales, Álvaro García Linera, el ministro de Gobierno Rada, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana… No pisa más el indio maldito esta región.”

Diario La Razón, La Paz, columna de Humberto Vacaflor, 26 de octubre de 2008, acusa al Presidente de ser asesino, narcotraficante y de tener un afeminado Vicepresidente. “Nosotros, los sucios periodistas, no hemos pedido a las Fuerzas Armadas que usen a sus oficiales como terroristas para atacar un medio de comunicación. En cambio, el Presidente lo hizo al ordenar que dos de los oficiales del Ejército que están a cargo de su seguridad vayan a matar bolivianos en Yacuiba el 21 de junio pasado. El anterior presidente que usó a las Fuerzas Armadas para atacar medios de comunicación y afectar a la democracia fue Luis García Meza, el anterior presidente acusado de ser narcotraficante” (…) “Nosotros, los sucios periodistas, no hemos hecho comentarios sobre las dudas que tiene la gente acerca de los hijos del Presidente, que solo se prestan a aparecer cuando hay una campaña proselitista en que se quiere demostrar que a Morales le gustan las mujeres. Ni se ha hecho comentario alguno sobre todo lo que se dice acerca de su también afeminado vicepresidente”.

Carlos Valverde, marzo de 2009, Cadena A de televisión, programa ‘Sin Letra Chica’. Comentario: No pues don Evo, un poquingo más, un poquingo más, ya la tiene la inteligencia en palacio, hágala llegar a su oficina presidente () lo que ha dicho es una sandez, hágame el favor, puta madre, lo vamos a dejar pasar por alto, no pue (…) Presidente, usted no piensa y lo que dice es mentira. Yo no voy a poner in extenso la triste declaración del presidente de la República (Evo Morales) rodeado o más bien compadecido por Chávez (Hugo) que tiene la malacrianza de tratarlo como a un muchacho de mierda a Evo Morales, ¿tanto cambiaste viejo, tanto cambiaste por una pega?, ¿tanto cambiaste por una pega pendejo? Ay pelotudo, pelotudo público, en la misma estupidez yo no he visto a un hombre que cometa tantas estupideces juntas, vaya uno a saber por qué, saltando mientras baila, debe tener una cosa en el culo que le estorba porque no puede quedarse quieto, vaya uno a saber cuáles serán sus gustos, eso es problema de él (Evo Morales).

ACTIVISMO.

Autonombrarse periodista “independiente” y estigmatizar a la competencia como “paraestatal”, le valió al periodismo antimasista el contraataque furibundo del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que calificó como “cártel de la mentira” a cuatro medios que sostuvieron diariamente la trama Gabriela Zapata-CAMC que terminaría incidiendo en el resultado del referéndum que el 21 de febrero de 2016 le dijo No a una nueva repostulación a Evo Morales.

En realidad, el término paraestatal le fue útil a su inventor, Raúl Peñaranda, para diferenciar a los medios supuestamente favorecidos con la torta publicitaria del gobierno de los que se encontraban en la vereda de enfrente, es decir en la del activismo que de independiente solo tiene el nombre, ya que sus tareas exhibían un barniz periodístico para encubrir operaciones de activismo político asesorado por agencias norteamericanas , aspecto que fue notorio cuando el mismo exdirector de Página Siete se dedicó a acosar, adoptando el papel de un fiscal obsesivo, a medios como ATB y La Razón durante el gobierno de facto presidido por Jeanine Áñez, secundado por Rafael Archondo, que fuera embajador del gobierno de Evo Morales en Naciones Unidas.

No hubo ni hay medios paraestatales en Bolivia y tampoco medios independientes y eso se puede corroborar con las pautas publicitarias otorgadas por los gobiernos de Evo Morales a medios contrarios a la línea oficialista —sobre todo televisivos—, y de la misma manera se puede constatar que, con un elemental análisis de contenidos, estaciones televisivas como PAT y ATB jugaron al pluralismo en unas ocasiones y al equilibrismo informativo en otras. Lo cierto es que con todos estos antecedentes acumulados a lo largo de 14 años, la mayor parte de los medios masivos tradicionales —radioemisoras, canales de televisión, diarios— han explicitado líneas informativas y de opinión abiertamente antimasistas, poniendo en evidencia que la cantaleta sobre la existencia de un periodismo independiente es nada más que una impostura con bases pretendidamente principistas.

En la actualidad Evo Morales ya no es presidente de Bolivia, pero los medios que se encargaron de montar campañas sistemáticas contra su figura y su gobierno no han variado un ápice sus políticas editoriales, informativas y de opinión, ahora desplegando una ansiosa agenda diaria para querer despejar dudas acerca de si el gobierno de Jeanine Áñez fue o no producto de un golpe de Estado. Independientemente de ello, muy poco, casi nada, estos medios se han referido al carácter autoritario y violatorio de los derechos humanos que caracterizó el régimen dominado en acciones y decisiones por personajes como Arturo Murillo, ministro de Gobierno, y Óscar Ortiz, senador y luego ministro de dos carteras que terminó destituido por Jeanine Áñez el 28 de septiembre de 2020.

Las clases medias urbanas a las que Evo Morales calificó despectivamente de “pititas”, estallaron de ira porque al escamoteo del referéndum del 21F de 2016 se añadía ahora un presunto fraude sustentado en la suspensión del conteo preliminar no oficial a cargo del Tribunal Supremo Electoral. En tal escenario, las movilizaciones civiles iniciadas el 21 de octubre desembocaron en motines policiales y en una toma de posición de las Fuerzas Armadas que se convirtieron en los brazos represivos de un pretendido levantamiento popular contra el prorroguismo y el presunto robo electoral a cargo del Movimiento Al Socialismo (MAS) en favor de su jefe supremo.

Con la renuncia de Evo Morales por la tarde del domingo 10 de noviembre de 2019, comenzó a funcionar una maquinaria mediática inaugurada con el anuncio de Jeanine Áñez a través de la red televisiva Unitel, desde la ciudad de Trinidad, en sentido de que le tocaba asumir la presidencia del Estado en su condición de segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, salida definida por fuera de la institucionalidad democrática del país.

Añez, el 12 de noviembre de 2019 en Palacio de Gobierno

¿Qué hacían representantes de la Conferencia Episcopal, tres embajadores, dos exdefensores del Pueblo, el presidente de una fundación católica, dos candidatos, el jefe de un partido que no participó en elecciones, un amigo de la Embajada de Estados Unidos y expresidente del país, su asesor abogado y otro abogado más representando al Comité Cívico pro Santa Cruz, decidiendo los destinos de Bolivia, superponiéndose a la Asamblea Legislativa Plurinacional y prescindiendo de la Defensoría del Pueblo en momentos de la extrema convulsión y violencia que soportaba Bolivia? Respuesta: Se ponían de acuerdo para que la senadora Áñez asumiera el mando del país y buscaban los mecanismos con apariencia constitucional para que así sucediera.

La coyuntura nos dice que el sentimiento de culpa de Página Siete es descomunal. Si el presidente de su directorio, Raúl Garafulic Lehm, prefiere, monumental, como le gustaría decir al candidato al que su diario respaldó en las campañas de 2019 y 2020, con la generación de encuestas que lo ayudaran. Resulta que la realidad superó los groseros márgenes de error de dichos estudios de opinión, especialmente los relacionados con el triunfo del binomio masista Arce-Choquehuanca, y para querer justificar sus acciones utilizan tendenciosamente las actuaciones de Adriana Salvatierra, Susana Rivero y Teresa Morales, que fueron las testigos clave de una sucesión presidencial precipitada, chapucera e ilegal. De no haber estado presentes ellas para constatar que todo ya estaba decidido y que solo restaba operar el asalto al poder en el Senado, Unitel, Página Siete y todos los medios alineados con la defenestración de Morales, estarían cómodos sin la necesidad de fabricar aclaraciones que lo único que hacen es oscurecer aún más los penosos intentos de defender lo indefendible.

A partir de ese 10 de noviembre de 2019, la estructura mediática opositora al MAS insiste en instalar un relato insostenible desde la rigurosidad de los hechos. Para eso publicó dos bodrios en forma de libros carentes de la mirada serena y rigurosa que solo permite el transcurso de un tiempo razonable. Es comprensible, a Garafulic debe incomodarle que le llamen golpista. Nada más le falta el intento de querer demostrarnos que el de Banzer en 1971 tampoco fue un golpe de Estado.

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

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Los fantasmas de Santa Cruz

/ 4 de diciembre de 2021 / 01:06

La vegetación húmeda y frondosa — “el monte” que le llaman los cambas que viven en el campo— nos remite invariablemente a los cuentos y a las novelas del gran Gabriel García Márquez, aquel que hizo del clima y del calentamiento global epicentro de sus fantásticas historias sobre patriarcas, coroneles, terratenientes, putas tristes y abuelas desalmadas. Hay que haber vivido en la profunda Chiquitanía o en el Norte Integrado para empaparse de esa Bolivia con 37 a 40 grados de temperatura, y saber de qué van estos otros bolivianos a quienes se mira desde las alturas cordilleranas, tantas veces con el desdén y menosprecio de ese andinocentrismo demodé.

Hace como una década se hablaba en el Beni de carreteras fantasma, esto es, de proyectos de infraestructura vial por los que un puñado de pícaros cobraban puntualmente sin entregar jamás medio kilómetro de obra, pero ahora resulta que lo fantasmal cobra vida —y fortuna mal habida— en la oficina de recursos humanos del municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la que un señor al que le dicen Tony y apellida Parada, en su calidad de mandamás, habría fabricado ochocientas pegas para ciudadanos y ciudadanas que no existen, pero que cobraban salarios puntualmente cada fin de mes durante la gestión de Percy Fernández-Angélica Sosa.

No hay peor negligencia que la de no cerrar como se debe una historia matrimonial y por ello el señor Parada debe estar lamentándose haber terminado de mala manera con Valeria Rodríguez, quien en una mezcla de despecho y sed de justicia habría encontrado profusa documentación en algún lugar secreto de su casa, a lo Breaking bad, en la que su ex guardó papeles que lo señalarían como autor de una maquinaria de cobrar dinero a nombre de ochocientas personas inexistentes, durante por lo menos cuatro a cinco años.

Hay que suponer que esta no es la Santa Cruz y la Bolivia federal que quiere Luis Fernando Camacho, aunque tampoco debería ser esa que convierte a un comité cívico en un ente supraestatal que organiza el tráfico vehicular y el de personas cada vez que se decide un paro al estilo golpista de noviembre de 2019. Y tampoco será la Santa Cruz y la Bolivia federal ideales, la que le franquea las posibilidades a un médico de apellido Amelunge de reabrir una clínica de nombre Santa María, utilizando la figura de su padre muerto, otro verdadero escándalo del macondiano departamento más grande del país.

Santa Cruz es una tierra de oportunidades y hospitalidades, realidad indiscutible, aunque sobre todo la hospitalidad que pasa por el costumbrismo sea más generosa con el blancoide de “buena familia”. Pero es también el lugar en el que el pragmatismo ha roto la barrera del pudor para incursionar en ciertas actividades y eso también se lo debemos al banzerismo, desde el que la actividad del narcotráfico no solo generó nuevas fortunas, sino también nuevos arquetipos del heroísmo popular traducidos en hospitales, plazas y escuelas para olvidadas poblaciones rurales a las que el Estado boliviano jamás tuvo la intención de llegar.

Hay una palabra que se usa en Santa Cruz y no en otros lugares del país: Meleador. Define a la persona que a través de las malas artes, la corrupción o el simple robo consigue bienestar material en desmedro de personas e instituciones de las que se aprovecha circunstancialmente para obtener un beneficio a costa de la desgracia ajena, en el caso de Tony Parada, del municipio cruceño, y en el del doctor Amelunge, pisoteando la tumba de su padre “Que Dios lo Tenga en su Gloria”, ya que hay una efervescencia por la Biblia y la palabra de Dios en la tierra de Rómulo que casi seguro volvería a matar a Remo si este osara resucitar para disputarle las coordenadas y los límites de la ciudad de los anillos.

Como para que la historia quede felizmente completada, el fiscal de distrito de Santa Cruz, Róger Mariaca, ha designado fiscal anticorrupción a Mauricio Toro Flores para que investigue la trama, con el antecedente de haber rechazado en principio la denuncia de la señora Rodríguez. ¿Quién es este fiscal? Nada menos que un exfuncionario municipal cuando ejercía funciones la señorona del pueblo, Ángelica Sosa, a la que el legendario Percy le profesaba una fe ciega. Debe ser una broma dirán muchos horrorizados y la respuesta es no, porque así se manejan justicias e injusticias en la tierra de Melchor Pinto Parada.

Las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de las matemáticas nos enseñan que las formas en que se sumen y multipliquen los números pueden ser variadas, pero que los resultados conducirán necesariamente al mismo lugar. Sirva este paralelismo para comprender la corrupción como sistema, aquel que puede verse liberado de equilibrios y contrapesos en caso de que un modelo estatal federal elimine del espectro al último gran vigilante, el eslabón todavía en condiciones de combatir meleadores: El Estado central.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Izquierdos humanos

/ 20 de noviembre de 2021 / 02:28

La abrumadora mayoría de los caídos entre octubre y noviembre de 2019, perecieron baleados por militares y policías. Si Jeanine Áñez hubiera interceptado los ímpetus represivos para cometer las masacres de Sacaba-Huayllani y Senkata, probablemente su cuadro jurídico no sería tan comprometedor y no la tendría situada muy cerca de una sentencia condenatoria que según expertos bordearía una década de privación de libertad. Si el camino no hubiera sido el del ensañamiento persecutor y criminalizador, incluso el tema de su irregular e inconstitucional llegada al poder podría ser objeto de cierta condescendencia judicial.

El problema central de la discusión política en Bolivia es que los derechos humanos de muertos, heridos, detenidos, perseguidos y extorsionados por fiscales luego del golpe de Estado, se convirtieron en izquierdos humanos, en tanto los autores de ese bodrio al que sus gestores llaman gobierno de transición, padecen de disonancia cognitiva que consiste en el choque de dos creencias, y por ello los derechos humanos en Bolivia fueron convertidos en izquierdos, es decir en derechos para ciudadanos de segunda, esos que no tienen familiares con capacidad de pago para un aviso necrológico en algún diario y por lo tanto no son merecedores de un tratamiento prioritario en los estrados judiciales. El ejemplo más ilustrativo es el del jefe de CC, Carlos Mesa: De acuerdo a los valores inculcados por sus padres, insignes intelectuales, el respeto por la vida y las convicciones políticas no pasan por la militancia partidaria, pero como el excandidato profesa un obsesivo rencor contra el MAS (es feo perder por paliza), entonces opta por el silencio y mirar para otro lado. Conclusión: Vale más el rencor antievista que las convicciones humanitarias.

La disonancia cognitiva se manifiesta en la premeditada decisión de no referirse a los hechos luctuosos desatados a los pocos días en que Áñez-Murillo-Ortiz capturaron el poder. Ninguno de los actores de ese huachafo cambio de gobierno se refiere al dolor y la tragedia que se produjeron apenas lograron consolidar la sustitución de Evo Morales en la presidencia y esto alcanza a candidatos, abogados y asesores de campaña, dirigentes cívicos, embajadores, mandos militares y policiales, activistas paramilitares y parapoliciales, amigos de la Embajada de los Estados Unidos y jerarquía católica.

En este contexto, las movilizaciones producidas en Santa Cruz y en Potosí que derivaron en un paro de características similares al gestado en octubre-noviembre de 2019 sirvieron, por añadidura a la búsqueda de la abrogación de la Ley 1386, como maniobra distractiva para que el país no se enfocara en recordaciones y homenajes a los muertos y a las víctimas de una persecución judicial que todavía tiene consecuencias en quienes las padecieron. De esta manera vamos pasando de largo este noviembre de 2021 sin espacios y tiempos para evaluar como es debido el desastre gubernamental con el que se combatió el prorroguismo de un candidato-presidente.

El dilema fraude/golpe, en consecuencia, pasa a un segundo plano cuando somos testigos de la muerte de esos nadies que ejercían precisamente lo que se llama derecho a la protesta por la manera en que su líder fue defenestrado, ese derecho que ahora se reivindica como incuestionable por las formaciones políticas y cívicas opositoras al gobierno de Arce Catacora. Nadie quería volar la planta de Senkata y en el puente de Huayllani se abrió fuego contra unos manifestantes armados de palos y piedras. Eso es lo terrible e inadmisible de lo hecho por el gobierno de Áñez que creyó ciegamente en sus ministros Arturo Murillo y Luis Fernando López.

La corporación gagá de opinadores principalmente atrincherados en rabiosos diarios y ediciones digitales antimasistas, gran parte los responsables del tráfico informativo radiofónico, los presentadores de programas televisivos con dotes de maestros de ceremonias, los opinadores en redes sociales y alguna prensa transnacional hegemónica, no dirán jamás una palabra acerca de las atrocidades cometidas durante el régimen de facto al que ellos le llaman “gobierno de transición para la pacificación”, que consistió en eliminar físicamente a aymaras y quechuas, perseguir “masistas” en Montero o en Yapacaní, o plantar detenciones preventivas que todavía tienen consecuencias de espanto: Siguen sin llegar los sobreseimientos para las víctimas de un sinnúmero de delitos nunca cometidos.

Derechos humanos son los de la pobre Jeanine Áñez. Esos son verdaderos derechos humanos defendidos a capa y bastón por Amparo Carvajal, la prorroguista mandamás de la Asamblea Permanente fundada por Julio Tumiri que debe estarse revolcando en el más allá de cómo semejante institución ha sido malversada por ella y su guardaespaldas, Manuel Morales, del también malversado Conade. Los otros son izquierdos humanos, esos de menor categoría que corresponden a los desheredados de la tierra.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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La coartada del fraude/golpe

/ 6 de noviembre de 2021 / 02:35

Desde el momento en que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó acerca de un plan para ejecutar un magnicidio contra el presidente Luis Arce (19 de octubre), los temerarios a la cabeza del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, bajaron los perfiles públicos ostensiblemente. Las voces que hasta ese momento asediaban al Gobierno por el finalmente desestimado proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, pero sobre todo las que mantuvieron a Bolivia entretenida en el esmerado afán de la falsa contraposición entre fraude y golpe, hicieron silencio, al punto que hoy por Comunidad Ciudadana (CC) su jefe nacional, Carlos Mesa, se limita a tuitear, aunque a la hora de poner la cabeza en la almohada debe recordar su protagonismo en la opereta de la sucesión inconstitucional de Jeanine Áñez.

A las oposiciones al Movimiento Al Socialismo (MAS) se les acabó la coartada sobre la eternización de Evo Morales en el poder. El momento en que se anularon las elecciones del 20 de octubre de 2019 y se produjo la renuncia de los primeros mandatarios se había terminado la aventura de “la reelección es un derecho humano”. Esa era la idea-fuerza con la cual se pretendió bañar de legitimidad la conspiración civil- militar-eclesial que depuso no al candidato Morales, sino al presidente Morales, lográndose que no solo renunciara a seguir postulándose a la presidencia, sino que se le arrebatara el derecho a concluir su mandato constitucional previsto para el 22 de enero de 2020.

Dados los nefastos resultados de lo que fue el gobierno transitorio a la cabeza de Áñez y considerando los grados de compromiso y responsabilidad de los actores que propiciaron la transición espuria, era necesario activar una maniobra distractiva que desviara la atención del recuento y el análisis de lo que fue un gobierno sistemático violador de los derechos humanos, de naturaleza violenta, represiva y además corrupta, y para eso ha servido a lo largo y ancho de 2021 utilizar el “fue fraude, no fue golpe” a fin de eludir astutamente el involucramiento de grupos de choque, candidatos adversarios del MAS, generales y coroneles, curas y embajadores con un gobierno que no solo vulneró el Estado de derecho, sino que tuvo la habilidad de hacerlo retrotrayéndonos a las prácticas persecutorias y represivas de las dictaduras militares de los 70 en América Latina, con el añadido del funcionamiento de un aparato extorsivo puesto en vigencia desde algunos lugares de la Justicia y del Ministerio Público.

El primer año del gobierno de Arce-Choquehuanca ha estado dominado por una discusión sin sentido, en un debate que se ha convertido en la perfecta excusa para no hablar de lo medular de un gobierno que hizo de la transición un asalto a la estructura de poder adaptándola a la codicia de su principal protagonista, el ministro de la muerte, Arturo Murillo; a la vocación militarista de su ministro de Defensa, Luis Fernando López; a la persecución financiera escondida debajo las sotanas del Opus Dei a cargo de Óscar Ortiz, y a la inconmensurable combinación de ingenuidad y rencor de Jeanine Áñez, que hoy reclama respeto a sus derechos, esos mismos que ella decidió pulverizar con decretos como el 4078 que habilitaban licencias a las Fuerzas Armadas para matar en Sacaba y en Senkata.

De la coartada sobre el desconocimiento a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, se produjo un salto con garrocha hacia la coartada del “fraude no golpe”. Con ese artilugio se evidenció la descarada astucia de eludir referirse a los negociados repletos de indicios que comprometen a la expresidenta Áñez y a varios de los que fueron sus ministros. Con ese señuelo se inauguraron Derechos Humanos VIP versus Derechos Humanos plebeyos de los que no se dijo una sola palabra desde escenarios paraestatales del gobierno transitorio como el Conade en los que se defendió abiertamente a la Resistencia Juvenil Cochala con la participación de la republicana española Amparo Carvajal, que más parece hoy una vieja militante de la dictadura franquista.

Cautelosas ante el descubrimiento de un posible caso Terrorismo 3, las oposiciones de la derecha boliviana saltan de coartada en coartada para mantener vigencia. Se niegan a intentar estudiar e incorporar en su comprensión del país a la Bolivia popular ahora prevenida ante cualquier nuevo brote desestabilizador de la democracia. Es más fácil inventar trampas a instalarse en escenarios mediáticos y de redes sociales que les son afines, que una lecto-escritura de un proyecto político alternativo.

La nueva coartada ya está en marcha. Y para intentar su instalación figuran los comités cívicos a la cabeza del Pro Santa Cruz que dice que el autoritarismo del MAS prepara una batería de leyes para controlar el Estado de arriba abajo, de izquierda a derecha, a través de la siempre destemplada vocería ejercida por su mandamás Rómulo Calvo.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Cuando la persecución llegó al fútbol

/ 23 de octubre de 2021 / 01:35

Por lo menos dos pares de manos negras decidieron en 2015 manchar la pelota en Bolivia, 14 años después de que Diego Armando Maradona advirtiera en su mensaje de despedida de las canchas (noviembre, 2001) que en el fútbol todo podía permitirse, menos ensuciar el esférico que le da vida y sentido y que desata pasiones diarias en todo el planeta. Nunca sabremos con precisión de quiénes recibió instrucciones el entonces fiscal general, Ramiro Guerrero, que encargó a su fiscal superior, Iván Montellano, supervisar las acusaciones contra Carlos Chávez (+), Alberto Lozada, Jorge Justiniano, Pablo Salomón y Armando Canedo por legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal, estafa agravada, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo.

No hubo debido proceso en contra de estos dirigentes del fútbol boliviano que para comenzar fueron víctimas de una incorrecta aplicación de la ley, en tanto el uso indebido de influencias y los beneficios en razón del cargo son delitos exclusivamente inherentes a la función pública y bajo ningún punto de vista, a personas dependientes de entes privados como la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Tampoco era aplicable la figura de la organización criminal, ya que los estatutos del ente matriz del fútbol boliviano fueron aprobados en su instancia superior que es el Congreso, por lo que hasta parece que se tratara de una broma de mal gusto: Robarse a sí mismos.

El desenlace de esta seguidilla de atropellos contra estos ciudadanos fue, en primer lugar, el fallecimiento del que fuera presidente de la FBF, Carlos Chávez, aquejado por un cáncer de vejiga. Fue tan sañuda la manera en que fue acorralado que cuando se encontraba en una clínica en Brasil recibiendo tratamiento que en nuestro país no se lo podían ofrecer, uno de los fiscales intentó regresarlo al país porque se había fijado fecha para una audiencia en la que debía declarar. El 2 de agosto de 2018, Chávez murió en Sao Paulo. Tres años después, los acusados ya nombrados fueron absueltos de manera unánime por el Tribunal de Sentencia en lo Penal de Sucre. Para decirlo fácil y pronto, fueron declarados inocentes.

Armando Canedo era el contador de la FBF. Se encargaba de pagos y cobros de la institución. Jorge Justiniano, representante del fútbol pandino, fue presidente de las asociaciones departamentales, y Pablo Salomón representaba a la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF). Los tres sufrieron detenciones domiciliarias, mientras que Alberto Lozada, gerente de la Federación, estuvo recluido en Palmasola durante 36 meses con detención preventiva, penal en el que fue víctima de una golpiza que pudo haber acabado con su existencia.

Lozada tuvo que soportar, además, acusaciones sin sustento contra sus hijos y su esposa. Según el Ministerio Público, se habían llevado el dinero de la Federación hacia cuentas bancarias fuera del país, cuando era bien sabido por la dirigencia de la época que por sus relaciones empresariales, cuando las papas quemaban y no había recursos, con su firma como garantía, accedía a préstamos para paliar las dificultades de los clubes necesitados de liquidez para cumplir con las planillas mensuales de sus jugadores.

Los indicios no eran indicios. El debido proceso fue pisoteado sistemáticamente al extremo de allanamientos policiales para secuestrar computadoras en la sede de la avenida Libertador Bolívar de Cochabamba con la peregrina idea de que en ellas se encontrarían datos sobre el supuesto robo a manos llenas de estos dirigentes que tuvieron que ingeniárselas para sobrevivir durante estos seis años, soportando ese inmisericorde acoso como otra prueba más de que la Justicia en Bolivia tarda demasiado en llegar.

Los dirigentes opositores a las gestiones de Chávez al frente del ente federativo, advirtieron en él un abierto prorroguismo que los sacó de las casillas. En efecto, el dirigente cruceño proveniente de las filas del club Oriente Petrolero consiguió un tercer mandato consecutivo en un accidentado congreso realizado en la ciudad de Trinidad con escenografía de contubernio entre sus enemigos y la mismísima Policía, que gasificó la sede del encuentro a fin de impedir la realización del acto reeleccionario, dando lugar a uno de los episodios más burdos de los que tenga memoria el fútbol boliviano. A Chávez se le había aconsejado en determinado momento que renunciara al cargo. Tal cosa no sucedió y ya se sabe que la búsqueda de forzadas prórrogas en el poder conlleva el riesgo de consecuencias funestas.

Este muy ilustrativo ejemplo sirve para confirmar que ninguna reforma judicial podrá funcionar si no se mira con profundidad quiénes deben asumir los mandos del Ministerio Público y del Órgano Judicial. Las transformaciones estructurales pasan por mujeres, hombres y nombres. Cualquier otro camino es seguir ladrando a la luna.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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El golpe comenzó en Facebook

/ 9 de octubre de 2021 / 02:07

Si el Movimiento Al Socialismo (MAS) no asume hasta ahora que el derrocamiento de Evo Morales se gestó, en primer lugar, desde las redes sociales y predominantemente desde Facebook, el único partido político con presencia absoluta en el territorio nacional está en serios problemas. Si el MAS y su institucionalidad gubernamental juegan todas sus opciones a la conformación de un ejército de guerreros digitales con cabezas de espadachines callejeros, significa que creen que se trata de un asunto de antiguos soldados y desconocen por completo la existencia del secretísimo algoritmo con el que opera ese nuevo amo del planeta llamado Mark Zuckerberg, más poderoso que por lo menos todos los presidentes de América Latina juntos.

La guerra por el affaire Gabriela Zapata, el MAS comenzó a perderla en las redes, e insisto, principalmente en Facebook, que en conexión con Instagram y WhatsApp ha amasado una megafortuna facilitada por 3.000 millones de usuarios de los más diversos intereses, lúcidamente acarreados como rebaño y agrupados como activistas de una idea, un producto, una causa o un odio. Bien compara la especialista Natalia Zuazo (Los dueños de Internet, Debate, 2018) el misterioso algoritmo feisbuquero con la pócima secreta de la llamada gaseosa negra del Imperio que ha producido generaciones de adictos, no sabemos —nunca lo sabremos— exactamente cómo y por qué. Lo que cuenta es que consumen Coca-Cola con devoción religiosa.

Facebook se cayó el lunes 4 de octubre durante casi siete horas, desaparición de la red que le significó $us 6.600 millones en pérdidas, mientras surgían detractores, exempleados, futurólogos, teóricos de la conspiración y otras calidades de brujos para fustigar la existencia de una herramienta ya adherida a las pieles y a las emociones de quienes se sumergen en ella entre una y 20 horas al día. Cuanto más tiempo se navegue por las aguas que ofrece Zuckerberg, más se afianza esta nueva manera de construir una sociedad global en la que los nacionalismos funcionan como activadores de debates y afianzadores de miradas y peligrosos comportamientos fundamentalistas.

Ese es el contexto en el que se construyó un imaginario digitalizado que en lenguaje tuitero podría traducirse en hashtags: #Evomeharobadoelvoto. #Evodictador. #Evonocreeendios. Charles Arthur, otro experto en la materia, acaba de publicar Social warning (Calentamiento social), que valiéndose de un paralelismo con el concepto que compromete el calentamiento del planeta producto de la devastación medioambiental, analiza el socavamiento de las democracias del nuevo siglo con la utilización del perverso mecanismo carente de transparencia consolidado por Facebook y sobre el que sus cerebros y todos sus trabajadores están terminantemente prohibidos de hablar.

Este hilo crítico nos conduce a comprender cómo los “pititas” urdieron sus amarres en sus computadoras y en sus celulares. Cargaron las tintas persecutorias con instrucciones de horarios, direcciones y métodos de ataque para finalmente saltar desde sus mullidos sillones giratorios hacia las calles donde comenzarían a traducir ese calentamiento social al que se refiere Arthur con lujo de detalles, en acciones de amenazas, amedrentamientos, ultimátums y vigilias en inmediaciones de los domicilios de los demonios masistas a los que había que cazar. A dos años de tales acontecimientos, las consecuencias de las acciones perpetradas entre octubre y noviembre de 2019 son terminantes y objetivas: El perfil del clasemediero, profesional o intelectual con militancia en el partido azul ha dejado de figurar en tareas de contraataque y contención. Como bien dice Marcelo Arequipa en su columna del pasado jueves, han desaparecido los mensajeros políticos mientras el ahora gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha pasado al frente con esa garra tan característica del falangismo que resistió al MNR de 1952. El fascista tiene a miles que teclean por él.

No hay guerrero digital que funcione si no es con la dirección de expertos en marketing digital capaces de producir microtargeting, que por ejemplo le generó a la candidatura de Donald Trump (2016) 647 millones de menciones gratuitas en los medios equivalentes a $us 2.600 millones. En otras palabras, si se trata de encarar en serio la guerra por redes es la hora del rigor y la alta calificación técnica porque con el entusiasmo militante ya no alcanza. Debe quedar meridianamente claro: Para lograr la renuncia de Evo Morales, todo comenzó en Facebook, donde se fue gestando a fuego lento en el imaginario que Dios y la democracia no pueden pertenecerle en exclusividad a un caudillo autócrata. No importa cuán cierto sea esto. Son creencias, y las creencias son verdades absolutas. Aunque sean mentiras.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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