LR en la Memoria

viernes 21 ene 2022 | Actualizado a 14:10

Noviembre 2019, la transición que partió a Bolivia por el eje

La promoción de Jeanine Áñez a la silla presidencial fue materializada por un cuarteto de senadores pertenecientes a la minoritaria bancada de Demócratas: la propia Áñez, Óscar Ortiz, Arturo Murillo y algo más atrás Yerko Núñez.

/ 4 de julio de 2021 / 01:31

¿Alguien preguntó por la vida y el paradero del entonces primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, Rubén Medinaceli Ortiz? ¿Se sabe exactamente en qué momento y en qué circunstancias decidió desaparecer luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia en la tarde del 10 de noviembre de 2019? Pareciera que a Medinaceli se lo hubiera tragado la tierra. Se sabe que la línea de sucesión presidencial, según el artículo 169 de la CPE, fue acosada y amedrentada, no solo en las personas de la presidenta del Senado, del presidente y la primera vicepresidenta de Diputados, sino que fue extendida a sus familiares: la casa del padre de Adriana Salvatierra en Santa Cruz de la Sierra, el hermano de Víctor Borda amenazado de muerte en Potosí, la casa de la madre de Susana Rivero en Trinidad. Todo estaba perfectamente planificado: ninguno de los legalmente habilitados para instalar plenos camarales y generar decisiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional estaría en condiciones de hacerlo porque la triple vigilancia y persecución con acciones sincronizadas —civiles, militares, policías— tenía el objetivo principal de lograr que el MAS quedara desplazado del gobierno por la fuerza.

Lo que sucedió entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 fue el rompimiento del poder constituido, activado por la expresión más rabiosa de la clase media urbana adscrita a una visión conservadora y étnicamente excluyente de país de la que tengamos memoria en las últimas décadas, que sacada de quicio por el prorroguismo de Evo Morales, decidió adoptar durante tres semanas lo que las organizaciones sociales bolivianas conformadas por indígenas, campesinos y obreros utilizaron históricamente como métodos de protesta: bloqueos y movilizaciones callejeras, de manera que esa clase media urbana “apolítica” ampliara su radio de acción desde las redes sociales hacia los espacios públicos de los nueve departamentos de Bolivia para impugnar un fraude electoral hasta hoy no demostrado, reclamando en principio un desempate en segunda vuelta, pidiendo a continuación la anulación del acto eleccionario y finalmente presionando para que Evo Morales dimitiera a la presidencia del Estado.

No sería presidenta del Estado Plurinacional Adriana Salvatierra. Amedrentada por civiles, militares y policías e instruida por Evo Morales, tomó la decisión de renunciar a la presidencia del Senado. ¿Rubén Medinaceli? No se sabe, no responde. Víctor Borda tampoco, si no renunciaba y osaba aparecer por la plaza Murillo, la vida de su hermano corría peligro: el asunto estaba en manos del Comité Cívico de Potosí encabezado por Marco Pumari. Ojo que ninguna de las dimisiones fue formalmente tratada y aceptada porque las cámaras se vieron imposibilitadas de instalar sesiones entre el 10 y el 12 de noviembre. Susana Rivero, en cambio, se negó a renunciar y quedaba como presidenta en ejercicio de la Cámara Baja. Estuvo en la Embajada de México desde el 10 de noviembre hasta la tarde del 13, día en que fue a la Cámara de Diputados, y asediada por uniformados en el hemiciclo recompuso la directiva que a partir de ese momento presidía Sergio Choque, y se marchó para dejar formalmente su diputación, recién el 6 de enero de 2020.

Neutralizada la línea sucesoria legalmente habilitada por los dos tercios con los que el MAS controlaba las dos cámaras, los ya conocidos y varias veces nombrados usurpadores de la institucionalidad democrática —Mesa, Tuto Quiroga, Camacho, Doria Medina, Ortiz, la jerarquía eclesiástica, tres embajadores, dos exdefensores del Pueblo, Albarracín y Villena (+)—, consensuaron en la Universidad Católica de La Paz la promoción de Jeanine Áñez a la silla presidencial que un cuarteto de senadores pertenecientes a la minoritaria bancada de Demócratas se encargó de materializar: la propia Áñez, Óscar Ortiz, Arturo Murillo y algo más atrás Yerko Núñez se valieron de la figura constitucional con la que accedió a la presidencia Tuto Quiroga en 2001 —que sí se encontraba en la línea sucesoria en su condición de Vicepresidente— y de un comunicado institucional sin valor vinculante emitido por el Tribunal Constitucional sustentando la figura del ipso facto, basada en el antecedente de Quiroga reemplazando a Banzer.

Los senadores Yerko Núñez, Óscar Ortiz y Arturo Murillo, aliados de Áñez en su llegada al poder.

La posesión ilegal

Para desembocar en la ilegal posesión de Áñez en el viejo Palacio de Gobierno, sin haber sido elegida formalmente por nadie, se desencadenaron una serie de hechos que en exactamente tres semanas derivaron en la caída de Evo Morales, operados desde afuera por la OEA, el Departamento de Estado norteamericano, la Unión Europea y la Embajada de Brasil, y desde dentro del país a través de una concertación civil, policial, militar y eclesiástica que envalentonó a los civiles que con trastos domésticos y unas cuerdas improvisadas a las que Evo Morales bautizara despectivamente como “pititas”; supieron paralizar el tráfico vehicular alterando la cotidianidad con gran contundencia, endemoniados porque el mismo Morales habría osado instruir que no se abasteciera de alimentos a los centros urbanos del país. ¿Cómo? ¡Sacrilegio! ¿Los campesinos que cultivan la tierra, los que le dan de comer a señoras, señores, señoritas, señoritos, jailones y no jailones se atreverían a dejar de servir a los estupendos habitantes con pedigree familiar, con 4×4 a la puerta, y viajes a Camboriú o a Miami? Los trabajadores de la tierra nunca habían llegado a extremos de soportar amenazas de grueso calibre y en esta oportunidad tampoco sucedería. Los campesinos y los indios tuvieron siempre la obligación de procurar todo lo necesario para las zonas de confort.

De la protesta callejera, de los cabildos en el Cristo Redentor de la Monseñor Rivero en Santa Cruz de la Sierra repletos de plegarias y la Biblia en el atril de Luis Fernando Camacho, de los bloqueos con amarres y cuatro gatos por esquina bien distribuidos por todas las zonas de La Paz y el resto de las ciudades capitales, los “pititas” pasaron al frente, indignados y temerosos porque “la indiada” amenazaba con descolgarse de los cerros desde Pampahasi para saquear e incendiar casas. Efectivamente sucedió que las “hordas masistas”, así calificadas por Arturo Murillo, cometieron, por ejemplo, desmanes como el producido en el Chapare donde campesinos cocaleros quemaron el Victoria Resort —hotel propiedad de Murillo—, quien al día siguiente del atentado sufrido (11 de noviembre) informó que el edificio quedó reducido a cenizas y tuvo que esconder a sus familiares a fin de evitar consecuencias funestas. Cosa parecida sucedió con la casa del rector de la UMSA y miembro del Conade, Waldo Albarracín, y la presentadora de televisión Casimira Lema. ¿Eran efectivamente militantes del hasta ese momento partido de gobierno los que actuaron vandálicamente? ¿O se trataba de una confusa mezcla de actores provenientes del lumpen junto a sectores desesperados porque su presidente estaba siendo derrocado?

Los “pititas” tenían como guardaespaldas a policías y militares que cambiaron de dirección en sus tareas de sofocamiento de los desórdenes y la violencia, que decidieron vulnerar sus roles constitucionales que les impiden la deliberación pública y la no intervención en los asuntos políticos del Estado: le pidieron la renuncia a su Capitán General, el Presidente del Estado. Los “pititas” verdes, amarillos, azules y rojos fueron protegidos para arremeter, golpear, pintarrajearle todo el cuerpo y poner de rodillas a la alcaldesa de Vinto (Cochabamba) Patricia Arce. Lo hizo la Resistencia Juvenil Cochala que perpetró este acto de violencia cargado de simbolismo racista, pisoteando la wiphala para convertirla en un trapo mugroso.

Persecución política

Antes de que el 15 y 19 de noviembre se produjeran las tragedias de Senkata, El Pedregal y Sacaba, la Unión Juvenil Cruceñista, consecuente con su muy conocido accionar racista y discriminador, acorraló a ciudadanos y ciudadanas en Yapacaní y en Montero que terminaron encarcelados y torturados sin que a varios de ellos se les pudiera haber comprobado vinculación alguna con el Movimiento Al Socialismo (MAS). Era, como se dice popularmente, “gente que pasaba por ahí”. El pasado viernes 18 de junio, este periodista tuvo la posibilidad de participar en una reunión producida en La Paz con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en las mencionadas localidades cruceñas, personas de muy limitada condición económica, hace más de un año desempleadas. En dicho encuentro se registraron 45 testimonios de hombres y mujeres, muy jóvenes todos ellos, que todavía no han sido sobreseídos por acusaciones nunca demostradas por el Ministerio Público. La crueldad y los comportamientos extorsivos de efectivos policiales les provocaron estancias infernales en los recintos penitenciarios en los que fueron recluidos. A fin de evitar la espectacularización de un evento como éste, dramático en su dimensión humana, de los que suele aprovecharse el amarillismo periodístico, no hubo convocatoria a los medios de comunicación. Las conclusiones de dicha mesa informativa dejaron clara la urgencia de una solución judicial para otorgar libertad irrestricta a estos ciudadanos criminalizados por militar en el partido azul o tener una relación con él, como si se tratara de un delito en sí mismo.  Sería bueno preguntarle a Jeanine Áñez y a los suyos, a Amparo Carvajal de DDHH, al Conade, a la Iglesia Católica, y a todos quienes facilitaron la presidencia transitoria ilegal, si esto es o no persecución política, si éstas son o no violaciones sistemáticas a los derechos ciudadanos.

La Bolivia “pitita”, en su legítimo afán de reclamar por su voto del 21F de 2016, desconocido por el Tribunal Constitucional el 28 de noviembre de 2017, fue desplegando una serie de movimientos que pasaron de la retórica agresiva a las acciones de hecho. Los “pititas” verdes fueron los ambientalistas de ocasión que armaron una campaña en redes sociales demonizando como antiecológico y depredador de la naturaleza al gobierno del MAS por los incendios en la Chiquitanía. Los “pititas” amarillos tecleaban desquiciados y producían memes en sus redes contra Venezuela, Cuba, el socialismo del siglo XXI, los cocaleros narcotraficantes y los populistas corruptos. Los “pititas” azules andaban desencantados porque habían votado —¡dos veces!— por Evo y habían quedado decepcionados por su obsesión de eternización en el poder. Y los “pititas” rojos eran los parapoliciales y paramilitares dispuestos a mancharse las manos de sangre si era necesario para hacer justicia contra esos “masistas de mierda”, idólatras de su líder.

Los “pititas” de cualquier color solo sabían a quién sacar del gobierno. No tenían idea de a quién se podía poner constitucionalmente. Su ceguera político-ciudadana se verificaba en vigilias organizadas al ingreso de la zona de La Rinconada donde se encuentra la Embajada de México, o al frente del edificio de apartamentos en el que habitaba el ministro de Gobierno Carlos Romero, o en las puertas de medios de comunicación como la televisión estatal, y en el trajinar diario en las calles en el que si aparecía alguna cara que no fuera de su agrado, se instalaba el acoso verbal y la amenaza. Podría contarlo la chofer del pseudoperiodista Entrambasaguas, alguna vez dedicada a la producción audiovisual. O también la persona que repartía vales de comida chatarra por tantas horas de sacrificio para los vigilantes con la misión de evitar las “fugas” de Héctor Arce, Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta o Wilma Alanoca de la residencia de la embajadora de México, María Teresa Mercado.

¿Transición democrática? ¿Gesta heroica contra la dictadura? ¿Reivindicación del Estado de Derecho? No. Instalación de un gobierno de derecha cívico policial militar, autoritario, persecutor, extorsivo, torturador y asesino. Esos fueron los resultados con que quedaron retribuidos los “pititas” por su unción cívica. Con un gobierno que malversó sus sueños y que los condujo a mascullar, 363 días después de las anuladas elecciones de 2019, otra aplastante derrota. Habían ganado el referéndum del 21 de febrero de 2016, habían tumbado a Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 y terminaron estruendosamente derrotados el 18 de octubre de 2020 ya sin la coartada de Evo queriendo ser presidente para siempre.

Bolivia vivió un año de patetismo entre 2019 y 2020. La clase media movilizada, ansiosa por ver al “indio” expulsado del gobierno, terminó convirtiéndose en la facilitadora de un ahondamiento de lo que podría llamarse la grieta boliviana. Los militares volvieron a ser nombrados “milicos golpistas” como sucedía en los años 70 y 80. Los policías ahora son estigmatizados como “motines” por haberse rebelado contra el gobierno constitucional. Y los “pititas”, vivieron un espejismo de esperanza con su “¿quién se wrinde? Nadie se wrinde”.  “¿Evo de nuevo?” Ya no, como consuelo, aunque su partido sea otra vez el que gobierna Bolivia a través de otro de esos triunfos electorales al que ya fue imposible tachar de fraudulento. Aunque volvieran a tocar las puertas de los cuarteles. Aunque pidieran al organismo electoral evitar la posesión de Luis Arce Catacora. El precio ha sido nuevamente muy alto en vidas humanas, con un gobierno autoritario especializado en destrozos, capturado por un puñado de vividores que luego de asaltar el poder, comenzaron a asaltar las arcas del Estado con desenfreno.

El 15 de agosto de 2020 Jeanine Áñez afirmó que pacificó al país dos veces. Que en ese momento se trataba de salvar vidas en la lucha contra el COVID-19. Que era necesario combatir la violencia del MAS que impedía el transporte de oxígeno por las carreteras. Vistos los acontecimientos en este primer semestre de 2021, no hay argumentos que puedan sostener esa pretendida pacificación. Se lo han desmentido, con el destape de tramas de corrupción y de represión política, los mismos que la animaron a asumir la presidencia a sabiendas de que a la larga tan temeraria decisión tendría consecuencias jurídico-constitucionales. Quedan unas cuantas “pititas” blancas esperanzadas con un cambio político por fuera de la opción del MAS. Áñez, su entorno y los negociadores de la transición trucha, les hicieron astillas las ilusiones.

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

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Miedo

/ 15 de enero de 2022 / 00:33

Se equivoca el opinador Valverde Bravo cuando dice “ya nos conocen, por eso nos tienen miedo” y a continuación destaca los atributos del llamado modelo cruceño frente al histórico andinocentrismo del que el departamento más extenso de Bolivia ha sido víctima durante la historia republicana. Se equivoca porque el miedo no es a esa visión predominantemente regional que podría catapultar a Santa Cruz hacia la cosmopolitanización de su cultura, su identidad, y para el gusto de los empresarios agroexportadores y ganaderos, a su empuje emprendedor.

Si ese modelo cruceño estuviera transversalizado por una vocación redistributiva del excedente que puede generar con su variedad productiva seguramente estaríamos hablando de un desarrollo distinto, más equitativo y pensado a partir de un juego de palabras que podría servir como gran desafío: Hay que bolivianizar Santa Cruz y hay que cruceñizar Bolivia, esto es, desprejuiciar al conservadurismo cruceño sobre la Bolivia “colla” y hacerle comprender a la Bolivia occidental “anticamba”, que los cruceños son tan cruceños y tan bolivianos como cualquier potosino o paceño.

El opinador se equivoca porque no es el temor a una manera de pensar acerca del lugar en el mundo que debe ocupar la cruceñidad o a sus capacidades competitivas el que podría generar algún miedo. Lo que provoca de Santa Cruz hasta escalofríos es que se trata del departamento sede del fascismo, allá donde el Coronel/General Hugo Banzer Suárez supo construir desde su septenio dictatorial (1971 – 1978) un modelo político que sigue influyendo en el acontecer nacional de manera decisiva tal como sucedió con el derrocamiento de Evo Morales, protagonizado por un puñado de banzeristas que en distintos grados e intensidades mantuvo ligazones con el militar concepcioneño: Tuto, su vicepresidente; Ortiz, su subsecretario; Costas, su compañero en la fraternidad Los Tauras y Camacho, hijo de un empresario falangista que participó en el golpe de 1971.

No es miedo al modelo cruceño visto desde la economía y la competitividad productiva, entonces, es miedo a quienes reducen a categoría de bestias humanas a los indios de las alturas cordilleranas. Es miedo a los que bajan en plan patotero la bandera indígena constitucionalizada luego de ser izada en un aniversario cívico. Es miedo a las “hordas” paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista fundada por el padre del opinador, Carlos Valverde Barbery, en 1957, militante de la Falange Socialista Boliviana (FSB) y exministro de Salud de la dictadura de Banzer que alguna vez declarara ser camba y no sentirse boliviano. Es miedo a esos facinerosos protegidos por militares y policías que corretearon masistas para hacerlos apresar ilegalmente en Montero los días del golpe de Estado de 2019, por el solo hecho de militar en el partido instrumento de las organizaciones sociales que han luchado por la autodeterminación y la soberanía a lo largo de la historia.

Ese miedo pasa por las masacres que se han producido desde 1921 en Bolivia. A los contubernios cívico-militares en los que en 2019 se añadieron motines policiales. Cuando Valverde define a los movimientos sociales como “militantes para gubernamentales” pone en evidencia su representatividad como escribidor de la Bolivia reaccionaria. Como si la Federación de Mineros, la COB, la CSUTCB, las Bartolinas y todos los gremios de obreros y campesinos de Bolivia estuvieran conformados por unos autómatas sin pensamiento y sin conciencia de clase, sin historia y sin participación en las luchas de un país caracterizado por las masacres, los desmembramientos territoriales y los saqueos a nuestros recursos naturales. Esa es la Bolivia que desprecian por casi ignorancia total los camachistas orgullosos de un modelo con trampa: En lo que siempre les convino, el “modelo cruceño” se ha servido de papá Estado con sus operadores en el poder.

El banzerismo fue tan poderoso que fagocitó al MNR. Con gran lucidez Banzer supo manejar su relación con Paz Estenssoro que primero tuvo a un vicepresidente militar que le dio una patada en el culo (Barrientos, 1964), luego apoyó al Coronel junto a la Falange en el golpe del 71 para recibir otra patada en el culo en 1974 y terminó su carrera respaldado por ese Coronel que ya era General con el Pacto por la Democracia en 1985.

Para superar ese fascismo anticomunista en tiempos en que se acabó el comunismo, es decir, para superar el miedo a los golpes de Estado, al autoritarismo y a las violaciones de los derechos humanos, los bolivianos de Santa Cruz, y de cualquier otro departamento del país, debemos dejar los prejuicios en la puerta de ingreso y empezar a conversar para contarnos quienes somos. Como hicieron los empresarios de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) que se abrazaron en junio de 2021 con los Ponchos Rojos en Achacachi. Era una escena inconcebible para los racistas y fascistoides de siempre: cambas emponchados y con lluchus y aymaras con sombreros de saó.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Democracia interrumpida

/ 31 de diciembre de 2021 / 22:35

Como un cortocircuito que daña la provisión de energía eléctrica a una casa o a un barrio, así fue el gobierno transitorio de Jeanine Áñez con las consecuencias que ya todos conocemos: En lugar de administrar gubernamentalmente el paso hacia una nueva elección de manera expedita, decidió posponer la realización de nuevos comicios lo más que se pudiera hasta que esa dilación se convirtió en la mejor arma de rearticulación del Movimiento Al Socialismo (MAS), que con el bloqueo de carreteras de agosto (2020) y una campaña muy presencial de su binomio Arce-Choquehuanca, a pesar de la pandemia, tuvo al partidoinstrumento liderado por Evo Morales de regreso al Ejecutivo, más pronto que tarde a través de la voluntad popular expresada en las urnas.

Terminamos 2021 y comenzamos 2022 en el proceso de superación del trauma colectivo que generó ese gobierno del virus, en el que una enfermedad de escala planetaria y altamente contagiosa se ha convertido en metáfora expresiva del último brutal autoritarismo soportado por nuestra Bolivia históricamente caracterizada por la expoliación de sus recursos naturales, la explotación de sus mayorías proletarias y campesinas, la violencia política en todas sus expresiones, desde la psicológica hasta la masacre, como método de acallamiento a los de abajo, aquellos que hasta hoy siguen empeñados en creer posible un país con identidades varias y autodeterminación a pesar de tantos terratenientes, empresarios, militares, policías, embajadores con instrucciones injerencistas y curas católicos que a lo largo de la República-Estado Plurinacional supieron ponerse de acuerdo para proscribir las voces mayoritarias y silenciarlas hasta la eliminación física cuando fuera necesario, como ha sucedido con por lo menos una docena de masacres perpetradas en Bolivia entre 1921 y 2019.

Transitando ya la tercera década del siglo XXI me ha quedado grabada la desoladora constatación de que la nueva configuración de las clases medias citadinas, los nuevos estímulos multisensoriales con los que funciona a diario, el surgimiento de una extrema derecha provista de anzuelos religiosos para atrapar a sus desprevenidos seguidores del mundo popular han dado lugar a una terminante insensibilización con respecto de los derechos humanos y de las muertes de ciudadanos como producto represivo político de vigilancia y control social para que los revoltosos no osen pensar nuevamente en catapultar a algún representante suyo hacia las instancias del poder político.

En ese contexto, el ejercicio periodístico al que decidí apostar desde diciembre de 2019 ha desembocado en la publicación de Democracia interrumpida, crisis de Estado y gobierno de facto en Bolivia. Se trata de un libro en el que se registra una historiación de la violencia política y de las masacres a lo largo de nuestra historia, así como de las noticias, las lectoescrituras de los acontecimientos y los reportajes sobre hechos y personajes que caracterizaron el derrocamiento del gobierno de Evo Morales y al gobierno transitorio que encapsuló al país en una suerte de compendio de las peores expresiones que en su momento definieron el perfil represivo de la Revolución de 1952, las dictaduras militares de los años 70- 80, el perfeccionamiento de un aparato extorsivo a través del Ministerio Público e instancias judiciales, y el montaje de un aparato diseñado para armar negocios de distintos calibres que dieron lugar a una corrupción galopante. Investigando, escribiendo, comparando datos, constatando versiones de difícil verificación, he logrado espantar a los espectros de la muerte y a sus secuaces, y a los ladrones de cuello blanco que ahora gritan cínicamente ¡persecución política!

No tengo otra cosa que palabras de agradecimiento para Pedro Brieger, periodista y sociólogo argentino, director de Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL), y Claudia Benavente, directora de LA RAZÓN, por haber creído en mi trabajo y haberlo sostenido durante estos últimos dos años con gran convicción. Debo mencionar, además, a Miguel Gómez, jefe de Redacción de LA RAZÓN, y a Álvaro Cuellar, editor del CIS, por haber leído y editado todos los textos con rigurosidad profesional.

Democracia interrumpida consta de cinco partes y será publicado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Vicepresidencia del Estado, y es producto, en primer lugar, de la elaboración y edición de productos periodísticos que ha tenido lugar en estos medios de comunicación digitales e impresos en los que he podido expresarme a mis anchas, impugnando desde la recolección de los datos y las lecturas de las conductas públicas de sus protagonistas, lo que fue un gobierno del que sus personeros ahora reclaman debido proceso y respeto a sus derechos, esos que ellos violaron sistemáticamente enceguecidos por una criminalización que terminó convirtiéndose en su tumba política.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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El Presidente discreto

/ 18 de diciembre de 2021 / 01:40

No sabemos si Juan Basilio Catacora, revolucionario ahorcado de la Junta Tuitiva de la Revolución de Julio de 1809 en La Paz, es antepasado de Luis Arce, pero de lo que ya no hay dudas es de su filiación ideológica que pasa por el Partido Socialista 1 fundado por Marcelo Quiroga Santa Cruz y su compromiso como mentor y ministro de Economía de Evo Morales con el proceso político institucional que ha dado lugar al salto cualitativo de Bolivia a su condición de Estado Plurinacional.

Cuando era ministro de Economía y Finanzas Públicas, Arce Catacora, luego de sus extenuantes jornadas de trabajo, llegaba a casa y se quedaba en el escritorio para leer las últimas publicaciones especializadas en su materia, esa en la que estuvo empeñado en generar políticas públicas basadas en el potenciamiento del mercado interno, la equidad y la redistribución de los recursos, y las condiciones para que Bolivia fuera país sudamericano número uno en crecimiento durante por lo menos cuatro años consecutivos.

En un debate que tuve el privilegio de moderar (Televisión Boliviana) en pleno desarrollo de la Asamblea Constituyente, Luchito le dio una lección a Samuel Doria Medina. Lo hizo con la tranquilidad de siempre, sin alterarse y exponiendo datos y argumentos. Ese Arce ministro jugaba básquetbol los fines de semana en una cancha cualquiera de Achumani (zona Sur, La Paz) con los chicos del barrio, bailaba caporales y morenada con gran solvencia, y era capaz de convertirse en alma de la fiesta, además, por su agudo sentido del humor, y también se daba tiempo alguna vez para jugar paleta en algún frontón de Miraflores.

Un cáncer de riñón lo alejó del ministerio en 2017 y con tratamiento oportuno y disciplina pudo superarlo hasta llegar a la candidatura presidencial de 2020, en la que con un equipo de atentos asesores azotó a los prepotentes y sabelotodos estrategas de campaña de las tiendas opositoras, esos que se pavoneaban con sofisticados conocimientos de marketing político y fueron derrotados por una campaña sustentada en algo así como una sociología de la cotidianidad, allá donde vale más compartir una charangueada y un vaso de chicha que discursear desde Zoom.

El presidente Arce no quiere estar hasta en la sopa de los ciudadanos. No le interesa que transmitan en vivo todos sus actos y sus eventuales encuentros deportivos. Es decir, prefiere dejar respirar a los bolivianos su día a día sin cargosear y sin incurrir en saturantes apariciones mediáticas. Eso sí, tiene spots televisivos y gigantografías en calles y plazas poniéndole la firma a su gestión. Que le quede claro a la corporación gagá de opinadores de diarios conservadores: Es él quién gobierna, aunque Evo llame muchas veces al día o se tome la licencia de contactar directamente con algunos ministros.

Y como para que quede clara la consolidación de los niveles de aceptación y popularidad presidencial, una última encuesta ha producido los siguientes resultados de imagen positiva y muy positiva: Luis Arce 40%. David Choquehuanca 29%. Andrónico Rodríguez 27%. Luis Fernando Camacho 26%. Manfred Reyes Villa 24%. Evo Morales 23%. Carlos Mesa 23%. Seguramente los agoreros de la inminente implosión masista quedarán contrariados con semejantes datos, sencillos de comprender en tanto Arce Catacora tiene un capital de credibilidad acumulado en 15 años como mandamás de la economía nacional y da señales de eficiencia y compromiso en materia de cobertura en la vacunación contra el coronavirus.

En los discursos del 6 de agosto y del 8 de noviembre (aniversario patrio y primer año de su gestión), sus adversarios de Comunidad Ciudadana y Creemos chillaban, insultaban, se desgañitaban, mientras Arce Catacora avanzaba imperturbable en la exposición de sus argumentos. Nada lo distraía, ni los peores modales de senadores y diputados opositores, y no le tembló la voz cuando tuvo que decir las cosas por su nombre: golpe de Estado y golpistas, para que les quede grabada en la memoria la forma en que derrocaron a Evo Morales dos años atrás.

Arce Catacora, uno de los pocos exministros de Evo que obtuvo el salvoconducto de la Cancillería encabezada por la arbitraria Karen Longaric, se vio obligado a transitar por una ruta del infierno para llegar al aeropuerto y poder partir hacia México, país que le concedió el asilo político. Fue la embajadora María Teresa Mercado quien lo acompañó hasta la puerta del avión, luego de agresiones verbales y conatos de captura de parte de policías que recibían instrucciones del ministro de la muerte, Arturo Murillo. Arce jamás hizo de su riesgosa situación una bandera personal para promocionarse. Se trata de un hombre que ha hecho de la discreción un estilo. Prudente y de perfil bajo, sabe cuándo debe hablar, pero sobre todo tiene muy claro cuándo y dónde no debe estar. Es por ahí que podría explicarse la popularidad que por hoy lo sitúa en el podio del escenario político boliviano.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Los fantasmas de Santa Cruz

/ 4 de diciembre de 2021 / 01:06

La vegetación húmeda y frondosa — “el monte” que le llaman los cambas que viven en el campo— nos remite invariablemente a los cuentos y a las novelas del gran Gabriel García Márquez, aquel que hizo del clima y del calentamiento global epicentro de sus fantásticas historias sobre patriarcas, coroneles, terratenientes, putas tristes y abuelas desalmadas. Hay que haber vivido en la profunda Chiquitanía o en el Norte Integrado para empaparse de esa Bolivia con 37 a 40 grados de temperatura, y saber de qué van estos otros bolivianos a quienes se mira desde las alturas cordilleranas, tantas veces con el desdén y menosprecio de ese andinocentrismo demodé.

Hace como una década se hablaba en el Beni de carreteras fantasma, esto es, de proyectos de infraestructura vial por los que un puñado de pícaros cobraban puntualmente sin entregar jamás medio kilómetro de obra, pero ahora resulta que lo fantasmal cobra vida —y fortuna mal habida— en la oficina de recursos humanos del municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la que un señor al que le dicen Tony y apellida Parada, en su calidad de mandamás, habría fabricado ochocientas pegas para ciudadanos y ciudadanas que no existen, pero que cobraban salarios puntualmente cada fin de mes durante la gestión de Percy Fernández-Angélica Sosa.

No hay peor negligencia que la de no cerrar como se debe una historia matrimonial y por ello el señor Parada debe estar lamentándose haber terminado de mala manera con Valeria Rodríguez, quien en una mezcla de despecho y sed de justicia habría encontrado profusa documentación en algún lugar secreto de su casa, a lo Breaking bad, en la que su ex guardó papeles que lo señalarían como autor de una maquinaria de cobrar dinero a nombre de ochocientas personas inexistentes, durante por lo menos cuatro a cinco años.

Hay que suponer que esta no es la Santa Cruz y la Bolivia federal que quiere Luis Fernando Camacho, aunque tampoco debería ser esa que convierte a un comité cívico en un ente supraestatal que organiza el tráfico vehicular y el de personas cada vez que se decide un paro al estilo golpista de noviembre de 2019. Y tampoco será la Santa Cruz y la Bolivia federal ideales, la que le franquea las posibilidades a un médico de apellido Amelunge de reabrir una clínica de nombre Santa María, utilizando la figura de su padre muerto, otro verdadero escándalo del macondiano departamento más grande del país.

Santa Cruz es una tierra de oportunidades y hospitalidades, realidad indiscutible, aunque sobre todo la hospitalidad que pasa por el costumbrismo sea más generosa con el blancoide de “buena familia”. Pero es también el lugar en el que el pragmatismo ha roto la barrera del pudor para incursionar en ciertas actividades y eso también se lo debemos al banzerismo, desde el que la actividad del narcotráfico no solo generó nuevas fortunas, sino también nuevos arquetipos del heroísmo popular traducidos en hospitales, plazas y escuelas para olvidadas poblaciones rurales a las que el Estado boliviano jamás tuvo la intención de llegar.

Hay una palabra que se usa en Santa Cruz y no en otros lugares del país: Meleador. Define a la persona que a través de las malas artes, la corrupción o el simple robo consigue bienestar material en desmedro de personas e instituciones de las que se aprovecha circunstancialmente para obtener un beneficio a costa de la desgracia ajena, en el caso de Tony Parada, del municipio cruceño, y en el del doctor Amelunge, pisoteando la tumba de su padre “Que Dios lo Tenga en su Gloria”, ya que hay una efervescencia por la Biblia y la palabra de Dios en la tierra de Rómulo que casi seguro volvería a matar a Remo si este osara resucitar para disputarle las coordenadas y los límites de la ciudad de los anillos.

Como para que la historia quede felizmente completada, el fiscal de distrito de Santa Cruz, Róger Mariaca, ha designado fiscal anticorrupción a Mauricio Toro Flores para que investigue la trama, con el antecedente de haber rechazado en principio la denuncia de la señora Rodríguez. ¿Quién es este fiscal? Nada menos que un exfuncionario municipal cuando ejercía funciones la señorona del pueblo, Ángelica Sosa, a la que el legendario Percy le profesaba una fe ciega. Debe ser una broma dirán muchos horrorizados y la respuesta es no, porque así se manejan justicias e injusticias en la tierra de Melchor Pinto Parada.

Las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de las matemáticas nos enseñan que las formas en que se sumen y multipliquen los números pueden ser variadas, pero que los resultados conducirán necesariamente al mismo lugar. Sirva este paralelismo para comprender la corrupción como sistema, aquel que puede verse liberado de equilibrios y contrapesos en caso de que un modelo estatal federal elimine del espectro al último gran vigilante, el eslabón todavía en condiciones de combatir meleadores: El Estado central.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Izquierdos humanos

/ 20 de noviembre de 2021 / 02:28

La abrumadora mayoría de los caídos entre octubre y noviembre de 2019, perecieron baleados por militares y policías. Si Jeanine Áñez hubiera interceptado los ímpetus represivos para cometer las masacres de Sacaba-Huayllani y Senkata, probablemente su cuadro jurídico no sería tan comprometedor y no la tendría situada muy cerca de una sentencia condenatoria que según expertos bordearía una década de privación de libertad. Si el camino no hubiera sido el del ensañamiento persecutor y criminalizador, incluso el tema de su irregular e inconstitucional llegada al poder podría ser objeto de cierta condescendencia judicial.

El problema central de la discusión política en Bolivia es que los derechos humanos de muertos, heridos, detenidos, perseguidos y extorsionados por fiscales luego del golpe de Estado, se convirtieron en izquierdos humanos, en tanto los autores de ese bodrio al que sus gestores llaman gobierno de transición, padecen de disonancia cognitiva que consiste en el choque de dos creencias, y por ello los derechos humanos en Bolivia fueron convertidos en izquierdos, es decir en derechos para ciudadanos de segunda, esos que no tienen familiares con capacidad de pago para un aviso necrológico en algún diario y por lo tanto no son merecedores de un tratamiento prioritario en los estrados judiciales. El ejemplo más ilustrativo es el del jefe de CC, Carlos Mesa: De acuerdo a los valores inculcados por sus padres, insignes intelectuales, el respeto por la vida y las convicciones políticas no pasan por la militancia partidaria, pero como el excandidato profesa un obsesivo rencor contra el MAS (es feo perder por paliza), entonces opta por el silencio y mirar para otro lado. Conclusión: Vale más el rencor antievista que las convicciones humanitarias.

La disonancia cognitiva se manifiesta en la premeditada decisión de no referirse a los hechos luctuosos desatados a los pocos días en que Áñez-Murillo-Ortiz capturaron el poder. Ninguno de los actores de ese huachafo cambio de gobierno se refiere al dolor y la tragedia que se produjeron apenas lograron consolidar la sustitución de Evo Morales en la presidencia y esto alcanza a candidatos, abogados y asesores de campaña, dirigentes cívicos, embajadores, mandos militares y policiales, activistas paramilitares y parapoliciales, amigos de la Embajada de los Estados Unidos y jerarquía católica.

En este contexto, las movilizaciones producidas en Santa Cruz y en Potosí que derivaron en un paro de características similares al gestado en octubre-noviembre de 2019 sirvieron, por añadidura a la búsqueda de la abrogación de la Ley 1386, como maniobra distractiva para que el país no se enfocara en recordaciones y homenajes a los muertos y a las víctimas de una persecución judicial que todavía tiene consecuencias en quienes las padecieron. De esta manera vamos pasando de largo este noviembre de 2021 sin espacios y tiempos para evaluar como es debido el desastre gubernamental con el que se combatió el prorroguismo de un candidato-presidente.

El dilema fraude/golpe, en consecuencia, pasa a un segundo plano cuando somos testigos de la muerte de esos nadies que ejercían precisamente lo que se llama derecho a la protesta por la manera en que su líder fue defenestrado, ese derecho que ahora se reivindica como incuestionable por las formaciones políticas y cívicas opositoras al gobierno de Arce Catacora. Nadie quería volar la planta de Senkata y en el puente de Huayllani se abrió fuego contra unos manifestantes armados de palos y piedras. Eso es lo terrible e inadmisible de lo hecho por el gobierno de Áñez que creyó ciegamente en sus ministros Arturo Murillo y Luis Fernando López.

La corporación gagá de opinadores principalmente atrincherados en rabiosos diarios y ediciones digitales antimasistas, gran parte los responsables del tráfico informativo radiofónico, los presentadores de programas televisivos con dotes de maestros de ceremonias, los opinadores en redes sociales y alguna prensa transnacional hegemónica, no dirán jamás una palabra acerca de las atrocidades cometidas durante el régimen de facto al que ellos le llaman “gobierno de transición para la pacificación”, que consistió en eliminar físicamente a aymaras y quechuas, perseguir “masistas” en Montero o en Yapacaní, o plantar detenciones preventivas que todavía tienen consecuencias de espanto: Siguen sin llegar los sobreseimientos para las víctimas de un sinnúmero de delitos nunca cometidos.

Derechos humanos son los de la pobre Jeanine Áñez. Esos son verdaderos derechos humanos defendidos a capa y bastón por Amparo Carvajal, la prorroguista mandamás de la Asamblea Permanente fundada por Julio Tumiri que debe estarse revolcando en el más allá de cómo semejante institución ha sido malversada por ella y su guardaespaldas, Manuel Morales, del también malversado Conade. Los otros son izquierdos humanos, esos de menor categoría que corresponden a los desheredados de la tierra.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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