Un miembro de los servicios de seguridad de la ONU murió el lunes en un ataque a su vehículo en Gaza, lo que constituye el primer empleado internacional de Naciones Unidas que pierde la vida en el territorio palestino desde que comenzó el conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamás, en octubre.

El Secretario General está «profundamente entristecido al enterarse de la muerte de un miembro del Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas (DSS) y de las heridas de otro cuando su vehículo de la ONU fue alcanzado, cuando se dirigían al hospital europeo de Rafah esta mañana (del lunes)», dijo Farhan Haq, portavoz adjunto de Antonio Guterres.

Se trata de «la primera baja internacional» de la ONU desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza en represalia por el ataque sin precedentes de Hamás del 7 de octubre, afirmó, recordando que allí ya habían muerto unos 190 empleados palestinos de la ONU, principalmente personal de la Agencia Palestina para los Refugiados (UNRWA).

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Personal en Gaza

Guterres «condena todos los ataques contra el personal de la ONU y pide una investigación completa» del incidente, añadió.

Por el momento, no se especificó la nacionalidad del empleado fallecido ni de la persona lesionada.

«No tengo todos los detalles», dijo el funcionario. No obstante, agregó: «Creo que se trataba de un convoy en movimiento y que alcanzó al vehículo del DSS». Todos los vehículos en cuestión se identificaron como pertenecientes a la ONU.

El DSS garantiza en particular la seguridad de las agencias y programas de la ONU en más de 130 países.

Nuevas crecidas de ríos y lagos prolongaron este lunes el drama de la población del sur de Brasil, adonde el presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará de nuevo el miércoles tras reconocer que las autoridades «no estaban preparadas» para una catástrofe así. 

Las cifras de víctimas del desastre climático que golpea el pujante estado de Rio Grande do Sul volvieron a aumentar este lunes, con 147 muertos, 127 desaparecidos y 806 heridos, así como 600.000 personas que debieron abandonar sus hogares, según Defensa Civil.

Sur de Brasil

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Lula suspendió una visita oficial a Chile, inicialmente prevista para el 17 y 18 de mayo, ante la necesidad de «monitorear» la emergencia, según la Presidencia. Y anunció que volverá el miércoles al estado por tercera vez en pocos días.

«Es una catástrofe para cuya magnitud no estábamos preparados», dijo el mandatario, durante una reunión con su ministro de Finanzas, Fernando Haddad, y el gobernador del estado, Eduardo Leite.

A pesar de una disminución de las lluvias, Leite urgió a los evacuados a no regresar a las viviendas, en especial en la capital Porto Alegre y sus alrededores, donde el río Guaíba puede alcanzar un nuevo récord.

«No es momento de volver a las casas todavía en las zonas de riesgo».

La cota de este río, en cuyas riberas se ubican varias ciudades devastadas, superó los cinco metros por primera vez desde el jueves y sigue en ascenso debido a las lluvias del fin de semana. Según Defensa Civil, podría superar el pico histórico de 5,35 metros que alcanzó el 5 de mayo.

Ayuda para volver a empezar

Ante el ascenso del Guaíba, la alcaldía de Porto Alegre levantó una barrera con enormes sacos de arena en una avenida del centro para intentar evitar que la crecida llegue a una estación de bombeo de agua, lo que puede empeorar el ya precario suministro del servicio a una treintena de barrios de la ciudad.

Habitantes del barrio Harmonia en Canoas, a las afueras de Porto Alegre, sacaban pertenencias de sus viviendas ante la subida de las aguas.

«El agua nunca bajó. Se inundó en octubre y ahora también. Esta vez perdí todo», dijo a la AFP el albañil Alcedir Alves, de 58 años.

Más de 77.000 personas se hallan en albergues montados en escuelas, clubes deportivos y otros establecimientos tras el desastre. Expertos y el gobierno brasileño lo vinculan al cambio climático y al fenómeno El Niño. 

La situación de los evacuados se complicará con la llegada de un frente frío, según alertó el lunes la agencia meteorológica MetSul.

Las autoridades trabajan para distribuir suministros y donaciones venidas de todo el país y el exterior.

Las familias más afectadas recibirán 2.000 reales (unos 400 dólares) para que empiecen a «reconstruir sus vidas», dijo Leite.

Indígenas afectados en el sur de Brasil

Lula anunció una propuesta, que debe aprobar el Congreso, para suspender por 36 meses los pagos de la deuda de Rio Grande do Sul con el Estado brasileño, y que según el gobernador se había convertido en un «torniquete insoportable» ante la tragedia.

La vida en Rio Grande do Sul está absolutamente alterada, con casi 360.000 estudiantes sin clases y la atención de la salud volcada en hospitales de campaña.

Importantes autovías y carreteras continúan total o parcialmente cortadas, mientras que el aeropuerto internacional de la ciudad de Porto Alegre sigue bajo agua.

Las lluvias e inundaciones sin precedentes afectaron directamente al menos a 80 comunidades indígenas; algunas de forma extremadamente grave, según el Consejo Indigenista Misionario de Brasil.

Efectos en Argentina

El flujo de las aguas en el sur de Brasil ha impactado en otros países de la Cuenca del Plata.

Unas 600 personas fueron evacuadas en la provincia argentina de Entre Ríos (noreste) debido a las inundaciones por la crecida del río Uruguay, reportaron autoridades.

Habitantes de la zona ribereña de Concordia (430 km al noreste de Buenos Aires) fueron trasladados a centros de asistencia o domicilios particulares, informó la alcaldía.

En Concordia, el alcalde Francisco Azcué, reportó este lunes que el pico de la creciente se espera para el martes y pidió «calma» a la población.

«Estamos en 13,55 metros (de cota) y según el pronóstico de los ingenieros de la represa podría llegar a 13,70 metros hoy (lunes) y 13,90 mañana martes. Obviamente vamos a tener más evacuados», explicó el funcionario en declaraciones a radio Mitre.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó este lunes que el flujo de migrantes que llegan a la frontera con Estados Unidos se ha reducido en un 50% en 2024 en comparación con un pico en diciembre pasado.

«Tuvimos una crisis en la frontera norte en diciembre de 12.000 migrantes diarios e hicimos un esfuerzo conjunto y se redujo en promedio a 6.000, una reducción en cuatro meses del 50% y ahora incluso ha bajado más», afirmó el mandatario en su habitual rueda de prensa matinal.

El pasado 18 de diciembre se reportaron en la frontera binacional 12.498 encuentros entre migrantes y agentes fronterizos estadounidenses, «el mayor número registrado en 2023», según una presentación del gobierno mexicano con base a cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

La misma gráfica muestra que este flujo cayó a menos de 6.000 migrantes diarios hacia fines de diciembre; se ha mantenido relativamente estable desde entonces.

«El 9 de mayo de 2024, el total de encuentros registrados fue de 5.506, una reducción de 55,94%» con respecto al pico del 18 de diciembre, según el documento.

López Obrador atribuyó esta reducción a las medidas tomadas por Washington y México para «dar un cauce legal» a los flujos migratorios; como la creación de nuevas vías para tramitar visas de trabajo por medio aplicaciones digitales.

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Frontera con EEUU

«Hay un procedimiento abierto y está funcionando, no fue un simple anuncio, no fue una medida demagógica. Hay aproximadamente 1.500 migrantes que ingresan diariamente con este mecanismo a Estados Unidos, eso no existía antes», sostuvo el presidente.

A fines de abril, López Obrador y su homólogo estadounidense, Joe Biden, ordenaron a sus equipos tomar «medidas concretas» para reducir los cruces fronterizos irregulares, según una declaración conjunta que no especificó dichas disposiciones.

Ambos mandatarios se comprometieron también a promover iniciativas para enfrentar las «causas fundamentales» de la migración. Según Washington, son los efectos de la pandemia de covid-19, el cambio climático, la corrupción, la violencia, la pobreza y la trata de personas.

Entre octubre de 2023 y marzo pasado (año fiscal 2024), el CBP registra una cifra de 1,03 millones de encuentros en la frontera; una baja del 2,5% frente a los 1,05 millones del mismo periodo del año fiscal 2023.

La ONU abrió este lunes en Ginebra las negociaciones que buscan alcanzar un tratado que luche contra la biopiratería, la explotación de recursos genéticos que afectan no solo a la naturaleza sino también a los saberes tradicionales de los pueblos indígenas, tras más de dos décadas de conversaciones.

«Las negociaciones no serán fáciles», advirtió Daren Tang, director de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), un organismo de la ONU. 

Los 193 Estados miembros de la OMPI estarán reunidos en la ciudad suiza de Ginebra hasta el 24 de mayo para intentar encontrar un acuerdo por consenso.

«Podemos mostrar que no hay contradicción entre un régimen de propiedad intelectual sólido y previsible, que alienta la innovación, atrae inversiones y estimula la investigación, y un régimen que responde a las necesidades de todos los países y de todas las comunidades, incluidas las de los pueblos indígenas y de las comunidades locales», añadió. 

Negociaciones

El proyecto de acuerdo estipula que quienes depositen demandas de patentes deberán divulgar el país de origen del que obtuvieron los recursos genéticos empleados para la invención y el pueblo autóctono que les proporcionó los conocimientos tradicionales asociados al invento. 

Más de una treintena de países exigen que se divulgue el origen de las innovaciones. La mayoría de ellos países en desarrollo, como China, Brasil, India y Sudáfrica, pero también países europeos, entre ellos Francia, Alemania y Suiza. 

Sin embargo, estos procedimientos varían y no siempre son obligatorios.

Kenia, hablando a nombre de los países africanos, señaló que el tratado debe ser más completo e incluir «requisitos de divulgación obligatoria»

«Tenemos claro como nuestras comunidades con frecuencia han sido marginadas y excluidas de los beneficios derivados de la comercialización y el uso de sus conocimientos y recursos», afirmó Kenia.

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«Luchar contra la biopiratería»

«Se trata de luchar contra la biopiratería, es decir el uso de saberes tradicionales o de recursos genéticos sin el acuerdo de quienes los poseían y sin que estos puedan beneficiarse», explicó el jefe de la delegación francesa, Christophe Bigot. 

Estos recursos, como las plantas medicinales, las variedades vegetales y las especies animales, son cada vez más utilizados en numerosos inventos para la investigación y las industrias cosméticas, de medicamentos, de biotecnología o de complementos alimentarios.

Como por el momento no es obligatorio publicar el origen de las innovaciones, a muchos países en vías de desarrollo les preocupa que se concedan patentes sin el conocimiento de los pueblos autóctonos o que se den para inventos que realmente no lo son.

Quienes se oponen al tratado temen que esto ponga trabas a la innovación. 

Para los partidarios «esto contribuirá a garantizar que estos saberes y recursos sean usados con la autorización de los países o de las comunidades de donde proceden; lo que les permitirá beneficiarse de los inventos de una manera o de otra», según Wend Wendland, director de la División de Conocimientos Tradicionales del OMPI.

«Aunque el nuevo instrumento [jurídico] no crea nuevos derechos, su adopción acabaría con más de dos décadas de negociaciones sobre una cuestión de gran importancia para numerosos países», indicó. 

El proyecto de texto encalla principalmente en el establecimiento de sanciones y las condiciones para anular las patentes.

Conferencia

Hace dos años, los países decidieron convocar una conferencia con el fin de concluir un acuerdo, como muy tarde, en 2024. 

Solo Estados Unidos y Japón se «desvincularon oficialmente de la decisión», aunque sin oponerse al consenso.

La embajadora estadounidense Sheba Crocker insistió en que su país «se esforzará por lograr un resultado que mejore la transparencia y que no afecte los objetivos políticos ni los fundamentos del sistema de patentes».