La ministra de Exteriores cuestiona el informe de la CIDH sobre las muertes en las protestas contra Boluarte
La comisión sostiene que estas "graves violaciones" contra los Derechos Humanos deben ser investigadas bajo un "enfoque étnico-racial". Y que, al ser cometidas por agentes del Estado, las muertes que se produjeron podrían ser calificadas de "ejecuciones extrajudiciales".
Cartel de se busca a Dina Boluarte (le gritaron Dina asesina), por los muertos en su gobierno, imagen de protestas del 2022.
La ministra de Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, ha cuestionado el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que apunta a violaciones de Derechos Humanos por muertes durante las protestas contra la presidenta peruana, Dina Boluarte.
«El informe de la CIDH dice que en ese marco se produjeron hechos que podrían constituir violaciones a los Derechos Humanos que deben ser investigados, junto a otras apreciaciones con las que mi Gobierno discrepa respetuosamente», ha declarado.
Gervasi, que ha hecho estas declaraciones durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha aseverado que el Gobierno de Boluarte está comprometido con el respeto a los Derechos Humanos.
Sin embargo, la titular de Exteriores ha reconocido que Perú «presenta ciertos retos en materia de DDHH»; de los cuales «muchos se arrastran de antiguo y son estructurales». Mientras que considera que otros tuvieron su origen tras la destitución en diciembre del expresidente Pedro Castillo; después de que este anunciara la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas.
El Ejecutivo andino, que considera el anuncio de Castillo un golpe de Estado; ha recordado que dicho «quebrantamiento del orden constitucional» fue públicamente condenado por la Secretaría General de la OEA y la CIDH.
«En estos últimos retos, se mezclaron al menos dos fenómenos. Por un lado, entendibles reclamaciones pacíficas producto de la frustración de poblaciones marginadas; que habían debido sufrir la incompetencia y corrupción de un régimen en el que la pobreza aumentó de un 20 a un 30 por ciento», ha manifestado Gervasi.
Las muertes causadas en el gobierno de Dina Boluarte no son reconocidas.
«Por el otro lado, los actos vandálicos de grupos violentistas que trataron de atentar contra el Estado de derecho afectando libertades y derechos de importantes sectores de la sociedad», ha denunciado.
CIDH considera que las muertes brindadas por el régimen de Bolaurte son ejecuciones extrajudiciales
Con todo, la ministra ha expresado que el gabinete peruano coincide «con la comisión en que los hechos deben ser investigados. Tarea a la que se han abocado las instancias judiciales competentes en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales».
El CIDH concluyó en su último informe sobre la crisis política en Perú, publicado a principios de mayo; que se cometieron «graves violaciones» de Derechos Humanos durante las protestas contra la presidenta. Analizando episodios de violencia y represión policial en las manifestaciones que tuvieron lugar desde el 7 de diciembre, el mismo día en el que el expresidente Pedro Castillo fue destituido y apresado; y el 23 de enero, especialmente en las ciudades de Ayacucho y Puno.
La comisión sostiene que estas «graves violaciones» contra los Derechos Humanos deben ser investigadas bajo un «enfoque étnico-racial»; y que, al ser cometidas por agentes del Estado, las muertes que se produjeron podrían ser calificadas de «ejecuciones extrajudiciales».
Con motivo de la destitución y detención del expresidente Castillo el pasado 7 de diciembre; miles de personas salieron a las calles a protestar contra las nuevas autoridades encabezadas por Dina Boluarte, la que era su ‘número dos’. La represión de las movilizaciones dejó cerca de 60 personas muertas, entre ellas un policía, casi mil heridos y decenas de detenidos. Sectores aún pide justicia por las muertes del régimen de Boluarte.