Un grupo propalestino denuncia a políticos británicos por complicidad con crímenes de guerra en Gaza
La denuncia abre también la puerta a un juicio en el Tribunal Penal Internacional (TPI), destaca el ICJP.
Palestinos en una escuela utilizada como campo de refugio en Gaza, la comida y el agua escasea. (Foto AFP)
El Centro Internacional para la Justicia para los Palestinos (ICJP, por sus siglas en inglés), ha anunciado la presentación de sendas denuncias contra el primer ministro británico, Rishi Sunak, y otros altos cargos del Gobierno y la oposición por complicidad con los presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza.
Una primera denuncia ha sido presentada ante la sección de Crímenes de Guerra de la Policía Metropolitana de Londres por «dar apoyo militar, económico y político a Israel»; y «ayudar a Israel a perpetrar crímenes de guerra». La denuncia abre también la puerta a un juicio en el Tribunal Penal Internacional (TPI), destaca el ICJP.
En particular, la denuncia por crímenes de guerra en Gaza resalta que la orden de desplazarse dada por Israel a los 1,2 millones de habitantes del norte de la Franja de Gaza «podría implicar tanto un crimen de guerra como un crimen contra la humanidad». Además, el asedio sin electricidad, alimentos y agua «supone un castigo colectivo contemplado también como crimen de guerra según la Convención de Ginebra».
Una segunda denuncia incluye también al líder del Partido Laborista, Keir Starmer. Además de otros altos cargos de la formación opositora: Emily Thornberry y David Lammy.
Crímenes de guerra en Gaza
Starmer y Thornberry defendieron la decisión de Israel de impedir la entrada de alimentos, agua y electricidad a Gaza; y «justificaron este castigo colectivo por ‘el derecho de Israel a defenderse'», según el ICJP.
«Estos dos políticos son abogados de Derechos Humanos y deberían ser plenamente conscientes de que este rgumento no justifica el castigo colectivo, ilegal según el Derecho Internacional», ha advertido el ICJP.
El grupo advierte de que «ahora que hay pruebas claras de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad (…). Y que los políticos han sido formalmente informados de ello, mantener este apoyo implicaría que esos políticos (…). Podrían ser cómplices de la comisión de tales crímenes». Y por tanto incurrirían en una «responsabilidad penal por violación del Derecho Internacional».
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