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Thursday 30 May 2024 | Actualizado a 17:48 PM

‘CHITO’ VALLE CAE EN LIMA Y EL GOBIERNO ACELERA SU DEPORTACIÓN

Proceso. La Justicia peruana definirá hoy la situación del ex prefecto de La Paz

/ 21 de agosto de 2010 / 05:00

Después de 17 meses de escapar de la justicia, fue capturado ayer en Lima el ex prefecto de La Paz, Luis Alberto «Chito» Valle, acusado de varios hechos de corrupción. La fisonomía de la ex autoridad está notoriamente cambiada y ahora se acelera su deportación, se informó. 

El embajador de Bolivia en Lima,  Franz Solano, informó sobre la detención del ex prefecto (1997-1999) en momentos en que éste transitaba por una calle cercana a la Embajada de los Estados Unidos.

«Valle fue aprehendido cerca del mediodía de este viernes (ayer) y a las 16.00 la Interpol lo trasladó al juez de turno de la Corte de Justicia de esta capital. Ante ese juzgado hicimos las gestiones para pedir a las autoridades su deportación inmediata, pues vivía en Lima ilegalmente», declaró vía teléfono el embajador.

En el vecino país, Valle adoptó una fisonomía diferente de la que tenía en La Paz, por lo que no fue fácil su reconocimiento físico. «Está con cabellera y barba totalmente blanca. Mucho más flaco y vestido de traje y corbata», explicó a La Razón, luego de verlo —dijo— por los medios de comunicación tras su aprehensión.

La forma en que estaba vestido, según opinó Solano, «hacía parecer que iba a hacer algún trámite a una institución pública o tal vez en la Embajada de Estados Unidos».

DISPOSICIÓN. La embajada boliviana presentó ante la justicia el pedido de deportación de Valle, por lo que hasta el mediodía de hoy el juez de turno en lo Penal de Lima deberá tomar conocimiento y decisión sobre el pedido. «Si se resuelve su deportación oficial, el traslado de este señor a Bolivia será inmediato», anunció.

En La Paz, los ministros de Gobierno, Sacha Llorenti, y de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, coincidieron en expresar su confianza en que la ex autoridad sea deportada para acelerar su presencia en Bolivia.

Chito Valle tiene un juicio de responsabilidades y otros procesos por al menos 16 casos. Se lo acusa de delitos como resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica, falsedad material e intelectual, contratos lesivos al Estado, uso de instrumento falsificado, uso indebido de influencias, peculado, malversación y otros.

Uno de los casos fue catalogado con el denominativo de «Chitochatarra», porque el ex prefecto vendió vehículos de la Prefectura como chatarra. A fines de febrero del 2007, la Corte Suprema de Justicia decidió el encarcelamiento de Valle; desde el 1 de marzo empezó a guardar detención en la sección San Martín de la cárcel de San Pedro de La Paz.

Era el preso Nº 1.473. Sus abogados, en Sucre, presentaron un recurso de hábeas corpus en la Corte de Distrito de Chuquisaca, que salió a favor de la ex autoridad. El 2 de marzo,  fue puesto en libertad en medio de una muchedumbre masista que lo insultaba en puertas de la cárcel. El también ex alcalde, concejal y diputado perteneció a las filas de Acción Democrática Nacionalista (ADN) del extinto Banzer.

En abril del 2009, la Justicia en Sucre ordenó su captura por no haberse presentado a una audiencia judicial. En ese entonces se informó que huyó, disfrazado de cholita, a Perú, donde solicitó estatus de refugiado político. La administración del presidente Alan García rechazó el pedido.

El Gobierno peruano explicó que la situación de Valle era distinta a la de los ex ministros Javier Torres Goitia, Mirta Quevedo y Jorge Torres, quienes recibieron asilo político. Los ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada son enjuiciados por la violencia y muertes de octubre-2003.

Chito Valle, quien también habría sido deportado de Canadá, cuando se desempeñaba como cónsul, por una supuesta actividad relacionada al narcotráfico, hasta antes escapar de la justicia, vivía en su hotel de Rurrenabaque, en el norte del departamento de La Paz.

Suxo apunta a tres juzgadores

La ministra de Transparencia  y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, responsabilizó ayer a la ex ministra de la Suprema, Rosario Canedo, y a los vocales de la Corte Superior de Chuquisaca, Elena Lowenthal y Oswaldo Fong, de la huida de Valle, que el 2007 fue beneficiado con libertad, pese a las pruebas aportadas en su contra.

El Gobierno espera que ‘Chito’ Valle sea deportado

El gobierno de Evo Morales confía en que Luis Alberto «Chito» Valle sea deportado de Perú, de tal forma de facilitar su retorno a Bolivia para que responda por los delitos por los que se le instauró un juicio de responsabilidades.

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, informó que, precisamente, el embajador boliviano en Lima, Franz Solano, gestiona la deportación del ex prefecto de La Paz. El objetivo es que, «sin mayor trámite, sea deportado para que enfrente los casos en su contra», sostuvo. «Queremos acciones inmediatas para lograr a la brevedad posible el retorno de Chito Valle al país», insistió la autoridad.

La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, recordó que Valle tiene en su contra acusaciones por varios casos, que representan un daño económico al Estado de más de 17 millones de dólares.

«Hemos hecho un seguimiento exhaustivo del caso, y hemos estado también en Lima, reunidos con la Interpol de Perú y coordinando con Franz Solano la búsqueda de la ex autoridad. Estábamos a la espera que se produzca lo que ha ocurrido hoy», explicó.

La ex autoridad, yerno del extinto presidente Hugo Banzer, huyó de Bolivia y la Justicia lo declaró prófugo, por lo que emitió una orden de captura internacional. La Policía Internacional lo capturó en Lima y la justicia peruana definirá su suerte.

Historial del ex prefecto ‘Chito’ valle

Prefecto
Alberto «Chito» Valle fue prefecto del departamento de La Paz, entre los años 1997 y 1999, durante el segundo mandato de su suegro, el ex dictador de la década de los 70, Hugo Banzer Suárez.

Expulsión
Luego de un informe de la Comisión de Ética, el 31 de enero del 2002, la Cámara de Diputados expulsó a Valle y le exigió defenderse sin fuero, de unos 16 procesos judiciales en su contra.

Fedemin
Desde ahí se destaparon irregularidades como el caso Fedemin, en el que compró irregularmente terrenos y equipos que pertenecían al ex Banco Minero por un valor de más de $us 7 millones.

Chitochatarra
El ex prefecto y ex funcionarios prefecturales fueron investigados por  el proceso de licitación, remate y adjudicación de vehículos en buen estado en calidad de chatarra o en desuso.

La Cuisine
Este proceso obedece a la compra de bienes inmuebles para la Prefectura. Se hizo uso de dineros provenientes de la venta del parque automotor por un valor de 812.978,59 bolivianos.

En San Pedro
En febrero del 2007, un Tribunal de Audiencias dispuso la detención de «Chito» Valle en la cárcel San Pedro de La Paz, por tres delitos millonarios cometidos durante su gestión prefectural.

Sale libre
La Sala Penal de la Corte Superior de Chuquisaca ordenó su libertad el 2 de marzo del 2007, declarando procedente un recurso de hábeas corpus interpuesto por los abogados del ex prefecto.

Rebelde
La Corte Suprema de Justicia lo declaró rebelde y contumaz el 31 de marzo del 2009 por sus reiteradas ausencias a las audiencias orales y ordenó a las fuerzas del orden, su captura. Huyó a Perú.

Rechazo de asilo
Ya prófugo en Lima, Perú, el Gobierno de ese país, avalado por la evaluación de una Comisión Multisectorial, rechazó el 29 de octubre del 2009 el pedido de asilo político solicitado por Valle.

Aprehendido
Ayer, la Interpol logró su captura en las calles de Lima, Perú, y se espera su deportación inmediata a Bolivia para que enfrente los procesos judiciales que implican un daño al Estado de $us 17 millones

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Pacto de Unidad evista pide estar alerta porque ‘ya llega la hora de salir a las carreteras’

El evismo exige también el cese inmediato de funciones de los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional y Órgano Judicial “que emiten fallos para el Gobierno”.

El Pacto de Unidad evista brinda una conferencia de prensa.

Por Boris Góngora

/ 29 de mayo de 2024 / 21:16

El Pacto de Unidad afín al expresidente Evo Morales instó a los sectores sociales a estar alertas porque pronto se saldrá a las carreteras debido a que el Gobierno no resolvió los problemas estructurales del país como son el económico, político y social.

“En este momento, como Pacto de Unidad, hacemos conocer a todos los sectores sociales, no solamente la confederación única de campesinos, ni interculturales, ni bartolinas, sino mineros y transportistas a ponerse en estado de alerta, ya llega (la hora) de salir a las calles y carreteras, porque no han resuelto los temas estructurales del país, en tema económico, dólar y combustible”, dijo Ponciano Santos, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) del ala evista.

El dirigente reiteró que aún no se dará hora y fecha, pero, además pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que haga cumplir la ley de organizaciones políticas, esto respecto a la realización del congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la facción evista, programado para el 11 de julio en el municipio de Villa Tunari, del departamento de Cochabamba.

Lea más: Suspendida la audiencia en Cuatro Cañadas en la que el evismo busca supervisión del TSE

“El Tribunal Supremo Electoral está jugando con el sentimiento de la militancia y de los sectores sociales, especialmente con el movimiento indígena originario. Queremos decir, a los siete vocales supervisen el congreso de Villa Tunari, sino vamos a tener serios problemas con ellos, no vamos a aceptar ninguna intromisión”.

El 18 de mayo, el bloque evista realizó un ampliado en Cochabamba en el que se declararon en “emergencia permanente” y señalaron que están en situación de «apronte», por lo que se pidió a las bases organizarse para “futuras movilizaciones”.

“Si los derechos políticos del movimiento indígena son vulnerados, la respuesta será muy contundente en las carreteras y en las calles”, indicaron entonces.

Además, exigieron el cese inmediato de funciones de los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional y Órgano Judicial “que emiten fallos para el Gobierno”.

“Hemos sido claros, porque en 72 horas tenían que tratar la ley 073 y 075, como han incumplido y no ha convocado David Choquehuanca, por lo tanto, nuevamente decimos y como está en la resolución (del 18 de mayo), debe convocar inmediatamente a una sesión ordinaria de la Asamblea para tratar ambas leyes. Caso contrario ya lo veremos”, advirtió Santos.

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Del Castillo dice que se necesita 60.000 policías para trasladar a Camacho y evitar una crisis

Camacho debía asistir el lunes a su audiencia oral por el caso Decretazo, que lo investiga por legar funciones a uno de sus secretarios y no al vicegobernador, como establece el Estatuto Departamental.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en una conferencia de prensa.

/ 29 de mayo de 2024 / 16:05

Por tercera vez, la audiencia de Luis Fernando Camacho fue reprogramada, ahora para el 16 de julio. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, fue tajante respecto de la imposibilidad de trasladar al gobernador electo de Santa Cruz al penal de Palmasola. Consideró que se necesitaría de 60.000 policías para el resguardo.

“No hay condiciones materiales (…), necesito por lo menos 60.000 policías. ¿Ustedes consideran que los 37.000 policías (que hay en todo el país) son suficientes para evitar que se quemen nuevamente 28 instituciones públicas y privadas? (…); puede haber una convulsión social nuevamente”, supuso el ministro el miércoles en entrevista con el programa Poder y Placer.

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Traslado

Del Castillo respondió así cuando se le consultó por el traslado de Camacho, detenido en Chonchocoro, La Paz, a Santa Cruz. El pasado lunes debía presentarse físicamente, pero las autoridades advirtieron que no había condiciones para su traslado.

Camacho fue detenido el 30 de diciembre de 2022 a raíz del caso Golpe de Estado I. Este caso investiga los hechos precedentes a la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019.

Ese año, Camacho tuvo un rol activo, como él mismo reconoció; promovió cabildos, financió movilizaciones, pactó con militares e irrumpió en el Palacio Quemado con Biblia en mano.

Cuando se conoció su aprehensión, en Santa Cruz se desató el caos. Figuras próximas a Camacho incendiaron varias instituciones a manera de reclamo. La Fiscalía Departamental sufrió varios daños y la casa del ministro Édgar Montaño fue saqueada.

De acuerdo con Del Castillo, el Consulado de los Estados Unidos también resultó afectado.

Paro

De igual manera, entre noviembre y diciembre de 2022 Camacho encabezó, junto a otros cívicos, un paro de 36 días en pedido del Censo de Población y Vivienda. En esa oportunidad, las medidas se radicalizaron; se quemaron varios edificios, como la sede campesina, y se registraron al menos tres muertos. Además de los peajes y el marcado racismo que se observó en las movilizaciones.

Por todo ello, el ministro Del Castillo y otras autoridades del ministerio de Gobierno rechazaron que Camacho sea trasladado a Santa Cruz, para su audiencia oral por el caso Decretazo, pese a que existe una orden judicial que instruye al traslado.

El caso Decretazo investiga a Camacho por haber delegado de manera arbitraria sus funciones a un secretario y no al vicegobernador Mario Aguilera, como establece el Estatuto Departamental.

La audiencia estaba originalmente programada para el 11 de marzo. Sin embargo, siempre por el motivo de que Camacho no podía asistir físicamente, se postergó para el 11 de abril. Llegada esa fecha, se volvió a reprogramar la audiencia para el 27 de mayo. Este lunes se conoció que la audiencia se suspendió hasta el 16 de julio.

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Rodríguez: El servicio militar reproduce costumbres patriarcales, homofóbicas y racistas

El expresidente Eduardo Rodríguez lamentó que, en los últimos 20 años, se registraron, por lo menos, 60 jóvenes que fallecieron en ejercicios militares, conflictos sociales o castigos

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé.

/ 29 de mayo de 2024 / 16:03

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) cuestionó la obligatoriedad del servicio militar y afirmó que ese sistema reproduce costumbres “patriarcales, violentas, homofóbicas y racistas”.

El lunes, el presidente Luis Arce solicitó al mando militar de las Fuerzas Armadas reflexionar sobre el marco normativo del servicio militar y, al mismo tiempo, sugirió ciertas adecuaciones necesarias. Hizo un llamado a diversificar los programas de formación técnica en las unidades militares.

El mandatario enfatizó la importancia de promover una cultura de defensa del pueblo boliviano, en línea con la doctrina de patriotas y el respeto a los derechos humanos.

Al respecto, Rodríguez Veltzé sugirió explorar medidas alternativas al servicio militar obligatorio como el servicio civil, para que los jóvenes trabajen con su comunidad, entre ancianos y niños, para que sean parte de una integración cultural.

“Aplaudo la decisión del presidente Luis Arce”, reconoció en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Recomendó una reforma en la que se mantenga el servicio militar, pero, simultáneamente, instituir un servicio civil para jóvenes que trabajen y apoyen a los grupos vulnerables. “Que lo hagan quienes tiene la vocación militar, pero también se deben implementar medidas alternativas”.

Rodríguez lamentó que, en los últimos 20 años, se registraron, por lo menos, 60 jóvenes que fallecieron en ejercicios militares, conflictos sociales o castigos. “Hay absoluta impunidad. Hay decenas de chicos lesionados y con lesiones graves”.

Recordó que en dos ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IDH) admitió dos denuncias en contra de la obligatoriedad de asistir al servicio.

Contó que, durante su gobierno (en 2005), el caso Díaz Bustos hizo valer la objeción de conciencia en relación al servicio militar obligatorio y que el Estado pudo resolver su caso con la entrega de una libreta militar.

El segundo que recordó fue el caso Orías Calvo, a finales de 2016, se interpuso una objeción de conciencia respecto del servicio militar por su vocación de paz. “El 2021, la Comisión IDH declaró admisible el reclamo”.

Por ello, resaltó la importancia de explorar el debate previo de la Asamblea Constituyente para encontrar las razones del por qué se mantuvo el servicio militar obligatorio en Bolivia. “Si uno examina, en la Constitución de 1967 no se cambió una coma”.

“Cuan útil es esta reflexión del tiempo constituyente”, insistió.

La Constitución dispone la obligatoriedad de este servicio a la patria. Su artículo 108 indica que “prestar el servicio militar es obligatorio para los varones”. Mientras que el artículo 249 remarca que “todo boliviano estará obligado a prestar Servicio Militar, de acuerdo con la ley”. Y en los últimos años se abrió la opción para que las mujeres se sumen de forma voluntaria.

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Cuéllar desahucia, por su costo, propuesta de Mesa sobre elecciones primarias abiertas

De acuerdo al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), realizar una elección primaria, donde participen todos los bolivianos, costaría cerca de Bs 270 millones.

Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).

Por Daniel Zenteno

/ 29 de mayo de 2024 / 15:18

El precandidato presidencial por la alianza Cambio 25 y rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar, desahució la propuesta de elecciones primarias abiertas de Carlos Mesa, líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC).

“Tiene un alto costo; unas elecciones nacionales más o menos le salen al país alrededor de Bs 270 millones. El señor Carlos Mesa está planteando dos cosas en uno: que las primarias sean parte del proceso eleccionario de 2025, entonces estaríamos pensando que gastarían Bs 270 millones en las primarias; otros Bs 270 millones en las nacionales, eso implicaría un alto costo en un país quebrado (…), creo que es inviable. No estamos de acuerdo”, cuestionó en conferencia de prensa.

Carlos Mesa

El martes, Mesa reiteró su propuesta de llevar adelante elecciones primarias abiertas, para que, en su criterio, todos los ciudadanos, no solo los militantes, puedan elegir los binomios de las organizaciones políticas para las elecciones presidenciales. En esta ocasión, Mesa propuso que ambas, primarias y nacionales, se lleven a cabo en 2025.

Lea más en: Mesa propone una acuerdo sobre judiciales en 2024 y primarias ‘abiertas’ en 2025

En criterio del expresidente, esto permitirá que la atención del Órgano Electoral esté enfocada en la realización de las elecciones judiciales para este año.

Sin embargo, Cuéllar se mostró optimista en que opositores y oficialistas lleguen a un acuerdo para viabilizar las judiciales en esta gestión. Así, descartó que las primarias deban modificar su calendario previsto para septiembre de 2024.

“¿Vamos a destinar Bs 270 millones para los políticos? ¿Para que se autoelijan en sus partidos políticos?”, cuestionó Cuéllar.

Cuéllar

Justamente, Cuéllar y la alianza Unidad es Posible buscan una alternativa a los políticos tradicionales. Dicha alianza se compone por políticos de agrupaciones alternativas o independientes, como Agustín Zambrana, de El Bunker, o Amparo Ballivián.

Consideran que, en más de tres elecciones nacionales, ningún político ha podido hacer frente al Movimiento Al Socialismo (MAS). Entonces, buscan una candidatura que provenga “de la ciudadanía”.

Sin embargo, pese al rechazo de la propuesta, el precandidato por Cambio 25 no está cerrado a posibles acuerdos en relación a otros temas con CC. “Esperemos que se den puntos de coincidencia”, auguró.

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Rodríguez Veltzé plantea que el soberano debe resolver la ‘reelección indefinida’

Con un análisis de una opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), la Procuraduría ratifica que la reelección indefinida no es un derecho humano.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, en Piedra, Papel y Tinta. Foto: Miguel Carrasco.

/ 29 de mayo de 2024 / 15:11

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) consideró que el orden constitucional con relación a la reelección indefinida todavía está abierto y que el “pueblo soberano” debe tomar una decisión al respecto.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el también expresidente de la otrora Corte Suprema de Justicia afirmó que hay una “necesidad constituyente” de que el pueblo soberano decida. “No serán los sabios del Tribunal ni las autoridades; deberíamos llevar esto a una decisión soberana de la gente que decida cuál es el orden de la reelección”.

La reelección indefinida es un tema que está en cuestión, principalmente, entre las dos facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS). Sin embargo, el asunto tiene antecedentes que datan desde hace varios años.

El expresidente Evo Morales ganó dos elecciones bajo la nueva Constitución, en 2009 y 2014. En 2019, se presentó como candidato, pese a que la Constitución establece un máximo de dos mandatos.

En 2016, impulsó el referéndum para la modificación de la Constitución para una nueva repostulación. En ese proceso electoral, el No a la modificación de la Constitución se impuso con un 51,3% de los votos y el Sí logró 48,7%

Pese a ello, se presentó en las presidenciales gracias al amparo de la Sentencia Constitucional 84/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que reivindicó la reelección como un derecho humano. Aunque en 2019 ganó los comicios, la oposición denunció “fraude” y Morales tuvo que renunciar ante la crisis política y salir del país.

Al respecto, Rodríguez consideró que la Sentencia 084/2017 del TCP fue «desafortunada» y que los miembros de ese tribunal interpretaron la ley a su manera. 

Uno de los argumentos que utilizó Morales fue el artículo 23 de la Convención Americana. Éste establece que todos los ciudadanos tienen el derecho “de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

En criterio de Rodríguez, el problema requiere una salida política ciudadana, debido a que el TCP no goza de legitimidad por la prórroga de magistrados y consejeros de los altos tribunales, quienes no puedes ser remplazados por el empantanamiento de las elecciones judiciales.

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