Primero fue Blooming, ahora fue el turno de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF). La Fiscalía realizó otro allanamiento y recabó documentación que permita atar cabos en su investigación sobre tráfico de sustancias controladas contra el narcotraficante prófugo Sebastián Marset.

La tarde de este jueves se realizó el operativo dirigido por la comisión de fiscales de la Unidad de Sustancias Controladas y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en la ciudad de Santa Cruz. El fiscal Julio César Porras brindó los resultados de la intervención.

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“Lo que hemos hecho es solo pedir documentación, es bastante ampulosa, sobre eso vamos a analizar. Lo que he pedido es documentación de su hijo, de él y de otras personas más; y sobre eso voy a ver qué documentación había, dónde jugaban y qué participación tenían”.

El objetivo es establecer los nexos de Marset en el fútbol. El uruguayo es el hombre más buscado en Bolivia desde que salió indemne de un megaoperativo el 29 de julio. El plan era capturarlo en su lujosa vivienda en Santa Cruz, pero logró fugar con su esposa y sus hijos.

Desde entonces está con paradero desconocido, aunque recién brindó una entrevista a un programa de televisión uruguaya, en la que descartó que se vaya a entregar a la Justicia de Bolivia y de otros países, y negó sentirse “acorralado”. Se sospecha que está en la selva paraguaya.

Cuando se asentó en suelo boliviano, Marset tejió una organización criminal para el lavado de dinero del narcotráfico. Asimismo, se internó en el fútbol, relación que ha salpicado a equipos como Blooming y Los Leones FC El Torno, del municipio cruceño del mismo nombre.

Caso Marset

La Fiscalía ya intervino la Secretaría y la sede de Blooming para recopilar documentos, sobre todo del hijo del narcotraficante, de quien hay pistas de que estuvo inscrito en las divisiones menores. Y se allanó la oficina de Estudio 3, a cargo de la construcción del estadio bloominista.

El martes, el Ministerio Público pidió también información a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), sobre el registro de inscripción y los partidos disputados de Sebastián Marset Cabrera, Luis Paulo Amorim Santos, Thiago Márquez Amorim y Christian Latorre Long.

En la lista proveída por la FBF figuran Marset y Luis Paulo Amorim Santos, quienes son la misma persona, ya que el delincuente uruguayo adoptó tres identidades en territorio boliviano. La otra fue bajo el nombre de Gabriel de Souza Beuner.

Además, se encuentra su hijo, quien también usaba una identidad falsa: Thiago Márquez Amorim. Y finalmente está Christian Latorre Long, jugador uruguayo que pateó la pelota en Blooming y pasó a Los Leones FC El Torno, donde compartió la cancha con Marset y el también uruguayo Lucas Casavieja Grande. Latorre y Casavieja ya fueron detenidos por la Fiscalía.

De acuerdo con las investigaciones, Marset fue dueño de Los Leones, que participa en la ACF y buscaba su clasificación a la Copa Simón Bolívar. Amante del fútbol, el narco fue igualmente jugador del equipo en los partidos de Primera A y contrató a Latorre, entre otros jugadores.

A diferencia del Órgano Judicial, la Fiscalía aclaró este jueves que no ingresará en un receso colectivo de fin de año; por lo cual garantizó que su trabajo seguirá de manera ininterrumpida incluso durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Todos los funcionarios continuarán con sus funciones durante esta etapa de cierre de gestión.

“El Ministerio Público continúa con su trabajo ininterrumpido; ya que no ingresa a vacaciones colectivas y nuestros 592 fiscales de materia incluidos Fiscales Departamentales, Fiscales Superiores; médicos forenses y demás servidores de la institución, continuarán prestando el servicio a la población”, informó el director de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación, Roberto Almendras.

En cambio, el Órgano Judicial confirmó sus vacaciones colectivas para esta gestión, la cual será entre el 5 y 29 de diciembre. La Fiscalía detalló que, ante esto; durante este tiempo en que esté vigente el receso judicial; el trabajo de la institución se enfocará en el descongestionamiento de los procesos en los que corresponda emitir una resolución conclusiva.

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“Debido a la vacación colectiva de los tribunales y juzgados de sentencia, los juicios fueron paralizados y postergados”, informó el Ministerio Público, mediante una nota institucional.

Mientras en la Asamblea Legislativa se espera una reunión política de alto nivel para definir qué futuro se le dará al sistema judicial el próximo año, el actual presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, instruyó a las diferentes unidades el cierre de gestión.

“Hemos dado la instrucción a todas las unidades de tres labores fundamentales que se están cumpliendo a cabalidad, inventario de la documentación, el normal desarrollo de procesos que se están desarrollando e informes de gestión”, dijo Molina este jueves en conferencia de prensa realizada en Sucre.

Molina añadió que este 31 de diciembre concluye el mandato de los consejeros, elegidos hace seis años y que de ninguna manera piensan en quedarse ni un día más, aunque no sabe qué pasará después del 2 de enero de 2024 y que este caso lo debe resolver la Asamblea Legislativa.

“En ninguno de los casos, tanto mi persona como mis dos colegas hemos generado posibilidades y demás cosas, hemos sido respetuosos, otra vez, este es un tema legislativo, enteramente normativo”, recalcó.

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Consejo de la Magistratura

En los últimos días, ante la imposibilidad de llevar adelante las alecciones judiciales y el cumplimiento del mandato de las actuales autoridades judiciales, surgieron una serie de propuestas como el de aplicar un decreto de prórroga o un sorteo entre los actuales jueces.

“Lo cierto y evidente es que nuestra gestión termina el 31 de diciembre, en este momento, eso es lo que estamos haciendo», enfatizó.

Señaló que en ningún momento el Consejo de Magistratura generó incertidumbre y que no entrarán en la especulación. “(Estaremos hasta el) último día que la ley nos permita”.

Sobre las propuestas presentadas ante la falta de las elecciones judiciales, señaló que la solución está en manos de la Asamblea, eso si las salidas deben ser constitucionales.

“Es un tema legislativo, enteramente normativo, lo único que puedo decir, como abogado y ciudadano, mientras más proyectos tengan vicios de constitucionalidad es menos probable que tengan éxito”, añadió.

Volviendo el cierre de gestión, Molina informó que enviaron instrucciones a las direcciones departamentales y delegados distritales del Consejo porque pretenden cerrar la gestión con “acefalía cero” y cumpliendo con las convocatorias pendientes y el saneamiento de la carrera judicial.

Para este viernes a las 9.00 el vicepresidente David Choquehuanca convocó a una reunión con jefes de bancadas y los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, el objetivo es buscar acuerdos y una solución para la justicia a partir del 3 de enero de 2024, fecha en la que los máximos jueces actuales dejarán de trabajar.

El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, confirmó la reunión de fuerzas políticas y legisladores con el fin de hablar de las elecciones judiciales.

El miércoles, el secretario general de la Vicepresidencia del Estado, Juan Carlos Alurralde, anunció la cita para este viernes, a las 09.00, en el Salón de Videoconferencia del edificio de la Vicepresidencia del Estado.

“Hemos convocado a los presidentes de ambas cámaras de la Asamblea Legislativa, a los jefes de bancada de Comunidad Ciudadana, Creemos y del MAS-IPSP, así como a las respectivas comisiones, a una reunión para abordar la situación de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial”, escribió en su cuenta de X Choquehuanca.

Senador Rodríguez

La iniciativa había sido planteada por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, quien, en carta dirigida el martes a Choquehuanca, solicitó la promoción del diálogo político. Hay que “viabilizar una ruta constitucional para resolver el destino de la justicia luego del 31 de diciembre”, dice la parte central de la misiva.

Hemos convocado a los presidentes de ambas Cámaras de la Asamblea Legislativa, a los jefes de bancada de Comunidad Ciudadana, Creemos y del MAS-IPSP, así como a las respectivas Comisiones, a una reunión para abordar la situación de los Magistrados y Consejeros del Órgano Judicial pic.twitter.com/2MvDJaMPe2

— David Choquehuanca (@LaramaDavid) December 7, 2023

Suspendido por dos recursos legales, uno de Juan Carlos Balcázar y otro del diputado de Creemos Leonardo Ayala, el proceso previo a las elecciones judiciales no encuentra una vía expedita desde marzo de este año.

Luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dejó en cero el proceso, Senadores aprobó un proyecto de ley que, al llegar a Diputados, pasó a consulta de distintos órganos e instituciones del Estado. El 28 de septiembre, el TCP admitió la consulta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya posición aún no fue conocida.

Elecciones

Los 23 magistrados del TSJ, del TCP y del Tribunal Agroambiental, además de tres miembros del Consejo de la Magistratura, terminan su mandato de seis años al menos el 2 de enero de 2024. Fueron elegidos por voto popular en diciembre de 2017 y tomaron posesión el 3 de enero de 2018.

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Además de los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados (Israel Huaytari), y los jefes de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, a la reunión de este viernes fueron citados los presidentes de distintas comisiones.

Se trata de un segundo intento de Choquehuanca de encontrar una salida a la crisis. En agosto, también se reunió con los mismos interlocutores y no tuvo mayor éxito.

La Justicia de Estados Unidos ya tiene los cargos en contra del exembajador Manuel Rocha, quien es acusado de haber sido agente encubierto de Cuba por más de 40 años. Es sindicado de 15 delitos y se arriesga a una condena de 60 años de cárcel.

Rocha, de 73 años, fue embajador en Bolivia entre 2000 y 2002. Desde 1981 perteneció al Departamento de Estado de Estados Unidos y ocupó otros puestos diplomáticos en República Dominicana, Honduras, México y Argentina. Nació en 1950 en Colombia y se hizo ciudadano estadounidense en 1978.

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Delitos

El viernes anterior fue detenido en Miami, por el FBI (Oficina Federal de Investigaciones). En su primera audiencia del lunes, se abstuvo de brindar sus declaraciones ante el juez e incluso rompió en llanto, mientras sus familiares abandonaban la audiencia. Ayer afrontó otra, pero el juez Edwin G. Torre la suspendió hasta el martes 12, según medios estadounidenses. 

En esa audiencia se leerán plenamente los cargos en su contra. Pero la acusación ya fue publicada por el Tribunal de Miami. Al respecto, el fiscal general Merrick Garland señaló que los cargos “exponen una infiltración prolongada y de gran alcance en el gobierno de Estados Unidos por parte de un agente extranjero”, informó la página web martinoticias.com.

Por ejemplo, el exdiplomático es sindicado de haber actuado como agente ilegal de un gobierno extranjero y de haber conspirado contra Estados Unidos. Asimismo, tiene cinco cargos por fraude electrónico, tres por declaraciones falsas en una solicitud de pasaporte, cuatro por uso de un pasaporte emitido con declaración falsa, y uno por “declaraciones y representanciones falsas”, publicó Infobae.

‘MIGUEL’

De acuerdo con la acusación, la suma de los delitos hace que Rocha se arriesgue a 60 años de prisión. La fachada del colombiano-estadounidense fue desmoronada por “Miguel”, un agente del FBI que se hizo pasar como representante de la Dirección de Inteligencia de Cuba, a quien Rocha develó todos sus secretos acumulados desde 1981.

En junio de 2002, en su misión en Bolivia, Rocha fue protagonista de las elecciones presidenciales, cuando como embajador amenazó con retirar la colaboración estadounidense si se votaba por el dirigente cocalero Evo Morales. Para entonces, Manfred Reyes Villa (MNR) lideraba las preferencias, empero, acabó tercero, detrás de Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) y Morales (MAS), quien dijo que Rocha fue su mejor “jefe de campaña”.