Proyectan ley para escuchas e informantes
Narcotráfico. El Gobierno y la Policía redactan 4 proyectos de ley
El Ministerio de Gobierno elabora con la Policía un paquete de leyes para reforzar la lucha antidrogas. Entre ellas, se encuentran los anteproyectos de interceptación de comunicaciones y el pago a informantes.
Según el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, estas nuevas normas permitirán mejorar las condiciones legales para una lucha frontal contra el narcotráfico. «Una norma imprescindible es tener una ley de interceptación de llamadas que nos va a permitir, en el marco de las leyes, combatir el narcotráfico», dijo Llorenti.
La autoridad hizo referencia a ambas leyes durante el acto de celebración del XXVII aniversario de creación de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), realizado en Chimoré (Cochabamba), donde reconoció la urgencia de modernizar tecnológica y legalmente a la Policía antinarcóticos.
El anteproyecto considera que este mecanismo de escuchas, con tecnología satelital, dependa del Viceministerio de Defensa Social y que opere con los parámetros del artículo 25 de la Constitución Política del Estado.
La Carta Magna establece que «son inviolables la correspondencia, papeles privados y manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte» y que «éstos no podrán ser incautados, salvo en casos determinados por ley para la investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente».
El director General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Cnl. Gonzalo Quezada, añadió que el anteproyecto es apoyado por un equipo de abogados que analiza normas similares que están siendo aplicadas en otros países.
Sobre la ley de pago a informantes, Llorenti destacó que su aplicación era importante para el trabajo de Inteligencia en el combate antinarcóticos. «La delincuencia tiene capacidades ilimitadas en el tema tecnológico y operativo. Es imprescindible que nuestra fuerza de combate a la delincuencia también tenga sus capacidades», dijo.
Hasta noviembre del año 2008, la Agencia Norteamericana Antinarcóticos (DEA) pagaba a los informantes hasta $us 100 por kilo de droga secuestrada y $us 50 por datos de narcotraficantes, según una información difundida públicamente el año pasado.
Desde que se fue ese organismo del país, estos gastos se redujeron al máximo y, ahora, el Gobierno quiere promover la estrategia con dinero del Tesoro General de la Nación, según Llorenti.
A estos proyectos de leyes, agregó Quezada, se suman la Ley de Extinción de Derecho Dominio para investigar los bienes ganados ilícitamente y la ley para crear la Policía Aérea contra la delincuencia.
Este año confiscaron 993,2 t de droga
Entre enero y el 22 de octubre de este año, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) decomisó un total de 993,2 toneladas de droga, en su mayoría hojas de marihuana, en diferentes puntos del país.
De acuerdo con los datos proporcionados por el director de la FELCN, Cnl. Gonzalo Quezada, se secuestraron 22,57 toneladas de pasta base, un total de 2,7 toneladas de clorhidrato de cocaína, 968 toneladas de marihuana y 1.000.910 libras de hoja de coca que, presumiblemente, se desviaban al narcotráfico.
El jefe de la unidad antinarcóticos señaló que, en ese mismo tiempo, 3.117 bolivianos, colombianos, peruanos y otros extranjeros relacionados con el tráfico de estupefacientes fueron detenidos por la FELCN.
«Los narcotraficantes buscan lugares para seguir con su actividad ilícita como las localidades de San Matías, San Ignacio o Puerto Suárez. Nuestra fuerza especial está incrementando acciones en estos lugares», añadió. Destacó el interés del Gobierno por mejorar la capacidad tecnológica a la FELCN.