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Thursday 9 May 2024 | Actualizado a 19:30 PM

RETOMAR LA CONDUCCIÓN DE SECTORES SOCIALES ES LA META DEL MAS

‘Los movimientos sociales han quedado desguarnecidos’

Por La Razón

/ 22 de enero de 2011 / 05:00

— El año comenzó con la perspectiva de consolidar un horizonte socialista ¿Hasta qué grado se ha consolidado este objetivo en esta etapa inicial?

— Cuando uno plantea el horizonte, es un camino de largo plazo, de décadas, pero ello requiere varias cosas para que se vayan dando pasos prácticos: un Estado fuerte, un movimiento social fuerte y una capacidad de irradiación del proyecto a otros sectores sociales para consolidar legitimidad y hegemonía histórica. En los tres se han dado pasos interesantes.

En el caso del Estado fuerte se han dado pasos muy importantes, se ha consolidado en más de 30% la presencia del Estado en la economía, que es un elemento decisivo porque esto nos garantiza posibilidad de producción de riquezas y redistribución de riquezas, elementos centrales de este nuevo horizonte. La consolidación de la nacionalización del ámbito eléctrico, junto con el avance en el potenciamiento de otras instancias económicas del Estado, pequeñas y medianas empresas, habla de que se está trabajando. Se pueden hacer cosas más rápidas en el tema de hidrocarburos, de industrialización, quisiéramos avanzar más rápido, pero tiene sus plazos, sus límites técnicos.

— ¿Lo segundo?

— Movimiento social fuerte, diverso pero a la vez fuerte, que marca derroteros de nuestras acciones. Existe, está presente, se ha manifestado durante varias actividades, la última el tema del decreto (sobre el incremento de la gasolina) ¿Qué es lo particular de esta presencia del movimiento social? Es la dinámica interna de tensiones, que es bueno, porque de la lucha entre dos líneas o entre tres hay una línea correcta al interior del movimiento popular. Hay un movimiento obrero aún débil, hay que buscar potenciarlo, pero está claro que hay presiones al interior del movimiento social, necesarias, creativas, que enriquecen la dialéctica de la historia revolucionaria y los gobernantes debemos estar muy atentos a ver esas tensiones, a ver la riqueza de esas tensiones. A aprender de ellas y buscar los mecanismos para superarlas.

— ¿Y qué pasa con la necesidad de irradiación del proyecto?

— Esta hegemonía histórica se consolida pese a que comienza a asomar la presencia de una derecha política, pero una derecha histérica, bulliciosa, que no es propositiva porque no tiene proyecto. Si revisamos lo que queda, los residuos de Podemos, UN, hasta (Juan) Del Granado, es una derecha que no tiene un proyecto propio, no tiene un proyecto de sociedad, de autonomía, de industrialización distinto. Entonces es una muestra de que esta hegemonía histórica, de cómo el trabajo de la sociedad, la ruta de la sociedad, está enmarcada en esos tres ejes que habíamos mencionado años atrás: plurinacionalidad, autonomía (desconcentración del poder) y economía plural con industrialismo y vivir bien. Esta hegemonía histórica del movimiento indígena campesino está presente. Nunca es definitiva, habrá que seguir trabajando, seguir expandiendo, habrá que seguirla consolidando en sectores medios, pero aun en los momentos conflictivos de fin de año se mostró de que del horizonte del país, del sentido común del país, de la política, la economía y la sociedad, se movía entorno a ese trípode histórico, de momento sólido y expansivo.

— Dada la importancia del segundo eje que menciona. ¿Qué enseñanza le deja al Gobierno la última decisión sobre el Decreto 748? ¿No será que la consulta a los sectores debió realizarse antes y no después?

— Las consultas se hicieron en términos generales y en general la idea es proteger los bienes del Estado, términos generales es la exigencia de los movimientos sociales de proteger lo que nos pertenece para que no se vaya afuera, nacionalizar el excedente económico, es decir que la riqueza de un país se territorialice en un país. El contrabando es una de esas cosas, de esta sangría, de esta externalización de los recursos del Estado; entonces el mandato era ‘retengan los recursos’ y en términos generales estábamos cumpliendo ese mandato: retener, nacionalizar, controlar lo que es nuestro y que no se vaya afuera a beneficio privado. Un nivel de consultas generales fue con varios sectores sociales, no solamente con dirigentes, sino también con las bases, cuando explicábamos los efectos del contrabando. No decíamos vamos a subir el precio de la gasolina, pero decíamos que esto nos está afectando y la gente decía sí, hay que ponerle freno a eso. No se entró al detalle técnico de cómo retener, pero se cimentó una conciencia de que el contrabando nos hacía daño, que la diferencia entre mercado interno y externo era tan grande que se daba lugar a un mercado negro, abusivo y que afectaba los recursos del pueblo.

Fueron dos niveles de consulta general que hizo el Gobierno, la decisión técnica, cuánto subir y cuándo subir, no lo comunicamos porque se iba a generar una oleada sucesiva especulativa. Se enteraba un grupo de dirigentes o de bases y empezaban a acumular la gasolina desde ese día. Ése era el riesgo, ya en la parte decisoria y técnica es algo que algunas veces no se lo puede informar.

— ¿Calcularon otras consecuencias de la medida?

— Está claro que cuando se da, cuando se toma la decisión, hay un efecto inmediato, que ya lo habíamos más o menos calculado: el efecto inflacionario de esta medida y los efectos en los bolsillos de las personas. Inmediatamente, teníamos un conjunto de medidas redistributivas de la riqueza que permitían aminorar los efectos, pero lo que  más afectó, lo sintió la gente, y que modificó el escenario previsible del impacto, fue el incremento abusivo del autotransporte del 100%. Injustificable, pero real, se dio. Aprovecharon fin de año, cuando la gente no protesta tanto, y entonces dijeron: ‘Ahora hacemos nuestro agosto’. Eso generó un estado de mucho malestar. Entonces, éste es un elemento que no lo habíamos calculado en toda su dimensión y que fue el que generó un mayor efecto de rechazo. Si el autotransporte habría actuado con mayor responsabilidad…

— De todos modos Vicepresidente ¿No habrá sido un error abrogar el Decreto 748?

— No, en esto no hay errores. Oír a la gente nunca es un error. Esto es un aprendizaje y nosotros no lo vemos como un error. Como el mandato del pueblo, entendía que el problema era grave para el país, que esos millones de dólares que se iban de subvención y de contrabando podrían ser retenidos para beneficio mayor de la gente, pero había efectos colaterales que eran también demasiado duros, como estos incrementos incontrolables del precio del transporte. Dijeron la medida es buena, pero no ahora, la medida es necesaria, pero no estamos preparados. Ése era el discurso muy sincero que nos decía el pueblo.

— Era buena pero no oportuna, no era el momento…

— Lo que pasa es que en el fondo nadie podía calcular con precisión el conjunto de efectos totales. Ya hubo algunos efectos generales que vimos y que la propia gente lo sabía, pero se generaron otro tipo de efectos que al final fueron muy fuertes y por eso las organizaciones decían: ‘Estamos de acuerdo, pero no lo hagan ahora, dense un tiempo, preparen a la gente’. Lo importante es que la gente entendió que ésta no era una decisión arbitraria en contra de las personas, el Gobierno nunca va a tomar una decisión en contra de las personas, del pueblo.

— Si la gente entiende y el ajuste llegará tarde o temprano ¿Ahora cómo se lo va a hacer?

— En primer lugar no va a ser una medida sorpresiva. El pueblo nos ha dicho que en este tema no y lo entendemos. Va a ser, si se da, una medida definida, propuesta, acordada y sugerida por los principales sectores sociales, urbanos y rurales de nuestra sociedad.

— ¿Un referéndum?

— No. Hay otras formas de referéndum continuo, que es lo que hace este gobierno. Nosotros hacemos un referéndum cada semana, aunque unos no entienden esta manera de hacer política, pues tienen una mirada bien burocrática de las cosas.

Nosotros hacemos referéndum, nuestra gente, nuestros ministros, nuestros viceministros, el Presidente a la cabeza, el Vicepresidente, se pasan en asambleas, reuniones, cabildos, encuentros de barrio; entonces nosotros captamos, captamos el estado de ánimo y las pulsiones que están dadas al interior del pueblo boliviano y cualquier otra medida que en algún rato tenga que tomarse, de aquí a cinco años a cuatro o tres, va a ser un hecho deliberado, un hecho discutido, debatido públicamente, en el que la sociedad misma se comprometa a definir los efectos, los alcances de esta decisión. Vamos a ser muy respetuosos, el Presidente de hecho ha planteado la necesidad de una gran cumbre social para debatir este tema.

— Este sábado se cumple un año más de la gestión de Gobierno de Evo Morales. ¿Cuáles considera que son los principales logros del periodo que concluye y cuáles las principales metas a lograr en el que se inicia?

— El mayor logro es haber consolidado el modelo económico. Pese a los detractores que están en la actitud de la política histérica, existe una economía muy sólida. Por ejemplo la disminución del desempleo, y eso no lo dice el Gobierno, sino la gente de la OIT, saquen esa conclusión: la economía con mayor caída del desempleo en los últimos años es obra de un aparato económico en movimiento. Y cuando nos dicen que podemos hacer más, por supuesto que podemos hacer más, pero los resultados son muy contundentes: reservas internacionales de 10.000 millones de dólares y eso no es solamente macroeconomía, es micro. Es una economía en crecimiento, una economía que se diversifica en sus actividades. Entonces hemos consolidado este modelo de desarrollo nacional productivo con el estado a la cabeza, con sectores privados nacionales pequeños, medianos y comunitarios creciendo. Yo diría que ése es el principal logro y el Presidente de hecho va a mostrarnos las cifras reveladoras sobre este tema, nuestro modelo de desarrollo nacional productivo exitoso, superior a los anteriores, al neoliberalismo y al nacionalismo revolucionario de los años 50, en sus resultados macros, en sus resultados micros, en sus resultados de distribución de la riqueza.

— ¿Además de la consolidación del modelo económico?

— Yo diría que el segundo logro es la construcción de la institucionalidad, de la institucionalidad del nuevo Estado Plurinacional, el trabajo de la Asamblea Legislativa, la construcción de leyes, las leyes estructurales, un cambio mismo en la Asamblea Legislativa para crear esta institucionalidad. Faltan otras 100 por delante, pero se trabajaron leyes muy importantes este año, que colocan a la Asamblea en un papel muy productivo, muy eficiente y muy comprometido con la Constitución Política del Estado, que es un gran logro.

— ¿Hay un tercero?

— Mencionaría este despegue de YPFB, despegue interesante, de ajustar contratos, de pelear con la petroleras, de buscar funcionarios y técnicos que le vayan dando vuelta a YPFB, ya se ve un YPFB mucho más sólido. YPFB es hoy la madre de la economía boliviana, Bolivia vive de YPFB, 45% de nuestras exportaciones son de YPFB y eso es triple ingreso para los municipios, doble ingreso para las gobernaciones, es Bono Juancito Pinto, es Renta Dignidad, es Juana Azurduy y nos ha permitido consolidar que somos el país que más dinero entrega, directa e indirectamente, a su población, en América Latina, por encima de Brasil. El 2,5% del PIB del año 2010 ha sido entregado directa e indirectamente a la sociedad, el segundo que en América Latina en distribución de recursos es Brasil, con el 1,7% de distribución de su PIB y luego vienen otros países. Pero Bolivia ocupa la vanguardia en la capacidad distributiva de la riqueza, eso es un gran logro. 

— ¿Y cuáles han sido los traspiés, las dificultades?

— Industrialización. Hemos tenido atrasos, que tienen que ver también con los hilos técnicos en el tema. Se han dado, se han hecho cosas importantes, pero se podrían haber hecho cosas mucho, mucho más rápidas en ello.

— ¿A qué se refiere con dificultades con los hilos técnicos?

— Hemos enfrentado la carencia de cuadros técnicos para asumir los nuevos retos. Por eso es una gran oportunidad para este año, para el 2012, formar cuadros técnicos para la industrialización, cuadros técnicos para el satélite, para el litio, para la agricultura, cuadros técnicos comprometidos con su país y con suficiente conocimiento para poder acelerar estos procesos de gigantescas inversiones que está haciendo el Estado. No se olviden que en cinco años, como nunca pasó en Bolivia, la inversión pública se ha multiplicado por cinco, es una cosa extraordinaria, jamás se había dado en la historia económica de nuestro país.

— ¿Y la relación con los movimientos sociales?

— Un tercer reto, que a la vez es debilidad, es el de la conducción de los movimientos sociales. Toda una camada de luchadores sociales, de los sindicatos, de los gremios, de los barrios, hoy ocupa funciones públicas. Gente que se fogueó en marchas, en luchas, en la persecución, en la resistencia, de gran formación política y que en medio de cuadros técnicos conduce, a modo de comisariato político bolchevique. Técnicos con un conductor político, es clave porque son hombres que mantienen la línea del Estado, la línea del Gobierno, la línea del pueblo. Rodeados de técnicos, ahí se han incorporado, y ahora son alcaldes, concejales, parlamentarios, asambleístas departamentales, viceministros, ministros, Presidente, eso es bueno. Hay una gran presencia e inclusión de sectores populares en el Estado, en la conducción del Estado, así tenía que ser, pero el otro pedazo del Estado, los movimientos sociales, han quedado desguarnecidos con una generación nueva de dirigentes no fogueados en las antiguas luchas, muy rápidamente ascendidos a cargos de conducción y sin todavía una sólida formación ideológico-partidaria.

— ¿Cómo afecta esto al proyecto de largo plazo?

— Ahí hay un desfase, hemos dejado parte de la conducción de los movimientos sociales, en niveles intermedios, superiores y medios, a una nueva generación todavía no muy sólida en los principios programáticos de este proceso histórico. Entonces es una debilidad, porque nuestro Estado es un Estado, es un gobierno de movimientos sociales y su fuerza, su continuidad, depende de la vitalidad del movimiento social. No nos imaginamos la continuidad de un proceso de cambio al margen de los movimientos sociales. Tiene que haber una conducción en sus brazos medios e intermedios con una formación y una fluidez ideológica-política, no solamente igual a la de los antiguos dirigentes, sino incluso superior, mayor, más radical, ojalá fuera más radical todavía, para que permita eso profundizar y acelerar los grandes cambios que están en marcha.

— A propósito de eso, ¿qué lección deja lo sucedido en Caranavi, Uncía o Potosí? ¿Hasta qué grado hay que escuchar, hay que darle poder al pueblo?

— Jamás hay que poner en duda el poder del pueblo, siempre hay que entregarlo, nosotros somos el poder del pueblo organizado, no nos imaginamos de otra manera, jamás nos imaginamos como un grupo de funcionarios burócratas del Estado que actúan como una élite aislada de la sociedad. Somos Gobierno con el pueblo, con los movimientos sociales y empoderando al pueblo, o no somos gobierno. No valdría la pena tanta lucha, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, de otra manera. No nos imaginamos como un estado hegueliano, de una élite de funcionarios portadores de la representación del pueblo, nos imaginamos como un Estado integral, un Estado permanentemente fusionado y  crecientemente disuelto en la propia sociedad. No hay la menor duda de que el pueblo tiene que tener poder, debe y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para que tenga mucho más poder, todo tipo de poder, el pueblo, no una élite.

— ¿Cómo evalúa la relación con tres instituciones: Iglesia, FFAA y medios de comunicación?

— Con la Iglesia, desde el libertador Sucre no se había tomado el toro por las astas para construir un Estado moderno y un Estado moderno es un Estado laico. Nadie se animó a desmontar la última de las estructuras coloniales de nuestro país, la fusión entre la Iglesia y el Estado es una herencia colonial. A Sucre le doblaron el brazo, le hicieron retroceder porque la sociedad todavía no estaba preparada, ahora hemos hecho una sana, necesaria, obligada separación en la construcción de nuestra modernidad estatal.

— ¿La Iglesia lo ha entendido?

— No, porque hay algunos jerarcas de alto nivel que quieren seguir tratando a Bolivia a la vieja usanza colonial. Que quieren seguir tratando a los bolivianos como pongos. Pero eso se acabó, la gente ya no lo acepta.

— ¿Fuerzas Armadas?

— Hemos consolidado una política de Estado de la relación FFAA- sociedad y estamos muy orgullosos de aquello. En tiempos de dictadura las FFAA se atribuían el tutelaje del país, en tiempos de democracia no había un papel para ellas, los gobiernos de turno las usaban para temas personales, para reprimir, para meter bala en el Chapare, para subordinarlas a personal extranjero. No había un rol para ellas en democracia y nosotros lo hemos construido y nos sentimos muy orgullosos: el rol de las FFAA en democracia es la preservación de la institucionalidad democrática y constitucional, la defensa de las riquezas y recursos naturales del país y el potenciamiento del desarrollo.

— ¿Y la relación con los medios?

— Hay medios y medios, pero hay una creciente manipulación política de los medios privados, fundamentalmente televisión. Políticos dueños de los medios de comunicación, empresarios que les fue muy mal en las elecciones, que perdieron poder político, que perdieron poder electoral, se han atrincherado en sus medios para hacer, a través de los medios, lo que no son capaces de hacer en la Asamblea Legislativa. Eso es muy grave porque es una prostitución del medio, es un uso desvirtuado de la función del medio, de construcción de sentido común, de formación, de construcción de opinión pública. Algunos medios son partidos políticos extracongresales. Ante la ausencia de partidos políticos de derecha, algunos medios se han convertido en el partido político. Entiendo que es el último refugio de sectores conservadores algunos medios, perdieron el control del gobierno, perdieron el control del Congreso, perdieron el control de las asambleas y ahora se refugian en este último escenario.

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El MAS y la crisis

La democracia, o las formas que la hacen legítima, importan cada día menos

Por La Razón

/ 9 de mayo de 2024 / 06:39

Para nadie debe ser desconocido que el Movimiento al Socialismo (MAS) es la fuerza política más importante de las últimas décadas y el único partido con estructura y potencia suficientes para intervenir en todas las esferas de la vida pública. Sin embargo, precisamente por estos atributos, la feroz lucha que han desatado sus dirigentes no solo afecta al partido, sino a todo el Estado.

Más tardó en terminar el X Congreso del partido, el domingo, en la ciudad de El Alto, convocado por el “ala arcista” del partido, que portavoces del “ala evista” en descalificar el encuentro de la peor forma posible y amenazar con todo tipo de recursos, legales y no, para impedir que las decisiones acordadas lleguen a materializarse.

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No es para menos: se ha elegido a un nuevo jefe nacional del partido, honor que recayó en Gróver García, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), afín al presidente Arce, y se ha decidido revisar el estatuto del MAS para eliminar la disposición que concede la dirección vitalicia del partido al expresidente Evo Morales y para eliminar la restricción de antigüedad como militante para asumir cualquier candidatura.

Para que el congreso masista pudiese llevarse a cabo y que contase con la presencia de veedores del Tribunal Supremo Electoral (TSE), hizo falta que una Sala Constitucional de La Paz ordenase al Órgano Electoral cumplir con el artículo 30 de la Ley de Partidos Políticos. Entre analistas y opinadores de todas las tendencias hubo consenso en que se trata de un nuevo “fallo a la carta”, de los que menudean desde que los magistrados del Órgano Judicial decidieran autoprorrogarse.

A esta evidente muestra de injerencia de un órgano sobre otro (primero el Ejecutivo sobre el Judicial y luego éste sobre el Electoral), se suma la cantidad de ocasiones en que delegados y portavoces del evismo han descalificado al TSE y sus resoluciones por ser contrarias a sus intereses y expectativas. La democracia, o las formas que la hacen legítima, importan cada día menos.

Súmese a este estado de cosas la previsible pugna que se desatará en la Sala Plena del TSE cuando algunos vocales intenten incidir en favor de uno u otro aspirante a candidato. Entonces, las acusaciones y descalificaciones que hoy se sugieren, serán amplificadas, dañando de manera feroz la credibilidad y reputación del órgano llamado constitucionalmente a administrar los procesos que dan sustento al sistema democrático boliviano y a dar legitimidad a las autoridades electas.

A estas alturas de la lucha es, pues, evidente que sin importar el tono y el contenido de los mensajes que una y otra facción del MAS publicitan, lo verdaderamente central para ambas partes es asegurar que el candidato propio llegue a la papeleta y/o que el contrincante no lo logre. Si para tal fin tienen que terminar de romper la institucionalidad del Estado, no dudarán en hacerlo, y eso son malas noticias.

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Democracia en riesgo

Por La Razón

/ 5 de mayo de 2024 / 00:34

La reciente decisión de una sala constitucional en torno al “congreso del MAS-IPSP” convocado por dirigentes de la facción arcista constituye una tosca injerencia en las competencias del TSE. Y cruza un límite que pone en riesgo no solo la institucionalidad electoral, sino la propia democracia. Es fundamental ponerle freno antes de que conduzca a una deriva autoritaria.

 Una de las condiciones fundamentales de un Estado de Derecho es la autonomía e independencia de los órganos del poder público, además de su separación. Cuando uno o más órganos se subordinan a otro o surge una especie de suprapoder, esa estructura y organización funcional del Estado se resquebraja. Asimismo, cuando el sistema de gobierno empieza a depender de decisiones arbitrarias e inconstitucionales, la democracia está en riesgo. Estamos transitando ese muy peligroso umbral en el país.

En nuestro proceso de construcción y reforma estatal, no es nuevo que el Legislativo dependa de los mandatos del Ejecutivo. Tampoco es raro que la administración de justicia esté subordinada al poder político y a poderes fácticos. Lo crítico es que surja un suprapoder que imponga sucesivos fallos por fuera del marco constitucional y pisoteando la institucionalidad democrática. Desde el año pasado hay un suprapoder en Bolivia que, en consorcio con actores políticos, opera desde el TCP y algunas salas constitucionales.

A punta de sentencias, declaraciones y autos constitucionales, y algunas acciones de defensa, un arriesgado suprapoder está llevando a límites insostenibles el funcionamiento de los órganos del poder público y del sistema de gobierno. Así, bloquearon las elecciones judiciales, suspendieron las funciones de fiscalización de la ALP, se autoprorrogaron, beneficiaron a terratenientes y ahora están emitiendo “instrucciones” sobre las organizaciones políticas y los procesos electorales. Es inaceptable.

Es muy complicado y sensible para el TSE gestionar las disputas internas en los partidos, en especial en este momento la batalla entre facciones en el MAS-IPSP. Debe hacerlo en estricto cumplimiento de la Ley de Organizaciones Políticas y de los estatutos partidarios. ¿Qué ocurre cuando una sala constitucional, desde su filiación política, impone acciones que violan la normativa y vulneran las atribuciones del organismo electoral? Eso es lo que acaban de hacer, sin sonrojarse, los vocales Campero y Angles.

En un pronunciamiento difundido este viernes, las autoridades del Órgano Electoral Plurinacional exigen con timidez el respeto a la independencia de poderes para garantizar la democracia en el país. No es una exigencia menor. En realidad, se está advirtiendo que, si magistrados y jueces continúan perforando el sistema y la institucionalidad electoral, la democracia boliviana está en riesgo. Es fundamental que la disputa política no termine derrumbando el orden constitucional y el régimen democrático.

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Elección en suspenso

Las reacciones luego de conocido el fallo revelaron, cómo no, una nueva fuente de incertidumbre

Por La Razón

/ 2 de mayo de 2024 / 06:16

Como se decía días atrás en este mismo espacio, hace mucho que actores políticos y operadores judiciales están empeñados en frenar sin fecha las elecciones judiciales. El más reciente fallo constitucional ordena no solo paralizar el proceso, sino devolverlo al inicio y comenzar con una nueva ley de convocatoria; el argumento es la defensa de derechos, pero la intención tal vez no.

El 18 de abril, Yeny Duri, dirigente indígena y abogada, candidata eliminada en el proceso de preselección, presentó una acción popular en la que denunció que las aspirantes indígenas de Pando no recibían un trato equitativo en comparación con las de otros departamentos, señalando la falta de oportunidades equitativas en el proceso de preselección. La Sala Constitucional Primera de Cobija emitió el lunes una medida cautelar que suspendió el proceso de preselección en curso y luego, el martes, dictaminó que el proceso de preselección debía dejarse sin efecto completamente, argumentando que la convocatoria inicial no había considerado adecuadamente la inclusión de mujeres e indígenas, e instruyó elaborar una nueva.

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La reacciones luego de conocido el fallo revelaron, cómo no, una nueva fuente de incertidumbre, pues si bien hay voces, como la del expresidente Eduardo Rodríguez, quien argumentó que la Sala Constitucional de Cobija era incompetente para emitir tal fallo y que sus razonamientos eran improcedentes, sugiriendo que la Asamblea Legislativa debería continuar con el proceso de preselección, la Comisión Mixta de Constitución decidió entrar en cuarto intermedio hasta hoy, a la espera de la notificación oficial del fallo.

El Presidente de la Comisión, Miguel Rejas, del MAS, afirmó que la intervención de la Sala es una «aberración» y criticó duramente a los vocales que concedieron la tutela a la candidata Duri; dijo también que el fallo fue resultado de manipulaciones por parte de vocales y jueces, sugiriendo que algunos de ellos habían sido influenciados por quienes presentaron amparos.

A su vez, la senadora Andrea Barrientos indicó que el fallo de la Sala es «ilegal e inaplicable» y que ninguna sala constitucional tiene la competencia para declarar la inaplicabilidad de una ley, especialmente de la Ley 1549, que ha pasado por control constitucional y cuenta con amplio respaldo legislativo. El diputado por Creemos Leonardo Ayala argumentó que la decisión vulnera los derechos de los más de 400 postulantes habilitados para el proceso de preselección. El Presidente Nato de la Asamblea, como es habitual, no apareció.

La interminable sucesión de recursos judiciales y constitucionales, sumada a la incapacidad de las y los legisladores para acordar un plan de acción capaz de superar los obstáculos que unos y otros ponen en el camino, muestra todo, menos voluntad política, para cumplir con el mandato constitucional de realizar la elección de autoridades del Judicial. Mientras tanto, el sistema judicial boliviano se hunde irremediablemente.

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¿EJ en septiembre?

Por La Razón

/ 28 de abril de 2024 / 00:18

Renovadas acciones de amparo y medidas cautelares están paralizando nuevamente y dejan en incertidumbre las Elecciones Judiciales (EJ). Según lo establecido en la ley transitoria, este 5 de mayo debe concluir la fase de preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y el TSE anunció que la votación popular sería en septiembre. Hay duda sobre tales plazos.

Desde hace un año, el proceso electoral para renovar el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional está a la deriva. Según el mandato constitucional, las elecciones debieron realizarse en 2023. Pero políticos y operadores del sistema, en especial del TCP, se encargaron de frenar, congelar y a la postre postergar la elección. Como no se eligieron nuevas autoridades, los actuales magistrados (cuyo mandato ya se cumplió) decidieron autoprorrogarse. Fue como un guion escrito desde el principio para boicotear el proceso.

Como efecto de un bloqueo de caminos realizado en enero, finalmente la bancada oficialista en la Cámara de Diputados viabilizó las truncadas elecciones. Se aprobó entonces una ley de consenso que trazó la ruta, sus fases y los plazos tanto para la preselección a cargo de la ALP como para la votación bajo responsabilidad del TSE. Así, se publicó la convocatoria, se recibieron más de 700 postulaciones, se verificaron requisitos y se resolvieron las inhabilitaciones. Hasta ahí todo conforme a lo previsto.

En medio de la evaluación de méritos, incluida una prueba de conocimientos, varios postulantes inhabilitados por incumplir requisitos activaron demandas en la justicia para la reconsideración de sus casos. Todas esas acciones prosperaron dejando en suspenso el proceso de preselección de postulantes. Y el plazo corre. Luego de calificar los méritos, la Comisión Mixta de la Asamblea debe aprobar su informe, que será la base para la elección, por dos tercios, en sesión plenaria. Queda solo una semana.

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Es evidente que algunos actores políticos y operadores judiciales están empeñados en frenar sin fecha, nuevamente, las elecciones judiciales. Sería desastroso para la institucionalidad en el país en un contexto de alta desconfianza y de crisis. Por ello es sensato que la Comisión Mixta retome el proceso desde mañana. Tampoco sería una buena señal que se amplíen los plazos, ya que ello implica postergar la votación popular (quizás hasta octubre, lo que se superpone con las elecciones primarias).

Todos sabemos que las elecciones judiciales no solucionan la crisis del sistema de administración de justicia, pero al menos implican cumplir la Constitución y evitar que los autoprorrogados continúen degradando aún más el Estado de Derecho con sus decisiones a la carta. Por ello es fundamental que la ALP culmine pronto su trabajo de preselección con voluntad política y madurez democrática. Luego será el turno de la ciudadanía en las urnas. Y seguirá en agenda la cada vez más urgente reforma estructural del sistema.

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Un asunto oscuro

Según la presidenta ejecutiva de YLB, la acusación fue fruto de una investigación técnica realizada a lo largo de dos años

Por La Razón

/ 25 de abril de 2024 / 06:59

La todavía incipiente industria del litio en Bolivia no puede salir de las sombras. Al violento arresto del exministro de Minería y exresponsable de la planta en la región de Lípez en Potosí, Luis Alberto Echazú, se ha sumado, ayer, la muerte del exgerente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). El tema se ha politizado y, ahora, judicializado, pero del negocio no hay más que promesas.

Los contornos del caso, la actuación presuntamente arbitraria e irregular de la Fiscalía el lunes, según denuncia del abogado de Echazú, así como las declaraciones de jerarcas y portavoces del ala evista del MAS, hacen pensar en intereses políticos ligados a la sorda pelea por el poder en el partido gobernante antes que en aquellos ligados al efectivo despegue de la industria del litio en el país. El intercambio de acusaciones, con y sin fundamento, en nada ayuda a reactivar el proyecto.

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El tono y el contenido de una “carta abierta” firmada por el exgerente de YLB, Juan Carlos Montenegro, otro de los imputados, antes de morir (incluyendo una última línea en la que pide perdón a sus seres queridos por el “dolor” que les causará “esta mi decisión”), hace pensar en que detrás de la acusación hecha el jueves de la semana pasada por la actual gerente del proyecto y el procurador del Estado, además de la sorprendentemente rápida actuación del Ministerio Público, hay mucho más que la búsqueda de justicia o de castigo a la corrupción.

Según la presidenta ejecutiva de YLB, la acusación fue fruto de una investigación técnica realizada a lo largo de dos años, asunto del cual ni ella ni su antecesor habían dicho nada anteriormente. Al ser conducido a celdas policiales, el exministro, ahora en detención domiciliaria, afirmó que “el Gobierno quiere ocultar tres años y medio” de parálisis en el que debería ser el proyecto más importante del Estado Plurinacional en los últimos años.

Coincidiendo con la denuncia de YLB contra exfuncionarios de la institución, el mismo día, el Presidente del Estado acusó a “potencias mundiales” y un “país vecino” de pretender controlar los recursos naturales del país, especialmente el litio, bloqueando las exportaciones y excluyendo a Bolivia en procesos estratégicos de comunicación. A la luz de lo sucedido en los últimos años, es evidente que el principal obstáculo está en el Estado y no fuera de las fronteras.

Mientras Chile se abre a las inversiones de riesgo compartido y se propone recuperar el sitial de primer exportador de litio en el mundo en los próximos dos años, y el presidente de Argentina busca entregar las reservas de su país a las transnacionales del sector, Bolivia todavía no ha mostrado cuál es su estrategia de industrialización y comercialización del preciado mineral, al extremo que ni siquiera ha transparentado los acuerdos (no contratos) que tiene con empresas chinas y rusas. Así, es imposible tener optimismo en el futuro del litio.

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