Comisión legislativa participará en el III Foro Parlamentario contra el Hambre
El evento se desarrollará los días 30 y 31 de agosto en Guatemala con el auspicio de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
/ 29 de agosto de 2012 / 22:32
Una comisión de asambleístas nacionales conformada por las senadoras Marcelina Chávez y Clementina Garnica, y los diputados Luis Alfaro y Edwin Tupa, en representación de Bolivia, participarán en el III Foro Parlamentario contra el Hambre.
El evento se celebrará en la ciudad de Guatemala los días 30 y 31 de agosto con el auspicio de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la Alimentación y la Agricultura (FAO), según un comunicado de prensa de la Cámara de Senadores.
El Foro pretende contribuir al fortalecimiento de los procesos regionales del Frente Parlamentario contra el Hambre, destacando el espacio como un encuentro y diálogo entre los congresistas y demás actores que participan en la construcción y el desarrollo institucional y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el continente.
Previo a la cita internacional, los legisladores intercambiaron y coordinaron propuestas integrales sobre el tema de la reactivación del agro y seguridad alimentaria con las organizaciones sociales como son la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígena Originaria (CNMCIO-BS), Confederación Sindical Campesinos Interculturales de Bolivia (CSCIB).
El Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH) fue lanzado oficialmente en la Conferencia Interparlamentaria sobre el Derecho a la Seguridad Alimentaria, considerando que en los espacios legislativos se analice y se reflexione el tema del hambre y la inseguridad alimentaria con miras a establecer un marco institucional eficaz para garantizar la seguridad alimentaria en los países de la región.
Una acción popular puede frenar todo el proceso de las elecciones judiciales
“La determinación de esa acción popular podría determinar la continuidad o la paralización definitiva del proceso”, advirtió el diputado Juan José Jáuregui.
Una acción popular en contra de la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, podría detener no solo parcialmente la fase de preselección, sino todo el proceso de forma definitiva, debido a que no denuncia una vulneración a un derecho del postulante, sino atropellos e irregularidades contrarias a lo establecido en la ley.
Esa conclusión la expresó en conferencia de prensa el diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui.
“Es un poco más complejo, porque no se está hablando de un tema particular con relación a una o un postulante. Se está hablando, alegando, que los criterios de igualdad que contendría la Ley 1549 no estuviese permitiendo que en el caso de algunos departamentos puedan sus postulantes tener las mismas oportunidades (…), esa acción popular sí es para preocuparse”, explicó.
La acción popular a la que hizo mención Jáuregui fue presentada por la abogada Yeny Dury Bautista a mediados de abril en Pando.
Dicha acción enfatiza la vulneración de los derechos de mujeres pertenecientes a los pueblos indígena originario campesinos en general. Pero remarca en particular el caso de Pando, donde, por ejemplo, para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), solo se observa cuatro postulantes mujeres habilitadas, sin representatividad de “plurinacionalidad”.
De acuerdo con la acción popular, estas irregularidades son contrarias a lo que establece la Ley 1549.
El artículo 4 de dicha ley enfatiza claramente: “Equidad. Garantiza una preselección equitativa de hombres y mujeres” y la “plurinacionalidad. En la presentación de postulaciones, supone el acceso y participación de ciudadanos de naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades interculturales y afrobolivianas”.
Proceso
El miércoles, la Cámara de Senadores aprobó una resolución que frena toda “decisión judicial que suspenda, paralice, bloquee, demore o impida cualquier forma la continuidad y realización oportuna” de las elecciones judiciales.
Sin embargo, la norma no es retroactiva. El 18 de abril, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental determinó la paralización del cronograma de preselección de postulantes, como respuesta a la acción popular presentada por la abogada pandina.
“En realidad, la determinación de esa acción popular podría determinar la continuidad o la paralización definitiva del proceso”, insistió Jáuregui.
El proceso de elecciones judiciales se encontraba en la etapa de evaluación oral y escrita de los postulantes, cuando el 16 de abril un amparo constitucional en Santa Cruz detuvo todo el proceso. Desde entonces, se conocieron otros amparos. Se trató algunos en audiencias y otros se suspendieron.
La acción popular todavía no fue resuelta y se espera que en las próximas horas se pueda tratar el tema. Para así determinar el destino de las elecciones judiciales.
Gutiérrez: Pugnas internas frenan elecciones y aprobación de leyes en la Asamblea
El senador Rubén Gutiérrez admite que las disputas políticas están afectando, “en definitiva”, el trabajo y eficacia de la Asamblea Legislativa, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
El senador arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rubén Gutiérrez admitió que las diputas políticas y la “electoralización” en el país frenan el avance de leyes en la Asamblea Legislativa, además del proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales.
En entrevista con La Razón Radio, lamentó que antes había un promedio de 100 leyes aprobadas y, ahora, la cifra se redujo a 60. DIjo que ese dato responde a las pugnas internas en las tres principales fuerzas políticas: MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.
“No existen los dos tercios (para llegar a acuerdos). Ni siquiera se logra la mayoría absoluta”, añadió.
Confesó que las disputas políticas están afectando “en definitiva” el trabajo y eficacia de la Asamblea, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. “Son por las posiciones, las agendas programáticas y las electoralizaciones”.
En su criterio, las rupturas internas están afectando “visiblemente” la labor parlamentaria. Aseguró que no solo el MAS atraviesa por una fractura, sino que también la oposición tiene “muchos problemas”.
“Pensé que nosotros teníamos este conflicto interno, pero el sistema político y la oposición tiene (también) estos problemas”, indicó.
El entrampamiento en la Asamblea Legislativa ha afectado la ejecución de las elecciones judiciales desde el 2023. Actualmente, el proceso de preselección está frenado por un amparo constitucional presentado por una postulante inhabilitada.
Las comisiones mixtas encargadas de la preselección solo tienen nueves días más para entregar su informe. Sin embargo, todavía no se han tomado las pruebas orales a los aspirantes y tampoco se ha resuelto el tema de ausencia de candidatas mujeres para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Al respecto, Gutiérrez admitió que se deberá ampliar el plazo de los 80 días calendario, aunque no se sabe si, para ello, se modificará la ley o solo será interpretada por la Asamblea.
“Necesariamente se tendrá que reponer los días perdidos, eso significa ampliar. Hay que establecer otro mecanismo”, dijo.
El miércoles, el senador Luis Adolfo Flores consideró “urgente” la ampliación de plazos en el proceso de preselección. Su solicitud fue aprobada por 20 de los 29 senadores, aunque para aprobar la ampliación se deberá conseguir los dos tercios de voto.
“Para viabilizar este proceso es importantes volver a los momentos de acuerdos multipartidarios”, dijo.
Asimismo, indicó que todavía está pendiente resolver el tema de ausencia de mujeres e indígenas. “(Las comisiones) no nos han informado nada todavía, se tomará una decisión la siguiente semana. Requiere un consenso obligado”.
A nueve días del plazo para la preselección, suman los recursos y los fallos a favor de postulantes inhabilitados. El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas, informó que ya suman ocho los amparos constitucionales de postulantes inhabilitados para las judiciales; la Justicia otorgó tutela en cuatro casos.
El 16 de abril, el proceso de preselección fue paralizado tras dos amparos constitucionales. El primero fue presentado por Margarita Medrano en la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz y el segundo, por Herculiano Capusiri, en la Sala Constitucional Primera de La Paz.
Audalia Zurita, abogada de la familia de Juan Carlos Montenegro, contó a La Razón que el fallecido exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) la contactó un día antes de su muerte, el martes de abril, con el fin de preparar la defensa en el caso YLB.
El hombre “se encontraba desalentado”, reveló la jurista en conversación con La Razón Radio este viernes.
Contó que Montenegro se enteró de que fue incluido en la investigación y que, probablemente, existía una orden de aprehensión en su contra al igual que la del exministro de Minería Luis Alberto Echazú por el mismo caso.
“Él creía que esa era una decisión de política gubernamental”, aseguró.
Montenegro era uno de los 11 acusados por presuntamente haber causado daños al Estado por Bs 425 millones, debido al “mal funcionamiento” del proyecto de cristalización y extracción de litio.
Días después, el exgerente dejó una carta póstuma en la que rechaza las acusaciones en su contra, aseguró que es inocente y apuntó al gobierno de Luis Arce por utilizar el caso para desviar la atención por el «fracaso» de la industrialización del litio.
Zurita aseguró que Montenegro contaba con información que develaba “la falta de voluntad del Gobierno” de hacer el mantenimiento a las piscinas de litio.
El exgerente consideraba que estaba en desventaja en el juicio en su contra. “Él creía que era una decisión política de perseguirlo y tenía certeza de que se trataba de una persecución política”.
El fallecido le confesó a su defensa que estaba desalentado por el caso y que cualquier explicación que diera ante la Justicia sería inútil. La abogada afirmó que Montenegro no quería ser aprehendido como Echazú y ser “humillado” en medios de comunicación.
Por ello, Zurita le recomendó presentarse voluntariamente ante el Ministerio Público para que sea aprehendido ahí, pero Montenegro también temía que el traslado a celdas policiales se mediatice y sea visto por su familia.
“Supo que Echazú fue aprehendido con exceso de seguridad, como si fuera un criminal de alta peligrosidad, y estaba en mucho desagrado de estos procedimientos. Como él (Montenegro) tampoco fue citado (al igual que exministro Echazú) le causó mayor desaliento”, explicó.
Respecto a la carta póstuma, afirmó que aparenta ser su firma, debido a que el contenido de la nota “es compatible” con los sentimientos que le manifestaba el día anterior. “Es probable que él haya escrito ese contenido porque yo entendí que no quería ser tratado de forma humillante”.
“Yo creí que iba a pedir un asilo, no pensé que iba a ser un autoatentado”, añadió.
Su abogada presume que su cliente sufrió un ataque cardiaco y que, en lugar de pedir auxilio, utilizó ese tiempo para escribir su carta póstuma y enviar mensajes a ciertas personas, entre ellas, Zurita.
La jurista develó que el propio Montenegro le envió la carta póstuma en formato digital a través de alguna aplicación de mensajería. “Podría ser que en vez de buscar auxilio usó el tiempo para escribir la carta y enviar mensajes”, insistió.
Zurita develó que su secretaria lo encontró con vida y lo trasladó inmediatamente al Seguro Universitario, donde llegó sin vida. “Cuando llegó Montenegro al seguro, dijeron que aparentaba ser un infarto porque no había ninguna señal de atentado”.
“No se sabe si ese infarto fue provocado o fue un proceso natural”, señaló.
No descartó la posibilidad de que trate de un “autoatentado”, debido a que —en su criterio— el texto “es autentico”.
A su vez, informó que el lunes presentará la extinción del proceso por muerte. Hoy es el entierro del exgerente, cuya familia no dará detalles acerca de su muerte.
La canciller Celinda Sosa se reunió este viernes en Moscú con su par ruso Serguéi Lavrov y, previo al encuentro, anunció que el presidente Luis Arce recibió una invitación para asistir al Foro Económico de San Petersburgo, que se llevará a cabo entre el 5 y el 8 de junio.
“Justamente ayer (jueves) llegó la invitación para el hermano Arce para participar en el Foro Económico. Muchas gracias”, expresó Sosa.
Celinda Sosa añadió que su visita también apunta “al fortalecimiento de las relaciones bilaterales en el marco del hermanamiento y la cooperación mutua”.
Putin, que será investido como presidente para un quinto mandato el próximo 7 de mayo, presidirá dicho foro. Portavoces de la presidencia rusa confirmaron que sostendrá reuniones con inversores y representantes de varios países.
Antes de la reunión con Sosa, Lavrov subrayó que la visita “es un evento muy importante” y dijo que el país sudamericano “es un buen amigo de Rusia y valoramos altamente la política boliviana de defensa de la soberanía nacional y de los principios claves en las relaciones internacionales”.
El jueves, en un comunicado, la Cancillería boliviana informó que Sosa visitará Rusia los días 26 y 27 de abril con el fin de sostener diálogos con su homólogo ruso en el marco de la revisión de la agenda bilateral entre ambos países.
“Ambas Cancillerías abordarán las perspectivas del diálogo político, el desarrollo de los lazos bilaterales, el mejoramiento de la base jurídica y contractual, y las vías para ampliar la cooperación en diversos ámbitos”, señala la nota de prensa.
Asimismo, la presencia de la jefa de la diplomacia boliviana en el país euroasiático tiene la finalidad de fortalecer las relaciones diplomáticas que datan de 1898. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que se abordarán temas de interés mutuo y los acuerdos en proceso de negociación entre La Paz y Moscú.
El último encuentro que sostuvieron los cancilleres tuvo lugar el pasado 21 de febrero, al margen de la reunión de los ministros de relaciones exteriores del G20 en Río de Janeiro.
Arce-Putin
Los presidentes Luis Arce y Vladimir Putin hablaron de amistad y cooperación en marzo del año pasado. En aquella conversación telefónica, abordaron asuntos sobre economía, salud y tecnología.
“Sostuvimos una importante conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Con quien reafirmamos nuestras buenas relaciones de amistad y cooperación en lo comercial, económico, energético, educativo, ciencia. Así como tecnología para el desarrollo de nuestros pueblos”, posteó el presidente de Bolivia.
Ese contacto entre mandatarios se realizó poco antes de un pedido de la Corte Penal Internacional (CPI). Que pidió la captura de Vladimir Putin por “crímenes de guerra” cometidos en la guerra con Ucrania.
Aguilera no sabe quién ordenó el operativo en el hotel Las Américas y dice que colaborará en el caso
“Vamos a someternos al amparo de la ley, hay que recordar que ese operativo tenía la intención de (realizar) actividades separatistas del país”, dijo el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, afirmó este jueves que desconoce quién emitió la orden para el violento operativo policial en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, el 16 de abril de 2009, denominado caso Terrorismo.
“No conozco quién habrá dado la orden, pero, indudablemente, Bolivia estaba en estado de separación”, dijo a los periodistas en La Paz.
Este caso involucra la desarticulación de un grupo armado “con fines separatistas”. La intervención policial ocurrió durante el gobierno de Evo Morales. El fin era desarticular un grupo armado liderado por el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, fallecido en esa acción junto con el rumano Magyarosi Arpád y el irlandés Michael Dwyer.
También estuvieron implicados Elöd Tóásó y Mario Tadic, que sobrevivieron a la acción policial. Luego, aprehendidos, los investigaron porque formaban parte de un denunciado complot que, además, pretendía un magnicidio.
Jhonny Aguilera
Estos dos últimos comunicaron el 13 de abril que el Estado abrió un proceso penal contra los responsables del operativo del hotel Las Américas.
Aguilera explicó que no participó en el operativo, sino que llego al día siguiente con el excomandante de la Policía Víctor Hugo Escobar Guzmán.
“En aquel momento tenía el grado de mayor y era responsable de la Unidad de Delitos Contra la Seguridad Interior del Estado (…). Yo llego con el excomandante general de la Policía, Víctor Hugo Escobar Guzmán al hotel al día siguiente, a las 14.00, y encontramos los cuerpos sin vida, armamento de guerra, granadas, manuales de insurgencia, armado de explosivos”, contó.
El ahora viceministro insistió en que colaborará con la investigación del caso y remarcó que ya asistió a al menos 15 convocatorias del juez que llevaba el caso en Santa Cruz.
“Vamos a someternos al amparo de la ley, hay que recordar que ese operativo tenía la intención de (realizar) actividades separatistas del país. Ha habido actividades vinculadas al magnicidio”, resaltó.
