Fiscalía imputa a juez y vocal cruceños en el caso Extorsión
Investigación. La Interpol ordena la captura internacional de Rocha
El juez Wilson Arévalo y Zenón Rodríguez, vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, fueron imputados por el delito de incumplimiento de deberes, en el caso Extorsión. Además se ordenó la captura del presidente del TDJ, Ariel Rocha.
Arévalo y Rodríguez fueron involucrados en el caso que indaga la Fiscalía, debido a que coincidentemente negaron la libertad condicional al estadounidense Jacob Ostreicher, que estuvo encarcelado por 18 meses por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Actualmente, tres exfiscales están detenidos en la cárcel cruceña de Palmasola por este proceso legal.
El caso Extorsión se refiere a la investigación de una red que, según autoridades del Ministerio de Gobierno, operaba con abogados de ese despacho y de la cartera de la Presidencia y que exigía dinero en casos judiciales. Este grupo, de acuerdo con denuncias, habría pedido $us 50 mil a Ostreicher para que recupere su libertad condicional, cuando estaba en Palmasola.
Cárcel. El Ministerio de Gobierno identificó a los abogados Fernando Rivera, Denis Rodas, Boris Villegas y José Antonio Antezana como los cabecillas de esta red que fue desarticulada en noviembre del año pasado. Los cuatro están detenidos en Palmasola.
El exjuez Zenón Rodríguez determinó la libertad condicional de Ostreicher hace 15 meses; sin embargo, esa resolución fue revocada en menos de 24 horas, por supuestas presiones ejercidas por Rivera. El juez 10° de Instrucción en lo Penal, Wilson Arévalo, declaró improcedente el memorial de cesación a la detención preventiva presentado por el extranjero.
Rodríguez y Arévalo ya declararon en calidad de testigos y fueron liberados. El fiscal Olvis Egüez, miembro de la comisión que realiza las pesquisas, confirmó ayer la presentación de la imputación en contra de ambos ante el juzgado 6° de Instrucción en lo Penal. Egüez dijo que se halló indicios de responsabilidad en ambas autoridades judiciales, hecho que prevaleció para que sean presentados ante un juez cautelar para que defina su situación jurídica.
Mientras tanto, la Fiscalía, a través de la Policía Internacional (Interpol), emitió la captura internacional para Ariel Rocha, presidente del TDJ de Santa Cruz, involucrado en el caso de red de corrupción y extorsión operada desde los ministerios de Gobierno y Presidencia.
Rocha fue convocado a declarar en calidad de investigado, el 14 de diciembre ante la comisión de fiscales a cargo del proceso, pero la autoridad judicial no asistió. Tres días después se conoció que el involucrado, a través de una carta firmada el 17 de diciembre, pidió licencia al TDJ hasta el 31 del mismo mes, alegando una enfermedad que requería atención rápida. Luego, se supo extraoficialmente que salió del país el mismo día que debía declarar, por la frontera con Argentina.
Desde entonces, el Ministerio Público tramitó su captura internacional. El documento fue aprobado ayer a través de la Interpol. De acuerdo con las investigaciones, Rocha mantuvo una relación estrecha con el exfiscal Isabelino Gómez, sindicado de formar parte de la red, quien igualmente se encuentra recluido en Palmasola.
El fiscal Egüez, miembro de la comisión investigadora, confirmó la emisión de la orden de captura. “La Interpol es la encargada de la búsqueda de Rocha en el territorio nacional y de tomar contacto con sus pares en el extranjero”, acotó.
Adelantó que se publicará los edictos en medios de prensa a efectos de que se haga presente en un plazo de diez días, a partir de la notificación, y “en caso de incumplimiento se declarará en rebeldía”, advirtió la autoridad. El 19 de diciembre la oficina de Rocha y su apartamento de la Monseñor Rivero, en Santa Cruz, fueron allanados por la Fiscalía, que secuestró documentación.
Chávez evita referirse a ministra Suxo
Wilfredo Chávez, exministro de Gobierno, brindó ayer su declaración ampliatoria y testifical ante la Fiscalía y evitó hablar sobre la supuesta protección que habría dado la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, a los abogados implicados en la red de extorsión.
El 25 de diciembre Chávez ratificó que cuando era ministro de Gobierno, Suxo le pidió que no cambie a los abogados Fernando Rivera, Denis Rodas y Boris Villegas en su despacho, porque le ayudaban en procesos legales.
Suxo, luego de declarar ante la Fiscalía en calidad de testigo, aclaró que no conocía a los aludidos y señaló que el exministro debió estar confundido; ello provocó que éste anuncie de que está dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo para ratificar su versión.
Ayer evitó referirse a Suxo, aduciendo que no corresponde dar declaraciones políticas en una investigación jurisdiccional. “He ratificado mi declaración en extenso, creo que eso era lo que correspondía, no puedo acotar más, ni menos con relación a la primera vez, por tanto he sostenido mi versión”. “Cuando nos referimos a temas personales, estamos politizando la investigación, la misma debe despojarse de la politización y abocarse únicamente a que se descubra la verdad histórica y jurídica de los hechos”, manifestó el exministro.
