La Fiscalía informó en las últimas horas sobre la aprehensión de un décimo implicado en ciberestafas internacionales desde Santa Cruz. Se trata de una joven que presuntamente era socia capitalista de la organización criminal.

Con la aprehensión de la joven de 19 años, suman 10 los implicados vinculados a la organización criminal que afectó al Estado. Además, favoreció al enriquecimiento ilícito.

La Policía Boliviana informó el jueves que detectó otras dos organizaciones criminales que se dedican a las ciberestafas. Y que operan desde de Santa Cruz, así lo confirmó el comandante general de la entidad, general Álvaro Álvarez.

El miércoles, y tras operativos investigativos, cayó la primera organización delincuencial. La que operaba en un inmueble del segundo anillo en la capital oriental, cerca de la avenida Busch. Suman tres las redes criminales de estafas digitales.

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Ciberestafas

Según los datos de la Policía nacional, las nuevas organizaciones desarticuladas tenían sus centros de operaciones en el cuarto anillo. La otra en el tercer anillo, en cercanías al inmueble de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Estas redes de estafas digitales contactaban a sus víctimas mediante las redes sociales y mensajes de WhatsApp. Les prometían puestos laborales en empresas del país.

La red de ciberestafadores que detectó la Policía llegó a Bolivia desde Perú y sentó su cuartel general en Santa Cruz. Con una empresa que operaba bajo la fachada de un call center. Las autoridades aprehendieron a ejecutivos y Álvarez confirmó que otras 117 personas son investigadas.

Dato

El caso de ciberestafas salió a la luz el miércoles después de un megaoperativo en la capital oriental. Ahora, los imputados esperan por sus audiencias de medidas cautelares en celdas de la Policía.

“Se conoció que personas de diferentes nacionalidades captaban a estudiantes y otras personas para trabajar en el ‘call center’ que se encontraba en un edificio…, donde realizaban llamadas para cobrar a personas deudoras en otros países. Y, en caso de no ser efectivos los pagos, se intimidaba y amedrentaba a las víctimas”, señala una nota institucional.

El Ministerio Público reveló que la empresa que se constituía en fachada de la red criminal estaba muy bien estructurada. Contaba con ejecutivos y personal de recursos humanos. Los miembros de la firma tenían conocimientos en informática y tenían sueldos cuantiosos.

(31/05/2024)

La Guardia Civil de España informó este viernes que, tras una operación conjunta con la Policía española, desbarató una organización criminal que enviaba cocaína oculta en ropa sucia desde Ecuador y Bolivia. El cargamento contenía unos 451 kilos de esa sustancia.

La cocaína estaba escondida en bolsas de ropa sucia, encontrada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, así informó la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Según el reporte policial, las autoridades detuvieron a cinco personas. Dos de ellas empleados de una empresa de limpieza que trabaja en el aeropuerto y que eran las encargadas de extraer la droga.

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Bolivia y Ecuador

Los operativos antinarcóticos se incrementaron en 2022 después del hallazgo de 20 kilos de cocaína en un vuelo que arribó desde Guayaquil, Ecuador.

Posteriormente, en 2023, la Policía española descubrió otro envío de 454 kilos de cocaína, que también iba oculto en medio de ropa sucia y que venía de Santa Cruz, Bolivia.

El modus operandi que emplean estas redes criminales consiste en retirar la droga en sacos de plástico. Después pasarlos a un camión que transportaba el cargamento a un restaurante cercano a la terminal aeroportuaria. El que también fue intervenido por las autoridades judiciales españolas.

Tras los hallazgos, las autoridades policiales antidroga realizaron allanamientos a ocho inmuebles en Madrid, donde secuestraron más de $us 320.000, armas de fuego, municiones, vehículos de alta gama y 1,2 kilos de cocaína.

(31/05/2024)

El caso de la red de ciberestafas destapado el miércoles en Santa Cruz ya tiene imputación. La Fiscalía sindicó de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito a cinco implicados en ciberextorsiones.

Entre los imputados hay extranjeros y bolivianos que están sindicados de la captación de estudiantes, principalmente universitarios, para trabajar en un “call center” (centro de llamadas) desde donde se realizaban llamadas internacionales para cobros bajo amenazas.

“Los imputados son el presunto jefe de la organización Lei Z., de nacionalidad china, los peruanos Gianella M.M.L, Luis A.F. S. y Franco R.R., además del colombiano Miguel A.F. y los bolivianos Marcelo T. M., Percy R.D. y Fiorela S.V.”, señala una nota del Ministerio Público.

“Desde el momento en que se conoció del funcionamiento irregular del ‘call center’, se realizaron todas las diligencias investigativas para conocer cómo captaban a los trabajadores que en su mayoría eran estudiantes, qué tipos de cobros realizaban y a qué países llamaban, asimismo, se colectó las declaraciones de todas las personas que fueron encontradas en el lugar, se colectó chip de diferentes telefonías, documentos y otros elementos probatorios que ya cursan en el Ecosistema Justicia Libre del Ministerio Público y que serán presentados en audiencia cautelar”, dijo el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca.

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Los imputados aguardan en celdas policiales su audiencia de medidas cautelares. El caso fue destapado el miércoles, luego de un megaoperativo en inmediaciones del segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz, tras una denuncia anónima que llegó a la Fiscalía y la Policía.

“Se conoció que personas de diferentes nacionalidades captaban a estudiantes y otras personas para trabajar en el ‘call center’ que se encontraba en un edificio…, donde realizaban llamadas para cobrar a personas deudoras en otros países y en caso de no ser efectivos los pagos se intimidaba y amedrentaba a las víctimas”, continúa la nota institucional.

En el lugar fueron descubiertas más de 100 personas organizadas en bloques llamados “estaciones de trabajo”, desde donde se realizaban las llamadas y enviaban mensajes de texto; cada persona contaba con libretas con nombres, anotaciones de montos de dinero y cuentas bancarias para realizar las presuntas extorsiones.

La Fiscalía indicó que la empresa fachada estaba bien hilvanada, con ejecutivos, subdirectores y una oficina de Recursos Humanos que otorgaba incentivos. Se reclutaba a jóvenes, sobre todo universitarios, con conocimiento en informática, con horarios y sueldos atractivos.

El comandante general de la Policía, Álvaro Álvarez, reveló el jueves que las pesquisas permitieron desbaratar otras dos redes de ciberestafadores en el cuarto y quinto anillos de la capital oriental. Asimismo, se informó que la primera red había migrado de Perú.

Ante las declaraciones de la diputada por Creemos, María Rene Álvarez, sobre que Piso Firme pertenecería a Santa Cruz luego que el Órgano Electoral ratificara este hecho, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, lamentó las declaraciones de la legisladora e indicó que politiza el caso con “especulaciones”.

“Lamento las declaraciones de la diputada, pese que la hemos convocado a una reunión de información justamente para evitar este tipo de especulaciones o desinformación, claramente no ha entendido lo que consiste el proceso de delimitación. Me extraña que una diputada genere este tipo de comentarios. Ahora, entiendo el afán político, el protagonismo, la falta de visibilización por hacer algo interesante por su región, genera este tipo de declaraciones”, dijo.

El miércoles, Álvarez indicó que tras un cuestionario de preguntas enviado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), éste les respondió sobre una de las preguntas, respecto a “los parámetros que tiene la comunidad de Piso Firme” en San Ignacio de Velasco.

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“La respuesta fue contundente, ‘la localidad de Piso Firme se tiene registrado bajo los siguientes parámetros, departamento de Santa Cruz, provincia Velasco, municipio San Ignacio de Velasco, comunidad Piso Firme’. El cambio del trazo del límite departamental que surgió de un momento a otro de manera unilateral del Viceministerio de Autonomía entra en discrepancia sobre la identificación o pertenencia, o tuición jurisdiccional en las entidades territoriales implicadas”, cuestionó Álvarez.

La controversia limítrofe en esta comunidad se desencadenó tras la realización del Censo de Población y Vivienda, el 23 de marzo. Los pobladores del lugar reclamaron al ver que iban a ser empadronados por personal del Instituto Nacional de Estadística (INE) de la regional Beni.

Desde entonces viene interviniendo el Viceministerio de Autonomías, en su calidad de autoridad conciliatoria entre los departamentos de Beni y Santa Cruz.

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla (MAS evista), informó que el equipo técnico de las comisiones mixtas trabaja en una propuesta de ley corta o interpretativa que se enviará al presidente nato de la Asamblea, vicepresidente David Choquehuanca, para que convoque y ponga a consideración del pleno.

“Estamos cumpliendo con el trabajo que nos manda la Constitución, de esa manera  las dos comisiones mixtas vamos a mandar una propuesta de ley corta, una ley interpretativa de la Ley 1549 para que la Asamblea la considere”, dijo.

El martes, el Vicepresidente descartó convocar a sesión del pleno para reencaminar el proceso de las judiciales e indicó que la responsabilidad de continuar con la preselección corresponde a las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia.

Ante ello, también el bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos insistieron en que Choquehuanca debe llamar a sesión por mandato constitucional, para tal efecto, le dieron un plazo de 72 para así aprobar una ley interpretativa que permita continuar con la preselección.

Padilla reiteró que, en cumplimiento a la Constitución, no les corresponde continuar, esto en razón a que se cumplió el plazo de 80 días para el proceso de preselección y no “cuentan con una base legal”.

Padilla reiteró que, en cumplimiento a la Constitución, como comisión mixta, no les corresponde continuar, esto en razón a que se cumplió el plazo de 80 días para el proceso de preselección y no “cuentan con una base legal”.

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“Quiero plantear a Choquehuanca que, para no perjudicar al tema de preselección del Órgano Judicial, netamente convoque con el único punto de tratar una ley interpretativa de las elecciones judiciales en la Asamblea. Él tiene miedo de convocar por las críticas que hay por las leyes 073 y 075”, mencionó.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas, insistió en que el Vicepresidente convoque a sesión para continuar con el proceso de preselección. Además, dijo que están en la espera que convoque a una mesa de diálogo.  

“Seguimos esperando que el Presidente de la Asamblea convoque otra vez a otra mesa de diálogo y que podamos allanar el camino de manera inmediata, lo que sería una resolución o una ley corta”, señaló Rejas.

La preselección en las comisiones mixtas fue paralizada desde mediados de abril, debido a más de 30 amparos constitucionales y una acción popular presentadas en Salas Constitucionales del país. El proceso se estancó en la fase de exámenes orales, con más 400 candidatos perjudicados.

La semana pasada, la Sala Segunda del TCP revocó el fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que anuló el proceso hacia las judiciales, empero, exhortó a garantizar los derechos de las mujeres e indígenas en la preselección de candidatos.