El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el Reglamento para el Trámite de Registro y Extinción de Alianzas para las Elecciones Generales 2025.

El TSE fijó como fecha límite el 18 de abril para que las alianzas políticas con intenciones de participar en las elecciones generales de agosto se registren ante el Órgano Electoral.

“Este reglamento va a ser de utilidad a las organizaciones políticas porque en este reglamento se estable qué requisitos tienen que presentar y cómo se pueden llevar adelante las alianzas. Este reglamento ya ha sido notificado a las organizaciones políticas con el único objetivo de que éste sea cumplido hasta el 18 de abril”, explicó el presidente en ejercicio del TSE, Gustavo Ávila.

Entre los detalles de este reglamento, Ávila indicó que se reafirma que pueden existir alianzas entre partidos o puedan existir alianzas también entre agrupaciones ciudadanas, una por departamento, o alianzas entre partidos y agrupaciones ciudadanas. 

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El reglamento fue aprobado el 25 de marzo y establece que podrán conformar alianzas los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas que cuenten con la personalidad jurídica y registro vigente en el TSE y los Tribunales Electorales Departamentales.

Asimismo, precisa que las alianzas podrán ser conformadas alternativamente por dos o más organizaciones políticas, toda vez que una de ellos sea un partido político de alcance nacional; o por al menos nueve agrupaciones ciudadanas de alcance departamental, una por cada departamento del país.

La solicitud de registro deberá ser realizada ante el TSE y la alianza tendrá que acreditar a un delegado político titular y a otro suplente para efectuar todas las actuaciones requeridas a nombre de la alianza.

El Reglamento para el trámite de registro y extinción de alianzas para las elecciones generales fue aprobado por la Resolución TSE-RSP-ADM Nº 0160/2025.

Para conocer más sobre los requisitos, documentos y los procedimientos el TSE habilitó el enlace: https://www.oep.org.bo/inc/uploads/2025/03/2025-REGLAMENTO-DE-ALIANZAS-POLITICAS-ELECCIONES-GENERALES-25-03-2025.pdf

En el marco del acuerdo del Tercer encuentro Multipartidario por la Democracia del 17 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) socializó este martes la nueva cartografía que será aplicada en las elecciones generales del 17 de agosto, producto del Censo de Población y Vivienda de 2024. 

“Vamos a cumplir el compromiso de socializar las circunscripciones que han sido aprobadas para el proceso de elecciones generales 2025. Hemos invitado a todos los delegados de las organizaciones sociales que van a conocer circunscripción por circunscripción cómo han sido delimitados esta cartografía electoral para las elecciones”, informó el presidente interino del TSE, Gustavo Ávila.

La autoridad electoral enfatizó que este trabajo es netamente técnico y conforme a lo que establece la Constitución, fue elaborado por los nueve Tribunales Electorales Departamentales que también están socializando la cartografía electoral.

El miércoles, el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, informó que sala plena aprobó la cartografía electoral producto del último Censo de Población y Vivienda realizado el año pasado.

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Entre las características, indicó que esta cartografía responde a la nueva densidad población que tienen los departamentos, además de la continuidad geográfica, territorialidad, afinidad y extensión territorial.

“Por mandato constitucional aplicamos una fórmula que resulta de dividir la población departamental entre el número de escaños de diputados uninominales producto de la Ley 1614, dividimos entre la circunscripción y nos da la población ideal. De esa manera hacemos la distribución entre las circunscripciones uninominales”, explicó el vocal del TSE.

El presidente interino del TSE también aclaró que, lo que se busca, es resolver las dudas que tienen las organizaciones políticas y de la sociedad civil, debido a que la ciudanía tiene la idea de que el voto rural vale mucho más que el voto urbano.

“En la explicación se podrá corroborar y verificar que cada circunscripción tiene igualdad de probación en el tema de cantidad de habitantes. Es bueno recordar que las circunscripciones las hemos realizado de acuerdo a los datos del censo y la Constitución nos obliga a que cada circunscripción tenga la misma cantidad de habitantes”, dijo.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves en su estación en grande el proyecto de ley de debate obligatorio para los cargos de presidente y vicepresidente.

Tras la aprobación de la norma, el presidente de esa instancia camaral, Omar Yujra, dictó una pausa de 40 minutos a solicitud de los asambleístas para realizar algunos ajustes a la ley.

La normativa incorpora en la Ley 026, de 2010, un artículo que establece la obligatoriedad del debate electoral público para las candidatas y candidatos a los cargos de presidente, vicepresidente, gobernadores, ejecutivo regional y alcaldes.

Su finalidad es garantizar que la ciudadanía conozca y analice las propuestas de los diferentes programas de gobierno, contribuyendo a un voto informado.

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En noviembre de 2024, el TSE remitió a la Asamblea el proyecto de ley para que el debate electoral sea público y obligatorio en los futuros procesos electorales.

La iniciativa propone que los debates deban celebrarse dentro los 15 días anteriores y hasta los cinco días previos a la fecha de la elección, además establece que sean públicos y obligatorios para todos los asistentes.

En caso de una segunda vuelta, los candidatos habilitados también deberán participar en un nuevo debate dentro de los 10 días anteriores a la fecha de la elección.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, ve complicaciones para ingresar al Trópico de Cochabamba y aprehender el expresidente Evo Morales en el marco del proceso que le sigue la justicia por trata de personas con agravante.

“Todo el pueblo conoce que pesa una orden de aprehensión en contra de Evo Morales. No es un plan sencillo que se pueda ejecutar por las circunstancias y situaciones que se están presentado en ese lugar”, afirmó la autoridad en entrevista con medios de comunicación. 

Morales es investigado con relación a un presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando él era jefe de Estado, en 2016. Sobre el líder cocalero pesa una orden de aprehensión emitida por la justicia y la anotación de sus bienes y su arraigo.

El expresidente está atrincherado desde octubre de 2024 en la localidad de Lauca Ñ, Trópico de Cochabamba, tras la acusación del Ministerio Público. Desde esa fecha, el líder cocalero ya no salió de esa región y es resguardado por sus seguidores ante una posible intervención policial.

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El domingo, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, reveló que la Policía Boliviana armó un anillo de seguridad alrededor de los nueve manzanos que fueron tomados por seguidores del Morales para evitar su aprehensión.

Según Aguilera, los seguidores del expresidente se construyeron tres anillos de seguridad en la región de Lauca Ñ, sede de Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, lo cual impide de aquellas personas que no estén registradas.

Esta situación ha impedido hasta el momento que se realice algún operativo policial para efectuar su aprehensión y captura.

En esa línea, el viceministro Ríos pidió dejar de mostrar a Morales como víctima, por el contrario, demandó al exmandatario a presentarse ante la justicia y declarar por los delitos que es investigado.

“Qué mensaje les estamos dando a las víctimas de violación y a las de abuso, de que el día de mañana una persona va a recurrir a chicanerías y a este tipo de manipulación de las personas para no responder la justicia, es importante que cuestionemos la actitud de Evo Morales y lo que hacen algunos dirigentes al evadir la justicia por los delitos que está siendo investigado”, afirmó.

La senadora Silvia Salame anunció que la Cámara Alta debate este jueves un proceso penal contra los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declararon nula la séptima sesión de la Asamblea Legislativa del 6 de junio de 2024.

“Antes de ayer, yo presenté una carta al presidente del Senado, en la cual le sugería que debería poner en consideración del pleno el inicio de un proceso penal contra estas personas”, declaró en entrevista con La Razón Radio.

Salame explicó que, si el Senado aprueba la demanda, esta no debería pasar por la Cámara de Diputados; en su lugar, se presentará la denuncia ante el Ministerio Público.

La polémica surge tras la publicación de la sentencia 113/2024, que anuló la sesión del 6 de junio de 2024, presidida por el presidida por Andrónico Rodríguez, donde se sancionó la Ley 075 para cesar a los magistrados autoprorrogados. Además, se aprobó un crédito para la carretera Confital-Bombeo y un decreto de amnistía.

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Sin embargo, dio por válida la aprobación del decreto presidencial de amnistía e indulto y el contrato de préstamo para la construcción de la doble vía Caracollo-Colom, por $us 176 millones.

Según la exmagistrada, la sentencia no aparece registrada de forma oficial ni en las plataformas del TCP ni en su informe de labores. Además, denunció que todavía se está “manipulando la información”.

“No estamos hablando de un juicio de responsabilidades, ya que ellos no se encuentran en la calidad de magistrados. La Ley 044 protege únicamente a las personas que están en ejercicio de la magistratura, y ellos no tienen esa calidad”, aclaró Salame.

Señaló que el presidente del Senado es quien debe presentar la denuncia en representación de la Cámara Alta. En cuanto a Rodríguez, dijo que debería delegar el caso a los abogados y que la denuncia debería formalizarse a más tardar el lunes.

Si el Ministerio Público acepta la denuncia, Salame explicó que corresponderá a un juez de garantías determinar si los magistrados deben ser suspendidos mientras avanza el proceso.

El tema fue debatido el miércoles en la Cámara Alta. Esta jornada, la sesión del Senado debía comenzar a las 8:30, pero Salame informó que sufrió retrasos. Sin embargo, se espera que se apruebe en las próximas horas.