Agresión a Pradel abre debate: Justicia Ordinaria o Comunitaria
Conflicto. Para unos, el chicote es uso y costumbre; para otros, una forma de violencia
Los azotes propinados por un sector de indígenas del TIPNIS al cacique del Consejo Indígena del Sur (Conisur) Gumercindo Pradel, derivaron en el debate de si el hecho (y la sanción a los agresores) debe ser tratado por la Justicia Comunitaria o si debe resolverse por la vía penal ordinaria.
El 22 de junio, un grupo de originarios del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) azotó a Pradel porque éste y otros dirigentes intentaron realizar una reunión de corregidores en la comunidad San Pablo; esa asamblea anunció que iba a desconocer a los actuales dirigentes Fernando Vargas (subcentral TIPNIS) y Adolfo Chávez (Central de Pueblos Indígenas de Bolivia, Cidob).
Tras la golpiza, Pradel, junto a la Cidob dirigida por Melva Hurtado, acusó de intento de asesinato a Fernando Vargas, Adolfo Chávez y Pedro Nuni. Éstos, alegando que el azote se aplicó en el marco de la Justicia Comunitaria, no se presentaron a declarar ante la Fiscalía; de aquí que ahora pese sobre ellos mandamientos de aprehensión.
Conflicto. “No nos presentamos (ante el fiscal) porque enviamos un recurso ante los juzgados de turno para que vean que este tema es de jurisdicción indígena, ya que se realizó en San Pablo (comunidad del TIPNIS)”, argumentó Nuni en referencia al alcance territorial de la justicia indígena.
Agregó que los azotes contra Pradel fueron una determinación del pueblo de San Pablo, además que él y Chávez no se encontraban en el lugar ese día. El agredido y denunciante Gumercindo Pradel insiste en que lo que le sucedió no es Justicia Comunitaria, sino intento de asesinato, por la gravedad de la agresión. Dice sufrir secuelas de la golpiza que han mellado su salud.
“Esto no es Justicia Comunitaria, aceptaría que me hayan hecho eso en consenso de todo el pueblo, pero eso no es castigo comunitario, es un intento de asesinato a mi persona y no lo vamos a perdonar”, advirtió Pradel.
Para el ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín, el azote “se dio en el marco de un conflicto indígena, ya que se dio una sanción a Pradel de acuerdo a sus usos y costumbres. Hace un par de años se dio un castigo similar al dirigente Marcial Fabricano, y el Gobierno y la Justicia no dijeron nada”.
Añadió que los dirigentes están a la espera de un recurso de “excepción de incompetencia”, por lo que usan su derecho de no asistir a la Fiscalía.
En contrario, el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca, aseguró que si la Fiscalía emitió la orden de aprehensión es por “la gravedad que tuvieron (los hechos) entre indígenas; la Fiscalía estaría calificando eso, ya que debió ser muy grave”.
Sobre el conflicto, la viceministra de Justicia Indígena, Isabel Ortega, dijo que cuando existen problemas de tierras en una comunidad, es ésta la que tiene que resolverlos. “Del asesinato a una persona se hace cargo la Justicia Ordinaria aun cuando esté en la jurisdicción indígena; pero cuando hay algún problema de tierras, ya eso las autoridades (originarias) tienen que solucionar, cuando es comunal, cuando es TCO”, afirmó.
Ley de deslinde
Norma
Según la Ley de Deslinde Jurisdiccional, la justicia indígena tiene tres ámbitos de vigencia: el personal (son sujetos los indígenas); el material (asuntos o faltas que históricamente conocieron); y el territorial (lo que pasa en su territorio).
García dice que el tema es de Justicia Ordinaria
En una declaración escueta, el vicepresidente Álvaro García dijo que el Gobierno no se involucrará en el proceso penal abierto por la Fiscalía a los dirigentes indígenas Adolfo Chávez, Fernando Vargas y Pedro Nuni, acusados de intento de homicidio a Gumercindo Pradel.
“El tema está en manos de la Justicia Ordinaria, hay escenarios de investigación sobre la agresión que sufrió un dirigente”, subrayó el segundo mandatario.
En Cochabamba, el exviceministro de Tierras Sergio Almaraz, hoy opuesto al Gobierno, anunció ayer que si se lleva a efecto la aprehensión de los dirigentes indígenas, se desplegará una huelga de hambre “a nivel nacional, que incluso trascenderá en otras acciones internacionales”.
Con respecto a las acciones que ha llevado a cabo la Fiscalía contra los dirigentes Fernando Vargas, Adolfo Chávez y Pedro Nuni, dijo que es llamativo el poco avance del proceso contra quienes intervinieron la marcha indígena en Chaparina en 2011. La agencia ANF reportó que el Comité Cívico del Beni anunció que iniciará un paro cívico en la región si la Policía ejecuta la aprehensión de los dirigentes de la marcha indígena por el TIPNIS.