Ante la circulación de supuestos documentos y rumores sobre la liberación de Misael Nállar, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, aclaró que el acusado de haber asesinado a tres policías, continúa detenido.

“Es una información falsa que se ha difundido, hoy día debía llevarse a cabo una audiencia, pero fue postergada”, señaló la autoridad a Unitel.

Nállar es sindicado por el delito de asesinato de tres policías acribillados en el municipio de Porongo, en el departamento de Santa Cruz.

La muerte de los uniformados se produjo el 21 junio de 2022, cuando la patrulla con los dos efectivos policiales y el voluntario del GACIP se dirigían a la comunidad Los Cuchis para realizar un patrullaje de rutina, pero en el camino se encontraron con una vagoneta donde descendieron varias personas armadas que los atacaron y les provocaron su muerte.

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Jorge Tamayo, abogado de Nállar, desmintió las publicaciones que circularon en las redes sociales sobre la supuesta libertad de su defendido y aclaró que la audiencia se reanudará el jueves.

Indicó que la orden de libertad que circula en las redes sociales “es totalmente falsa, todavía está pendiente la resolución para el jueves”. 

El jurista indicó que lo llamativo en audiencia fue el excesivo control policial en el piso siete del Palacio de Justicia, en el Tribunal Departamental de Santa Cruz.

“Alrededor de 25 policías de todas las divisiones (había en el piso siete), como nunca en este proceso y a denuncia de la juez incluso ya estaban dentro de las oficinas”.

Luego que la Procuraduría General del Estado ratificara que la reelección no es un derecho humano, Leonardo Loza, senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó que no existe un documento en el que figure que Evo Morales está inhabilitado para las presidenciales de 2025.

“Es totalmente falso (la inhabilitación de Morales), no hay un documento expreso que nos diga que Evo Morales esté inhabilitado (…), en nuestro país no deciden fallos internacionales qué es lo que debemos hacer internamente”, indicó, en conferencia de prensa.

Convención Americana

Las declaraciones del senador van en sentido contrario a lo que expresó el procurador César Siles. Ratificó la postura que su entidad dio a conocer el lunes. En esa oportunidad, presentó y explicó el Análisis Especializado 04/2024, que enfatiza en que la reelección no es un derecho protegido por la Convención Americana.

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A través de la Opinión Consultiva 28/21, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho que pueda ser protegido. Concluye que la Corte tiene el deber “de evitar que una persona se perpetúe en el poder”.

De esta manera, la CIDH dio respuesta al polémico artículo 23 de la Convención Americana. Éste se reinterpretó como un reconocimiento del “derecho a la repostulación”.

Inclusive, a raíz de este artículo, Morales logró que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emita la Sentencia Constitucional 084/2017, con la que fue a una tercera repostulación en 2019, contrariamente a los dos mandatos que establece la Constitución.

“Pueden sugerir, pueden plantear, pero no toman una decisión expresa”, criticó el legislador evista.

Sin embargo, la Procuraduría recalcó que Bolivia ratificó la Convención Americana, por lo que su cumplimiento es obligatorio.

Sentencia 1010/2023

“Yo no he visto ninguna sentencia, recalco, que pueda expresamente inhabilitarlo a Evo. Posiblemente alguna sentencia en la parte considerativa, en la parte declarativa. Pero no en la parte resolutiva y eso está de conocimiento”, respondió Loza, cuando le preguntaron sobre la Sentencia Constitucional 1010/23.

Efectivamente, dicha sentencia no falla expresamente sobre una inhabilitación a Morales, pese a que el Movimiento Al Socialismo (MAS) que respalda al presidente Luis Arce y la oposición lo hayan interpretado de esa manera.

La 1010/23 se trata de un fallo del TCP para que se realice una nueva convocatoria de candidatos a las elecciones judiciales. Sin embargo, el dictamen enfatiza, en su parte considerativa, que algunos magistrados no podían ser reelectos o continuar en sus funciones, porque la CIDH dictaminó que la reelección no es un derecho humano.

El lunes, la Procuraduría explicó que como el TCP emitió la sentencia 1010/23, eso la convierte en un “control de convencionalidad”, reconociendo lo establecido por la CIDH, por lo que su cumplimiento es obligatorio y vinculante, aunque se trate de otros actores y de otra materia.

Por ello, Siles consideró que la discusión en relación al tema de la repostulación de Morales “está cerrada”. Ante esas palabras, Loza pidió al procurador “proteger la democracia” y no opinar sobre Morales

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, declaró este martes al Parque Nacional Amboró como territorio libre de cultivos de hoja de coca. Destacó el compromiso asumido por las fuerzas del orden en cuanto a la protección de las áreas naturales y la defensa de la Madre Tierra, logrando erradicar 919 hectáreas de plantaciones ilegales e iniciar labores de reforestación.

“Hoy es un día histórico para nuestro país porque por primera vez se va a declarar al parque Amboró libre de la hoja de coca, de esta manera podemos certificar nacional e internacionalmente que el parque estará libre de cultivos de hoja de coca. Como Gobierno vamos a proteger a nuestra Madre Tierra y haremos todo lo posible para reforestar las áreas protegidas dañadas”.

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Efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) Chapare, en coordinación con el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, ejecutaron las operaciones de erradicación de cultivos en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró.

Para este fin, se desplegaron ocho campamentos, ubicados en puntos estratégicos del área protegida, con un personal de 502 efectivos entre Fuerzas Armadas, Policía Ecológica, Componente Policial y soldados.

La operación se fundamentó en un trabajo técnico que se realizó a través de reconocimientos aéreos y terrestres de toda la zona, a partir del uso de imágenes satelitales de alta resolución.

Al realizar un rastrillaje, los policías y militares encontraron cultivos de coca en diferente estado, como en plena producción, cultivos de coca nueva, de coca podada, de coca enmalezada, de coca combinada, entre otros.

La Sala Constitucional de La Paz admitió la acción de cumplimiento contra el vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, por no convocar a sesión plenaria para tratar los proyectos de ley 073 y 075 contra la prórroga de magistrados.

La semana pasada, los senadores del ala evista del MAS William Tórrez y Lucy Escobar presentaron el recurso, cuya audiencia fue fijada para este miércoles a las 16.00 y tendrá caracter persencial, según una nota de Unitel.

“Hay un flagrante incumplimiento de deberes, sin embargo, nosotros, lo primero, lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la Constitución”, señala el recurso presentado por el evismo.

En la denuncia, la parte solicitante indicó que Choquehuanca no convocó a sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en cinco meses, lo que impidió el análisis de esas dos propuestas de norma.

Hay una expectativa, desde febrero de este año, por la aprobación de esos proyectos de ley, que buscan definir la situación de los magistrados y consejeros electos en 2017, cuyo mandato fue ampliado por la Sentencia Constitucional 049/2023.

A la acción de cumplimiento se suma a otros recursos presentados anteriormente por la Cámara Alta, instancia que, el miércoles aprobó por más de 2/3 una resolución camaral de conminatoria para que, en un plazo de 48 horas, Choquehuanca convoque a Sesión de Asamblea.

El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, atribuyó la falta de dólares en el país a la supuesta corrupción de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) y a los miembros de sus gabinetes.

“Los dólares que faltan para los productores, transportistas, gremiales y todos los bolivianos en general, NO desaparecieron por arte de magia. Los dólares de Bolivia se los llevó la corrupción y el despilfarro de Evo Morales, Luis Arce y sus ministros”, escribió en su cuenta de X.

Desde su reclusión en el penal de Chonchocoro, acusado en el caso Golpe de Estado I, Camacho detalló una lista de al menos 14 casos de supuesta corrupción, entre ellos, el conocido caso del Fondo Indígena, el caso CAMC y la expareja sentimental de Morales, el museo del exmandatario en Orinoca, Oruro y otros hechos, en los que hasta detalló el monto.

Camacho

“Son $us 11,035 millones que se llevó la corrupción y el despilfarro de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. La corrupción fue y es monumental y la impunidad también, ningún dirigente mbsista importante está preso por el daño histórico que le hicieron a Bolivia”, agregó Camacho.

El gobernador de Santa Cruz está privado de libertad desde el 30 de diciembre de 2022. El proceso que enfrenta busca esclarecer los hechos precedentes al derrocamiento del expresidente Evo Morales, que dejó el cargo el 10 de noviembre de 2019. Entonces, una convulsión social y política lo acorraló, luego de que las protestas por un supuesto “fraude monumental” en las elecciones generales del 20 de octubre de ese año cobraran fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para la dimisión.

Camacho fue el principal actor de la masificación de las protestas, en su calidad de presidente del Comité pro Santa Cruz, desde donde exigió la renuncia de Morales.