Nacional

martes 26 oct 2021 | Actualizado a 17:42

Presidente llama a masiva concentración el 14 de junio en estadio Tahuichi Aguilera para recibir a mandatarios del G77+China

El Mandatario dijo que mejor recibir a los vistantes con tarqueadas y vestimenta tradicional, como ponchos y polleras, para mostrar el pueblo del Estado Plurinacional

/ 7 de mayo de 2014 / 17:15

El presidente Evo Morales llamó hoy a los sectores sociales del país a estar presentes el 14 de junio a las 15.00 en el estadio departamental de Santa Cruz “Tahuichi Aguilera” para recibir a los mandatarios que asistan a la Cumbre del Grupo de los 77 más China (G77+China) y que quieran estar “con el pueblo”.

La convocatoria fue lanzada durante la inauguración de un coliseo deportivo en la localidad de Cosapa, en el departamento de Oruro, donde Morales se refirió al encuentro internacional que pretende reunir a delegaciones de 133 países en la capital cruceña los días 13 y 14 de junio.

“Hemos decidido que a las tres de la tarde del 14 de junio en el estadio departamental de Santa Cruz Tahuichi Aguilera va a ver una masiva concentración y mi pedido personal, que representa también al Gobierno, a la Central Obrera Departamental (COD), a las autoridades originarias acompañarnos”, sostuvo el Jefe de Estado.

Morales añadió que se trató de una decisión adoptada por todas las fuerzas sociales por lo que pidió a prepararse para la gran concentración para recibir a los presidentes que  “quieran estar con el pueblo”.

El G77+China agrupa a 133 países y es uno de los bloques más influyentes después de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Morales aseveró que el hecho de que la presidencia del foro haya recaído en Bolivia es en “reconocimiento del liderazgo mundial”.

En 2013, Bolivia fue elegida como sede del G77+China y en enero Morales asumió la presidencia del bloque.

“Cuando hay cumbre de presidentes con motivo de trabajo bilateral hemos preparado siempre concentraciones y algunos presidentes les gusta y me preguntan Evo va haber concentración con el pueblo”, indicó.

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La APDHB de Carvajal lanza campaña para liberar a ‘presos políticos hasta el 10 de diciembre

La presidenta de la APDHB, Amparo Carvajal, pidió a la comunidad internacional y nacional definir cómo se puede lograr esa meta. Se identificó a 45 “presos políticos”

Amparo Carvajal. Foto: Fides.

/ 26 de octubre de 2021 / 17:25

La presidenta de la Asociación Permanente de Derechos Humanos (APDHB), Amparo Carvajal, inició una campaña con el objetivo de lograr hasta el 10 de diciembre la “libertad de los presos políticos”, fecha en la que se recuerda el aniversario de la institución.

“Es por esta razón que nos ponemos en campaña, junto con todos los que quieran adherirse, a solicitar la libertad de los presos políticos para que el 10 de diciembre de 2021, fecha en que se recuerda la fundación de la APDHB, todos los presos políticos puedan estar libre y defender su verdad”, establece el pronunciamiento que lleva la firma de Carvajal, crítica al gobierno del MAS y de Luis Arce.

A través de una carta, Carvajal pidió el 12 de octubre al fiscal General, Juan Lanchipa, gestionar la libertad de 45 personas vinculadas al caso golpe de Estado, a las masacres de Sacaba y Senkata, y a otros procesos.

En la lista están la expresidenta Jeanine Áñez, sus dos exministros, excomandantes de las Fuerzas Armadas y exjefes de la Policías, además de otros acusados como el exdirector de Migración Marcel Rivas y los integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala Yassir Molina, Milenka Soto y Mario “Tonchi” Bascopé.

Carvajal dio “la oportunidad de que la comunidad nacional e internacional identificada con la lucha de los derechos humanos defina cómo podemos lograr la libertad de los presos políticos”.

La presidenta de la APDHB exige la libertad de exautoridades como de Áñez y de los militares y policías procesados por la muerte de una veintena de personas en las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019.

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Derechos Humanos: El oficialismo se abre a debatir y la oposición pide ‘contrapesos’

La aplicación de justicia a los responsables de las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 fue analizada en el programa Piedra Papel y Tinta de La Razón

El senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Rubén Gutiérrez y la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena en una entrevista en el programa Piedra Papel y Tinta de La Razón.

/ 26 de octubre de 2021 / 16:19

La necesidad de diálogo y concertación entre oficialismo y oposición sobre todo en temas como democracia y derechos humanos, así como la importancia de “contrapesos” o equilibrio en los poderes del Estado ante una eventual “concentración de poder” en la administración de Luis Arce, fueron analizados en el programa Piedra Papel y Tinta de La Razón.

En este programa streaming, conducido por Claudia Benavente directora de este medio informativo, participaron el senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Rubén Gutiérrez, así como la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena.

En la oportunidad, al conversar sobre la importancia de aplicar acciones legales a los responsables de las masacres de Sacaba y Senkata, tras los anulados comicios de 2019, el legislador del partido en función de Gobierno precisó que “tratándose de derechos humanos uno tiene que tomar partido por la vida” y en eso pueden “convenir” con la oposición, situación que fue aceptada por la senadora Requena.

“No te vamos a convencer, no te voy a decir ven apóyanos en esto y en otros donde tenemos un modelo de país, tenemos visiones diferentes. Nosotros tenemos la revolución democrática, cultural, el proceso de cambio. Ustedes tienen su visión pero en temas de derechos humanos, que por cierto es una tarea, podemos avanzar”, señaló Gutiérrez.

El legislador oficialista aprovechó para negar que la administración de Luis Arce pretenda “concentrar poder” a través de leyes cuando apenas se va cumplir un año de la gestión de Gobierno.

“Hay demasiada susceptibilidad, no es cierto que todo se está armando a favor del Órgano Ejecutivo para controlar la sociedad, no va ser así porque el pueblo boliviano sabe y a nosotros no ha dicho administren el nivel central del Estado (como resultado de las elecciones de octubre de 2020) y en algunos departamentos nos dijo ustedes no. Con su voto se ha pronunciado, en el caso de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz”, dijo.

En ese contexto, Gutiérrez reiteró: “Yo creo que en algún momento tenemos que sentarnos (a dialogar) en algunos temas pero no en todos. Si en todos nos queremos poner de acuerdo no vamos a poder pero en uno ahí está el tema de los derechos humanos”.

En respuesta, la senadora por CC, Cecilia Requena expresó que en el tema de derechos humanos debería haber “convergencia”, para que prevalezcan la justicia pero alertó que no se puede aplicarla sin una reforma en el sector que lo administra.

“Si es que el problema es que no se puede hacer la justicia suficientemente rápida (reforma), podemos generar soluciones intermedias que se han generado en otros países como tribunales creíbles que realmente nos lleven a la verdad, que es lo que yo creo merece este país para poderse reconciliar”, sostuvo.

Argumentó que esa posición diferencia a Comunidad Ciudadana del accionar del Gobierno. “En eso nos diferenciamos mucho, de muchas personas, que creen locamente —en mi opinión— que podemos olvidar y anular a la otra mitad de este país. Una mitad no se va a imponer sobre la otra mitad y ni una mitad va a hacer desaparece a la otra mitad. Eso me parece tan elemental, pero además de eso que es una cuestión de orden práctico, no tenemos derecho de hacer eso en democracia. Necesitamos en los marcos de la ley y los derechos humanos, respetarnos”, dijo.

Respecto al tema de concentración de poder en el Órgano Ejecutivo, la legisladora de oposición observó que es “muy peligroso” que exista un Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo (Conal) que pueda definir a quién se investiga las cuentas sin ningún tipo de “correlato judicial” y que el INE sea la única entidad que pueda brindar estadísticas oficiales eliminando el sistema descentralizado.

“Yo si veo una concentración en el Poder Ejecutivo de demasiado poder (…) Siempre es bueno y quisiera que haya contrapesos. Yo quisiera que haya un Poder Judicial que pueda decirle a alguna autoridad, usted se pasó de la línea. Yo quisiera que pueda haber un Legislativo que pueda fiscalizar bien al Ejecutivo. Es decir, más allá de que uno crea que somos muy virtuosos, que tenemos las mejores intenciones y aunque así fuera, siempre y eso es muy bueno que haya equilibrio y estamos eliminando (Gobierno) los equilibrios y de hecho el Poder Judicial no existe como equilibrio”, justificó.

También observó que la Asamblea Legislativa tampoco está funcionando con equilibrio. “Está funcionando como un canal de aprobación de leyes que vienen desde el Ejecutivo con esa intención —insisto— de concentrar demasiado poder en el Ejecutivo. Un poder que se está extendiendo a instituciones como la militar y la policial, también a los datos y la sociedad, eso es muy preocupante y eso es un tema de fondo que espero se pueda debatir en adelante porque creo que no es bueno para el país”.

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Régimen Penitenciario coadyuva acciones con instituciones por casos de tortura al interior de cárceles

El Sepret informó que en cinco meses se identificaron al menos 23 casos de tortura en estos recintos.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, en conferencia de prensa.

/ 26 de octubre de 2021 / 13:55

Luego de conocerse un informe sobre 23 casos de tortura identificados en centros penitenciarios, entre mayo y octubre de este año, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, afirmó este martes que se realizan las acciones recomendadas por instituciones tutelares de derechos humanos de los privados de libertad.

“Lo estamos haciendo, tenemos reuniones constantes con estas instituciones tutelares de los derechos. Ellos regresan a los centros y corroboran que nosotros hemos tomado las acciones correspondientes”, explicó en una entrevista con La Razón Radio.

El Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) informó el lunes que en cinco meses de este año se identificaron al menos 23 casos de tortura al interior de cárceles, y que el más reciente es el ocurrido en el penal de Chonchocoro de La Paz, con la muerte de Cristofer Q.P.

Limpias sostuvo que además del Sepret, el Defensor del Pueblo y otras instituciones, que velan por el respeto de los derechos humanos de privados de libertad, realizan visitas contantes a los recintos y hacen llegar sus observaciones para que, en un tiempo pertinente, Régimen Penitenciario asuman las acciones respectivas.

“Nosotros estamos atendiendo esas denuncias para que se puedan esclarecer”, indicó.

En junio de este año, el Sepret informó que realiza el seguimiento a 180 casos de tortura y violencia de Estado registrados entre 2019 y 2020. La directora de esta instancia, Nadeshda Guevara, aclaró entonces que la tortura se comete siempre y cuando el autor sea un funcionario público.

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Régimen Penitenciario se sumará a proceso por la muerte de Cristofer Quispe en Chonchocoro

Juan Carlos Limpias afirmó que se está disponiendo de todo lo necesario para que la Fiscalía realice las investigaciones del hecho.

El Penal de Chonchocoro

/ 26 de octubre de 2021 / 13:41

A tiempo de comprometerse que no se encubrirá a ningún funcionario policial implicado en la muerte por torturas de Cristofer Quispe en el penal de Chonchocoro de La Paz, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, anunció este martes que su despacho se sumará a la querella por este hecho.

“No vamos a encubrir a nadie y creo que es una muestra clara, estamos poniendo absolutamente todo a disposición del Ministerio Público para que los que han estado implicados sean sancionados como corresponde. Es más, hemos anunciado que nos vamos a sumar al proceso, al igual que la dirección Nacional de Seguridad, el Defensor del Pueblo y el Sepret (Servicio de Prevención de la Tortura)”, informó Limpias en entrevista con La Razón Radio.

Sostuvo que se trata de una cadena de instituciones que demandan una “sanción ejemplarizadora” para los responsables de este hecho. “Lo que ha pasado con este privado de libertad, más allá de la situación del delito, son temas que tocan la sensibilidad de la administración penitenciaria de estas instituciones y sobre todo de la opinión pública”.

Aunque la autoridad evitó dar datos sobre las circunstancias de la muerte de Cristofer, quien apareció muerto y con signos de tortura en su cuerpo el domingo 17 de octubre, afirmó que se deja en manos del Ministerio Público la investigación y la acusación de los implicados.
“No queremos entorpecer las investigaciones, sería irresponsable de mi parte dar información que está en manos de la Fiscalía”.

Los familiares de Cristofer denunciaron que el interno sufrió torturas por parte de efectivos policiales de Chonchocoro con anterioridad y que estas se intensificaron tres días antes de su deceso.

El lunes, la Fiscalía informó que el teniente de Policía Wilson P. fue aprehendido por estar supuestamente involucrado en la muerte de Cristofer. El fiscal Ruddy Terrazas explicó que, por testimonios recolectados y registros al lugar del hecho, existen indicios de que el efectivo policial “tuviera una participación de autoría”.

El viernes, la Dirección de Régimen Penitenciario informó que el gobernador, el jefe de seguridad y dos efectivos de seguridad interna de Chonchocoro fueron cambiados para evitar su injerencia en las investigaciones.

Limpias también se refirió al bus en desuso donde su puestamente se aplicaban torturas. Admitió que allí se hacía la “contención” de reclusos de alto riesgo, aunque negó antecedentes de denuncias sobre torturas realizadas al interior de este motorizado.

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Régimen Penitenciario justifica operativo de traslado de Yassir Molina a penal de Oruro

“No nos olvidemos que ha sido encontrado con celulares en el penal de San Roque, con un objeto punzocortante artesanal, que también se ha encontrado en su celda; las mismas denuncias se repitieron en Cantumarca”, afirmó Juan Carlos Limpias.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, en una entrevista con La Razón Radio.

/ 26 de octubre de 2021 / 13:32

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, aseguró este martes que el operativo de traslado del líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, del penal de Cantumarca, en Potosí, al de San Pedro, en Oruro, tenía el objetivo de garantizar y preservar su vida.
“Nos han hablado de que se ha montado un operativo grande, no es así. Nosotros creemos que, si se estaba yendo a la ciudad de Oruro, tenemos que precautelar su integridad (física), qué pasa si yo lo llevo con dos policías para entregarlo con la orden judicial y pasa alguna turba, lo quiere maltratar o algo, la responsabilidad recae sobre nosotros”, explicó en La Razón Radio.
El ingreso de Molina al penal de Oruro se realizó la madrugada del lunes, en medio de un fuerte contingente policial. Un grupo reducido de mujeres se encontraba en las cercanías con pedidos de libertad para el acusado.
Limpias agregó que los antecedentes que se están generando por la presencia de Molina en los centros penitenciarios dan lugar a que se trataría de un privado de libertad con características “de alta peligrosidad”.
“No nos olvidemos que ha sido encontrado con celulares en el penal de San Roque, con un objeto punzocortante artesanal, que también se ha encontrado en su celda; las mismas denuncias se repitieron en Cantumarca. Los mismos privados de libertad han afirmado que Cantumarca es tranquilo, productivo, y no quieren tener este tipo de elementos, por eso la manifestación que realizaron. Esperemos que ese comportamiento vaya a ser cambiado en el centro penitenciario de San Pedro de Oruro”.
El cambio de prisión se debió a un motín de los reclusos de Cantumarca, en Potosí, donde se acusó a Molina de conformar grupos de poder con el fin de extorsionar a la población carcelaria.
En septiembre, los privados de libertad de San Roque, en Chuquisaca, hicieron lo mismo, por lo que el cabecilla del grupo fue llevado a Cantumarca.
La RJC participó en al menos nueve hechos de violencia y hostigamiento, según las investigaciones que desarrolló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la violencia en la crisis poselectoral de 2019.
Molina y otros integrantes de la Resistencia enfrentan procesos, uno de ellos por destrozos a la infraestructura de la Fiscalía General del Estado cuando protagonizaron una revuelta exigiendo la renuncia del titular, Juan Lanchipa, en octubre del año pasado.
La Embajada de Estados Unidos pidió al Gobierno boliviano el desmantelamiento de grupos como la RJC, a los cuales el informe del GIEI catalogó como paraestatales o parapoliciales, luego de las denuncias de acoso por parte de activistas estadounidenses en derechos humanos.

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