Nacional

Tuesday 14 May 2024 | Actualizado a 21:57 PM

Advierten que policías y militares alteran el rol de sus asociaciones

Crisis. Uniformados y diputados dicen que los toman como sindicatos

/ 14 de julio de 2014 / 04:00

Tras las inéditas protestas de policías y militares de baja graduación registradas este año, por mejoras salariales y para pedir la “descolonización” de las Fuerzas Armadas (FFAA), jefes de ambas instituciones y diputados, advirtieron que los uniformados desvirtuaron el rol de sus asociaciones.

Ante esos criterios, este diario intentó entrevistar a los dirigentes de la Asociación Nacional de Sargentos y Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Ascinalss) y de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), pero no lo logró. Los primeros, de un directorio nuevo, indicaron que no tenían autorización superior, mientras que los segundos se excusaron de declarar porque así se comprometieron ante al Gobierno, mientras negocien su mejora salarial.

En mayo, militares iniciaron una movilización para exigir la descolonización de las FFAA y eliminar la discriminación. Al no tener respuesta a sus demandas protestaron. Ahora, tres de sus líderes enfrentan un juicio castrense. El 3 de julio, policías de bajo rango se replegaron para exigir una mejora salarial. Ya protagonizaron cuatro protestas desde 2002.

Norma. Ante esos hechos, una alta fuente de las FFAA, que pidió la reserva de su identidad, señaló que los militares de baja graduación se equivocaron en utilizar la función de Ascinalss, ya que lo hicieron con carácter político, hecho que violó la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA).

También aseguró que la Ascinalss no es parte de la estructura orgánica de las FFAA, ya que es una asociación creada mediante resolución prefectural sin fines de lucro. No obstante, es reconocida por la institución castrense. “Los estatutos de Ascinalss definen que tiene carácter económico social (préstamos internos), cultural, deportivo y apolítico, respetando la libertad de culto de sus asociados, pero de igual forma se rigen por las leyes militares”, expresó.

Otro jefe, esta vez de la Policía Boliviana, que también pidió el anonimato, informó que la Anssclapol fue creada con un fin social para ayudar a los miembros de la tropa, pero no de forma política o sindical, como lo hacen ver actualmente. Por ello, el Alto Mando habilitó los Suboficiales Comando, efectivos más antigüedad y superiores en grado, como conducto regular para hacer conocer las demandas de la tropa a las autoridades de esta institución.

En la Asamblea de Derechos Humanos dicen que en las FFAA y la Policía no hay canales creíbles para reclamar derechos de la tropa.

El primer secretario de la Cámara de Diputados, Carlos Aparicio, cuestionó las protestas y aseguró que detrás de ellas hay afanes políticos. “Están confundiendo los roles para los que fueron creadas estas instituciones (Ascinalss y Anssclapol), por lo que deben reencaminar sus conductas, como instituciones de ayuda a sus camaradas, deben pensar antes en la patria y en su institución”, dijo. Añadió que las movilizaciones afectan a la imagen de ambas instituciones, porque sus dirigentes hicieron primar temas personales.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Defensa y FFAA en Diputados, Efraín Balderas, pidió a los efectivos de bajo rango respetar el “alma” de sus asociaciones y no vulnerar la Carta Magna.

Procesos tras las protestas

Medidas
Tras las movilizaciones de los militares de baja graduación, a la fecha existen tres suboficiales con detención preventiva, todos exdirigentes de la Ascinalss.

Cambio
Por el problema en las FFAA, hay nuevo directorio en Ascinalss que será posesionado la próxima semana.

Sumario
En el conflicto de la Policía el sargento Pedro Ticona tiene baja definitiva, ya que encabezó la última movilización en La Paz.

APDHB: Las FFAA y la Policía carecen de canales creíbles

Herrera indica que no  hay medios para atender demandas de la tropa

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) denunció que dentro de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FFAA) no existen los medios confiables para defender los derechos de los efectivos de baja graduación.

La denuncia surgió por las represalias contra dirigentes de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos (Ascinalss) y la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), que protagonizaron movilizaciones en mayo y junio, respectivamente. También porque dentro de las instituciones castrenses y policiales aseguran que ambas asociaciones desvirtuaron sus funciones asignadas.

“Estas instituciones (Ascinalss y Anssclapol) deberían incorporar dentro de su organización (estatutos), el que puedan realizar la petición de demandas de los que representan, porque lo que se está demostrando es que ni al interior de la Policía ni de las Fuerzas Armadas, existen canales confiables ni creíbles que puedan atender las demandas de los efectivos de baja graduación”, manifestó la presidenta de la APDHB, Yolanda Herrera.

Explicó que al no existir esos medios de reclamo, es evidente que ambas instituciones citadas no cumplen el rol de escuchar, atender y respetar los derechos humanos. Por ello, tampoco atienden aquellas problemáticas como las que se suscitaron en meses pasados. “Está reconocido que no cumplen la Ley de Lucha Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación y la Constitución Política del Estado”, acotó.

Herrera aclaró que las dirigencias de Ascinalss y Anssclapol asumieron una posición de defensa al pedido de los efectivos de baja graduación, acción que es reconocida como libertad de expresión para exigir los derechos.

Entretanto, la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sandra Soriano, titular del Comité de FFAA y Policía de la Cámara Alta, afirmó que es un error la denuncia de la APDHB, ya que no entiende que ambas instituciones del Estado tienen un mandato constitucional, por lo que no deliberan y ni hacen política, menos protestas en las calles como lo hicieron en pasados meses.

“No significa que no tengan derechos, pero que se movilicen no es válido porque tienen los canales respectivos para solicitar sus demandas, lo que no utilizaron los sargentos y suboficiales para demandar sus peticiones”, remarcó la asambleísta oficialista.

Soriano aseguró que algunos dirigentes de ambas instituciones efectuaron las movilizaciones con otro tipo de intereses. Además que existe el canal respectivo para que los uniformados hagan conocer sus denuncias si es que se presentara una situación de violación a los derechos humanos o discriminación, lo que se sanciona según las normas vigentes.

En mayo, el comandante en jefe de las FFAA, almirante Víctor Baldivieso, aseveró que en esa institución hay una oficina para que los uniformados efectúen denuncias de discriminación u otros actos, pero que no existían denuncias. El mismo mes, el malestar en efectivos de bajo rango se dio porque no atendían sus demandas de “descolonizar” la institución y erradicar la discriminación.

En julio, policías de baja graduación protagonizaron movilizaciones por una mejora salarial y tomaron como centro de protesta la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP). Este tipo de protestas se dio en cuatro oportunidades desde 2002.

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Tres personas son aprehendidas con casi 80 kilos de marihuana en la carretera Santa Cruz-Cochabamba

Los aprehendidos mostraron nerviosismo y contradicciones durante sus declaraciones, por lo que se procedió a la revisión del motorizado en el que se encontraban.

El motorizado en el que se transportaba la marihuana.

Por Daniel Zenteno

/ 14 de mayo de 2024 / 20:05

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) incautó, en un operativo en la carretera Santa Cruz-Cochabamba, casi 80 kilos de marihuana y aprehendió a tres personas y se quedó con el vehículo en el que se encontraban.

“El 12 de mayo de 2024, en la carretera antigua que conecta Cochabamba con Santa Cruz, se logró el secuestro de 79 kilos con 50 gramos de marihuana, además de la aprehensión de tres personas”, informó Jaime Mamani, viceministro de Sustancias Controladas.

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Operativo

Así, en esa oportunidad, según el viceministro, el personal antidrogas se encontraba realizando labores de “interdicción al narcotráfico”. Ahí, un vehículo llegó al punto de control a la altura de Bermejo, en la antigua carretera que conecta Santa Cruz y Cochabamba,

En el vehículo se encontraban tres personas; el conductor y dos acompañantes. Según Mamani, uno de ellos mostró bastante nerviosismo y contradicciones con sus compañeros respecto a las preguntas que realizaban los oficiales. A raíz de esos hechos, se decidió revisar el automóvil.

Marihuana

De esta manera se halló 150 paquetes, sellados al vacío, que contenían 79,5 kilos de marihuana. Los paquetes se escondieron previamente hábilmente en los costados laterales del vehículo.

“Ante la flagrancia del hecho, se procedió a la aprehensión de los involucrados y al secuestro de la sustancia y del vehículo”, establece el comunicado del viceministro de Sustancias Controladas.

Entonces. con éste, suman 9.003 aprehendidos a causa del narcotráfico en los últimos tres años, de acuerdo a los datos de este viceministerio.

El pasado viernes, Mamani presentó un informe de los resultados durante su gestión como viceministro. En aquella oportunidad ratificó el compromiso que existe en la lucha contra el narcotráfico.

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Choquehuanca solicita al TCP adelanto de sorteo de causa y resolución de la acción de defensa sobre las judiciales

Alurralde destacó que desde la Presidencia de la Asamblea existe la predisposición para generar espacios de diálogo y trabajo que contribuyan a la materialización de las elecciones judiciales,

Asamblea Legislativa. Foto: Archivo La Razón

/ 14 de mayo de 2024 / 19:38

Juan Carlos Alurralde, secretario general de la Vicepresidencia, informó que el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, presentó un memorial al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) solicitando el adelanto del sorteo de causa y la resolución de la acción de defensa interpuesta en el proceso de preselección de las altas autoridades del Órgano Judicial.

“Se presentó al Tribunal Constitucional Plurinacional un memorial solicitando el adelanto del sorteo de causa para que una Sala Constitucional resuelva la revisión del fallo de la Sala Constitucional de Cobija, teniendo en cuenta la coyuntura nacional, la trascendencia y la importancia respecto al cumplimiento de las reglas del proceso democrático de elección de altas autoridades jurisdiccionales”, expresó.

Destacó que desde la Presidencia de la Asamblea existe la predisposición para generar espacios de diálogo y trabajo que contribuyan a la materialización de las elecciones judiciales, en conformidad con el orden institucional establecido en la Constitución Política del Estado.

Lea más: El Senado anuncia ley corta para ampliar entre 30 y 40 días la preselección para las judiciales

Respecto a las notas enviadas por los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, explicó que los informes adjuntos a las notas remitidas a la Vicepresidencia no mencionan la aprobación de ningún instrumento de acción parlamentaria para la consideración y debate en el pleno de la Asamblea.

Informó además que los informes no cumplieron con ciertas formalidades establecidas en el Reglamento General de la Cámara de Diputados.

Asimismo, destacó la importancia de considerar la independencia, separación, coordinación y cooperación de los órganos de poder público, en particular el Judicial y el Legislativo, conforme a la Constitución.

“La resolución emitida por la autoridad jurisdiccional, de acuerdo con la normativa, debe ser enviada para revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia que puede confirmar o revocar, en todo o en parte, la decisión de la autoridad judicial inferior a través de una Sentencia Constitucional, que debe ser emitida previo cumplimiento de un procedimiento”.

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El Senado anuncia ley corta para ampliar entre 30 y 40 días la preselección para las judiciales

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

Por Boris Góngora

/ 14 de mayo de 2024 / 19:32

Los jefes de bancada de la Cámara de Senadores y los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural anunciaron el tratamiento del proyecto de una ley corta para extender los plazos, entre 30 y 40 días, para el proceso de preselección para las elecciones judiciales.

El encuentro de los senadores fue dirigido por el presidente de esa instancia camaral, Andrónico Rodríguez, quien además dijo que se insistirá que el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, se involucre como manda la Constitución y cumpla su deber en este tema.

El 30 de abril, la Sala Constitucional de Pando dejó sin efecto el proceso de preselección la semana pasada, luego que la dirigente indígena y abogada Yeny Duri presentará una acción popular el 18 de abril, en el que denunció que la convocatoria de preselección no garantiza los derechos de las mujeres originarias.

La semana pasada, la Asamblea fue notificada con el fallo constitucional que dejó sin efecto el proceso y declaró la “inaplicabilidad” de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Supremo Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

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Legisladores dan la espalda a Huaytari por la acusación de ganancias ilícitas

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, es denunciado por haber incrementado su patrimonio de manera injustificada.

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari.

Por Daniel Zenteno

/ 14 de mayo de 2024 / 18:36

En medio de la denuncia de la Fiscalía contra Israel Huaytari, presidente de la Cámara de Diputados, por el presunto delito de ganancias ilícitas, varios legisladores, tanto del Movimiento Al Socialismo (MAS) como de la oposición le pidieron que dé un paso al costado.

“Pedir que el diputado Huaytari, primeramente, renuncie al cargo de presidente de la Cámara de Diputados y después pueda pedir licencia para seguir el proceso que se le viene solicitando”, exigió Juan José Torrez, diputado de Comunidad Ciudadana (CC) en entrevista con DTV.

El proceso contra Huaytari se denunció por la Fiscalía luego de una pesquisa de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Denunciaron un presunto aumento injustificado en su patrimonio.

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Pese al respaldo ofrecido por el jefe de bancada de su partido, Jerges Mercado, otros legisladores del MAS no se solidarizaron con Huaytari.

Los senadores arcistas Andrés Flores y Felix Ajpi, coincidieron en que el presidente de la Cámara de Diputados debe dejar la presidencia de esta instancia. En criterio de los legisladores, de esta manera, Huaytari podría resolver con mayor tranquilidad el proceso en su contra.

Renán Cabezas, diputado del ala evista del MAS, argumentó que Verónica Challco, primera vicepresidenta de Diputados, podría tomar la presidencia durante la investigación a Huaytari.

“Vamos a exigir que se altere el orden del día y se incorpore un debate para tener una resolución y alejar de su cargo a Israel Huaytari, debería dar un paso al costado, ser suspendido en la Cámara de Diputados”, criticó en conferencia de prensa.

Huaytari, por su parte, insiste en su inocencia. Inclusive, propuso levantar su secreto bancario para corroborar que sus ingresos no se incrementaron.

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Por caso Decretazo, notifican a director de Chonchocoro para traslado de Camacho a Santa Cruz

La Justicia además ordena “al gobernador Chonchocoro coordinar con Régimen Penitenciario para el traslado de Camacho de La Paz a la ciudad de Santa Cruz, debiendo ser puesto bajo custodia del gobernador de Palmasola un día antes de la celebración del juicio oral”.

Luis Fernando Camacho, en la cárcel de Chonchocoro.

Por Boris Góngora

/ 14 de mayo de 2024 / 18:29

La Justicia notificó al director del penal de Chonchocoro de La Paz, mayor Marco Gonzales, con la orden para el traslado del gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho a Santa Cruz para el inicio de su audiencia de juicio oral del 27 de mayo.

“El Tribunal de Sentencia Octavo de la Capital, dentro del marco de aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal, se encuentra preparando la audiencia de juicio oral… que sigue el Ministerio Público contra Luis Fernando Camacho Vaca para la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes… su autoridad deberá tomar las previsiones para asegurar la presencia del nombrado… el lunes 27 de mayo a horas 08.15”, señala parte de la notificación.

La notificación se realizó el jueves 9 de mayo por el Tribunal de Sentencia Octavo, que además ordena “al gobernador de Chonchocoro coordinar con Régimen Penitenciario para el traslado de Camacho de La Paz a la ciudad de Santa Cruz, debiendo ser puesto bajo custodia del gobernador de Palmasola un día antes de la celebración del juicio oral”.

En el caso Decretazo, Camacho está imputado por la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, eso por la aprobación de un decreto departamental antes de un viaje a Brasil, en marzo de 2022.

Entonces, la autoridad cruceña encargó sus funciones al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro. Pero según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, esa responsabilidad le correspondía al vicegobernador Mario Aguilera. Con ese fin, Camacho promulgó el 9 de marzo el Decreto Departamental 373.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, pidió a la Justicia que se llegue a un análisis más profundo, respecto al traslado de Camacho a Santa Cruz, esto en razón a la seguridad del privado de libertad, como de sus custodios.  

“Insistimos como administración penitenciaria… que se llegue a un análisis más profundo, respecto a todos los elementos que ha dado este centro penitenciario. Hay una responsabilidad respecto al cuidado (para que) no haya algún tipo de agresiones, no solo al privado de libertad, sino estamos encargados de precautelar la integridad física, la vida, la salud de cada privado de libertad, pero no solamente eso, sino también la responsabilidad del director de este centro penitenciario es precautelar por la seguridad de sus mismos policías”, dijo Limpias a Unitel.

Señaló que se va a esperar lo que diga la Justicia y que en el transcurso de los días se informará lo que se vaya desarrollando.

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Martín Camacho, defensa del gobernador cruceño, señaló que “no hay una excusa” para el traslado de la autoridad cruceña.

“En realidad, es una obligación, no es una posibilidad. La Ley 2298 en su artículo 110 (señala que) no es una obligación del director nacional, sino del director de cada centro penitenciario el cumplir con las órdenes judiciales para los traslados a las audiencias, en este entendido, no hay una excusa que se pueda presentar”, dijo el jurista.

Añadió que los informes a los que hace referencia Limpias fueron presentados el 11 de marzo y los mismos fueron valorados por el Tribunal de Sentencia.

“(Esos informes) fueron considerados como superfluos para no dar conocimiento a una orden judicial, en este entendido lo único que está haciendo es fortalecer el error, pero además instigar a que se cometa incumplimiento de deberes por parte del mayor Gonzales”.

El gobernador cumple detención preventiva en Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, desde diciembre de 2022. Este proceso indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cuando renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de los militares.

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