El “modus operandi” de la red de ciberestafadores y ciberextorsionadores salió a la luz. La Policía describió que la organización criminal desbaratada el miércoles realizaba hasta amenazas de muerte desde el “call center” de Santa Cruz hasta al menos cuatro países.

Ciudadanos, deudores, de Chile, Ecuador, México y Perú eran sus víctimas; según la conferencia de prensa brindada por el comandante general de la Policía, Álvaro Álvarez. Primero se aplicaba un tono amable para el cobro, el cual cambiaba radicalmente si no había resultados.

“Es plata o plomo, te estoy diciendo de pecho y de frente; tome una buena decisión”, se escucha en un audio divulgado este viernes por Álvarez, el cual fue presentado como evidencia de este caso y que presenta a un supuesto funcionario colombiano del “call center”.

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El miércoles, un megaoperativo en el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz desarticuló una red de ciberextorsionadores que operaba en una empresa fachada. Más de un centenar de personas, sobre todo empleados, quedaron aprehendidos. Al final, nueve se mantuvieron bajo custodia policial.

Un implicado más se sumó a quienes están en la mira de la Fiscalía. El jueves en la noche se presentó la imputación por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Todos esperan su audiencia cautelar.

Asimismo, las ciberextorsiones que tenían como destino a Bolivia, se realizaban desde Ecuador, reveló Álvarez. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, indicó que esta red migró de Perú en noviembre; país en el que fue descubierta por las autoridades.

Ante las elecciones generales de 2025, el debate en torno a la repostulación del expresidente Evo Morales volvió a reavivarse. Sin embargo, el procurador César Siles fue tajante al insistir en que el artículo 168 de la Constitución, la Opinión Consultiva 28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y la Sentencia Constitucional 1010/23 indican que aquel ya no puede presentarse como candidato.

“En Bolivia se aplica el artículo 168 tal como está redactado; únicamente se puede acceder a la reelección presidencial en Bolivia por una vez de forma continua y no hay debate aquí de ¿discontinua se puede más? No, una sola vez está permitida, aquí se termina la discusión”, afirmó el funcionario en conferencia de prensa.

El artículo 168 de la Constitución señala: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.

En 2016, al no contar con la opción de una nueva repostulación luego de la de 2014, Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS) impulsaron el referéndum para la modificación de ese artículo de la Constitución. En la consulta del 21 de febrero de ese año, el No a la modificación de la Constitución se impuso con un 51,3% de los votos y el Sí logró 48,7%.

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En tanto, la Opinión Consultiva 28/21 concluye en que su objetivo no es limitar la reelección presidencial en general, solo establecer los límites para que un mandatario que ya está en el poder no pueda perpetuarse en el mismo.

A raíz de ello, varios juristas evistas consideraron que la Corte-IDH no se refiere a los mandatos discontinuos y que Morales está habilitado como candidato para las elecciones de 2025.

El procurador consideró que se trata de interpretar el artículo, tal como se hizo en 2017, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia Constitucional 084/2017, que permitió a Morales presentarse en las elecciones del 2019 como candidato.

Siles explicó que en ese entonces la Corte-IDH no había emitido la Opinión Consultiva 28/21 y que había cierta ambigüedad respecto al derecho humano a la repostulación.

“Ya se ha presentado a una reelección, ya ha sido reelecto, ya no tiene derecho a presentarse a una elección presidencial”, sentencipo Siles en relación a Morales.

De acuerdo con el procurador, no hay manera de desconocer o desobedecer lo señalado por la opinión consultiva, puesto que el artículo 410 de la Constitución señala que los tratados y convenios internacionales, en materia de derechos humanos, son de cumplimiento obligatorio.

Confirmado el viaje del presidente Luis Arce a Rusia, el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, deberá asumir la presidencia interina en su ausencia. Así, se presume que el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, asuma la titularidad, también interina, de la Asamblea Legislativa.

Los legisladores del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de la oposición consideran que es una oportunidad para la convocatoria a la tan requerida sesión del pleno del Órgano Legislativo. El único objetivo sería tratar y definir el devenir de las elecciones judiciales.

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Convocar

“Se podría hacer viable convocar al pleno y a partir de eso garantizar las elecciones judiciales (…); siempre ha estado buscando una salida salomónica (Rodríguez)”, auguró el diputado evista Freddy López en conferencia de prensa.

“Vamos a saber si Andrónico está con las intenciones de sacar a los prorrogados (…); él debe convocar, tiene la obligación de convocar a sesión de Asamblea”, cuestionó Oscar Michel, diputado de Creemos, en conferencia de prensa.

El diputado de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, considera que es el momento para que Rodríguez muestre que sus críticas no son discursivas, sino que realmente quiere ‘destrabar’ el proceso de preselección.

El viaje del presidente Arce fue confirmado por la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. El mandatario deberá reunirse con su par ruso, Vladimir Putin, el próximo miércoles.

Judiciales

Con las elecciones judiciales en vilo, ahora que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó el fallo de la Sala Constitucional en Pando, que paralizó todo el proceso, se piensa que el proceso de preselección podría retomarse con normalidad.

Sin embargo, los presidentes de las comisiones mixtas afirman que perdieron competencia, debido al desfase de los plazos, por lo que se debe emitir una ley corta o una resolución.

Rodríguez encabezó un “diálogo judicial” con el objetivo de llegar a un acuerdo. Sin embargo, fracasó ante la ausencia de Choquehuanca y del ala arcista. El presidente del Senado insiste en que la única salida constitucional es la sesión del pleno; el presidente de la Asamblea, por su parte, pasa la responsabilidad a las comisiones mixtas.

En diciembre de 2023, Rodríguez asumió la presidencia interina del Estado, debido a que tanto Arce como Choquehuanca asistieron en conjunto a un evento. Intentó definir con las tres fuerzas políticas cómo actuar frente a la finalización de mandato de altos cargos del Órgano Judicial y TCP, frente a la no realización de elecciones judiciales ese año.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, explicó el modus operandi de la banda de ciberestafadores que operaba en Santa Cruz, Bolivia, desde Ecuador, México, Perú y Chile.

Los operadores eran más de un centenar de jóvenes, que se implicaron en el ilícito luego de ser reclutados por sus conocimientos básicos sobre internet y otras tecnologías.

El caso de ciberestafas salió a la luz el miércoles después de un megaoperativo en la capital oriental. Ahora, los imputados esperan por sus audiencias de medidas cautelares en celdas de la Policía Boliviana.

La Fiscalía informó sobre la aprehensión de un décimo implicado en ciberestafas internacionales desde Santa Cruz. Se trata de una joven de 19 años que presuntamente era socia capitalista de la organización criminal.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Aguilera explicó el caso.

Personas de diferentes nacionalidades captaban a estudiantes y otras personas para trabajar en servicios de “call center” que se encontraba en un inmueble, donde realizaban llamadas para cobrar a personas deudoras en otros países. Y, en caso de no ser efectivos los pagos, se intimidaba y amedrentaba a las víctimas.

Según el Ministerio Público, la empresa que se constituía en fachada de la red criminal estaba muy bien estructurada, debido a que contaba ejecutivos y hasta personal de recursos humanos.

Los miembros de la firma tenían conocimientos en informática, eran casi licenciados y presentaban certificación de antecedentes, dijo Aguilera.

En dicho centro se encontró a más de 100 personas organizadas en bloques que eran “estaciones de trabajo”. Cada persona contaba con libretas con nombres, anotaciones de montos de dinero y cuentas bancarias para realizar las presuntas extorsiones.

Previamente, este “personal” era adoctrinado por ciudadanos bolivianos como Percy R. D. Con esa capacitación, los jóvenes llamaban al extranjero con el uso de “chips de distintas compañías” telefónicas.

El viceministro Aguilera contó que este caso fue descubierto gracias a la “cultura de los bolivianos de acercarse a su Policía. “En el último caso, y en el anterior, hemos coordinado con un periodista que nos brindó información”, contó.

Por eso, nuestros policías hicieron “penetración e infiltración” en esas organizaciones criminales. Con una verificación in situ se ha establecido horarios de entrada y salida; luego se hizo depósitos para establecer la titularidad de las cuentas, dijo.

Luego de ese trabajo se logró intervenir, a través de una “granja de datos”, las actividades de las primeras nueve personas aprehendidas.

Aguilera destacó que, actualmente, hay «un excelente porcentaje de interdicción» al ciberdelito.

En su explicación, los ciberestafadores saben de la necesidad y la vulnerabilidad de las personas, por eso no dan la cara y usan la tecnología virtual para aprovecharse de ellos.

Para eso, a través de la demanda u oferta de algún producto o servicio, ofrecen boletos aéreos, dispositivos y ofertas laborales.

Luego, las organizaciones criminales se ganan la confianza de las víctimas con algunos incentivos por sus adquisiciones, como envíos de premios, ventajas o rebajas de ciertos porcentajes. Posteriormente, envían un código QR, para que la víctima hace la transferencia.  “La corroboración del (destinatario) no se verifica nunca”.

Ante eso, Aguilera recomendó la iniciativa del “doble clik”, que, en su criterio, consiste en la corroboración de la “información” que ofrece el delincuente; esto puede ser un boleto de avión, que hay contrastarlo con la empresa aérea, o el depósito, con un banco.

Indicó que después de recibir los pagos, hay víctimas que sufren acoso permanente por parte de ciberestafadores que continúan pidiendo transferencias bancarias. “El delincuente jamás va a dar la cara. No les hagan caso, (sus amenazas) no se va a materializar”, debido a que su beneficio se sustenta en el anonimato.

Aguilera indicó que los ciberestafadores también tienen la ventaja de la «transnacionalidad» del delito; es decir, que por su naturaleza implican la transferencia transfronteriza como parte esencial de la actividad delictiva.

Sin embargo, admitió que no hay suficiente normativa penal para la interdicción y la sanción del cibercrimen. «En Bolivia, el robo de identidad no es un delito, sino un procedimiento de los ciberestafadores”.

Lamentó que haya varios casos en que las víctimas son de la tercera edad que, por su falta de conocimiento, aceptan todas las condiciones y, de ese modo, otorgan el control de sus dispositivos móviles a terceras personas (cibercriminales).

Por ello, recomendó hacer una verificación de dos pasos, no compartir información sensible y no aceptar cookies en plataformas digitales.

El anglicismo cookie, usado también galleta o galleta informática, es un término que hace referencia a una pequeña información enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del navegador.

También, se refirió a la implementación del “doble click”, un mecanismo de prevención que consiste en corroborar la información con todas las personas que se pueda para no caer en una estafa o fraude virtual.

“Debemos verificar la información con otras personas porque nos encontramos en vulnerabilidad”, dijo.

En este último caso, los primero nueve investigados que irán ante un juez son Lei Z., de nacionalidad china; los peruanos Gianella M. M. L, Luis A.F. S. y Franco R. R., además del colombiano Miguel A.F. (traductor del hombre de nacionalidad china) y los bolivianos Marcelo T. M., Percy R. D. y Fiorela S. V.

Este viernes fue aprehendida una joven de 19 años de edad.

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Quienes ganaron las elecciones subnacionales de 2021 en Santa Cruz con la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho y Mario Aguilera, gobernador y vicegobernador respectivamente, continúan con su disputa personal en medio de acusaciones y respuestas.

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Luego de que la Gobernación, ahora a cargo de Aguilera, iniciara un nuevo caso en contra de Camacho por las irregularidades en la firma de un poder, el gobernador electo ratificó que Aguilera es funcional al Movimiento Al Socialismo (MAS). 

“A mí se me ha acusado de muchas cosas desde hace más de tres años; efectivamente desde mayo de 2021. Hasta ahora no hay una sola prueba; entonces, lo invito respetuosamente al gobernador que muestra las fotos, alguna prueba. Mientras tanto, yo me voy a dedicar, no a la polarización, no a la búsqueda de separación (…), me voy a enfocar en cumplir mis obligaciones”, afirmó Aguilera, en respuesta a Camacho, a los medios.

Aguilera

Aguilera asumió el control de la Gobernación el 27 de enero de 2024 debido a la ausencia de Camacho, detenido en Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022. Su posesión se dio medio de una fuerte oposición de los camachistas. Ante ello, Camacho lo calificó como un títere del MAS, traidor y golpista.

Desde entonces, según el líder de Creemos, el MAS controla Santa Cruz debido a los pactos que hizo Aguilera para vender el departamento que, en su criterio, más riesgo representa al oficialismo.

“Le están afectando la posición, la situación, su secuestro; al final de cuentas, hay que remitirse a las pruebas”, insistió Aguilera.

En su detención, Camacho hace uso de sus redes sociales para referirse a temas de la coyuntura nacional y para fustigar las acciones de Aguilera.

Por ello, el gobernador suplente llegó a afirmar que en realidad Camacho no manejaba sus redes, sino que alguien más compartía los mensajes en su nombre.

Gobernación

“Juntos asumimos compromisos con nuestro pueblo, lo estoy haciendo. Estoy trabajando con todas las dificultades que este gobierno autónomo tiene”, criticó el gobernador suplente.

Una vez a cargo de la Gobernación, Aguilera inició una auditoría para conocer el estado interno de la institución. Los resultados hallaron varias irregularidades y develaron una situación económica complicada de la Gobernación.

Tal es la crisis que, recientemente, las direcciones y secretarías se vieron obligadas a reducir sus presupuestos en un 25%. Con el fin de hacer frente al déficit que proviene de gestiones anteriores.