La agenda urgente de la Asamblea Legislativa quedó estancada debido a las disputas internas en el Movimiento Al Socialismo (MAS), especialmente, y la oposición. Créditos y leyes se encuentran postergados sin fecha en razón de las divergencias.

El miércoles, la Cámara de Senadores rechazó uno de los créditos pendientes de resolución, de $us 62 millones; fue otorgado el 24 de noviembre de 2023 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la ampliación de la Línea Café del teleférico hacia la zona de Pampahasi, en La Paz.

De los nueve créditos derivados por la Cámara de Diputados, que hacen un total de $us 970 millones, Senadores aprobó cuatro (vía de ocho carriles Senkata-Apacheta, carretera Faja Norte y dos programas de electrificación rural), dos los devolvió y uno lo rechazó el miércoles.

Algunos proyectos de ley datan de enero de 2023 y tuvieron que ser encaminados, sin mucho éxito, por el acuerdo bicameral y tripartidario del 2 de febrero.

Debate

Dicho acuerdo señalaba que, una vez aprobada la Ley de Elecciones Judiciales (ahora Ley 1549), inmediatamente la Cámara de Diputados debía aprobar “al menos cuatro créditos” antes de “tratar” los proyectos de ley 073, de suspensión de plazos procesales, y 075, de cesación de funciones de los magistrados y consejeros electos en 2017 y prorrogados a través de Declaración Constitucional 049/2023, de diciembre de 2023.

Todo ese trámite debió ser resuelto en ambas cámaras hasta el 9 de febrero. Sin embargo, desde esa fecha poco se ha movido, incluso los créditos fueron aprobados en medio de bochorno y escándalo en Diputados.

Otro proyecto de ley que no pasó la prueba de las disputas entre las facciones arcista y evista del MAS fue el de Lucha Contra la Impunidad en Delitos Sexuales contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes, enviado por el presidente Luis Arce el 12 de mayo de 2023 al vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de titular nato de la Asamblea Legislativa.

Asamblea Legislativa

Sin embargo, la decisión más compleja que enfrentó la Asamblea Legislativa fue la convocatoria a elecciones judiciales que, en 2023 fracasó en dos ocasiones debido a sendos recursos y las disputas en el MAS y la oposición. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de la Declaración Constitucional 049/2023, tuvo la palabra final del proceso.

En la Cámara de Diputados, algunos legisladores cuestionaron la parálisis de sus tareas respecto de asuntos complejos. “En casi siete meses ha sesionado siete sesiones; o sea, una sesión por mes.”; denunció Cristina Choque, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Consideramos que no ha sido como anteriores gestiones, que se ha realizado una sesión solamente por una transferencia de terreno; eso no amerita, sino que, viendo el gasto de una sesión que a la Asamblea nos cuesta cada sesión, un promedio de Bs 35.000 arriba; no es conveniente”, justificó el martes el presidente de ese órgano camaral, Israel Huaytari.

Agenda

En esa cámara legislativa se encuentra paralizado el debate de los proyectos de ley 073 y 075; la Comisión de Constitución los había rechazado. El ala evista del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

El senador arcista del MAS Rubén Gutiérrez atribuyó el estancamiento de la agenda legislativa a las pugnas internas en su partido y también en la oposición; además, a la temprana “electoralización” del debate político.

“No existen los dos tercios (para llegar a acuerdos); ni siquiera se logra la mayoría absoluta”, lamentó ayer en La Razón Radio.

Bajo esa situación, las elecciones judiciales están de nuevo en vilo debido a los plazos.

El presidente Luis Arce reivindicó este viernes el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la ciudad de El Alto y advirtió que se corre el riesgo de perder la personería jurídica del partido, según los plazos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para renovar la directiva nacional.

“El Movimiento Al Socialismo tiene que seguir avanzando y eso no solamente tiene que ver con recuperar nuestro instrumento político como lo han planteado las organizaciones sociales. (Ellas) han madurado, han avanzado y hoy reclaman con justa medida, mediante un nuevo congreso del MAS-IPSP a llevarse a cabo en la ciudad de El Alto, donde se llevará adelante con la participación más amplia, como ha caracterizado al MAS-IPSP”, dijo en un ampliado de esa tienda política en Santa Cruz.

El Pacto de Unidad afín a Arce, con dirigentes campesinos, interculturales y Bartolinas, ratificó el congreso en El Alto del 3 al 5 de mayo. El domingo, lamentó la ausencia del jefe del MAS, Evo Morales, a la reunión para subsanar las observaciones del TSE y tratar la convocatoria al cónclave. 

En octubre de 2023, el TSE amplió por 180 días calendario el tiempo para que las organizaciones políticas renueven y registren a su nueva dirigencia nacional, plazo que vence el 5 de mayo. El tribunal observó las convocatorias del Pacto de Unidad y de la dirigencia del bloque evista (para el 10 de junio), que presentaron la documentación para corregir lo observado. 

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Arce indicó que este congreso reviste una “singular importancia”, porque las organizaciones sociales identificaron que el “instrumento político está en riesgo”. “Si no llevamos a cabo un congreso, corremos el peligro de perder la personería jurídica porque nos han dado un plazo a todas las organizaciones políticas para presentar el próximo mes de mayo la nueva directiva conformada de acuerdo a la normativa de cada institución política”.

Reitieró que las organizaciones matrices fundadoras del MAS hicieron “todo el intento para unificar” y convocar a “quienes hoy por hoy tienen la dirección nacional”, y dijo que “gran parte” de los dirigentes nacionales estarán presentes en El Alto. 

Señaló que no se puede “poner en riesgo” al instrumento político, razón por la que las organizaciones, con la “sabiduría” que las caracteriza, decidieron llevar adelante el cónclave. “Este congreso a llevarse en El Alto va a ser de suma importancia, va a tener toda la expectativa del país entero, viendo cómo se va a desarrollar y en qué van a desencadenar las decisiones que se vayan a tomar”.

Tras la audiencia que concedió la tutela a Margarita Medrano para que se le haga conocer los fundamentos de su inhabilitación, la directiva de la Comisión Mixta de Constitución convocó a la reanudación la sesión de preselección de postulantes para las 09.00 del lunes 29.

“Por medio del presente comunicado nos dirigimos a ustedes para informales que la sesión de Comisión Mixta de Constitución… se reanudará el lunes 29 de abril”, señala el comunicado de esta instancia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El proceso de preselección fue paralizado desde el 16 de abril tras la presentación de un amparo constitucional por esta postulante para el Consejo de la Magistratura, ante la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz. Otro recurso fue el de Herculiano Capusiri, ante la Sala Constitucional Primera de La Paz.

La Sala cruceña ordenó paralizar el proceso de preselección hasta que se resuelva en audiencia el recurso. De acuerdo con la accionante, tras la tutela a su favor, no se ordenó habilitarla, sino “que (los legisladores) cumplan la Ley 1549 (de las elecciones judiciales), por la cual esas comisiones han sido conformadas”.

“Han incumplido flagrantemente, porque ellos tenían que resolver de manera fundamentada y motivada el recurso de revisión (a la inhabilitación) que yo presenté. No lo hicieron hasta la fecha y les ha indicado el tribunal que conforme manda la norma, se me haga conocer esa resolución al recurso de revisión que presenté”.

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Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural suman ocho amparos constitucionales, de los cuales la Justicia admitió la tutela para cinco inhabilitados y un fallo salió a favor de la Comisión Mixta de Constitución en Chuquisaca.

«Defendimos técnica, jurídica y constitucionalmente los amparos constitucionales interpuestos contra las comisiones mixtas. Los vocales confirmaron que la comisión mixta no vulneró ningún derecho del accionante, postulante al Tribunal Constitucional por Chuquisaca”, explicó el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas (MAS). 

Rejas denunció también “amaño” entre postulantes inhabilitados y vocales en estos recursos judiciales e indicó que las presidencias de las comisiones mixtas no se presentarán más a estas audiencias.

“En las siguientes horas, convocaremos a sesiones para continuar con el proceso de preselección judicial. Ningún fallo puede usurpar funciones del Legislativo intentando ordenar habilitaciones. Lo máximo que podríamos hacer es volver a reconsiderar algunos casos”.

Las comisiones tienen el tiempo en contra, ya que hasta el domingo 5 de mayo deben acabar con el proceso de preselección, que quedó suspendido en los exámenes orales a los postulantes. Se planteó la ampliación de los plazos, lo que por ahora fue descartado en la Asamblea.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas (MAS), denunció “amaño” entre postulantes inhabilitados y vocales en los amparos constitucionales, que han paralizado el proceso de preselección en la Asamblea con miras a las elecciones judiciales.

Ante ello, anunció la decisión de las presidencias de su comisión y la de Justicia Plural de no participar más en audiencias sobre estos recursos, y señaló que en las próximas horas se convocará a sesiones para continuar con las entrevistas orales a los postulantes.

“Quiero indicar que la audiencia (de la inhabilitada Margarita Medrano) y sobre todo estas decisiones son amañadas, direccionadas para darle el fallo a favor de ella. Una vez terminad la audiencia, nuevamente vamos a reinstalar nuestras sesiones de comisiones mixtas para volver a trabajar con las preguntas a los postulantes”, remarcó el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En tanto, Medrano, quien se presentó para ocupar un cargo en el Consejo de la Magistratura, aclaró que la Justicia no está a su favor, ya que no se ordenó habilitarla, sino “que cumplan la Ley 1549 (de las elecciones judiciales), por la cual esas comisiones han sido conformadas”.

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“Han incumplido flagrantemente, porque ellos tenían que resolver de manera fundamentada y motivada el recurso de revisión (a la inhabilitación) que yo presenté. No lo hicieron hasta la fecha y les ha indicado el tribunal que conforme manda la norma, se me haga conocer esa resolución al recurso de revisión que presenté”.

Añadió que esta tutela que le concedió la Sala Constitucional de Santa Cruz se debe a que se vulneraron sus derechos y garantías constitucionales.

Rejas expresó su descontento con el manejo de los amparos. “En algunos casos hemos visto que (los amparos) son netamente políticos y en otros son armados, y en su mayoría totalmente amañados, porque tienen directa relación con los vocales y jueces, y con los que manejan el Órgano Judicial, para querer paralizar y estancar el proceso de preselección”. 

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución confirmó que se logró una victoria en un amparo constitucional en Sucre, al argumentar con éxito la legalidad de sus acciones.

“Defendimos técnica, jurídica y constitucionalmente los amparos constitucionales interpuestos contra las comisiones mixtas. Valoramos la conducta de los vocales constitucionales de Chuquisaca, donde ayer ganamos un amparo constitucional. Los vocales confirmaron que la comisión mixta no vulneró ningún derecho del accionante, postulante al Tribunal Constitucional por Chuquisaca”.

A la fecha, ya van dos semanas de paralización de la preselección, situación que perjudica directamente a más de 400 postulantes en carrera al Tribunal Constitucional Plurinacional y el Órgano Judicial. La Asamblea tiene hasta el domingo 5 de mayo para concluir este proceso.

La Procuraduría General del Estado pidió la anotación preventiva de los bienes y el congelamiento de cuentas de los implicados en el caso de los implicados en el caso de “irregularidades” en el diseño y construcción de las 18 piscinas de las plantas de litio en Uyuni, Potosí.

“Estamos haciendo las medidas con la Fiscalía, solicitando anotaciones preventivas, congelamiento de cuentas y todo lo que esté a nuestro alcance en Bolivia y fuera del país”, dijo el procurador general del Estado, Cesar Siles, a los periodistas en Cochabamba.

Siles explicó que el fin de esa medida es recuperar para el Estado los más de Bs 425 millones de daño que investiga el Ministerio Público.

Son 11 los implicados en ese caso, todos con mandamiento de aprehensión. Hasta el momento, la Policía Boliviana ejecutó cuatro de esas órdenes.

Se trata del exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú; ahora tiene detención domiciliaria y que pagó una fianza de Bs 30.000, Paul Q. B., exgerente de Recursos Evaporíticos, y Cristian A. A., exencargado de Fiscalización. Los tres se beneficiaron con detención domiciliaria. En el caso del exingeniero de obras Jorge F. M., fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva.

YLB

El Ministerio Público abrió el caso por una denuncia de Yacimientos de Litio bolivianos (YLB), la Procuraduría General del Estado y el Gobierno. Las “irregularidades” que se investigan fueron, según dijo la presidenta de YLB, Karla Calderón, cometidas entre 2013 y 2017, en la gestión del expresidente Evo Morales.

El miércoles, el exgerente de YLB Juan Carlos Montenegro, uno de los investigados en ese caso falleció por un infarto agudo, según el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), develado por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

Aún se espera los resultados del examen toxicológico para confirmar o descartar la presencia de sustancias “extrañas” en el cuerpo de la exautoridad de YLB.

Además de eso, está pendiente el informe del estudio grafológico de la carta póstuma de Montenegro, aunque su abogada, Audalia Zurita, indicó a La Razón Radio que el contenido de esa misiva coincide con lo que conversaron, según ella, un día antes del deceso. “Se encontraba desalentado”, relató.

El texto es “auténtico” y el mismo Montenegro me lo mandó, develó la jurista.

El caso de las 18 piscinas de las plantas de litio derivó en una serie de críticas y cuestionamiento entre los actores políticos. Por un lado, la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el bloque de oposición afirmaron que el caso solo busca “tapar el fracaso” del presidente Luis Arce en su política de industrialización del litio.

Entretanto, el arcismo anunció que el caso busca establecer “responsabilidades” en el mal diseño e implementación de la obra.