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Friday 31 May 2024 | Actualizado a 04:58 AM

El MAS pide al TSE redistribuir los escaños del MSM y del PVB

En el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hay cautela y defensa del respeto del voto a dos partidos de minoría. UD denuncia que el oficialismo busca ‘a la fuerza’ los 2/3

/ 20 de octubre de 2014 / 07:02

El MAS pidió al TSE redistribuir los diputados que consigan el MSM y el PVB (dos al 99,82% de sufragios computados) porque no alcanzaron el 3% de votos. Los afectados anuncian defender los escaños y el ente electoral, que hará respetar esa representación.

La polémica surge por la colisión de artículos de las leyes de Partidos Políticos de1999 y de Régimen Electoral de 2010. La primera garantiza los escaños pese a no haberse logrado el mínimo de 3% de apoyo electoral, mientras que la segunda anula ese mandato.

El presidente de la Cámara de Senadores, el oficialista Eugenio Rojas, aseguró que la Ley de Partidos Políticos ya no tiene vigencia, por lo que debe ser aplicada la nueva legislación en la materia. “Tiene que aplicarse porque así lo dice la norma y hay que respetar la ley. Luego, que esos dos diputados caigan al partido que le corresponda”.

Al 99,82% de los resultados de las elecciones del domingo 12, el Movimiento Sin Miedo (MSM) logró el 2,72% y un diputado, mientras que el Partido Verde de Bolivia (PVB) el 2,69% y también un diputado, según el cálculo la empresa de análisis Sociométrica. En ambos casos no lograron el mínimo de 3% para mantener su personería.

De redistribuirse las curules, pasarían al MAS, de acuerdo con Sociométrica, y así lograría los 2/3 en la Asamblea Legislativa. Actualmente cuenta con 109 votos de los 111 que necesita para ese objetivo.

El artículo 59 de la Ley de Régimen Electoral refiere: “En cada departamento se asignarán escaños plurinominales, entre las organizaciones políticas que alcancen al menos el tres por ciento (3%) de los votos válidos emitidos a nivel nacional, a través del sistema proporcional”. Y en el parágrafo II del artículo 44 de la ley de 1999 está una lectura contraria: “Por no haber obtenido más del tres por ciento del total de votos válidos en la última elección a la que concurrieron, respetándose el mandato de los representantes nacionales que haya obtenido el partido sancionado”.

La excandidata vicepresidencial del PVB Margoth Soria anunció que su organización “defenderá ese escaño”, aunque no identificó el camino a seguir. El expostulante a diputado Fabián Yaksic, del MSM, ratificó el derecho sobre esa curul por tener más del 8% si se promedia los votos de la franja de votación presidencial y de diputaciones uninominales del MSM. “¿Acaso los votos de la franja inferior no son votos válidos?”, cuestionó. Con ese razonamiento el MSM pretende no solo mantener su curul, sino también conservar su personería jurídica.

El vocal Ramiro Paredes explicó, sin mencionar a los dos partidos de minoría, que “se respeta la representación obtenida por medio del voto del soberano”. Añadió:

“Si perdieran la sigla, al interior de la Asamblea Legislativa no pueden decir que son representantes de una sigla que ya no existiría legalmente, si se da el caso de la pérdida de personería jurídica”.

Para esta autoridad rige la Ley de Partidos Políticos en este caso, en tanto que la presidenta del ente electoral, Wilma Velasco, fue cauta y anunció que fijará una posición al final del cómputo, tras la votación del domingo en 49 mesas: 44 en Santa Cruz y 5 en Oruro.

El analista de Sociométrica Armando Ortuño explicó que, de no lograr el 3% de votos el MSM y el PVB, la distribución de los escaños se hará solo entre tres fórmulas (MAS, PDC y UD) y la lógica es que  vaya a beneficiar al que tiene mayor votación, o sea el oficialismo.

El exaspirante presidencial de UD (Unidad Demócrata) Samuel Doria Medina sostuvo ayer que no cuestiona los resultados, sino la intención del partido ganador de hacerse de los 2/3 “a la fuerza”.

El senador electo del masismo Carlos Romero adelantó que debe ser aplicada la Ley de Régimen Electoral para redistribuir los dos escaños. “Las dos curules vacías tendrían que ser asignadas a los partidos que tienen la votación proporcional”, insistió el exministro, en coincidencia con Rojas.

No hay multa por pérdida de personería

Si una organización política pierde su personería jurídica por no lograr el 3% de la votación nacional, no será sancionada con una multa económica como sucedía en el pasado, aclaró ayer Ramiro Paredes, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Con la Ley de Régimen Electoral no hay una sanción económica. “Antes de esa norma tenían que pagar el costo de la papeleta (según la Ley de Partidos Políticos aprobada en 1999)”, explicó la autoridad. El artículo 48 de esa norma incluso prevé: “En caso de extinción de un partido político, los recursos económicos y bienes que forman su patrimonio, previo cumplimiento de obligaciones devengadas, se transferirán al dominio del Estado”.

Los resultados entregados por el TSE al 99,82% del escrutinio de votos, dan al Movimiento Sin Miedo (MSM) el 2,72% y al Partido Verde de Bolivia (PVB) el 2,69%. Ninguno alcanza el mínimo establecido (3%) y por ello perderían la personería jurídica.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) logró el 61,04%, Unidad Demócrata (UD) el 24,49% y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) el 9,07%. Las organizaciones opositoras cuestionan el trabajo electoral y denunciaron ajustes en resultados finales departamentales y mayor número de habilitados a lo establecido en las mesas de sufragio.

Paredes manifestó que las impugnaciones deben seguir un procedimiento. “Deben realizarse en las mesas de sufragio y ser ratificadas 48 horas después para ser consideradas (en Sala Plena)”.

El excandidato de UD Arturo Murillo dijo que presentó más de 300 impugnaciones en mesas de Cochabamba; “muchas de ellas”, añadió, no fueron consideradas.

Se puede precisar una interpretación

Hay una contradicción entre la Ley de Régimen Electoral (2010)    y la Ley de Partidos Políticos (1999). La de última promulgación es la que debería ser referencia, pero no se ha abrogado la otra. Hay un conflicto, se puede necesitar una interpretación constitucional que indica que la democracia representativa respeta lo que se ha votado. Los pensamientos del constitucionalismo democrático indican que las minorías tienen que respetarse. Creo que el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse en ese sentido. Ambas partes tienen argumentos para presentar un recurso de inconstitucionalidad. Aunque en materia constitucional se habla del respeto a las minorías, sería muy difícil que les resten las diputaciones, porque incluso podrían ir a  la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que rinde homenaje a la Constitución es que se respete la representación de minorías. Ése es un derecho consolidado por la Constitución y es la norma que prima.

Williams Bascopé

es abogado constitucionalista.

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La Fiscalía imputa a nueve implicados en ciberextorsiones internacionales desde Santa Cruz

Entre los imputados hay extranjeros y bolivianos que están sindicados de la captación de estudiantes, principalmente universitarios, para trabajar en un “call center” (centro de llamadas) desde donde se realizaban llamadas internacionales para cobros bajo amenazas.

El operativo del miércoles. Foto: DTV

/ 31 de mayo de 2024 / 02:08

El caso de la red de ciberestafas destapado el miércoles en Santa Cruz ya tiene imputación. La Fiscalía sindicó de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito a cinco implicados en ciberextorsiones.

Entre los imputados hay extranjeros y bolivianos que están sindicados de la captación de estudiantes, principalmente universitarios, para trabajar en un “call center” (centro de llamadas) desde donde se realizaban llamadas internacionales para cobros bajo amenazas.

“Los imputados son el presunto jefe de la organización Lei Z., de nacionalidad china, los peruanos Gianella M.M.L, Luis A.F. S. y Franco R.R., además del colombiano Miguel A.F. y los bolivianos Marcelo T. M., Percy R.D. y Fiorela S.V.”, señala una nota del Ministerio Público.

“Desde el momento en que se conoció del funcionamiento irregular del ‘call center’, se realizaron todas las diligencias investigativas para conocer cómo captaban a los trabajadores que en su mayoría eran estudiantes, qué tipos de cobros realizaban y a qué países llamaban, asimismo, se colectó las declaraciones de todas las personas que fueron encontradas en el lugar, se colectó chip de diferentes telefonías, documentos y otros elementos probatorios que ya cursan en el Ecosistema Justicia Libre del Ministerio Público y que serán presentados en audiencia cautelar”, dijo el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca.

Lea más: Red de ciberestafadores migró de Perú a Bolivia; nueve ‘ejecutivos’ están aprehendidos

Los imputados aguardan en celdas policiales su audiencia de medidas cautelares. El caso fue destapado el miércoles, luego de un megaoperativo en inmediaciones del segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz, tras una denuncia anónima que llegó a la Fiscalía y la Policía.

“Se conoció que personas de diferentes nacionalidades captaban a estudiantes y otras personas para trabajar en el ‘call center’ que se encontraba en un edificio…, donde realizaban llamadas para cobrar a personas deudoras en otros países y en caso de no ser efectivos los pagos se intimidaba y amedrentaba a las víctimas”, continúa la nota institucional.

En el lugar fueron descubiertas más de 100 personas organizadas en bloques llamados “estaciones de trabajo”, desde donde se realizaban las llamadas y enviaban mensajes de texto; cada persona contaba con libretas con nombres, anotaciones de montos de dinero y cuentas bancarias para realizar las presuntas extorsiones.

La Fiscalía indicó que la empresa fachada estaba bien hilvanada, con ejecutivos, subdirectores y una oficina de Recursos Humanos que otorgaba incentivos. Se reclutaba a jóvenes, sobre todo universitarios, con conocimiento en informática, con horarios y sueldos atractivos.

El comandante general de la Policía, Álvaro Álvarez, reveló el jueves que las pesquisas permitieron desbaratar otras dos redes de ciberestafadores en el cuarto y quinto anillos de la capital oriental. Asimismo, se informó que la primera red había migrado de Perú.

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El viceministro Ruíz señala que diputada Álvarez politiza el caso Piso Firme

La autoridad lamentó que la legisladora genere este tipo de comentarios pese a la reunión que se tuvo en el Viceministerio.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz.

Por Boris Góngora

/ 30 de mayo de 2024 / 19:29

Ante las declaraciones de la diputada por Creemos, María Rene Álvarez, sobre que Piso Firme pertenecería a Santa Cruz luego que el Órgano Electoral ratificara este hecho, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, lamentó las declaraciones de la legisladora e indicó que politiza el caso con “especulaciones”.

“Lamento las declaraciones de la diputada, pese que la hemos convocado a una reunión de información justamente para evitar este tipo de especulaciones o desinformación, claramente no ha entendido lo que consiste el proceso de delimitación. Me extraña que una diputada genere este tipo de comentarios. Ahora, entiendo el afán político, el protagonismo, la falta de visibilización por hacer algo interesante por su región, genera este tipo de declaraciones”, dijo.

El miércoles, Álvarez indicó que tras un cuestionario de preguntas enviado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), éste les respondió sobre una de las preguntas, respecto a “los parámetros que tiene la comunidad de Piso Firme” en San Ignacio de Velasco.

Lea más: Piso Firme: La próxima reunión para solucionar el conflicto territorial será el 29 de abril

“La respuesta fue contundente, ‘la localidad de Piso Firme se tiene registrado bajo los siguientes parámetros, departamento de Santa Cruz, provincia Velasco, municipio San Ignacio de Velasco, comunidad Piso Firme’. El cambio del trazo del límite departamental que surgió de un momento a otro de manera unilateral del Viceministerio de Autonomía entra en discrepancia sobre la identificación o pertenencia, o tuición jurisdiccional en las entidades territoriales implicadas”, cuestionó Álvarez.

La controversia limítrofe en esta comunidad se desencadenó tras la realización del Censo de Población y Vivienda, el 23 de marzo. Los pobladores del lugar reclamaron al ver que iban a ser empadronados por personal del Instituto Nacional de Estadística (INE) de la regional Beni.

Desde entonces viene interviniendo el Viceministerio de Autonomías, en su calidad de autoridad conciliatoria entre los departamentos de Beni y Santa Cruz.

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Judiciales: Comisiones mixtas trabajan en una ley corta para remitir a Choquehuanca

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas, insistió en que el Vicepresidente convoque a sesión para continuar con el proceso de preselección. Además, dijo que están en la espera que convoque a una mesa de diálogo.  

Miembros de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural

Por Boris Góngora

/ 30 de mayo de 2024 / 18:18

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla (MAS evista), informó que el equipo técnico de las comisiones mixtas trabaja en una propuesta de ley corta o interpretativa que se enviará al presidente nato de la Asamblea, vicepresidente David Choquehuanca, para que convoque y ponga a consideración del pleno.

“Estamos cumpliendo con el trabajo que nos manda la Constitución, de esa manera  las dos comisiones mixtas vamos a mandar una propuesta de ley corta, una ley interpretativa de la Ley 1549 para que la Asamblea la considere”, dijo.

El martes, el Vicepresidente descartó convocar a sesión del pleno para reencaminar el proceso de las judiciales e indicó que la responsabilidad de continuar con la preselección corresponde a las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia.

Ante ello, también el bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos insistieron en que Choquehuanca debe llamar a sesión por mandato constitucional, para tal efecto, le dieron un plazo de 72 para así aprobar una ley interpretativa que permita continuar con la preselección.

Padilla reiteró que, en cumplimiento a la Constitución, no les corresponde continuar, esto en razón a que se cumplió el plazo de 80 días para el proceso de preselección y no “cuentan con una base legal”.

Padilla reiteró que, en cumplimiento a la Constitución, como comisión mixta, no les corresponde continuar, esto en razón a que se cumplió el plazo de 80 días para el proceso de preselección y no “cuentan con una base legal”.

Lea más: Comisiones mixtas buscarán la tarde de este miércoles una salida a las judiciales

“Quiero plantear a Choquehuanca que, para no perjudicar al tema de preselección del Órgano Judicial, netamente convoque con el único punto de tratar una ley interpretativa de las elecciones judiciales en la Asamblea. Él tiene miedo de convocar por las críticas que hay por las leyes 073 y 075”, mencionó.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas, insistió en que el Vicepresidente convoque a sesión para continuar con el proceso de preselección. Además, dijo que están en la espera que convoque a una mesa de diálogo.  

“Seguimos esperando que el Presidente de la Asamblea convoque otra vez a otra mesa de diálogo y que podamos allanar el camino de manera inmediata, lo que sería una resolución o una ley corta”, señaló Rejas.

La preselección en las comisiones mixtas fue paralizada desde mediados de abril, debido a más de 30 amparos constitucionales y una acción popular presentadas en Salas Constitucionales del país. El proceso se estancó en la fase de exámenes orales, con más 400 candidatos perjudicados.

La semana pasada, la Sala Segunda del TCP revocó el fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que anuló el proceso hacia las judiciales, empero, exhortó a garantizar los derechos de las mujeres e indígenas en la preselección de candidatos.

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Pacto de Unidad evista pide estar alerta porque ‘ya llega la hora de salir a las carreteras’

El evismo exige también el cese inmediato de funciones de los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional y Órgano Judicial “que emiten fallos para el Gobierno”.

El Pacto de Unidad evista brinda una conferencia de prensa.

Por Boris Góngora

/ 29 de mayo de 2024 / 21:16

El Pacto de Unidad afín al expresidente Evo Morales instó a los sectores sociales a estar alertas porque pronto se saldrá a las carreteras debido a que el Gobierno no resolvió los problemas estructurales del país como son el económico, político y social.

“En este momento, como Pacto de Unidad, hacemos conocer a todos los sectores sociales, no solamente la confederación única de campesinos, ni interculturales, ni bartolinas, sino mineros y transportistas a ponerse en estado de alerta, ya llega (la hora) de salir a las calles y carreteras, porque no han resuelto los temas estructurales del país, en tema económico, dólar y combustible”, dijo Ponciano Santos, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) del ala evista.

El dirigente reiteró que aún no se dará hora y fecha, pero, además pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que haga cumplir la ley de organizaciones políticas, esto respecto a la realización del congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la facción evista, programado para el 11 de julio en el municipio de Villa Tunari, del departamento de Cochabamba.

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“El Tribunal Supremo Electoral está jugando con el sentimiento de la militancia y de los sectores sociales, especialmente con el movimiento indígena originario. Queremos decir, a los siete vocales supervisen el congreso de Villa Tunari, sino vamos a tener serios problemas con ellos, no vamos a aceptar ninguna intromisión”.

El 18 de mayo, el bloque evista realizó un ampliado en Cochabamba en el que se declararon en “emergencia permanente” y señalaron que están en situación de «apronte», por lo que se pidió a las bases organizarse para “futuras movilizaciones”.

“Si los derechos políticos del movimiento indígena son vulnerados, la respuesta será muy contundente en las carreteras y en las calles”, indicaron entonces.

Además, exigieron el cese inmediato de funciones de los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional y Órgano Judicial “que emiten fallos para el Gobierno”.

“Hemos sido claros, porque en 72 horas tenían que tratar la ley 073 y 075, como han incumplido y no ha convocado David Choquehuanca, por lo tanto, nuevamente decimos y como está en la resolución (del 18 de mayo), debe convocar inmediatamente a una sesión ordinaria de la Asamblea para tratar ambas leyes. Caso contrario ya lo veremos”, advirtió Santos.

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Del Castillo dice que se necesita 60.000 policías para trasladar a Camacho y evitar una crisis

Camacho debía asistir el lunes a su audiencia oral por el caso Decretazo, que lo investiga por legar funciones a uno de sus secretarios y no al vicegobernador, como establece el Estatuto Departamental.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en una conferencia de prensa.

/ 29 de mayo de 2024 / 16:05

Por tercera vez, la audiencia de Luis Fernando Camacho fue reprogramada, ahora para el 16 de julio. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, fue tajante respecto de la imposibilidad de trasladar al gobernador electo de Santa Cruz al penal de Palmasola. Consideró que se necesitaría de 60.000 policías para el resguardo.

“No hay condiciones materiales (…), necesito por lo menos 60.000 policías. ¿Ustedes consideran que los 37.000 policías (que hay en todo el país) son suficientes para evitar que se quemen nuevamente 28 instituciones públicas y privadas? (…); puede haber una convulsión social nuevamente”, supuso el ministro el miércoles en entrevista con el programa Poder y Placer.

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Traslado

Del Castillo respondió así cuando se le consultó por el traslado de Camacho, detenido en Chonchocoro, La Paz, a Santa Cruz. El pasado lunes debía presentarse físicamente, pero las autoridades advirtieron que no había condiciones para su traslado.

Camacho fue detenido el 30 de diciembre de 2022 a raíz del caso Golpe de Estado I. Este caso investiga los hechos precedentes a la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019.

Ese año, Camacho tuvo un rol activo, como él mismo reconoció; promovió cabildos, financió movilizaciones, pactó con militares e irrumpió en el Palacio Quemado con Biblia en mano.

Cuando se conoció su aprehensión, en Santa Cruz se desató el caos. Figuras próximas a Camacho incendiaron varias instituciones a manera de reclamo. La Fiscalía Departamental sufrió varios daños y la casa del ministro Édgar Montaño fue saqueada.

De acuerdo con Del Castillo, el Consulado de los Estados Unidos también resultó afectado.

Paro

De igual manera, entre noviembre y diciembre de 2022 Camacho encabezó, junto a otros cívicos, un paro de 36 días en pedido del Censo de Población y Vivienda. En esa oportunidad, las medidas se radicalizaron; se quemaron varios edificios, como la sede campesina, y se registraron al menos tres muertos. Además de los peajes y el marcado racismo que se observó en las movilizaciones.

Por todo ello, el ministro Del Castillo y otras autoridades del ministerio de Gobierno rechazaron que Camacho sea trasladado a Santa Cruz, para su audiencia oral por el caso Decretazo, pese a que existe una orden judicial que instruye al traslado.

El caso Decretazo investiga a Camacho por haber delegado de manera arbitraria sus funciones a un secretario y no al vicegobernador Mario Aguilera, como establece el Estatuto Departamental.

La audiencia estaba originalmente programada para el 11 de marzo. Sin embargo, siempre por el motivo de que Camacho no podía asistir físicamente, se postergó para el 11 de abril. Llegada esa fecha, se volvió a reprogramar la audiencia para el 27 de mayo. Este lunes se conoció que la audiencia se suspendió hasta el 16 de julio.

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