Senado instala juicio a magistrados del TCP y suspende el proceso por ausencia de Cusi
El Senado, que hace de Tribunal de Sentencia en juicios de responsabilidades, instaló hoy el juicio contra los magistrados Gualberto Cusi, Ligia Velásquez y Soraida Chánez, acusados por tres delitos tras haber suspendido la vigencia de la ley del Notariado. Cusi no asistió y los senadores suspendieron el proceso hasta el martes
El Senado, como Tribunal de Sentencia, instaló hoy el juicio de responsabilidades contra tres magistrados suspendidos del Tribunal Constitucional Plurinacional, pero poco después lo suspendió hasta las 09.00 del martes debido, entre otros aspectos, a la ausencia del acusado Gualberto Cusi, quien está internado en una clínica por problemas de salud
Las magistradas Ligia Velásquez y Soraida Chánez acudieron la mañana de hoy a la instalación del proceso judicial por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias en la suspensión de la vigencia de la ley del Notariado a través de una resolución, que también fue firmada por Cusi.
El Senado se constituye en un juicio de responsabilidades en Tribunal de Sentencia, en tanto que Diputados en la parte acusadora, Fiscalía. Los senadores instalaron hoy el juicio, pero poco después lo suspendieron tras ser notificados de que Cusi no podría asistir tras haber sido internado en una clínica, en La Paz, por problemas de salud.
Además Velásquez asistió sin su abogado, lo que también impidió continuar el proceso. Ambas magistradas, suspendidas del ejercicio de sus cargos tras ser acusadas formalmente, coincidieron en declarar su inocencia y denunciaron que impidieron a sus familiares ingresar a instalaciones de la Asamblea Legislativa para presenciar el curso del proceso.
El presidente de la Comisión de Justicia de Diputados, Juan Carlos Cejas, informó que aún no fue promulgada las modificaciones a la ley de juicio a altas autoridades de Estado, aunque señaló que será aplicada de ser más beneficiosa para los actuales acusados.
Las modificaciones sancionadas establecen que el Senado solo dictará sanción administrativa de destitución, mientras que si corresponden delitos penales serán remitidos a la justicia ordinaria los acusados en este tipo de juicios.