Senado inicia proceso a tres jueces; declara rebelde a Cusi
Asamblea. El Tribunal de Sentencia también arraigó al magistrado del TCP; pidió publicar su foto en medios
En un inédito proceso, el Senado, en su calidad de Tribunal de Sentencia, instaló ayer el juicio de responsabilidades en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ligia Velásquez, Rosario Chánez y Gualberto Cusi. Al último lo declaró rebelde, debido a su ausencia.
El proceso empezó a las 10.15, con la presencia de observadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP). Este enjuiciamiento a las autoridades del TCP es el primero que se realiza en el Estado Plurinacional de Bolivia. Entre 1993 y 1994 el Congreso de ese entonces enjuició al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Édgar Oblitas Fernández, y a uno de sus magistrados, Ernesto Poppe Martínez.
Irregular. Para dar inicio al proceso, el titular de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, Juan Carlos Cejas, quien representa al Ministerio Público en el juicio, solicitó la declaratoria de rebeldía en contra del magistrado Cusi por no justificar su inasistencia.
Luego en 15 minutos, el Tribunal resolvió aprobar la resolución que indica: “El Tribunal de Sentencia de la Cámara de Senadores, dentro del juicio de responsabilidades, declara, uno, rebelde al coacusado Gualberto Cusi y dispone expedir el correspondiente mandamiento de aprehensión en su contra. Dos, el arraigo y la publicación de sus datos y señas personales en un medio de comunicación para su búsqueda y aprehensión; por último, la designación como abogada defensora de oficio a Ana María Callisaya para que lo asista”.
Guido Melgar, uno de los abogados de Cusi, explicó al pleno que no cuenta con la certificación forense porque el magistrado fue internado de emergencia en la Caja Petrolera de Salud (CPS) y no pudo realizar el trámite porque existía un paro médico por la pesquisa en el caso Alexander.
También pidió al tribunal conformar una comisión para que vaya a la CPS, con el objetivo de certificar el mal estado de salud de su defendido. En ese sentido, cerca de las 11.50, los senadores impusieron a una abogada de Defensa Pública para que asista a Velásquez, quien se presentó al proceso sin su auspiciador. Este hecho fue rechazado por la acusada.
A estas declaraciones, el presidente del Senado, Eugenio Rojas, hizo caso omiso y luego instaló el proceso en contra de los magistrados, hecho que empezó con la lectura del acta de acusación en contra de las autoridades suspendidas, imputadas por los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, debido a que admitieron un recurso de inconstitucionalidad que paralizó la Ley del Notariado.
Las acusadas y sus abogados pidieron, uno por uno, que se suspenda la audiencia debido a que no se resolvieron el tema de testigos y recusaciones, pero ello fue rechazado por Rojas, quien dijo que eso se lo resolverá en la comisión de recusaciones de esta instancia legislativa. “Les pido por favor no expliquen la naturaleza de este proceso”, reclamó Velásquez reiteradas veces. Asimismo, Chánez solicitó que se aclare bajo qué reglas se seguirá el juicio, por delitos penales o faltas graves, hecho que tampoco fue resuelto por Rojas.
Cerca de las 14.00, en medio de acalorados reclamos de los acusados, la magistrada Velásquez sufrió una descompensación en su salud, por lo que fue trasladada a la enfermería de la Asamblea y, después de al menos una hora, la médico de turno informó que los signos vitales de la autoridad están inestables y por ello recomendó que esté en observación médica. En ese sentido, Rojas decretó receso de juicio oral hasta hoy, a las 09.30, recordó que están notificadas las partes.
Amonestan a Velásquez por salidas
Pausas
En el inicio del juicio de responsabilidades a los tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), se dio tres cuartos intermedios en reserva en sala.
Sanción
La magistrada Ligia Velásquez, por abandono injustificado de la audiencia, fue amonestada severamente por el Tribunal, que ejerce el poder disciplinario, de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal.
Magistrado espera ser aprehendido por policías
Guido Melgar, abogado del magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gualberto Cusi, afirmó que su cliente espera ser aprehendido por policías en el hospital. Cusi no asistió al inicio de juicio de responsabilidades en el Senado, por lo que fue declarado rebelde por el Tribunal de Sentencia.
Melgar informó que su cliente se encuentra internado en la clínica de la Caja Petrolera de Salud (CPS), a punto de ser intervenido quirúrgicamente, pero ante la orden de aprehensión está a la espera de los efectivos del orden para ser detenido, pese al delicado estado de salud. “El doctor Gualberto Cusi los está esperando a los policías para que vayan y lo detengan, pero para ello necesitarían orden de allanamiento”, manifestó el abogado. Según fuentes del hospital, no se permitirá el ingreso de policías.
Tribunal impone Ley 044 para el litigio
El Tribunal de Sentencia impuso la Ley 044 de Enjuiciamiento a Altas Autoridades reformada para enjuiciar a los tres magistrados suspendidos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Los acusados dicen que es una vulneración a sus derechos y que solo queda acudir a instancias internacionales.
“Estamos aplicando la Ley 044, pero también en aquello que les favorezca (a los magistrados) se aplicará la modificada, misma que subsidiariamente se pueden utilizar algunos artículos del Código de Procedimiento Penal. Por lo tanto, estamos claros”, dijo el titular de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, Juan Carlos Cejas.
Afirmó que también se aplicará la Ley de Descongestionamiento y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, mismas que son habilitadas por la Ley 044 no modificada. La magistrada Soraida Chánez sostuvo que los senadores ya tienen una orden que cumplir y que por ello se dan las irregularidades, porque en ningún momento se les preguntó con qué ley se les procesará y tampoco lo dijeron.
“Sabemos en qué va a terminar (el juicio) y estamos conscientes de ello. Por eso queremos que se acabe (el proceso) para luego poder acudir a instancias internacionales. No es una simple vulneración de los derechos y, en su momento, deberá responder el Estado, pero más que todo los senadores que están ahora, porque cada uno tiene responsabilidades individuales”, sostuvo Chánez.
Eduardo León, abogado de Velásquez y Gualberto Cusi, afirmó que con la aplicación de la norma se da el atropello más grande que puede sufrir alguna persona. Pero tenemos preparado varias estrategias de defensa para evitar estas vulneraciones, señaló. Tomasa Yarhui, también defensora de Cusi, fue a la Caja Petrolera para obtener un certificado médico.
