Tras el visto bueno para su reincorporación en el proceso penal seguido contra el narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera, Erland Ivar García López y otros, el Ministerio de Gobierno informó que utilizará todos los mecanismos para llegar a una sentencia condenatoria y la pena máxima contra los acusados de este caso.

La cartera de Estado también señaló que en “mérito a las acciones jurídicas planteadas (…), se concedió la tutela al Ministerio de Gobierno” para participar de este proceso, luego que la Fiscalía Departamental de Santa Cruz determinara retirarla de las investigaciones en relación al caso Marset.

“Esta cartera de Estado ha sido reconocida como parte del proceso por el Ministerio Público a través de la resolución fiscal departamental de Santa Cruz, en cumplimiento a la sentencia constitucional; pudiendo intervenir como sujeto procesal dentro la tramitación del presente proceso y al tener la posibilidad de una participación plena; utilizaremos todos los mecanismos legales para llegar a una sentencia condenatoria por la pena máxima”, informó el Ministerio de Gobierno a través de un comunicado.

El 5 de junio, el titular de la cartera de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que, luego de haber sido retirado del caso Marset, esta administración presentó un amparo constitucional para que se le permita retomar con las investigaciones sobre el paradero del narco uruguayo prófugo.

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“Nuevamente, manifestamos que el Ministerio de Gobierno, lamentablemente, por administradores que no apegan su conducta a las normas bolivianas, han retirado a la entidad de los casos de Marset, con la única finalidad de liberar a estos delincuentes”, criticó entonces.

Megaoperativo

El caso Marset estalló el 29 de julio de 2023, cuando la Policía desplegó un megaoperativo para su captura. La acción demandó la participación de 2.250 efectivos, pero el extranjero escapó, acompañado de su esposa y sus tres hijos. El capo uruguayo tiene una orden internacional de captura.

Asimismo, los diferentes gobiernos de la región cooperan en la búsqueda del prófugo.

El pasado 1 de septiembre, García López, alias “El Colla»; considerado segundo hombre de la organización criminal de Marset, y su acompañante fueron interceptados por sicarios en el municipio de Cotoca, Santa Cruz. Se pretendían quitarle la vida.

El Colla fue aprehendido el 4 de agosto del año pasado durante los operativos de búsqueda de Marset. Se presentó de manera voluntaria en la Unidad del Departamento Especializado Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) del Plan 3000, en Santa Cruz, sin embargo, se abstuvo de declarar y posteriormente quedó aprehendido.

Había sido liberado antes por disposición del juez Primo Flores, cuya oficina fue intervenida por el Consejo de la Magistratura, que sospecha de favorecimiento del implicado.

En el marco de la LVI Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores Ampliada, Bolivia entregó la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN) a Colombia. En el evento, el país destacó la integración subregional y el desarrollo sostenible.

En su gestión, “Bolivia lideró un proceso inclusivo y participativo enfocado en fortalecer la integración subregional. En ese marco, Bolivia, a través de las mesas sectoriales, en coordinación con el área técnica de la Secretaría, identificó la necesidad y las áreas estratégicas a implementarse en el periodo 2023-2024”, destacó Celinda Sosa, ministra de Relaciones Exteriores.

Del acto, en la sede de la Secretaría General de la CAN, en Lima, Perú, participaron los cancilleres De Bolivia, Celinda Sosa; de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y de Perú, Elmer Schialer, además del secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez, acompañados de sus respectivas delegaciones.

Sosa destacó que, durante la gestión de Bolivia, se llevaron adelante más de 350 reuniones técnicas y 19 encuentros de alto nivel. Señaló que se aprobaron 14 decisiones, 70 resoluciones y tres declaraciones conjuntas.

“Estas actividades resultaron en importantes acuerdos que contribuyeron al fortalecimiento de la cooperación entre los países miembros y a la consolidación de un enfoque más dinámico en materia de comercio, seguridad, medio ambiente y desarrollo social”, destaca la Cancillería en una nota de prensa.

Intenciones de negocio

La representación diplomática también señaló que uno de los logros más significativos de la gestión de Bolivia fue la celebración del XII Encuentro Empresarial Andino, que generó más de $us 11 millones en intenciones de negocios; que marcaron un hito en la promoción comercial dentro de la subregión.

Además de la implementación de la Interoperabilidad Comunitaria Andina (Intercom), una plataforma clave para el intercambio digital de documentos en el comercio exterior, que agilizará las operaciones comerciales entre los países miembros.

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En el ámbito de la seguridad, se destacó el implemento del Plan de Acción Resolutivo (PAR) para la lucha contra el crimen organizado transnacional, una medida para enfrentar desafíos comunes en la región. También se reforzó el intercambio de información aduanera para mejorar la seguridad interna de los países andinos.

Según Cancillería, Bolivia también lideró la aprobación de la implementación del Certificado de Origen Digital; una herramienta que facilitará el comercio intracomunitario y mejorará la eficiencia en las transacciones comerciales. Además, se actualizó la nomenclatura de productos sujetos a Requisitos Específicos de Origen (REO), lo que permitirá una mejor regulación en la comercialización de bienes entre los países miembros.

En materia de gestión de riesgos, se firmó un memorando de entendimiento con la Unión Europea (UE) y otros organismos internacionales para fortalecer la cooperación en la gestión integral del riesgo de desastres. “Este acuerdo permitirá una mejor coordinación en la prevención y respuesta ante desastres naturales en la subregión”.

Gestión del Comercio del mercurio

Otro logro que destacó Sosa fue el fortalecimiento del Observatorio Andino de Mercurio, que, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), impulsó el control y la gestión del comercio de mercurio en la región. En paralelo, se reactivó el Comité Andino de Autoridades Ambientales para abordar los retos medioambientales que enfrenta la Comunidad Andina.

En el área social, el país promovió la creación del programa “Conecta Empleo”, en alianza con la Fundación Telefónica, que ofreció cursos gratuitos en competencias digitales, beneficiando a miles de ciudadanos andinos. También se implementó el Programa de Maestría en Seguridad Social en coordinación con la Universidad Andina Simón Bolívar; contribuyendo a la formación de profesionales en un área clave para el bienestar social.

Asimismo, se realizaron acciones para evitar el ingreso de la peste porcina africana a la subregión. Se llevó a cabo un diagnóstico regional sobre la inocuidad de los alimentos, y se aprobó un marco normativo para la interconexión eléctrica entre los países andinos, fortaleciendo la seguridad energética de la región, entre otros avances.

Con el traspaso de la presidencia pro tempore a Colombia, la CAN continúa en un proceso de fortalecimiento y modernización, con desafíos pendientes como la convergencia con otros bloques regionales.

Los logros alcanzados durante la presidencia de Bolivia sentaron una base sólida para que la integración andina siga avanzando hacia un futuro de mayor cooperación, desarrollo sostenible y bienestar para los 114 millones de ciudadanos de la región.

David Mamani, que se atribuye la secretaría ejecutiva de la Federación de Campesinos “Túpac Katari” de La Paz, admitió que pidió puestos laborales al presidente Luis Arce, aunque “eran para profesionales” de su organización.

“Nosotros, como autoridades originarias, hemos ido a solicitar trabajo para nuestro pueblo, para nuestros jóvenes profesionales que están en la calle”, dijo el dirigente campesino en entrevista con la red Erbol.

Mamani lamentó que varios jóvenes, entre profesionales y egresados de universidades públicas y privadas, estén desempleados.

“Yo estoy luchando para que el presidente (Arce) genere políticas de empleo, para que plantee políticas y programas el gobierno central”, agregó.

David Mamani

Así, Mamani, que lidera la facción evista de la “Túpac Katari”, respondió a la declaración del dirigente Javier Alejo, del bloque arcista de esa organización, que develó una solicitud para que el Mandatario disponga de direcciones departamentales y nacionales y hasta ministerios para los miembros de su sector.

“David Mamani no solo pidió ministerios, viceministerios y direcciones, sino también la administración de la autopista y el teleférico, porque su fin es satisfacer apetitos personales”, dijo el dirigente campesino en entrevista con Bolivia Tv.

Incluso, expuso un video en el que se ve a Mamani y otros Ponchos Rojos reunidos en un ambiente de la Casa Grande del Pueblo. Según el audio, se dirige al presidente Arce, a quien reclama al menos 20 direcciones departamentales y otras 20 nacionales. Pero también le pide “oportunidad” para que sus compañeros asuman los ministerios de Obras Públicas, de Educación y de Salud. “Caso contrario, este pueblo va a ser la primera organización social que se va a movilizar”, amenaza Mamani en ese video.

Conflictos

La anterior semana, la facción que lidera Mamani se enfrentó con miembros de la Policía Boliviana, cuando pretendía tomar por la fuerza la sede de esa organización, cuya oficina se encuentra en la zona de San Pedro. Liderada por David Mamani, esa facción anunció el fin de semana un bloque de caminos. Exigen la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca.

El juez de instrucción en lo penal anticorrupción de La Paz, Juan Carlos Montalbán, emitió el mandamiento de libertad para el capitán de Ejército, Marco Caviedes, sentenciado por su participación en la asonada militar del 26 de junio.

Tras someterse a un proceso abreviado en el que aceptó su culpabilidad por la comisión del delito de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, el militar pudo acogerse al perdón judicial y recuperar su libertad.

Caviedes era ayudante del excomandante general del Ejército, general Juan José Zúñiga, que lideró la toma militar de la Plaza Murillo, acompañado de militares fuertemente armados y vehículos blindados de asalto.

Asonada militar

La información fue confirmada por el abogado Eusebio Vera a Erbol. Ahora. El uniformado saldrá de la cárcel de San Pedro, donde guardaba detención preventiva.

Según Vera, el día del hecho su defendido no sabía de los planes del general Zúñiga y se limitó a asistirle llevando su maletín.

El jurista explicó que su defendido, de 35 años, está a cargo de sus hijas y sus padres de la tercera edad, por lo que “no debería estar detenido”.

El caso del golpe de Estado fallido, como lo calificó el Gobierno, sigue en su etapa investigativa. En ese proceso ya se indagó a más de 100 personas: 26 de ellas están cauteladas, según el último reporte del Ministerio de Gobierno.

Sentencia

El viernes, luego de un proceso abreviado, la Justicia condenó al ayudante de Zúñiga, el capitán Marco Caviedes, a tres años de cárcel por la asonada militar.

Entretanto, el Ministerio Público, que inició una investigación de oficio, sigue con las indagaciones de aquella jornada, cuando Zúñiga se insubordinó ante el presidente Luis Arce, en el ingreso al Palacio Quemado. Ese día, el mandatario le ordenó que retire sus hombres y tanquetas, pero éste se negó.

Inmediatamente, Arce cambió al Alto Mando Militar y fueron los nuevos jefes militares que ordenaron el repliegue de los uniformados.

A las 19.02, Zúñiga fue aprehendido, no sin antes denunciar que Arce le ordenó sacar los “blindados” para “levantar” su popularidad.

El 1 de agosto, un tribunal militar dictó las bajas de Zúñiga, excomandante del Ejército; Marcelo Zegarra, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); Juan Mario Ponce Sandi, que pertenecía al grupo de inteligencia de Zúñiga; Franz Ordóñez Menacho; y el almirante Juan Arnez, excomandante de la Armada Boliviana.

Este miércoles se reinstalará la audiencia de inicio de juicio oral por la masacre de Senkata contra la expresidenta Jeanine Áñez y otras 17 personas, luego de que el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) presentara el sábado la acción de libertad en contra del Tribunal Cuarto de Sentencia.

Antes, ese tribunal había paralizado ese proceso por 10 días, para que se hagan las correcciones, debido a que el Tribunal de Sentencia advirtió de erros en las acusaciones formuladas contra los investigados, porque no “habrían” identificado el grado de participación de cada uno de los imputados por los hechos del 19 de noviembre de 2019.

“Lo que necesitamos es evidente, que estos jueces actúen con imparcialidad y cuiden su propia independencia. Ellos tienen en una primera instancia que está en obligación de cuidar sus propias decisiones judiciales y de actuar apegados a la ley. Si bajo pretexto de estas presiones, bajo pretexto de estas inclinaciones no lo están haciendo, quiere decir que se están volviendo cómplices de actuaciones, porque las están avalando”, cuestionó Luis Guillén, abogado defensor de la exmandataria, en una entrevista con Cadena A.

Por su parte, el activista y asesor de las víctimas de la trágica jornada del 19 de noviembre de 2019, David Inca, consideró que con la intervención del Sepdavi, “les están dando más argumentos a los acusados para que se puedan ir a quejarse ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y la CIDH va a llegar en octubre”.

“Este caso puede ser utilizado por la parte de los acusados, argumentando que hay una intromisión del Gobierno, del Ministerio de Justicia, (diciendo) que están presionando para que los jueces tengan resoluciones o resuelvan algunas acciones en contra el mismo Código de Procedimiento y del artículo 8 de la Convención Interamericana”, dijo Inca al mismo medio.

La masacre de Senkata es uno de los hechos luctuosos de noviembre de 2019, cuando militares y policías hicieron uso excesivo de la fuerza, amparados por el Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidad penal a los uniformados por ejercer violencia excesiva.

El primer hecho ocurrió el 15 de ese mes, en el puente de Huayllani, Sacaba-Cochabamba. Una columna de manifestantes exigía el “respeto a la democracia”. Un contingente militar y policial apostado en ese puente, usó gases y balas para reprimir a los movilizados.

El resultado dejó en total 10 personas muertas, algunas a causa de ejecuciones extrajudiciales, como determinó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La segunda represión violenta ocurrió en El Alto, cuatro días después, el 19. Ese día, otra decena de personas perdió la vida luego de la violenta represión de las Fuerzas Armadas y la Policía que usaron material letal.