Las bajas definitivas de policías por faltas disciplinarias subieron un 60% en 2023 con relación a la gestión 2022; la mayoría de casos es por deserción, según la información brindada por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana.

Esta máxima instancia de la entidad verde olivo registró 205 bajas definitivas el año pasado, frente a las 121 de 2022. Los procesos ya se encuentran ejecutoriados y concluidos administrativamente, hasta la jurisdicción de apelación; por lo que estos uniformados ya fueron notificados mediante memorándum del Comando General (más datos en la infografía).

En la actual gestión, de enero a la fecha, hay 77 policías que fueron dados de baja y además se tienen 700 casos en proceso de investigación, en los cuales figuran 856 agentes involucrados. 

Policías

En entrevista con La Razón, el presidente del Tribunal Disciplinario Superior, general Álvaro Flores, explica que en estos 700 procesos, en algunos se encuentran implicados no solo un servidor público, sino dos, tres o inclusive cuatro.

Basado en el procedimiento, el jefe policial señala que una vez que el caso es denunciado en la instancia respectiva, pasa a cargo de un fiscal de la institución que en 15 días —plazo designado para la investigación— emite un requerimiento acusatorio cuando existen elementos de convicción contra el acusado, y posteriormente lo envía al Tribunal Disciplinario Departamental que corresponda.

Sin embargo, aclara que los plazos para las pesquisas pueden ser ampliados entre 10 y 20 días, si el proceso lo amerita. “Posterior a esto, el tribunal disciplinario dicta un auto y fija la audiencia dentro de los 10 días”. Eso no es todo. Afirma que “concluida la audiencia, si existe una resolución sancionatoria, normalmente los servidores públicos policiales apelan; se llega al Tribunal Disciplinario Superior, que es donde se abre la competencia de esta presidencia”, o sea, del cargo que cumple Flores.

Bajas

Así, se abre el último eslabón para la ratificación o la anulación del dictamen inicial de baja. “Si mantenemos la sanción, la ejecutoriamos y se notifica al fiscal y al servidor público policial que ha sido sancionado, pero también al Comando General, donde se emite el memorándum de desvinculación de la institución policial”. Desde ese momento, ya no hay vuelta atrás en la determinación.

De acuerdo con los datos proporcionados a La Razón, de los 700 casos que se indagan este año, La Paz registra la mayor cifra, con 227, le siguen Santa Cruz con 90 procesos, Tarija con 87, Cochabamba con 68, Chuquisaca con 51, Potosí con 48, Beni con 44, Oruro con 43 y Pando tiene 42.

En cuanto a los cargos de los uniformados que están en la mira de los tribunales internos por supuestas faltas disciplinarias, de los 856 policías bajo investigación, la mayor parte son suboficiales y sargentos, con 668; luego se encuentran generales, jefes y oficiales, con 181 casos y, finalmente, personal de servicio, con siete (revisar la infografía).

Procesos

La Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana y los reglamentos de la institución verde olivo estipulan los tipos de faltas disciplinarias. La mayor cantidad de casos en los que se dio de baja a uniformados tiene que ver con la deserción, contra quienes abandonan sus funciones policiales por más de tres días.

Entre otras faltas está el consumo de bebidas alcohólicas usando el uniforme; así como el incumplimiento a mandatos u órdenes superiores y también el atribuirse grados jerárquicos que no corresponden, o faltar a la verdad. “Después está el inducir actos públicos que deshonren a la entidad policial”, subraya Flores. 

Cargos de policías

Respecto a la mora procesal, el presidente del Tribunal Disciplinario Superior indica que se arratran procesos de años anteriores. Asevera que desde que ocupa su cargo, 2016 hasta la fecha, solo se tienen pendientes casos desde 2023, los cuales están en grado de apelación. Como dato, los casos en tribunales disciplinarios departamentales ascienden a 1.440.

“Hay que tomar en cuenta que no se han aumentado las faltas, sino que hemos ido acumulando cuadernos de investigación precisamente por los años que han transcurrido. Por ejemplo, en la época de la pandemia del COVID-19 no se llevaron a cabo audiencias y todos los casos quedaron paralizados. Pero hemos ido regularizando. El año pasado tenemos algo de 600 resoluciones admitidas por el Tribunal Disciplinario Superior, como en ningún año. Entonces hemos adelantado bastante de las que teníamos pendientes”.

Subraya que una de las causas para que se genere la mora procesal se debe a que en la investigación y el desarrollo del proceso oral, los abogados generan “muchas argucias” que retrasan los procesos disciplinarios, con la ausencia a las audiencias y la presentación de bajas médicas o acciones de inconstitucionalidad a uno de los artículos de la Ley 101, pese a haber pasado el control constitucional. “Hay casos que se han suspendido hasta 17 veces, por lo que no hemos podido llevar a cabo el proceso disciplinario y eso perjudica al resto de los casos”.

El vigésimo sexto Congreso de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ eligió este domingo a David Mamani Quispe como nuevo ejecutivo de esa federación, quien indicó que trabajará en el marco de la unidad de su organización. 

“Hoy se ha decidido de manera soberana por el bien de la unidad de esta gran organización que siempre históricamente ha dado lineamiento en temas políticos y social a nivel departamental y nacional. Nosotros como nuevas autoridades tenemos todo el derecho y deber de encarar todo tipo de demandas y necesidades que requiere atender a las 20 provincias de esta región del occidente”, dijo el nuevo ejecutivo de La Paz.

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Añadió que en este congreso se vio la unidad de las 20 provincias, por lo que se fortalecerá orgánicamente, para ello se planificará y organizará lineamientos que se requiera encarar desde el tema político, social y productivo.

“En el marco del respeto, nosotros como organizaciones sociales vamos a trabajar con cualquier gobierno que esté de turno, pero no significa que vamos a ser captados o adormecidos por el gobierno. A lo contrario, como organizaciones sociales tenemos la obligación de reclamar todo tipo de necesidades o demandas que tiene a nivel del departamento de La Paz”.

El congreso de los campesinos se realizó este fin de semana en el Coliseo Héroes de Octubre de la ciudad de El Alto con la presencia las 20 provincias del departamento de La Paz.

La red de ciberestafas desarticulada en Santa Cruz movía cada mes al menos Bs 400.000, según las investigaciones del Ministerio Público. El costo mensual de la planilla de sueldos alcanzaba a Bs 240.000.

El sábado, un juez determinó la detención preventiva por seis meses de ocho de los 10 principales implicados; mientras que los otros dos recibieron arresto domiciliario, para lo cual tendrán que pagar primero una fianza.

El miércoles, un megaoperativo en la zona de Equipetrol, en el segundo anillo de la capital oriental, detuvo a más de un centenar de trabajadores de la empresa fachada, Legend Global, que operaba mediante un “call center”.

Desde allí se realizaban estafas y extorsiones mediante aplicaciones, redes sociales y llamadas telefónicas. La compañía figuraba, en los documentos “legales”, como una que realizaba estudios de mercado y encuestas de opinión pública.

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El personal, principalmente jóvenes universitarios con conocimientos en informática, era capacitado por los administradores de esta organización criminal para extorsionar a víctimas de cuatro países: Chile, Ecuador, México y Perú.

El sábado, tras una audiencia cautelar de casi cinco horas, el fiscal Cándido Blanco afirmó que se demostró “de manera precisa, específica y detallada los suficientes elementos de convicción de la probabilidad de autoría de los delitos”.

Un ciudadano chino, Lei Z., está en la mira por ser supuestamente el cabecilla de esta banda que comenzó sus operaciones en Colombia, para posteriormente asentarse en Perú, donde fue descubierta y migró a Bolivia, Santa Cruz, en diciembre.

Red de ciberestafadores

Los delitos que están en la carpeta de investigaciones son enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. La defensa de los sindicados anunció que apelará las detenciones preventivas.

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Blanco explicó que la empresa fachada nació con un capital de Bs 70.000, el 50% de las acciones lo tenía Lei Z. y la otra mitad, una ciudadana colombiana de 19 años, Sofía P.; ambos se encuentran entre los que fueron enviados al penal de Palmasola.

Eso no es todo. El viernes, el comandante general de la Policía, Álvaro Álvarez, reveló que la firma bajo la pantalla de un “call center” pagaba un salario mínimo de Bs 2.500 a los trabajadores que reclutaba y tenía una planilla de Bs 240.000 al mes.

El sábado, el fiscal a cargo del caso indicó que las ganancias tenían buen color para estos ciberdelincuentes, ya que el “movimiento real” era de Bs 400.000 cada mes, o sea, si se hacen números, sobraban Bs 160.000 mensuales para ganancias y otros gastos.

Bajo préstamos con intereses de entre 30 y 40%, y el acceso a información de los celulares de los deudores (imágenes, contactos, cuentas de banco…), se procedía a la extorsión con hasta amenazas de muerte, inclusive a familiares y amigos.

La Policía estableció que cada empleado tenía la misión de cobrar al menos a 10 víctimas por día, es decir, al menos 1.080 personas de Chile, Ecuador, México y Perú eran contactadas diariamente desde las oficinas del “call center” cruceño.

Efraín Mollo, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), afirmó este domingo que el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales fue declarado persona no grata en el Vigésimo Sexto Congreso de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz, por «entrometerse y dividir».

“Nuestra actividad es netamente sindical y no es política por lo que el Décimo Sexto Congreso de los Trabajadores del agro de La Paz, fue claro al rechazar la injerencia política de Morales y recordarle que este no tiene pisada en la Federación de Trabajadores Campesinos de esta región de Tupac Katari”, indicó Mollo al Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios.

El congreso de los campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ se realiza este fin de semana en el Coliseo Héroes de Octubre de la ciudad de El Alto con la presencia las 20 provincias del departamento de La Paz. En este cónclave, se elegirá a un nuevo directorio.

El sábado, el presidente Luis Arce denunció los “afanes divisionistas” en las organizaciones sociales por lo que pidió la unidad, no solo a este sector campesino, sino a todos los sectores sociales.

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“El congreso de los hermanos de la Tupac Katari se da en un momento en que varias organizaciones sociales en el país están siendo amenazadas con la división, con el fraccionamiento. Se da en un momento muy delicado, porque ya hay apetitos de división, no solo en La Paz, sino lo estamos viendo en varios departamentos, inclusive hasta con nuestra Central Obrera Boliviana”, dijo el Mandatario.

Mollo observó que en este congreso existe gente infiltrada que pretende pasar por dirigentes para dividirlos y porque hay intereses políticos partidarios a la cabeza de Morales. “A nivel de las 20 provincias estamos buscando la unidad del departamento, no creemos que un departamento tan revolucionario, tan político hoy termine en un congreso dividido. Estamos hablando de un congreso unido”.

Acusó también al bloque evista, entre ellos al senador Andrónico Rodríguez, de pasearse por las 20 provincias de La Paz y tratar de dividir. “Se han dedicado a dividir a las organizaciones sociales. Senadores y diputados están trabajando de manera permanente. Ayer han estado todo el día en la ciudad de El Alto, tratando de monitorear y dividir el congreso, estamos en esa lucha, en esa tarea de defender el proceso de cambio y defender la democracia”.

Añadió que se busca que “no siga ese dedazo, ese manoseo político que de forma adelantada ya han decidido hacer una campaña política por un representante que lamentablemente ha sido separado de las filas del movimiento campesino. Estamos hablando de Evo Morales”.

Una publicación del vocero presidencial, Jorge Richter, ha provocado remezón, ya que sugeriría que abandona el barco del Gobierno. Sin embargo, él aseguró a La Razón que no se alejó de la administración gubernamental de Luis Arce.

“No he dicho que me alejé”. Fue la respuesta de Richter ante la consulta de La Razón mediante un mensaje de texto, tras el artículo de opinión publicado en medios y ante la consulta de Urgente.bo sobre si esto significa la despedida de sus funciones.

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“Los últimos años de mi vida he pensado mucho en las formas que tenemos y debemos tener las personas para dirigirnos al otro, para dignificar el espacio en el que estamos. Es, sin duda, un esfuerzo continuado y diario, corresponde también empezar y saber despedirse del lugar donde estoy”, afirmó a Urgente.bo.

En su texto publiado, Richter señala: “Hoy de lo aprendido en este discurrir de los últimos tres años y medio de mi vida, tengo intención de marcar, públicamente, algunas conclusiones iniciales para ayudar aún, a que se comprenda la importancia de disociar lo profundo de lo superficial. Las iré listando y detallando para dejar esclarecida la importancia de todas y cada una de ellas”.