La Justicia concedió este miércoles una acción de libertad para los jueces del Tribunal Séptimo de Sentencia de Santa Cruz que denunciaron amedrentamiento policial durante una audiencia de cesación a la detención preventiva de Misael Nállar.

“Han concedido la acción de libertad en el entendido que se pueda investigar a la fiscal que evidentemente estaba su nombre en el mandamiento de aprehensión como a los policías que vinieron hacer una persecución indebida, se los va a procesar. (Eso) ha dispuesto la autoridad convertida en juez de garantías constitucionales”, dijo el juez Freddy Coronel, del Tribunal Séptimo de Sentencia, a la red DTV.

Investigación

El juez Coronel indicó que en este caso se remitirán antecedentes al Ministerio Público y ellos, anticorrupción, serán los que investigarán este hecho, pero; también se enviarán los antecedentes al Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana de los uniformados involucrados.

El miércoles, durante la audiencia del caso Nállar, los jueces denunciaron la presencia de uniformados policiales y civiles armados que intentaron amedrentarlos, tomando fotografías y preguntando sus nombres, sin justificación alguna.

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De acuerdo con la autoridad, lo que ocurrió en miércoles en la audiencia del Tribunal Séptimo de Sentencia fue una “persecución ilegal”. Señaló que en audiencia de acción de libertad la Policía Boliviana negó este aspecto

Dijo que la Policía Boliviana se maneja por subordinación; por lo que ningún policía puede actuar a criterio personal y que “todos los policías que vinieron a Palacio de Justicia y se supone; se sobre entiende que han sido dirigidos por su comandante, en este caso es el comandante departamental” de la Policía, Erick Holguín. 

Jueces

La Asociación de Magistrados y Jueces de Santa Cruz denunció también el “amedrentamiento” en el Tribunal Séptimo de Sentencia por parte de la Policía y expresó su rechazo y “profunda preocupación” ante los acontecimientos ocurridos duranta la audiencia de Misael Nállar.

“Exige el cese inmediato de cualquier tipo de amedrentamiento y la garantía de un entorno seguro y libre de presiones externas para los jueces en el ejercicio de sus funciones”, señala el pronunciamiento.

La juez Claret Llanos, del Tribunal Séptimo de Sentencia de Santa Cruz, también pidió sanción contra quienes están buscando amedrentarlos; y que no acudan a las audiencias si no existe una solicitud de las autoridades.

 “Eso se tendría que hacer y prohibir que estén ejerciendo injerencia en el Órgano judicial”, dijo la autoridad.

La Asociación de Magistrados y Jueces de Santa Cruz denunció este miércoles el amedrentamiento en el Tribunal Séptimo de Sentencia por parte de la Policía, durante una audiencia de cesación a la detención preventiva de Misael Nállar.

Nállar es sindicado por el delito de asesinato de tres policías acribillados en el municipio de Porongo, en el departamento de Santa Cruz.

“La Asociación de Magistrados y Jueces de Santa Cruz expresa su enérgico rechazo y profunda preocupación ante los acontecimientos ocurridos durante la audiencia del Tribunal Séptimo de Sentencia. Exige el cese inmediato de cualquier tipo de amedrentamiento y la garantía de un entorno seguro y libre de presiones externas para los jueces en el ejercicio de sus funciones”, señala el pronunciamiento.

Reclamo

Gladys Alba, presidenta de la organización, indicó que durante la audiencia de Nállar, “los jueces denunciaron la presencia de numerosos uniformados policiales y civiles armados que intentaron amedrentarlos, tomando fotografías y preguntando sus nombres”.

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“Esta clara intimidación fue seguida por difusión de mandamientos de aprehensión cuya veracidad aún se desconoce, pero que ya han generado zozobra y amedrentamiento psicológico contra los jueces Yanet Paniagua, Freddy Coronel y Claret Llanos, sin justificación alguna”.

Garantía

Ante ello, exigió el cese inmediato de cualquier tipo de amedrentamiento y “la garantía de un entorno seguro” y libre “de presiones externas para los jueces” en el ejercicio de sus funciones.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz inició una investigación de oficio por la orden de aprehensión falsa que circuló en redes sociales contra los miembros del Tribunal Séptimo de Sentencia de Santa Cruz.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, indicó que la investigación está en curso para dar con los autores que realizaron y filtraron el mandamiento falso, que generó desinformación en la población e incluso incertidumbre en las autoridades judiciales.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este miércoles que se dispuso que la Fiscalía Departamental de Santa Cruz inicie una investigación de oficio por la orden de aprehensión falsa que circuló en redes sociales en contra de los miembros del Tribunal Séptimo de Sentencia de Santa Cruz, quienes analizan el pedido de cesación a la detención preventiva de Misael Nállar.

Dijo que está en curso la investigación para dar con los autores que realizaron y filtraron la orden de aprehensión falsa y generó desinformación en la población e incluso incertidumbre en las autoridades judiciales.

“La información se generó a través de las redes sociales y no a través de una fuente oficial como es el Ministerio Público. No hemos desplegado ninguna actividad investigativa relacionada o en contra de esas autoridades judiciales, ese mandamiento de aprehensión supuestamente liberado por un fiscal del departamento de La Paz no es evidente”, dijo Lanchipa.

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La autoridad dijo desconocer el trabajo que realizaban los efectivos policiales que se encontraban en el Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Cruz, durante la audiencia de cesación a la detención preventiva de Nállar, que fue suspendida para el jueves 23 de mayo.

Jorge Tamayo, abogado de Nállar, señaló que lo llamativo en la audiencia fue el excesivo control policial en el piso siete del Palacio de Justicia. “Alrededor de 25 policías de todas las divisiones (había en el piso siete), como nunca en este proceso y a denuncia de la juez incluso ya estaban dentro de las oficinas”.

Nállar es sindicado por el delito de asesinato de tres policías acribillados en el municipio de Porongo, en el departamento de Santa Cruz.

La muerte de los uniformados se produjo el 21 junio de 2022, cuando la patrulla con los dos efectivos policiales y el voluntario del GACIP se dirigían a la comunidad Los Cuchis para realizar un patrullaje de rutina, pero en el camino se encontraron con una vagoneta de donde descendieron varias personas armadas que los atacaron y les provocaron su muerte.

El vicepresidente David Choquehuanca se sumó este miércoles al pedido de justicia por los campesinos que sufrieron vejámenes en la ciudad de Sucre, en mayo de 2008. Además, expresó su respeto y subrayó la necesidad de desterrar el racismo.

La autoridad saludó “la valentía, el coraje, el compromiso de nuestros hermanos que han sufrido vejámenes un 24 de mayo de 2008. Se han organizado, no solamente reclamando sus derechos, no solamente para que se haga justicia, sino para que nadie más pueda sufrir lo que ellos han sufrido. Todos tenemos que acabar la discriminación y del racismo”.

Añadió que “no puede quedar en la impunidad (los hechos de 2008), se han violado derechos humanos, derechos de los pueblos, ese día, y pedimos a los que administran justicia celeridad. No han contado que los citan, ellos (administrados de justicia) no van, viajan, los postergas, son 16 años que han pasado. Todos merecemos respeto”.

En 2008, Sucre vivió una jornada de violencia marcada por la humillación a un grupo de campesinos capturados que fueron obligados a marchar semidesnudos en medio de agresiones físicas y verbales, a arrodillarse y besar el suelo frente a la Casa de Libertad.

La postura de Choquehuanca fue expresada durante el primer conversatorio de Tiempos de Diálogo desde las Mujeres hacia el Bicentenario por el Vivir Bien, que se celebró en la Vicepresidencia con la presencia de María Luz Moscoso y Mario Ramírez Carballo, expresidenta y presidente de la Asociación de Víctimas del 24 de mayo de 2008.

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En su intervención, Carballo pidió a las autoridades judiciales retomar el caso y sancionar ejemplarmente a los autores de hechos violentos protagonizados en 2008 contra más de 50 campesinos.

“El 2019, con el gobierno de facto, se archivan obrados y desapareció el proceso. Nosotros hemos interpuesto algunos recursos que vemos pertinentes para mantener la esperanza de que la justicia pueda reconsiderar este hecho y nos dieron la espalda. Para las víctimas del 24 de mayo, en Bolivia no hay justicia”, denunció.

Choquehuanca señaló que se debe desterrar el racismo “de nuestra cabeza, en el que el hombre no es superior a la mujer e inferior a ella. Donde los que viven en la ciudad no son superiores a los que viven en el campo, somos iguales, tenemos los mismos derechos y todos podemos enseñar y aprehender”, resaltó.

La autoridad también recordó que en el marco normativo se tiene leyes importantes destinadas a exterminar este mal, como la Ley 139 de 2011, que establece que cada 24 de mayo se recuerde el Día Nacional Contra el Racismo y toda forma de Discriminación; al igual que la Ley 045, cuyo objetivo central es combatir y erradicar el racismo y la discriminación en el país.

Aprovechó ese espacio de diálogo para llamar a la reflexión al pueblo boliviano, ante intentos constantes de grupos radicales que promueven la confrontación y alimentan divisiones entre bolivianos.

La Sala Constitucional Primera de La Paz suspendió hasta el lunes 27 la audiencia de acción de cumplimiento presentada contra el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, por la demora en la convocatoria al pleno del legislativo para tratar en sesión los proyectos de ley 073 y 075 referidos a la prórroga de mandato de los magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.

Israel Quino, director de asuntos jurídicos de la Cámara de Senadores, señaló que, tras la interposición de acción de cumplimiento, también se solicitó la excusa de uno de los vocales de esta misma Sala Constitucional para conocer el caso.   

“Esta excusa se ha presentado debido a que dos de los accionantes en agosto de 2023 han formalizado una denuncia penal por el delito de resoluciones contrarias y la ley en contra de una resolución, la 2001 de la pasada gestión. Esto según la normativa procesal constitucional, constituye una causal en virtud del Código Procesal Constitucional para que no conozca esta causa, sin embargo, hasta hace aproximadamente 90 minutos, no se ha pronunciado en razón si se aleja o no de conocer esta causa”, explicó Quino. 

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El jueves, los senadores William Torrez y Lucy Escobar presentaron en la Sala Constitucional Primera de La Paz una acción de cumplimiento contra Choquehuanca. La misma fue admitida el lunes contra el titular de la Asamblea y cuya audiencia fue fijada para este miércoles a las 16.00.

Quino indicó también que se presentó un memorial de retiro de la acción de cumplimiento de los senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala evista William Torrez y Lucia Escobar en “virtud a la no excusa de uno de los vocales”.

Señaló que, a partir del retiro de esta acción de cumplimiento se dispuso redireccionar la estrategia jurídica en otros cuatro departamentos respecto a las acciones de defensa al que se sumarán otros senadores titulares para tratar las leyes 073 y 075 de antiprórroga.