Tras la destitución del cargo de ministro de Medio Ambiente y Agua, Alán Lispeguer señaló este jueves que no puede “fugarse del país” porque no ha robado “ni un centavo de nadie” e indicó que existe “toda la justificación” para demostrar el movimiento de Bs 1 millón.

“Todo lo que tengo, ha sido gracias a mi esfuerzo. Hacen mención a nueve bienes que en menos de tres años (tuve). He construido un edificio multifamiliar hace bastantes años atrás. Todo el mundo sabe que cuando va a ser (una construcción) tiene que regularizar con la propiedad horizontal para sacar los folios reales de cada departamento, eso es lo que ha pasado”, afirmó.

La exautoridad es investigada por un presunto enriquecimiento ilícito y por falsedad en su declaración jurada.

La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, informó el miércoles que llama la atención que Lisperguer haya registrado ocho bienes inmuebles en 2021 e hiciera un movimiento de más de un millón de bolivianos.

De acuerdo con la autoridad, la investigación surgió tras una denuncia presentada ante el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción donde se detallan “algunos cobros irregulares y movimientos inusuales” contra el exministro y otro exfuncionario. 

“Se hace ver como si fuera parte de un enriquecimiento ilícito. Y, obviamente, las gestiones donde no fungía como servidor público, he tenido que dedicarme también a otras actividades para poder sobrevivir. Y en ese sentido, justamente con esos bienes inmuebles”, dijo el exministro en una entrevista con Erbol.

Indicó además que el millón bolivianos si se lo divide por cuatro años da Bs 250.000, suma que, en su criterio, no es una suma para “enriquecerse”.  “Todo esto lo vamos a ir descargando con todo lo que tenemos”.

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Reiteró que no hay “por qué fugarse del país” debido a que aquí no se habla de “miles de millones de dólares o bolivianos que llamarían la atención”.

También aclaró que desde que asumió como ministro en marzo del año pasado a la fecha no tiene un “movimiento extraordinario” en sus cuentas.

“Antes de asumir el cargo, efectivamente sí tengo movimientos, como cualquier ciudadano, que para sobrevivir tiene que utilizar sus recursos.

Aseveró que respetará el procedimiento que tiene la Fiscalía para la notificación, para las declaraciones y presentación de todos los descargos,

“Estamos respetando eso, pero vemos que hay un apuro, querer forzar a una situación, querer hacer ver como que mi persona está escapando del país y que hay que aprehenderlo, creo que ya son extremos”, manifestó.

El director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Gabriel Neme, señaló este jueves que la Fiscalía aún no emitió ninguna citación u orden de aprehensiónLa FELCC dice que el exministro Lisperger aún no fue citado por la Fiscalía para el exministro de Medio Ambiente.

Tras la entrega del pliego petitorio de 12 puntos al Gobierno, el Pacto de Unidad afín al expresidente Evo Morales determinó este jueves ingresar en un cuarto intermedio y esperar una respuesta hasta el 22 de enero.

Pedro Llanque, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) paralelo, señaló que la determinación se debe a que el Gobierno tiene “unas intenciones oscuras” de querer sembrar pruebas y detener a los que están en la vigilia.

“Como dirigentes no podemos arriesgar a nuestros hermanos que van a entrar a la vigilia, tampoco a los dirigentes que realmente arriesgan. Por eso, hemos tomado la decisión de dar un plazo al Gobierno hasta el 22 de enero para que nos atienda”, dijo del dirigente campesino.

Indicó que el 22 de enero en el coliseo de La Coronilla de Cochabamba se tendrá una concentración a nivel nacional para hacer una evaluación de la marcha y se determinará fututas acciones en beneficio del país.

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La marcha que partió el 10 de enero desde la localidad de Patacamaya arribó a la ciudad de La Paz el lunes 13 con el objetivo de ingresar a la plaza Murillo para entregar el pliego de demandas al Gobierno.

Sin embargo, contingentes de policías impidieron este objetivo y gasificaron a los marchistas, por lo que los movilizados iniciaron una vigilia en cercanías de la plaza Murillo hasta entregar sus demandas.

Enrique Mamani, dirigente intercultural, indicó que la “Marcha por la vida” desde su inicio hasta llegar a la sede de Gobierno “fue pacífica”, pero que el Gobierno una vez más demostró el lunes 13 y martes 14 la “represión indiscriminada” y el secuestro de los marchitas.

“Lo único que han venido es a pedir que sean escuchados ante el alza de la canasta familiar, el combustible que está generando largas colas y la escasez del dólar. También hemos venido exigiendo al Gobierno central dentro del pliego petitorio liberar a nuestros detenidos injustamente”, señaló el dirigente intercultural.

Mamani aseveró que la lucha continúa y seguirá adelante hasta conseguir sus demandas y que “no piense que el Gobierno que al recibir el pliego van a dejar de luchar”.

El lunes, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, indicó que varios puntos de su pliego ya fueron atendidos y que algunos solo buscan “impunidad” para su líder, que enfrenta un proceso por trata de personas.

La Justicia determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva contra 12 personas aprehendidas durante la movilización evista que llegó el lunes 13 de enero a la ciudad de La Paz.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, coronel Gabriel Neme, informó este jueves que estas personas fueron aprehendidas en posesión y tenencia de explosivos.

“Se pretendía utilizar (estos explosivos) para agredir a los servidores policiales que se encontraban en funciones de seguridad en la plaza Murillo. Ha sido la autoridad jurisdiccional, quien ha definido otorgar medidas sustitutivas a la detención preventiva”, señaló el jefe policial.

Dieter Mendoza, secretario general de la Federación Mamoré Bulo Bulo, informó sobre la liberación de los aprehendidos y señaló que “son inocentes” y que el Gobierno no logró “sembrar las pruebas” para encarcelarlos. 

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“Ellos estaban detenidos injustamente, solamente estaban circulando alrededor de la plaza Murillo. En ningún momento hubo ningún tipo de agresión, como acusó el Gobierno y la Policía”, dijo el dirigente cocalero.

La marcha del Pacto de Unidad afín al expresidente Evo Morales, a su arribo a la ciudad de La Paz, intentó ingresar al kilómetro cero, plaza Murillo, para entregar un pliego petitorio al Gobierno.

Sin embargo, grupos de contingentes policías impidieron este objetivo y gasificaron a los marchistas. El Gobierno reportó la aprehensión de 12 personas y el arresto de otras 29 por el ataque con petardos y cachorros de dinamita, entre otros explosivos. 

Mendoza denunció que en instalaciones de la FELCC los marchistas aprehendidos sufrieron agresiones físicas y psicológicas.

La marcha evista determinó también levantar la medida de presión, tras la entrega del pliego petitorio al Gobierno y conminó a dar respuesta hasta el 22 de enero, caso contrario asumirán otras medias de presión.

Ante la destitución de Alan Lisperguer como ministro de Medio Ambiente y Agua, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, asumió de manera interina el cargo hasta que se designe a una nueva autoridad en esa cartera de Estado.

La designación de Prada se establece a través del Decreto Presidencial 5314 que fue publicado en la Gaceta del Estado.

“Desígnese ministra interina de Medio Ambiente y Agua, a la ciudadana María Nela Prada Tejada, ministra de la Presidencia, mientras se designe al titular”, reza el artículo único del decreto presidencial.

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Luego de conocerse que el exministro es investigado por el delito de enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas, el presidente Luis Arce dispuso su “destitución inmediata”.

“Luego de haberse hecho público la admisión de una denuncia contra el Ministro de Medio Ambiente y Agua por presunto enriquecimiento ilícito, he dispuesto su destitución inmediata para que asuma defensa en las instancias que corresponda”, escribió el mandatario.

La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, informó el miércoles que el exministro de Medio Ambiente y Agua registró ocho bienes inmuebles en 2021 que “llamó la atención” e hizo un movimiento de más de un millón de bolivianos.

Por este hecho, también es investigado el exdirector jurídico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, informó este viernes que esta alta instancia del Órgano Judicial inicio de manera formal la transición del cargo para luego iniciar las auditorias respetivas de la gestión de los salientes consejeros de esa institución.

Para ello, dijo que se contrató a un Notario de Fe Pública que recibirá toda la documentación de las diferentes direcciones, jefaturas y direcciones departamentales del Consejo de la Magistratura. 

“Este proceso de transición es parte de la transparencia que quiere dar esta institución para saber en qué estado se han dejado las documentaciones por las anteriores autoridades y posteriormente a esta recepción analizar la asignación de tareas en cada una de las reparticiones de esta institución e inclusive proceder algunas auditorías jurídicas en los casos que sean necesarios”, dijo.

Baptista señaló que, en este proceso de transición, se pidió a los “todos” los funcionarios del Consejo de la Magistratura que colaboren con el trabajo de la Comisión de Transición, la cual estará a cargo de un representante de cada consejero de la Magistratura y del Notario de Fe Pública.

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En esta etapa de trabajo, dijo que se tomará un registro de toda la documentación que se dejó en cada una de las direcciones, unidades y jefaturas de esta institución, así como de los nueve departamentos en sus direcciones distritales.

Señaló que el trabajo de la anterior gestión debe ser transparente y una vez recibida documentación se procederá al análisis formal de cada documentación, a fin de dar inicio a las posibles auditorías.

“No nos olvidemos que el Consejo de la Magistratura supervisa no solamente el trabajo de los jueces, sino también de oficinas muy importantes como son el REJAP (Registro de Antecedentes Penales), como son Derechos Reales y otras”, señaló.

Baptista aclaró que una auditoría se inicia en atención a alguna denuncia, alguna petición o intención de alguno de los consejeros en relación a una actividad en particular.       Indico que en 2024 “muchos” pidieron que se revise en atención a la “autoprórroga” de los magistrados.

“Este tipo de decisiones para el inicio de las auditorías van a realizarse una vez que en sala plena con los tres consejeros exista un acuerdo pertinente”.

La autoridad judicial señaló además que en “la brevedad posible” se dará una respuesta para saber en qué estado real se dejó la institución.