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Tuesday 21 May 2024 | Actualizado a 06:00 AM

Faltan custodios para detenciones domiciliarias

Régimen Penitenciario admite la falta de escoltas para vigilar a personas que tienen arresto domiciliario. Hay 1.350 efectivos para cuidar a 3.000 capturados en el país

/ 8 de junio de 2015 / 07:00

Según la Dirección General de Régimen Penitenciario, faltan custodios policiales para vigilar a personas que tienen detención domiciliaria por orden judicial. Existen al menos 1.350 efectivos para el resguardo de unos 3.000 procesados, que tienen arresto en una casa, la mayoría con escolta.

El trabajo de los custodios policiales fue cuestionado tras el estallido del escándalo que provocó la fuga del empresario peruano Martín Belaunde (17 de mayo), quien huyó de su arresto domiciliario a pocos días de su extradición. Investigadores del caso sospechan que los vigilantes recibieron dinero, aunque familiares de los guardias dijeron que los policías incluso trabajaban más de 24 horas seguidas para cuidar al ahora recapturado y extraditado al Perú.

“Siempre en cuestión de policías hubo eso, de que no hay el personal (custodios) suficiente. Por eso más bien estamos en el trabajo de realizar toda la coordinación para que se pueda solicitar (más efectivos) de acuerdo a las detenciones domiciliarias que existen y lo requieran en el país”, señaló el director general de Régimen Penitenciario, Jorge López.

Colaboración. Agregó que la Dirección de Seguridad Penitenciaria realizó una solicitud al Comando Nacional de la Policía Boliviana para que se destine un nuevo número de efectivos que refuercen el trabajo policial penitenciario, no solo para custodios, sino también para el control de las cárceles del país.

“Tengo conocimiento de que hay alrededor de 1.350 custodios policiales a nivel nacional que tienen que trabajar con todas las exigencias que se requieran y, de acuerdo a eso, se destina el personal en el país”, remarcó López a este diario.

La autoridad sostuvo que los custodios son dependientes del Comando Nacional de la Policía Boliviana, pero la ley también prevé la coordinación en forma muy estrecha con Régimen Penitenciario para el trabajo de estos vigilantes.

La falta de custodios fue constatada por este diario, pues observó que desde la pasada semana, desde hace 15 días, están en celdas judiciales de La Paz al menos 15 personas que esperan que Régimen Penitenciario les otorgue los custodios para que den cumplimiento a su detención domiciliaria. Entre estos apresados estaban dos familiares de Yuliano Arista (Curaca Blanco), encarcelado por la fuga del peruano Belaunde.

Según una fuente del Órgano Judicial, que pidió la reserva de su identidad, en Bolivia hay al menos 3.000 personas con detención domiciliaria, la mayoría debería ser con custodios.

Con estos datos se da cuenta de que los procesados beneficiados con la medida sustitutiva superan en un 122% al número total de custodios, aunque no todos deben tener escolta.

La misma fuente explicó que la mayoría de las detenciones domiciliarias están en el eje troncal; en el departamento de La Paz hay aproximadamente 600 arrestos domiciliarios, en Santa Cruz 900, en Cochabamba 300, en Chuquisaca más de 200 y en Potosí 150, mientras que el resto está en Oruro, Beni, Pando y Tarija.

El 8 de mayo, en el Hospital de Clínicas de La Paz se reveló que existían dos privados de libertad internados con serias contusiones, pero que eran encadenados a las camas del nosocomio por falta de custodios policiales. Los apresados indicaron, en esa fecha, que era normal el hecho debido a que no había quién los resguarde todos los días, además que no tenían recursos económicos para pagar el sustento de los efectivos.

Un jefe policial que pidió el anonimato explicó que las personas que son sometidas a audiencia cautelar y tienen arresto domiciliario con custodios deben firmar un contrato de manutención a los efectivos que los vigilarán. Deben darles de comer, viático y una suma de dinero para que éstos se trasladen.

Los tribunales departamentales de Justicia emiten la resolución de detención domiciliaria y, de acuerdo a la gravedad, indican si deben tener custodios y la cantidad, luego envían el pedido al Comando de la Policía para que se designe al personal.

Fugas por falta de control

Pese a que tenían procesos y eran vigilados, huyeron del país el exsenador opositor Róger Pinto (2012) y el empresario estadounidense Jacob Ostreicher (2013). Éstos fugaron de Bolivia y ahora el primero tiene refugio en Brasil, mientras que el segundo se encuentra en Estados Unidos (EEUU). Ambos tenían un control por efectivos de Inteligencia para evitar que salgan de Bolivia.

Contrato para tener escolta

Según fuentes policiales, la persona que debe cumplir detención domiciliaria, por orden judicial, debe firmar un contrato con Régimen Penitenciario para correr con el gasto de alimentación y otros que necesita el custodio.

Esta misma fuente, que pidió el anonimato, explicó a este diario que las personas que tienen la medida sustitutiva, antes de salir de celdas, deben firmar el contrato por el que se comprometen a dar la comida, pasajes y un estipendio de entre Bs 20 y Bs 50, de acuerdo al pacto y la cantidad de custodios que necesiten.

De no rubricar el documento citado, esas personas deberán permanecer en celdas judiciales hasta que el juez cambie su decisión o consiga el dinero para, prácticamente, mantener a los uniformados.

Al respecto y consultado sobre si se firma o no un contrato para acceder a un custodio, el director general de Régimen Penitenciario, Jorge López, respondió con un “sí, sí, se debe realizar y se designa de acuerdo a la determinación del juez”.

Cada uno de los tribunales departamentales de Justicia de Bolivia es el encargado de enviar una solicitud al Comando Nacional de la Policía Boliviana para que se asignen los custodios necesarios y que vigilen a las personas que tienen detención domiciliaria.

El 19 de mayo, el mismo día que fue posesionado como ministro de Gobierno Carlos Romero, rechazó de que se haga contratos o se pague a los custodios por realizar su trabajo con personas que tienen arresto domiciliario en el país.

Hizo referencia a tres custodios policiales que resguardaban al peruano Martín Belaunde y que supuestamente les pagaba hasta Bs 200 por día a los uniformados que estaban en su domicilio.

El 26 de mayo, el presidente Evo Morales calificó de “indigno” que los guardias hayan sido pagados por Belaunde. “El grupo responsable de dar seguridad a un delincuente internacional no es posible que diariamente, informalmente, reciba plata del corrupto (Belaunde). Si recibe una especie de viático diario, ya podemos imaginarnos”, criticó el Jefe del Estado.

Carencia de escoltas impide que detenidos dejen las celdas

Los apresados en La Paz no van a su arresto domiciliario hace más de dos semanas

La falta de custodios para acompañar y vigilar a personas que tienen detención domiciliaria obliga a los beneficiados con esa medida sustitutiva a permanecer en las celdas judiciales, por lo menos hasta que haya estos custodios y puedan retirarse a sus viviendas. Este diario verificó que la pasada semana había 15 personas que esperaban, desde hace dos semanas, que haya vigilantes para dejar el calabozo.

Los jueces que sometieron a audiencias cautelares a esas personas optaron por otorgar a los imputados la detención preventiva, como alternativa a la detención carcelaria, mientras asuman su defensa legal. En todo el país hay al menos 3.000 sindicados en esa situación.

La Razón verificó, en las mismas celdas judiciales, que estas personas detenidas esperan la respuesta de las autoridades policiales para que se les asignen custodios.

En el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz informaron que la situación en las carceletas de esta instancia jurisdiccional se llenan justamente por esa situación. Agregaron que el problema debe ser resuelto por Régimen Penitenciario y la Policía, ya que ni bien exista una orden de arresto domiciliario, se envía un proveído a la institución policial para que se haga la designación respectiva.

Según un uniformado que trabaja en el tribunal, en las celdas hay hacinamiento por la falta de custodios; pero recalcó que este problema no es reciente, sino de hace varios años.

Entre las 15 personas detenidas en celdas judiciales paceñas se encontraban dos familiares de Yuliano Arista, implicados en la fuga del empresario peruano Martín Belaunde.

Al margen de la falta de custodios en esta carceleta, uno de los detenidos dijo que otro factor que impide que salgan del lugar es la alta suma de dinero que piden los jueces para la fianza. Los arrestados deben esperar que los montos sean reducidos.

Denuncia  de pagos ilegales

Beneficio
Uno de los detenidos en celdas judiciales de    La Paz denunció que hay personas que acceden rápido a un custodio o hasta dos, solo porque tienen los recursos económicos necesarios para hacer pagos.

Delito
También denunció que dentro de estas personas están las acusadas de cometer delitos graves como narcotráfico, asesinato, robo agravado, violación y atraco, entre otros.

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La Procuraduría resta legalidad a conminatoria de la Cámara de Senadores

El procurador también reiteró que “una sentencia constitucional, una declaratoria constitucional únicamente puede ser modificada por otra sentencia, por otra declaración constitucional".

El procurador César Siles y el subprocurador Gustavo medina brindan una conferencia de prensa.

Por Boris Góngora

/ 20 de mayo de 2024 / 21:25

Tras un análisis sobre la conminatoria del Senado a la Procuraduría General del Estado para que se constituya en “posición de garante” en torno a la resolución constitucional sobre la prórroga de magistrados de las altas autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), se determinó que esta instancia legislativa “no tiene (y) no reconoce la figura de las conminatorias”.

La Subprocuraduría de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa emitió una opinión especializada que establece que “las resoluciones camarales constituyen disposiciones obligatorias en el ámbito de la propia Cámara de Senadores, como bien refiere el artículo 163 del citado reglamento… no se tiene la tipología posible para conminatorias sobre interpretación de vinculatoriedad, eficacia o validez de los fallos del Tribunal Constitucional, entre instituciones públicas, puesto que excede los límites impuestos por el legislador reglamentario” (sic). 

El procurador César Siles señaló que la Subprocuraduría realizó una interpretación “normativa exhaustiva” de las facultades del Senado para una comprensión “eficaz del sentido y alcance de dicho acto legislativo”.

Lea más: La Procuraduría insiste en que la reelección indefinida no es un derecho humano

Indicó que este análisis concluyó en que “los actos de gestión de la Cámara de Senadores que están previstos en su normativa, la Constitución (Política del Estado), en el reglamento de las cámaras de Diputados y de Senadores no tienen, no reconocen la figura de las conminatorias. Ellos tienen otros actos de fiscalización a su alcance para poder ejercer sus prerrogativas”.

El procurador hizo referencia a la Resolución Camaral 13/2023-2024, del 1 de febrero de 2024, emitida por la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa, en la que establece: ”Conminar a la Procuraduría General del Estado, en ejercicio de sus atribuciones se constituya en posición de garante para resguardar los intereses del Estado en virtud a la vulneración de la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado, este último en virtud al principio de separación de poderes (Art. 12-CPE) y la posible responsabilidad internacional del Estado que puede generarse por los efectos jurídicos no vinculantes de la Declaración Constitucional Plurinacional 049/2023 de 22 de diciembre de 2023 con la autoprórroga del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional” (sic).

Siles señaló también que ya emitió su posición respecto a la vinculatoriedad, eficacia o validez de los fallos del TCP, es decir, no se puede negar su carácter vinculatorio para todos los servidores públicos, autoridades e incluso particulares. “Una sentencia constitucional, una declaratoria constitucional únicamente puede ser modificada por otra sentencia, por otra declaración constitucional”.

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Respuesta a Morales: Alcón dice que cuando uno tiene acusaciones corresponde llevar a la Fiscalía

El viceministro Mamani calificó este lunes de infundadas las denuncias que hizo Morales, más por el contrario pidió que coadyuve en la lucha contra el narcotráfico.

La viceministra Gabriela Alcón es entrevistada por la prensa.

Por Boris Góngora

/ 20 de mayo de 2024 / 19:31

Tras las acusaciones del expresidente Evo Morales al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, de “extorsionar y estar implicado” con el narcotráfico, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló este lunes que “cuando uno tiene elementos, argumentos, documentos y denuncias, lo que tiene que hacer y lo que corresponde (es) llevar ante el Ministerio Público” para que siga la investigación respetiva.

“Lo que hace (Evo Morales) últimamente es todo lo contrario. Difamar, calumniar y generar en un espacio mediático y no donde tiene que ir una investigación, que es en las instancias judiciales. Lamentamos aquello y bueno, seguramente, desde el Ministerio de Gobierno se tomarán las acciones respectivas”, señaló la viceministra.

El domingo, en su programa de radio Kawsachun Coca, el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) acusó al viceministro Mamani de “extorsionar y estar implicado” en el narcotráfico. Incluso indicó que sus compañeros de su federación le dijeron que “están preocupado por la vida de Jaime Mamani”. 

En conferencia de prensa, el viceministro Mamani calificó este lunes de infundadas las denuncias que hizo Morales, más por el contrario pidió que coadyuve en la lucha contra ese ilícito.

Lea más: Mamani: Me sorprende que el expresidente hable como si conversara con los narcotraficantes

“El señor Morales me acusa de extorsionar a narcos y de perseguir a otros, asimismo indicó que los narcos me matarían cuando deje de ser viceministro, estas aseveraciones totalmente infundadas quiero desmentir categóricamente”, señaló Mamani.

Añadió “me sorprende que el expresidente (Morales) hable como si él conversaría con narcotraficantes o si estaría involucrado en este delito”.

Los entredichos entre Morales y Mamani se originaron el viernes, cuando la autoridad señaló que en el municipio de Villa Tunari agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico destruyeron cinco laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína, además de 36 fábricas de pasta base de cocaína.

“Lamentablemente este municipio turístico fue secuestrado por el narcotráfico por la permisibilidad de otros gobiernos. Ahora, en nuestra gestión, a la cabeza de nuestro presidente Lucho estamos trabajando incansablemente para liberar del narcotráfico a este bello municipio de Villa Tunari”, dijo.

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Autoridades bolivianas expresan sus condolencias al pueblo iraní tras la muerte de su presidente

La madrugada de este lunes se confirmó el deceso del presidente iraní y sus acompañantes.

Población iraní enciende velas en memoria del presidente iraní Ebrahim Raisi.

Por Boris Góngora

/ 20 de mayo de 2024 / 17:42

La Cancillería, el vicepresidente David Choquehuanca y el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, lamentaron el fallecimiento del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, tras la caída de su helicóptero, en la que también se encontraba su comitiva.

“Bolivia envía sus más sentidas condolencias al Líder Supremo Ayatollah Alí Khamenei, al valiente pueblo iraní, a su Gobierno y a las familias de los fallecidos, en estos momentos de profundo pesar”, escribió la Cancillería, en un comunicado.

El vicepresidente también escribió desde sus redes sociales y expresó su “profundo pesar” por el fallecimiento de Raisi, “en el trágico accidente aéreo que sufrió junto a su Ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir-Abdollahiyan, y parte de su comitiva”.

“Enviamos nuestras condolencias al Líder Supremo Ali Jamenei, al Gobierno, a los familiares, y a todo el pueblo iraní”, escribió la autoridad.

Lea más: Arce lamenta el deceso del presidente de Irán y se solidariza con ese país

El presidente del Senado extendió sus condolencias al pueblo iraní y a las familias del presidente Raisi y su comitiva, tras el trágico accidente aéreo que ocurrió este fin de semana.

«Nuestras más profundas condolencias al pueblo iraní y a las familias del presidente Ebrahim Raisi, del ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, y del gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malik Rahmati, por su irreparable pérdida. Que encuentren paz y consuelo en estos tiempos difíciles, y que el espíritu de unidad y fortaleza los acompañe», expresó el legislador desde sus redes sociales.

El domingo, altos funcionarios del gobierno iraní informaron sobre el accidente del helicóptero en el que viajaba Raisi. El incidente tuvo lugar en la región noreste del país, específicamente en la zona montañosa de Varzeqan, en la provincia de Azerbaiyán Oriental, bajo condiciones meteorológicas sumamente desfavorables, y la madrugada de este lunes se confirmó el deceso de su presidente y sus acompañantes.

Raisi fue presidente de Irán desde el 5 de agosto de 2021, tras ganar los comicios celebrados el 18 de junio de ese año. Nació en 1960 en la ciudad de Mashhad, al noreste de Teherán (capital).

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Mamani: Me sorprende que el expresidente hable como si conversara con los narcotraficantes

Mamani desmiente a Evo Morales y dice que el 67% de las fábricas de droga estaban en Villa Tunari

El viceministro Jaime Mamani y Evo Morales

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 20 de mayo de 2024 / 16:38

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, desmintió al expresidente Evo Morales sobres sus declaraciones respecto de su supuesta vinculación con el narcotráfico.

“El señor Morales se atreve a decir que estoy implicado en narcotráfico. Me acusa de extorsionar a narcos y de perseguir a otros, e indicó que los narcos me matarían cuando deje de ser viceministro. Estas aseveraciones, totalmente infundadas, (las) quiero desmentir categóricamente”, dijo este lunes en una conferencia de prensa.

Así, Mamani respondió al exmandatario que en su programa dominical de radio Kawsachun Coca. “Sabe qué dicen nuestros compañeros de base: ‘este Jaime Mamani, qué estará haciendo cuando no sea viceministro, los narcos van a matarlo’. ¿Por qué?, les digo, (responden) ‘de unos, saca plata y a otros persigue y ambos los va a asaltar’, dicen, sus compañeros, de su federación, compañeros de base, preocupados por la vida de Jaime Mamani”, dijo Morales el domingo.

Jaime Mamani

“Me sorprende que el expresidente (Morales) hable como si él conversaría con narcotraficantes o si estaría involucrado en este delito”, dijo Mamani sobre esa supuesta amenaza.

El antecedente de esos entredichos se originó el viernes, cuando el viceministro Mamani informó de la destrucción de cinco fábricas de cinco laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína, además de 36 fábricas de pasta base de cocaína en el municipio de Villa Tunari, Cochabamba.

“Este municipio turístico fue secuestrado por el narcotráfico por la permisibilidad de otros gobiernos”, dijo en conferencia de prensa.

El viceministro Mamani informó que, entre el 1 de enero y el 18 de mayo de este año, se destruyeron 36 laboratorios de producción de cocaína a nivel nacional. De ese total, 24, o sea el 67% de esas factorías, se encontraban en Villa Tunari.

Evo Morales

Según los cuadros que presentó la autoridad, en 2021, los laboratorios destruidos en ese municipio representaron el 37%, 40% en 2022, y 60% en 2023.

Asimismo, se vio que la cantidad de fábricas de droga destruidas en ese sector alcanzó las 156; con un total de 22 personas aprehendidas en diferentes operativos.

“En nuestra gestión, tomamos el control de lugares, donde en más de 14 años las fuerzas del orden no habían ingresado y, precisamente, uno de esos lugares es el municipio de Villa Tunari”, cuestionó el Viceministro.

Además, Mamani responsabilizó a Morales en caso de que “pasara algo” con él o su familia.

En la exposición, el funcionario expuso también el cuadro de calor de la lucha contra el narcotráfico.

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La Procuraduría insiste en que la reelección indefinida no es un derecho humano

La Convención Americana no reconoce a la relección indefinida como un derecho protegido, según dijo en conferencia de prensa el subprocurador Manuel Medina.

El edificio de la Procuraduría General del Estado,

Por Daniel Zenteno

/ 20 de mayo de 2024 / 14:25

Con un análisis jurídico especializado de una opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Procuraduría General del Estado ratificó que la reelección indefinida no es un derecho humano.

“Se ha podido establecer de manera clara y precisa que la reelección presidencial indefinida no se encuentra expresamente protegida como un derecho autónomo dentro de la Convención Americana”, informó este lunes el subprocurador Manuel Medina en conferencia de prensa.

La Procuraduría informó a los medios algunos análisis especializados, que hicieron énfasis en la relección indefinida.

Puede leer: ¿Evo inhabilitado? La Sentencia 1010/2023 no falló sobre el caso

El subprocurador presentó el Análisis Jurídico Especializado 04/2024, a través del cual enfatizó en que no existe en la Convención Americana ningún derecho a la reelección.

Sentencia 1010/23

“Con la Sentencia Constitucional 1010/23 se ha realizado el control de convencionalidad, que no es otra cosa que compatibilizar la Convención Americana de Derechos Humanos con las normas internas de nuestro país”, afirmó.

La Sentencia Constitucional 1010/23 se trata de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre las elecciones judiciales. En su parte resolutiva, concluye que es necesaria una nueva convocatoria para elegir a los altos cargos del Órgano Judicial.

Si bien la sentencia aborda teorías y derecho comparado sobre la reelección indefinida, no emite ningún fallo respecto de la materia.

Morales

Morales ganó las elecciones, bajo el Estado Plurinacional, en 2009 y 2014. En 2019 se presentó como candidato, pese a que la Constitución establece un máximo de dos mandatos. Lo hizo al amparo de una sentencia del TCP de 2017 que reivindicó la reelección como un derecho humano.

Aunque ganó las elecciones, la oposición denunció esos comicios como fraudulentos y Morales tuvo que renunciar ante la crisis política que se vivía.

Uno de los argumentos que utilizó Morales para su repostulación fue el artículo 23 de la Convención Americana. Éste establece que todos los ciudadanos tienen el derecho “de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

De acuerdo con Medina, se interpretó que el artículo promovía un “derecho humano a la repostulación”. Entonces, a través de un fallo del TCP, Morales se presentó como candidato a las elecciones del 2019.

“Con la Sentencia 084/2017 se disponía la inaplicabilidad de una parte de la Constitución. Con el argumento de que la Convención Americana, en su artículo 23, reconocía la relección indefinida”, criticó Medina.

Sin embargo, en 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretaría este artículo, ante su ambigüedad y el pedido de otros países.

Reelección

Es así que emitió la Opinión Consultiva 28/21. En ella, la Corte-IDH determinó que la reelección presidencial no es un derecho que pueda ser protegido. Concluye que la Corte tiene el deber “de evitar que una persona se perpetúe en el poder”.

Medina enfatizó en el cumplimiento obligatorio de lo que establece la Convención.

“Nuestro país, al haber ratificado, mediante una ley, la Convención Americana de Derechos Humanos, este instrumento internacional ya forma parte de nuestra normativa interna y es de cumplimiento obligatorio y vinculante”, insistió.

Pese a que la Sentencia 1010/2023 falla sobre las elecciones judiciales y no explícitamente sobre la reelección, toma en consideración la Opinión Consultiva de la CIDH. Por lo tanto, al haber sido emitida por el TCP, se reconoce como legítima la postura de la Corte-IDH respecto a la reelección, dijo.

Debido a que, en criterio de Medina, se podría interpretar que el rechazo a la reelección indefinida solo aplica para cargos de magistrados, el Análisis Especializado 04/2024 señala que la prohibición de la reelección es “contra todos o referente a todos”.

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