UNITAS defiende autorregulación y cuestiona doble registro de ONG
Dato. Entidades sin fines de lucro se abren a la fiscalización y control de sus labores
La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), que aglutina a 26 organizaciones no gubernamentales (ONG), reclamó ayer por la existencia de un doble registro para estas entidades y defendió el principio de “autorregulación”.
Asimismo, las entidades se abrieron a la fiscalización, anunciada ya por el Ejecutivo, del origen de su financiación y objetivos, en el entendido de que su labor se circunscribe a proyectos de desarrollo y a la investigación social y económica. Susana Eróstegui, directora de UNITAS, informó a La Razón que uno de los problemas que afecta a esas entidades y, por ende, genera susceptibilidades en el Gobierno es la falta de un “sistema único” de registro de ONG.
Por una parte, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) inscribe a las ONG y recibe toda la información técnica y financiera de las mismas para que puedan operar, mientras que el Ministerio de Autonomías otorga las personalidades jurídicas para que puedan desarrollar sus actividades en el país en el marco de la Ley 351.
Informe. “Urge un solo mecanismo de coordinación, una sola base de información que sería lo más práctico para agilizar, desburocratizar y hacer eficiente el uso de la información (…), esto se constituye en una dificultad administrativa”, dijo Eróstegui, a tiempo de manifestar la voluntad de las ONG para trabajar en el marco de la legalidad, sin contravenir las leyes internas del país.
El lunes, el vicepresidente Álvaro García Linera cuestionó a cuatro entidades sin fines de lucro por presunta intromisión política y amenazó con expulsar a las que incurran en esta contravención como ocurrió en 2013 con la organización IBIS de Dinamarca.
En la oportunidad, García Linera criticó la financiación de las fundaciones Tierra, Milenio, y la conducción del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), a cuyos directivos les calificó de “trotskistas verdes”.
En ese marco y para evitar susceptibilidades, Eróstegui apeló a la puesta en marcha de un mecanismo de “autorregulación”, que ya practica la entidad que dirige. “Así se rinde cuentas a nuestra propia organización y al ámbito público. Ésa es una obligación ética con el Estado y con la gente con la que trabajamos en los proyectos. La autorregulación debe implementarse en todas las organizaciones”, manifestó.
En esa línea, el director de Tierra, Gonzalo Colque, señaló que esa organización se abrió a cualquier mecanismo de fiscalización “bajo el debido proceso” y afirmó que espera que no sea “una persecución política” la amenaza de García y demandó garantías constitucionales para continuar su labor en el ámbito rural y agrario.
Respecto a la aplicación de un sistema único de registro, el Ministerio de Autonomías ve “complicado” que esto pueda ocurrir dada la naturaleza de cada institución. “Autonomías ve la parte legal sobre la constitución de las entidades y el VIPFE los recursos y el financiamiento”, dijo Javier Zúñiga, director jurídico de ese ministerio.
Según datos del VIPFE, en Bolivia operan 2.228 organismos sin fines de lucro de los que solo 291 tienen registro actualizado para funcionar. En tanto, en el libro del Ministerio de Autonomías se maneja un listado de 223 entidades, de las que 39 tramitan sus personalidades jurídicas, aunque se desconoce si funcionan o no.
Claridad en las reglas
Pedido
La excoordinadora de la ONU en Bolivia Katerin Grigsby pidió al Gobierno ser más “explícito” sobre la cooperación. “Sería muy orientador para toda la cooperación internacional tener bien clara cuál es la política del Estado”, explicó a La Razón antes de concluir su misión.
García: ‘Cada vez son menos necesarias’
Ayer, por segunda vez en esta semana, el vicepresidente Álvaro García Linera se refirió a las ONG. Afirmó que su presencia en el país es “menos necesaria” y ratificó que el Gobierno expulsará a las entidades extranjeras que financien actividades políticas partidarias. “Cada vez son menos necesarias las ONG. Antes, cuando no había Estado, las ONG hacían el papel del Estado, ahora hay un Estado fuerte, un Estado que asume su responsabilidad”, manifestó García.
La autoridad aclaró que el Gobierno respetará las actividades de las cuatro ONG bolivianas que cuestionó el miércoles. “Respetamos su derecho a mentir”, dijo. El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, coincidió en que hoy las ONG ya no son tan necesarias porque en el pasado llenaban la ausencia del Estado. “Pero, ahora su presencia es innegable y debemos congratularnos por eso.
Bolivia necesita de organizaciones de desarrollo de otro tipo, de investigación”, puntualizó. El académico uruguayo Eduardo Gudynas ayer publicó en su cuenta de Twitter una carta firmada por 28 intelectuales de varias regiones del mundo. La nota, dirigida a García Linera, considera como “un gesto de autoritarismo e intolerancia” la posición del Vicepresidente.