El médico, empresario, pastor y político coreano, nacionalizado boliviano, Chi Hyun Chung, comenzó a hacer campaña electoral para las elecciones generales del 2025, utilizando al K-Pop para atraer votantes.

“Estoy en oficina central de K-Pop de Corea (…), estoy acá para conversar sobre instalación de la visita de K-Pop y sus grabaciones de la música coreana en Bolivia y que podamos tener esa alianza Corea con Bolivia”, expresó a través de un video en sus redes sociales.

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El K-Pop atraviesa un momento de euforia y de popularidad a lo largo del mundo y también en el país.

Un claro ejemplo de esta moda se ve en la plaza Camacho, en La Paz, donde grupos de jóvenes se reúnen para imitar los bailes y canciones de los cantautores coreanos.

“¡Chi puede!”, exclamó el postulante junto con el presidente de la oficina de música coreana con quien se encontraba en el video.

En 2019, Chi emergió en el escenario político nacional con un discurso bastante conservador. Junto al Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo el 8,78% de los votos, quedando en tercer lugar.

Sin embargo, en las elecciones de 2020, ahora con el Frente Por la Victoria (FPV) apenas obtuvo el 1,55% de los votos.

Su postura radical contra las comunidades LGBT o el derecho al aborto le significaron muchas críticas y pedidos para que se inhabilite su candidatura.

El pasado 29 de noviembre de 2023 anunció que se presentará como candidato presidencial en las elecciones del 2025, pero no comunicó, por el momento, si hará una alianza con una sigla ya existente o formará una propia.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, negó que el Gobierno tenga vinculación con los amparos constitucionales que frenaron la preselección de postulantes a las elecciones judiciales.

“Es una costumbre de tratar de responsabilizar de todo al Gobierno. No tenemos vinculación con los procesos y amparos que se están realizando”, dijo la funcionaria a los periodistas en La Paz.

La fase de evaluación de méritos a los postulantes fue paralizada por una medida cautelar dictada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a un amparo presentado por Margarita Medrano; postulante rechazada en su postulación al Consejo de la Magistratura, quien denunció la supuesta vulneración de sus derechos a participar en ese proceso. La audiencia para la resolución de ese caso está programada para este viernes.

Aparte de eso, existen otros cuatro amparos por parte de postulantes que fueron rechazados en ese proceso.

Elecciones judiciales

Varios legisladores del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del bloque de oposición atribuyeron el freno a la preselección a un supuesto interés del Gobierno para mantener vigentes a los magistrados y consejeros electos en 2017.

Incluso en entrevista con La Razón Radio, la senadora Silvia Salame consideró que existe una “mano negra” que quiere evitar las elecciones judiciales.

Alcón apostó por el debate y el consenso en la Asamblea Legislativa para cumplir con las elecciones judiciales. “Necesitamos dar ese paso de manera responsable”, sostuvo.

Dijo que los recursos para los comicios “están garantizados” por parte del Órgano Ejecutivo y que solo resta culminar con la preselección de postulantes.

El freno a la evaluación de méritos ocurrió un día antes de comenzar los exámenes de los postulantes; las preguntas están en custodia de una Notaría de Fe Pública, que precintó una oficina del antiguo edificio de la Asamblea Legislativa con las preguntas dentro de ella.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, pidió a los políticos del país respeto por el fallecimiento del exgerente de YLB Juan Carlos Montenegro y afirmó que “no es responsable” politizar ese hecho.

“Pedimos el respeto con la familia (de Montenegro); lo que pedimos a los políticos es que dejen de mediatizar, politizar e instrumentalizar este tema (…). No es responsable realizar eso con respeto con la familia y con la población boliviana”, afirmó.

Alcón se refirió así a las declaraciones de algunos políticos que sugirieron que el Gobierno tuvo que ver con la muerte de Montenegro, en medio de una investigación por presuntas irregularidades en la construcción de 18 piscinas evaporíticas de las plantas de industrialización de litio en Uyuni, Potosí.

La mañana del miércoles, Montenegro falleció al llegar al hospital del Seguro Universitario y se conoció una carta póstuma de la que aún se espera su estudio grafológico, según informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

El fallecido exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) era uno de los 11 investigados en este caso y contaba con una orden de aprehensión en su contra.

Juan Carlos Montenegro

Lanchipa informó que se abrió un caso específico para esclarecer el deceso de Montenegro. Hasta el momento, se sabe que el Instituto Nacional de Investigaciones Forenses (IDIF) determinó, luego de una autopsia médico legal, que la causa de muerte fue un infarto agudo.

Asimismo, dijo que está pendiente un informe toxicológico, para establecer la existencia o no de sustancias “extrañas”.

El Ministerio Público emitió 11 órdenes de aprehensión para 10 exfuncionarios de la estatal y una empresaria; de ese total, se ejecutaron cuatro hasta el momento, entre ellos, el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú; ahora tiene detención domiciliaria y pagó una fianza de Bs 30.000.

El jueves, luego de su audiencia de medidas cautelares, Paul Q. B., exgerente de Recursos Evaporíticos, y Cristian A. A., exencargado de Fiscalización, se beneficiaron con detención domiciliaria; mientras que el exingeniero de obras Jorge F. M. fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva.

“(Como Gobierno) no vamos a emitir más palabra”, complementó Alcón.

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Pasados 71 días desde que se inició el proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales, la Asamblea Legislativa tiene nueve días más para presentar la lista de los candidatos al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El vocal electoral Tahuichi Tahuichi teme que el plazo no se cumpla y la Asamblea Legislativa quede sin competencias para tratar la preselección. Es que, una vez terminados los 80 días calendario fijados para la Asamblea Legislativa y la entrega de la lista de 192 candidatos, corresponde la tarea siguiente al TSE, organizar las elecciones judiciales.

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“La ley es taxativa, señala que el Órgano Legislativo tiene 80 días para poder hacer la labor de preselección; tiene competencia, tiene autoridad en ese lapso (…), un día posterior podría perder competencia; esas actuaciones podrían caer en el ámbito (sic), no causarían efecto jurídico, se perdería competencia. Ese es el gran riesgo que corre este proceso”, informó Tahuichi en conferencia de prensa.

Plazo

El 16 de febrero comenzó el trabajo de la Asamblea Legislativa con la aprobación de la convocatoria para que los postulantes presenten su documentación. Desde entonces corre el plazo de 80 días, establecido en la Ley 1549, el cual concluye el próximo domingo 5 de mayo.

“Esa ley es explícita y da dos fases, dos responsabilidades que involucran a la Asamblea Legislativa, por un lado, en la preselección, y al Órgano Electoral, por el lado de la administración del proceso electoral”, explicó el vocal.

De acuerdo con la ley a la que hace mención Tahuichi, una vez finalizado el proceso de preselección, la Asamblea Legislativa tiene dos días para remitir la lista de los candidatos al TSE, para que esta instancia se encargue de llevar a cabo el proceso electoral.

“Sería una preselección fallida”, afirmó Tahuichi en caso de que no se cumpla con el plazo.

Proceso detenido

Actualmente, el proceso se encuentra detenido y en incertidumbre debido a que una serie de amparos frena la etapa de evaluación oral y escrita de los postulantes.

Se debe evaluar a más de 404 postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura.

La ley prevé que este proceso puede realizarse en máximo14 días; quedan solo nueve hasta el cumplimiento del término.

Además, la evaluación no es la última etapa del proceso de preselección. La Asamblea Legislativa debe presentar informes y resoluciones, con dos tercios de votos, para validar a los candidatos preseleccionados.

Senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron el miércoles un proyecto de ley para modificar la Ley 1549. El objetivo es establecer un nuevo cronograma y, así, ampliar los plazos. Sin embargo, la propuesta fue rechazada en la Cámara de Senadores.

Los plazos, los amparos constitucionales y las acciones populares ponen en vilo, una vez más, a las elecciones judiciales. En caso de que la Asamblea Legislativa logre cumplir con los plazos y remita la lista de candidatos preseleccionados al TSE hasta el domingo 5 de mayo, este órgano tendrá un plazo de 150 días para realizar el proceso de elección.

Una acción popular en contra de la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, podría detener no solo parcialmente la fase de preselección, sino todo el proceso de forma definitiva, debido a que no denuncia una vulneración a un derecho del postulante, sino atropellos e irregularidades contrarias a lo establecido en la ley.

Esa conclusión la expresó en conferencia de prensa el diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui.

“Es un poco más complejo, porque no se está hablando de un tema particular con relación a una o un postulante. Se está hablando, alegando, que los criterios de igualdad que contendría la Ley 1549 no estuviese permitiendo que en el caso de algunos departamentos puedan sus postulantes tener las mismas oportunidades (…), esa acción popular sí es para preocuparse”, explicó.

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Acción popular

La acción popular a la que hizo mención Jáuregui fue presentada por la abogada Yeny Dury Bautista a mediados de abril en Pando.

Dicha acción enfatiza la vulneración de los derechos de mujeres pertenecientes a los pueblos indígena originario campesinos en general. Pero remarca en particular el caso de Pando, donde, por ejemplo, para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), solo se observa cuatro postulantes mujeres habilitadas, sin representatividad de “plurinacionalidad”.

De acuerdo con la acción popular, estas irregularidades son contrarias a lo que establece la Ley 1549.

El artículo 4 de dicha ley enfatiza claramente: “Equidad. Garantiza una preselección equitativa de hombres y mujeres” y la “plurinacionalidad. En la presentación de postulaciones, supone el acceso y participación de ciudadanos de naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades interculturales y afrobolivianas”.

Proceso

El miércoles, la Cámara de Senadores aprobó una resolución que frena toda “decisión judicial que suspenda, paralice, bloquee, demore o impida cualquier forma la continuidad y realización oportuna” de las elecciones judiciales.

Sin embargo, la norma no es retroactiva. El 18 de abril, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental determinó la paralización del cronograma de preselección de postulantes, como respuesta a la acción popular presentada por la abogada pandina.

“En realidad, la determinación de esa acción popular podría determinar la continuidad o la paralización definitiva del proceso”, insistió Jáuregui.

El proceso de elecciones judiciales se encontraba en la etapa de evaluación oral y escrita de los postulantes, cuando el 16 de abril un amparo constitucional en Santa Cruz detuvo todo el proceso. Desde entonces, se conocieron otros amparos. Se trató algunos en audiencias y otros se suspendieron.

La acción popular todavía no fue resuelta y se espera que en las próximas horas se pueda tratar el tema. Para así determinar el destino de las elecciones judiciales.