El presidente electo del Movimiento al Socialismo (MAS), elegido en el congreso del ala arcista, señaló este martes que en la gestión que inicia al frente del instrumento político trabajará en comunión con el pueblo, sus bases y las nuevas generaciones.

También ratificó que en 90 días se llevará a cabo un congreso extraordinario para cambiar estatutos en el MAS, con el firme propósito de abrir las puertas a nuevos líderes.

“Entre las resoluciones que ha sacado el congreso magno está la que señala que es para cambiar estatutos y reglamentos. En 90 días habrá un congreso extraordinario con la participación de todas las organizaciones matrices”, expresó García.

“El anterior estatuto estaba solo para algunos, (para) concentrar el derecho (de algunos). No puede ser que Evo (Morales) concentre a unos cuantos ¿y la juventud y nuevas generaciones que buscan cambiar nuestro país dónde quedan?”, acotó el nuevo timonel del MAS.

El domingo, el dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), Vidal Gómez, adelantó que la comisión orgánica del MAS —presente en el congreso— encargó que se lleve a cabo un congreso estatutario en 60 o 90 días, para revisar y modificar el actual estatuto orgánico que rige en el partido.

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Congreso

El bloque arcista apunta a modificar dos artículos de la vieja reglamentación.

El parágrafo 15 del artículo 6 indica: “Respecto al liderazgo nato: La militancia del MAS-IPSP ratifica el respeto al liderazgo nato del hermano Evo Morales por los grandes logros, avances y saltos cualitativos que realizó a nivel nacional, dignificando a Bolivia en el contexto internacional como líder del MAS”.

El punto 2 del artículo 64 del Estatuto del MAS, vigente desde el 22 de septiembre de 2021, establece que el candidato (binomio) “deberá contar con 10 años de antigüedad y una trayectoria intachable como militante del MAS”.

García dijo también que todos los militantes tendrán derecho a participar en cualquier estructura dentro del partido siempre buscando la unidad y tomando en cuenta a todas las generaciones.

Reveló que, en la reconducción del MAS, escuchará todas las organizaciones sociales. Haciendo caso a cada una de las personas que quieran trabajar por el bien de su instrumento político. 

“Esta nueva directiva va a trabajar haciendo caso al pueblo, no nos vamos adueñar. Hay que reconducir este proceso de cambio y recuperar la dignidad; vamos a ver a nuevos líderes y reconducir la economía del país a la cabeza de nuestros gobernantes”, enfatizó. 

Requisitos

En cuanto a los requisitos que, según el bloque que apoya a Evo, no fueron cumplidos, García recalcó que antes de su realización, el Congreso cumplió con todos los requerimientos demandados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Para nosotros se ha cumplido con los requisitos y estamos en proceso de avance. Estamos esperando los resultados del tribunal”, exclamó.

Se estrelló contra Morales y quienes objetan la legalidad de la cita del último fin de semana en El Alto. Al aclarar que cuenta con toda la documentación al día para presentarse como candidato en el MAS.

El abogado del ala evista del MAS, Wilfredo Chávez, afirmó que el congreso carece de legalidad.

“Indicar que la ilegalidad y el tono en que se ha actuado en ese pseudo congreso es alarmante por la forma en que se conducen estas personas y la forma en que el sistema judicial. Particularmente una sala constitucional, rompió todo el esquema previamente debatido”, dijo en una entrevista con radio Éxito.

Entretanto, Evo Morales, anunció que agotará todos los recursos en una lucha legal para defender a su partido.

(07/05/2024)

Tras la conclusión del plazo para que las organizaciones sociales renueven sus directivas, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuchi Quispe, anunció una “inminente” quinta ampliación. 

“En relación a los plazos evidentemente el domingo 5 de mayo se cumplió y feneció el plazo de los 180 días de la cuarta ampliación que hizo. Hemos ampliado en dos años cuatro veces. En las próximas horas, es inminente nuestra determinación como Sala Plena”, dijo Tahuichi en entrevista con Panamericana.

Reiteró que “corresponde una ampliación, (pero) la temporalidad está entre 90 a 120 días para que las organizaciones sociales puedan adecuar sus estatutos y renovar sus directivas de acuerdo a la Ley 1096 (De Organizaciones Políticas)”, dijo.

El domingo concluyó el plazo para que las organizaciones políticas nacionales y departamentales presenten a sus nuevas directivas elegidas en congreso. De los 11 partidos nacionales, solamente seis (dos todavía en revisión) cumplieron con esta disposición.

En entrevista con La Razón, el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, señaló que los que cumplieron plenamente con la renovación de sus directivas son Unidad Nacional (UN), el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol) y el Movimiento Demócrata Social (Demócratas).

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Mientras que Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y el Movimiento Tercer Sistema (MTS) llevaron a cabo recientemente sus cónclaves, sin embargo, aún tienen que pasar por el filtro de la revisión de los informes, o sea, “están pendientes”. “Entonces son seis los partidos que ya eligieron a su directiva”, remarcó la autoridad.

En tanto, el Movimiento Al Socialismo (MAS), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Frente Para la Victoria (FPV) son las organizaciones que pueden ser amonestadas por el incumplimiento de esta regla que da la tarjeta de participación para las elecciones primarias y las presidenciales del siguiente año.

El vocal Tahuichi dijo que “está de buen tamaño” y que ya fueron “muy tolerantes” por lo que ahora se merece una “medida correctiva” y “resta por aplicar la ley”.

La autoridad descartó también la narrativa que el Órgano Electoral pretenda proscribir a un partido, “imagínese si aplicaríamos de inicio (la Ley 1096), esto desnuda esta falsa narrativa de que el TSE quiere proscribir, también hay que tener en cuenta ese aspecto”.

Tras el inicio del juicio oral por el caso Gases lacrimógenos de Ecuador, el Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz declaró la rebeldía de los exministros de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizárraga y otros dos acusados. Además, determinó que se les asigne abogados de oficio para asistir a las audiencias.

“Se ha instalado y lógicamente se ha suspendido para el 28 de mayo, en vista de que no se han hecho presentes cinco coimputados, entre ellos, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, el de Defensa, Fernando López, y de Comunicaciones, (Roxana Lizárraga). Son cinco que han nombrado rebeldes. Ha ordenado la admisión de la orden de aprehensión y les han nombrado abogados de oficio”, dijo Oswaldo Rojas, defensa de uno de los acusados.

El jurista señaló que el juicio oral continúa y éste debe tener su procedimiento, en razón que en el inicio del juicio oral se presentará “algunas” excepciones, incidentes o una mención de las acusaciones.

La Fiscalía Departamental de La Paz informó sobre el inicio del juicio oral e indicó que el Ministerio Público presentará todas las pruebas colectadas en etapa de investigación. Señaló que se pedirá la pena máxima de 30 años de cárcel para las tres exautoridades y otras siete personas por los delitos de tráfico ilícito de armas e incumplimiento de deberes.

Según los antecedentes de la investigación, el caso Gases Lacrimógenos de Ecuador se refiere al 15 de noviembre de 2019, periodo en el que se llevó adelante una reunión entre los exministros de Gobierno, Defensa y Comunicación con el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el excomandante General de la Policía Boliviana y otras autoridades que determinaron solicitar los préstamos de materiales antidisturbios para enfrentar la crisis social en el país.

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Inmediatamente, partió de Bolivia un avión a Ecuador para recoger el armamento solicitado en calidad de préstamo.

Tres días más tarde, el 19 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas y la Policía reprimieron una manifestación. Ese hecho desencadenó en la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto. El saldo fue de 10 civiles muertos y al menos 78 heridos.

De acuerdo con las declaraciones testificales, la solicitud la hicieron el exministro de Defensa y de Gobierno a iniciativa de la exministra de Comunicación, quien habría coordinado el préstamo de agentes antidisturbios con la República del Ecuador.

El fiscal Bladimir Bolívar informó que durante la investigación se colectaron pruebas como el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, los planes de vuelo, de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, donde viajaron a Ecuador policías y militares de Bolivia.

Además, dijo que está la solicitud de devolución de los agentes químicos de la República del Ecuador, lo que hace presumir la participación de los acusados en la internación ilícita de agentes químicos al país (granadas, gases y proyectiles de largo y corto alcance), como préstamo de la República del Ecuador, durante la crisis social de 2019.

“Los exministros de Gobierno y Defensa coordinaron con los comandantes del Ejército y de la Policía para designar personal de ambas instituciones, que habrían sido trasladados desde Palacio de Gobierno en helicóptero hasta el Hangar de los Diablos Negros de la ciudad de El Alto, para viajar a la República de Ecuador, recoger los agentes químicos y traerlos a Bolivia, para luego repartirlos entre militares y policías”, señala una nota de prensa de la Fiscalía General del Estado.

El presidente en ejercicio de la Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, rechazó este lunes las declaraciones del presidente de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, vocal Israel Campero, quien señaló que el fallo a favor del Movimiento Al Socialismo (MAS) afín al presidente Luis Arce se debe a un “error de origen” que cometió el Órgano Electoral Plurinacional.

“Rechazamos las declaraciones del vocal de la Sala Constitucional Primera de La Paz, que, sin ningún respaldo técnico, ni jurídico, culpa al TSE de un ‘error’ de inicio en el proceso de supervisión a una organización política”, escribió Vargas desde su cuenta de X.

El fin de semana, el vocal Campero señaló a la red Erbol que “el primer error y el error de origen lo cometió el Órgano Electoral. El Órgano Electoral es un órgano técnico, no es un conjunto de amigos que se reúnen para decidir una cuestión. (…) Es absolutamente inaceptable que un Tribunal Supremo Electoral (TSE), al momento de autorizar o no un congreso, no advierta que dentro de la inscripción normativa existe una cláusula que es de difícil inobservancia”.

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Campero justificó de esa forma el fallo emitido por la Sala Constitucional que instruyó al TSE realizar la supervisión del congreso del MAS arcista en El Alto, pese a que, precisamente, en la anterior semana, la entidad electoral rechazó el acompañamiento de este encuentro.

La cláusula a la que hace referencia la autoridad judicial es la resolución emitida por la Sala Constitucional en diciembre de 2023, en la que se ordena que el congreso del MAS debe ser convocado “previo consenso” con sus organizaciones matrices.

Vargas también indicó que el TSE, en la supervisión del congreso, verifica el cumplimiento de la norma y del estatuto del partido político. “En este caso, la división dentro de las organizaciones sociales reconocidas en el estatuto del partido político ha derivado en complicaciones internas en este proceso”.

El instrumento político oficialista está marcado por la división de su liderazgo entre evistas y arcistas. Por un lado, está el Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce y realizó desde el viernes hasta el domingo un congreso en El Alto para elegir una nueva directiva; por el otro, se encuentra la dirección nacional, a la cabeza del expresidente y jefe del partido, Evo Morales; que convocó a otro congreso para el 10 de julio en Villa Tunari, Cochabamba.

La autoridad electoral dijo que el ente electoral emitió todas sus resoluciones en el marco de la Constitución Política del Estados, las leyes y los reglamentos que regulan su accionar, pero, además, exigió el “respeto al Órgano Electoral y que se garantice la independencia de los órganos del poder público, como establece nuestra CPE”.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, descartó este lunes que se esté vulnerando los derechos a la visita del gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho, recluido preventivamente en la cárcel de Chonchocoro de La Paz.

“No hay ninguna vulneración de derechos, más bien creo que hemos sido personas que hemos respetado absolutamente sus derechos y el derecho sobre todo a la visita de su familia (para) que puedan acompañar (en) la privación de libertad (de Camacho)”, dijo Limpias.

La mañana de este lunes se conoció una carta enviada por Camacho a Limpias, en el que pide se “exime el cese a vulneraciones a derechos por parte su autoridad”.

En el documento, el gobernador encarcelado señala que “siendo esta la tercera vez que denuncio ante su autoridad la tortura blanca a la que estoy siendo sometido, pongo en conocimiento que no voy a permitir mayores vulneraciones a mis derechos y hago conocer a su persona sobres acciones ordinarias e internacional en su contra”. 

Ante estas declaraciones de Camacho, el director de Régimen Penitenciario recordó que, incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un pronunciamiento de cómo está y vive el gobernador cruceño en el centro penitenciario de Chonchocoro. “Nos ha dicho que esas medidas que ha admitido la administración penitenciaria son medidas asertivas y que continuemos esas medidas”.

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Respecto a los exámenes clínicos de la autoridad cruceña, limpias también señaló que desde la administración penitenciaria fueron serios, esto en razón que no solo fue elaborado por esta entidad, sino que participaron médicos externos del Hospital Alto Sur de El Alto y del Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz, cuyos miembros no son “funcionales” a Régimen Penitenciario, por el contario pertenecen a la gobernación y municipio.

“Entonces son médicos que han venido y que han valorado todo lo que corresponde los exámenes periciales que se han realizado. El IDIF que es una instancia investigativa pericial ha estado viendo todo lo que se ha hecho. Creo que en base a todo eso la CIDH se ha manifestado que bueno hay una atención del Estado a un privado de libertad”, manifestó.

Camacho cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro, acusado en el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes al derrocamiento del presidente Evo Morales, en noviembre de 2019.

Desde su aprehensión el pasado 28 de diciembre de 2022, a la fecha, son seis los procesos abiertos en su contra y ya cuentan con una acusación formal los casos Golpe I, Decretazo y Carro bombero, según los antecedentes que maneja su abogado Martín Camacho.