El analista político Carlos Saavedra afirmó que, en América Latina y Estados Unidos, existe un «patrón» de comportamiento por parte de la oposición, que consiste en desconocer la victoria de sus rivales en caso de perder elecciones presidenciales. Ejemplificó con el comportamiento de Jair Bolsonaro (Brasil) y Donald Trump (Estados Unidos).

En concordancia, el director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), Alfredo Serrano, indicó que la oposición en Bolivia “ha dado muestras fehacientes” de que no está de acuerdo con los resultados electorales cuando pierde, en alusión al desconocimiento de las elecciones de 2019, que derivó en una crisis poselectoral, el derrocamiento de Evo Morales y un gobierno transitorio cuestionable.

Ambos especialistas expresaron su punto de vista respecto de las encuestas realizadas por Celag sobre la perspectiva de la población boliviana acerca de la situación política, institucional, económica e inseguridad; en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

La encuesta puso la pregunta del caso a dos bandas: Cuando la oposición pierde elecciones, no reconoce su derrota y está dispuesta a general violencia o cuando la oposición pierde elecciones, reconoce resultado y respeta la institucionalidad.

En el primer caso, el 62,3% respondió que sí y, en el segundo, el 29,7% afirmó que, al contrario, la oposición reconoce los resultados y respeta la institucionalidad. El 8,0% se mantuvo al centro de las posiciones encontradas.

Saavedra advirtió que si la oposición en Bolivia pierde las elecciones “está claro que no reconocerá su derrota”. En su criterio, es un patrón que se repite en América Latina y otros países de la región.

Recordó que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro intentó desconocer la victoria del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en las últimas elecciones generales de su país. Incluso, el expresidente de Brasil fue acusado de difundir información falsa sobre los sistemas electorales del país.

También, recordó que el expresidente estadounidense Donald Trump no quiso reconocer su derrota ante Joe Biden en 2020. Trump dijo, en una entrevista televisiva, que las elecciones fueron “un fraude total”, pese a que la Justicia había demostrado lo contrario.

“El guion del fraude es una práctica de la cotidianidad política. Hay patrones que se van marcando y consolidando”, añadió Saavedra.

En coincidencia, Serrano afirmó que el desconocimiento de procesos electorales fue un “dato constante” desde que se dio el “golpe de Estado” en 2019. Aseveró que no es un caso particular, sino que se trata de un problema regional.

Entonces, Carlos Mesa, que fue candidato de Comunidad Ciudadana (CC), horas después de los comicios, consideró que éstos fueron un “fraude monumental”. Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), lideraba los resultados.

Serrano lamentó que la población está en una época donde se cree cada vez menos en la democracia y los procesos electorales. “Es fácil dudar del resultado electoral porque estamos construyendo mentes que desconfían. Dudamos de casi todo lo que nos llega”.

También, admitió que hay una crisis de representatividad en la clase política que n o logra dar respuestas a las demandas de la población y, por ello, la gente desconfía de los políticos e instituciones del Estado.

“Hay que tener mucho con el descreimiento de la clase política”, dijo.

La encuesta también devela la desconfianza que la población tiene sobre los órganos del Estado. Respecto al poder Judicial, el 70,5% de los encuestados tiene una visión negativa; un 19,8%, positiva y un 11%, no sabe.

Sobre la Asamblea Legislativa, un 65,1% de los encuestados tiene una perspectiva negativa; un 23,9%, positiva y un 11%, no sabe.

Saavedra nuevamente planteó en que hay un “patrón”, esta vez, en el descredito de la institucionalidad de los poderes del Estado. Lamentó que hay un sentimiento de crisis de la institucionalidad “muy profundo”.

“Nos han dado razones para dejar de creer en la institucionalidad”, reclamó.

Advirtió que, cuando la población desconfía de las instituciones, aparece un líder político mesiánico (en referencia a Javier Milei), “disfrazado de libertad, pero en el fondo es extremadamente autoritario y cuasifascista”.

Por su parte, Serrano afirmó que en otros países de la región también se pudo evidenciar que la población tiene una imagen negativa del poder judicial y Asamblea Legislativa o Congreso. “Tienen una imagen negativa al igual que Bolivia; es un fenómeno global”.

La encuesta de Celag, según la ficha técnica, tiene un margen de error de entre +/- 0,9% y +/- 2,2% de acuerdo a la dispersión de distribución. Fue desarrollado ante 2.000 personas mayores de 18 años, entre el 11 de abril y 11 de mayo de este año.

A un año de las elecciones de 2025, el 60,2% de los encuestados no cree que la oposición logre unirse para vencer al Movimiento Al Socialismo (MAS). El estudio planteó dos posibilidades al respecto que se dividen entre: no va a lograr unificarse y va a lograr unificarse.

El 27,9% de los encuestados considera que la oposición va a unificarse para las elecciones generales de 2025. Un 11,9% se ubica entre ambas posiciones.

Acerca de quién está más capacitado para derrotar al MAS, el 58% de los encuestados cree que ninguno de los candidatos de oposición se encuentra en condiciones de lograrlo. Sin embargo, para el 14,8%, Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, es el “más capacitado” para derrotar al MAS.

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El presidente Luis Arce decidió abrogar el Decreto Supremo 5143, de Derechos Reales, luego de reclamos de algunos sectores que especularon acerca de su contenido y advirtieron una supuesta intromisión del Estado en la administración de las propiedades.

“Hemos tomado la decisión de abrogar este decreto supremo, para evitar cualquier distorsión, cualquier convulsión social que se esté buscando, porque lo que menos queremos nosotros es que utilicen este tipo de herramientas para fines políticos”, dijo el mandatario en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.

“Seguramente hemos tocado intereses que no quieren que se modernice Derechos Reales y que ello fue distorsionado y manipulado”, justificó.

En criterio del jefe de Estado, hay grupos que utilizaron “elementos sensibles para confundir” a la población respecto de esa norma y, así, generara su rechazo.

En ese sentido, advirtió que “hay un plan de convulsión, para las siguientes semanas, que está en marcha” y que sus promotores buscan utilizar ese y otros temas para justificarlo y ejecutarlos.

Luis Arce

La decisión fue asumida luego de una solicitud de la Central Obrera Boliviana (COB). Su secretario ejecutivo, Juan Carlos Huarachi, señaló que fue un pedido de sus organizaciones afiliadas, aunque dijo que se generó por una “mala información y la cizaña” de algunos actores.

Esa norma se creó con el fin transparentar los trámites de propiedades en las oficinas de derechos reales y desburocratizar el procedimiento que, incluso, tardaba entre dos y hasta tres años, en algunos casos.

Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, defendió el contenido de ese decreto y dijo que buscaba “transparentar” la administración de derechos reales, varios ámbitos, por ejemplo, la recaudación de recursos por los trámites en esas ventanillas. “hay un hoyo negro en la recaudación”, advirtió.

Desde su promulgación, varias autoridades explicaron el contenido sobre el contenido y alcance de la ahora norma abrogada, entre ellos, la viceministra de Justicia Jessica Saravia y su par de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.

La bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados se solidarizó con el presidente de ese órgano camaral, Israel Huaytari, por el proceso que enfrenta en un caso de supuesta legitimación de ganancias ilícitas.

Asimismo, dijo que la Justicia debe definir la situación jurídica del también legislador del ala arcista del MAS; también defendió el debido proceso para que se procese al titular de Diputados.

“Pedimos que no crucifiquemos a un ciudadano sin que se demuestre, todavía, su culpabilidad. Él tiene que acudir al llamado de la Justicia. Eero exigimos y pedimos que haya el debido proceso y la presunción de inocencia y que no justifiquemos a un ciudadano sin que se demuestre su culpabilidad”, dijo Mercado a los periodistas en el edificio de la Asamblea Legislativa, en La Paz.

Mercado declaró así sobre la investigación que abrió el Ministerio Público a instancias de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por un supuesto incremento injustificado en el patrimonio de los investigados.

El caso también involucró a dos miembros de la Policía Boliviana. Se trata de Raúl C. P. y Rolando G. T. A., además Lizeth P.C.P., ésta es hermana de uno de ellos.

“Estos servidores policiales están siendo investigados por la Ley 101, con la Fiscalía Policial, en el Departamento de Investigación Interna en Santa Cruz”, confirmó el comandante general de la Policía, Álvaro Álvarez.

La presunta irregularidad atribuida a Huaytari está contenida en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, del 8 de diciembre del 2023; fue remitido a la Fiscalía el 9 de enero de este año.

Si bien el caso fue abierto en La Paz, ahora radica en Santa Cruz, debido a un incidente de declinatoria de competencia; ese recurso fue presentado por uno de los policías.

A un año de la celebración del bicentenario de Bolivia, el Gobierno convocó a periodistas, historiadores e investigadores para producir material para el evento especial. Los interesados recibirán incentivos desde los Bs 3.000 hasta Bs 14.000.

En entrevista con La Razón Radio, el delegado presidencial para el Bicentenario, Martín Maturano, afirmó que el objetivo del concurso para periodistas es fomentar la producción y difusión de reportajes periodísticos del Bicentenario de Bolivia, desde diversos enfoques.

La presentación de postulaciones es gratuita y se realiza en forma física en el Ministerio de Culturas y en las oficinas de la Delegación Presidencial del Bicentenario en La Paz, Sucre, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz hasta el 7 de agosto.

En cuanto a la segunda convocatoria, el funcionario anunció que se convocó a investigadores a participar del concurso “Presentación de Propuestas de Investigación para la Elaboración del Libro de Historia de Bolivia en su Bicentenario”.

El concurso se desarrollará en dos etapas. La primera consiste en plantear anteproyectos de investigación de acuerdo a uno de seis ejes de investigación:

1. Naciones y pueblos indígena originarios (10.000 a N.F – 1492)
2. Periodo colonial y levantamientos indígenas (1492-1809)
3. Los procesos emancipadores, construcción del Estado, guerras y pérdidas limítrofes (1809-1899)
4. Liberalismo, roscas mineras, Guerra del Chaco y Revolución Nacional de 1952 (1899-1952)
5. Nacionalismo revolucionario, gobiernos militares y luchas por la democracia (1952-1985)
6. Neoliberalismo, resistencia y Estado Plurinacional (1985-2025)

Luego de seleccionar a los ganadores, en la primera etapa, se pasa a la segunda que consiste en la realización de la investigación planteada. El cierre de entrega de propuestas será hasta el 29 de mayo.

El Bicentenario ya cuenta con su logotipo, himno y canción que también fueron productos emanados de concursos.

Una parada militar de las Fuerzas Armadas de los países liberados por Simón Bolívar será el número especial de las celebraciones del bicentenario de independencia de Bolivia, el 6 de agosto de 2025.

Una moneda conmemorativa, billetes de homenaje y curso legal, además de un libro de historia sobre los 200 años del país, plazas conmemorativas en los nueve departamentos, museos nacionales, obras y una serie de actividades completarán el marco de la celebración especial.

Los actos tendrán como epicentro la ciudad de Sucre, capital del Estado Plurinacional de Bolivia.

Maturano explicó que las actividades que se planificaron para la conmemoración de los 200 años del país, son más de 100 en diferentes ámbitos. Además, anunció que las actividades contarán con la participación de todos los ministerios, instituciones e incluso la empresa privada.

Los nueve departamentos deberán presentar una agenda consensuada con diversas instituciones para los festejos de la fecha. “Todos tienen hasta el 6 de agosto (2024) para presentar las agendas”.

Chuquisaca es el primer departamento en presentar su agenda e incluso comenzó las actividades este mes. “Tenemos hoy a casi todo el cuerpo diplomático en Chuquisaca”.

El 6 de agosto de 1825, en homenaje a la Batalla de Junín del año anterior, se declaró independencia de la entonces república cuyo nombre adoptó del libertador Simón Bolívar, Bolivia. La creación de la nueva república tuvo lugar en Sucre, ahora su capital.

El Centenario fue festejado en 1925 durante el gobierno del presidente Bautista Saavedra. En 2025, se celebrará el Bicentenario bajo el mandato de Luis Arce.

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Ante el crecimiento del hacinamiento en las cárceles del país, el Gobierno impulsa la descongestión de los recintos carcelarios con dos medidas principales: la amnistía o indulto y la construcción de pabellones.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó a La Razón sobre ese plan y detalló que, en el primer caso, pidió al presidente Luis Arce un decreto presidencial de amnistía e indulto. Por otro lado, señaló que ya existen los recursos, otorgados por el Ministerio de Economía, para la construcción de nuevos pabellones en las cárceles y que éstos serán edificados por los mismos reclusos.

“Si queremos mayor comodidad, si queremos pensar en el hacinamiento carcelario, también tenemos que pensar en que las personas privadas de libertad deben empezar a trabajar dentro de las cárceles”, dijo la autoridad.

Pero también recordó que existe un proyecto de ley referido a la implementación de manillas electrónicas, para el control de privados de libertad involucrados en casos de violencia familiar, cuyo tratamiento se encuentra “dormido” en la Cámara de Diputados.

La pertinencia de ese plan de liberación de cárceles radica en el crecimiento de la población privada de libertad, que hasta abril de este año alcanzó a 30.659 personas, distribuidas en las 46 cárceles del país, según reportó la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario a este medio.

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Cárceles

Si se toma en cuenta que la capacidad real de los recintos penitenciarios está prevista para 10.521 personas, con la población actual existe un hacinamiento del 191%.

La anterior semana, el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley denominado “Lo ajeno no se toca”, que contiene un nuevo tipo penal para casos de robo flagrante y un procedimiento sumarísimo, que permitirá que el Ministerio Público emita, directamente, una imputación contra delincuentes acusados de robo en flagrancia.

El tipo penal que incluye el proyecto impulsado por el Gobierno se llama apoderamiento flagrante de la cosa ajena, cuya pena será de siete años de prisión. Incluye una agravante por reincidencia, cuya pena adicional será de dos años, es decir que, en caso de que un delincuente vuelva a cometer ese ilícito, la sanción con privación de libertad será de nueve años.

Dato

Respecto de la aplicación de esa norma, el mismo Del Castillo explicó que, cuando un delincuente sea encontrado en flagrancia, puede ser aprehendido por particulares, ciudadanos o la Policía. Luego, el investigador policial emitirá un informe de acción directa “dentro del procedimiento sumarísimos penal”.

Eso permitirá, según dijo, que las autoridades judiciales no emitan una imputación, sino una acusación penal. “La primera y la última audiencia que tengan estos delincuentes se los va a sentenciar a siete años”, sostuvo.

“Esta problemática del hacinamiento carcelario no va a incrementar directamente se apruebe este proyecto de ley, en atención a que la gestión anterior se ha detenido preventivamente a 2.900”, indicó Del Castillo, consultado por la incidencia de esas sentencias rápidas en el crecimiento de la población carcelaria.

 En criterio de la autoridad, las acciones como el indulto, la construcción de nuevos pabellones y el uso de las manillas electrónicas permitirán, primero, que se reduzca el hacinamiento en las cárceles del país y lograr revertir el estado de causa de los privados de libertad, que hasta ahora contempla el 62,5% de detenidos preventivos y el 37,5% de sentenciados.

“Estamos trabajando desde este momento hacia adelante para que no tengamos un hacinamiento carcelario al interior de nuestras cárceles en nuestro país, que sea un problema actual.

Actualmente, el robo y robo agravado es el tercer tipo penal más cometido por los reclusos, pues son 4.004; o sea, el 13,06% de la población carcelaria.

(14/05/2024)