Plantean ajustar la ley de la Defensoría
Entrevistas. Algunos candidatos hablaron en su idioma nativo, pero este factor no será evaluado
La fase de entrevistas para elegir al nuevo Ombudsman del país comenzó ayer con la presentación de propuestas de los primeros 24 aspirantes al cargo. La sugerencia para ajustar la Ley 1818 de la Defensoría del Pueblo ganó terreno entre los candidatos.
La normativa en cuestión fue promulgada en diciembre de 1997 y, de acuerdo con las precisiones de al menos siete aspirantes, se requieren cambios para ajustarla a la Constitución Política del Estado Plurinacional que está vigente desde el 7 de febrero de 2009.
Los legisladores de la Comisión Mixta de Constitución escucharon estas propuestas sin hacer comentarios específicos; tampoco se pronunciaron sobre los otros planes de trabajo que ayer expusieron los aspirantes habilitados. Hoy concluirá la fase de entrevistas con la presentación de los 14 candidatos que restan para completar la lista de 38 que fueron habilitados para esta etapa de selección. Hasta el 18 de abril se inscribieron 163 aspirantes, pero este número se fue reduciendo en el proceso de calificación de méritos y requisitos.
La audiencia de entrevistas se prolongó durante cinco horas discontinuas, pues se cumplió un receso a mediodía. En ese tiempo, los asambleístas adscritos a la comisión formularon tres preguntas a cada uno de los candidatos con respecto a sus conocimientos generales sobre la Carta Magna, la misma Ley 1818 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos; también inquirieron sobre los mecanismos para plantear recursos constitucionales. Las preguntas fueron sacadas al azar de tres ánforas, que contenían al menos 200 interrogantes sobre esos temas. Los postulantes tenían tres minutos para contestar, pero hubo quienes respondieron en medio minuto. También en ese tiempo debían exponer sus planes, pero ese término resultó insuficiente.
Otros ocho aspirantes concordaron en que debe incorporarse al currículum educativo la materia de Derechos Humanos. Entre los aspirantes, hubo quienes hablaron una lengua originaria, pues saludaron en idioma aymara y quechua. El presidente de la comisión, Milton Barón, explicó que este último aspecto no servirá para la evaluación porque el requisito ya fue acreditado en su momento.
Los candidatos
Ana María Vargas Benito, Teóloga
Propuso no solo promocionar e inculcar a la gente sus derechos, sino “impregnar” en la población el deseo de ejercer los mismos, a fin de que los ciudadanos sepan que su primer derecho es vivir, pero no solo respirar, caminar, sino vivir bien, un concepto que se enmarca en la Carta Magna para que uno pueda desarrollar sus capacidades, talentos, intelectualidad y otros.
Edwin Lino Armata Balcázar, Filósofo
Planteó modificar la Ley 1818 porque no está acorde a la nueva Constitución, a fin de que el rol que la Carta Magna da a la Defensoría del Pueblo se cumpla plenamente. En su criterio, esta institución debe profundizar la promoción de los derechos humanos y que se dé una formación integral a los ciudadanos sobre sus derechos, porque en la medida en que los conozcan podrán reclamar su cumplimiento.
Florencia Laruta Flores, abogada
Afirmó que no perderá la oportunidad para acercase a la población tanto en el país como en el exterior. Prevé profundizar los derechos humanos de grupos vulnerables como niños, personas de la tercera edad y pueblos originarios e indígenas. Además, espera impulsar una nueva ley para la Defensoría del Pueblo, acorde a las necesidades de la sociedad y de la Carta Magna.
José Heriberto León Magne, abogado
Su plan se asienta en tres pilares: abarcar la temática de los conflictos y hacerles seguimiento a través de una instancia, incluso posterior a su solución. Un segundo eje es hacer gestión pública para que se deje de ver a la Defensoría como un ente fuera del Estado. Un tercer ámbito está referido a los derechos humanos y al cumplimiento del ama súa (no seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso) y ama quella (no seas flojo).
Silvia Gima Salame Farjat, abogada
Planteó encarar un proceso de capacitación, dado que la institución, aunque data de 1997, es nueva en nuestra sociedad. En su criterio, los ciudadanos deben saber qué facultades tiene la Defensoría. Consideró que, como custodio de las leyes, esta repartición debería tener un equipo para que haga un contraste de la constitucionalidad de las normas.
Lucy Guadalupe Mena Orozco, abogada
Planteará nuevas leyes y también sugerirá que se incorporen correcciones a otras normativas. Y con esa finalidad propuso un anteproyecto de ley de promoción y enseñanza de la Constitución Política del Estado, orientado a la temática de derechos humanos. Sugirió trabajar coordinadamente con organizaciones de la sociedad civil. Además, pretende que la Defensoría del Pueblo se acerque al área rural.
Ramiro Félix Llanos Moscoso, abogado
Planteó que sean las instancias administrativas las que ingresen para el cumplimiento de las leyes, las que deben ingresar en el principio del bien común. Su posición es que se deben prevenir los conflictos para evitarlos. Además sugirió que se haga un trabajo de coordinación con niveles inferiores a las máximas autoridades ejecutivas (MAE) en diferentes reparticiones
Silvia Medina Sánchez, abogada
Dado que por más de 30 años su trabajo estuvo enfocado en la protección de los derechos humanos de todos los sectores, planteó que desde el colegio se pueda promover el primer bien jurídico, que es la vida. Por ello, sugirió que en el currículum escolar se incorpore la materia de Derechos Humanos, así como la temática referida a la Ley 348, porque la incidencia de la violencia es mayor.
Ramiro Leonardo Iquise Pally, abogado
Promoverá un mayor acercamiento de la Defensoría del Pueblo con la población porque evidenció que esta institución no hace, actualmente, un trabajo con organizaciones de base y grupos vulnerables. Dijo que también impulsará hacer un seguimiento y una articulación con la política pública, que las acciones de los órganos sean transversales a cada sector.
José Luis Campero Villalba, abogado
Su trabajo se enfocará en identificar a los sectores más vulnerables en las ciudades para interponer las acciones que correspondan cuando se vulneren los derechos de esas personas. Explicó que su tarea también se orientará a desarrollar los derechos humanos, clasificados en colectivos, civiles, políticos, sociales, culturales y también los derechos de los pueblos minoritarios.
Flaviano Unzueta Arispe, abogado
Consideró que los derechos políticos no son de conocimiento de la población; por ello dijo que se deben difundir y promocionar las libertades y garantías de la Constitución Política del Estado y para que ello se haga efectivo explicó que se deben establecer contactos con las organizaciones sociales y unidades educativas, a fin de que la gente sepa defenderse.
Liborio Uño Acebo, abogado y Lic. en Humanidades
Planteó la elaboración de un manual de funciones para la Defensoría del Pueblo con base en la Constitución Política. En su criterio, los defensores adjuntos, la secretaría general y los delegados departamentales deberían tener un plan estratégico de cinco a diez años. Dado que en la justicia se vulneran más los derechos, consideró que la Defensoría debería plantear la modificación de instancias y actuados.
Rogelio Mayta Mayta, abogado
Su trabajo se orientará a recuperar y fortalecer la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo. Y para ello planteó elaborar una nueva ley acorde a la nueva Constitución Política del Estado y a partir de ello encarar un proceso de reingeniería de esa entidad estatal. Pero también sostuvo que se debe trabajar para posesionar la idea de que esta autoridad tiene magistratura moral, pero no es un ente operativo.
Gregorio Bernardo Herrera Maydana, abogado y pedagogo
Explicó que presentará un proyecto de ley para reemplazar la normativa 1818, que actualmente rige a esa institución, porque es incompatible con la Carta Magna aprobada en 2009. Aseguró que propondrá que los derechos humanos sean incluidos como una materia en la malla curricular. Entre sus propuestas también está establecer en los municipios mesas defensoriales para que den asesoramiento a sectores vulnerables.
Claudio Américo Caiguara Romero, abogado / comunicador
Dado que la nueva Constitución Política del Estado tiene como finalidad el vivir bien, manifestó que su propuesta de trabajo se orienta a la búsqueda de la felicidad de los bolivianos, para lo que promoverá los principios de ama súa (no seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso) y ama quella (no seas flojo). A partir de ello, dijo que buscará el desarrollo humano y también la felicidad de la gente.
JennyMarquez Segales, Maestra
Una de sus propuestas centrales es promover la modificación de la Ley 1818 de la Defensoría del Pueblo para que esté acorde a la Carta Magna de 2009. A partir de ello consideró que se debe promover y vigilar que las normas se cumplan. Sugirió también la promoción de campañas ambulatorias que empoderen a la ciudadanía en el conocimiento de sus derechos. La educación ambulatoria, manifestó, permitirá llegar a lugares recónditos.
Martha Villa Quisbert, Antropóloga
Manifestó que promoverá los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas originarios. En su propuesta, también está trabajar en la difusión de los derechos humanos porque la población los desconoce. Además, considera necesario que se prevengan los conflictos tendiendo puentes. Pero también cree necesario trabajar para que la Justicia responda a las necesidades de la gente.
Iván Cuevas Paucara, Comunicador social
Afirmó que promoverá la coordinación entre instituciones públicas y sociedad civil y a partir de ello su labor se orientará a restituir derechos a las personas. A fin de que esos derechos les sean restituidos, pretende conformar un comité que haga seguimiento a esos casos. Además, plantea realizar un trabajo de difusión y cabildeo en los medios de comunicación y las redes sociales, así como desarrollar ferias y seminarios de capacitación.
Jacqueline Siles Aramayo, abogada
Planteó que promoverá la creación de una Unidad de Investigación de Conflictos, porque la solución de los mismos debe ser más científica. “Se debe investigar a los actores, demandantes y demandados”. A partir de ello, sugirió hacer una sistematización de esos problemas para hallar una solución oportuna. Asimismo, propuso crear una cultura de paz porque el rol de la Defensoría del Pueblo no es coercitivo.
Aida Mariposa Apaza Mamani, Ciencias de la Educación
Manifestó que buscará el fortalecimiento de las leyes del Estado referidas a la familia, materia educativa, la temática de los niños adolescentes y jóvenes, entre otros. Consideró también que se debe trabajar en materia de justicia tanto en organizaciones sociales como civiles. Otro eje que se debe desarrollar, dijo, es la familia, pues ésta es un pilar fundamental porque allí se aplican los derechos humanos, el respeto y la enseñanza.
Guillermo Vilela Díez de Medina, Rel. Internacionales
Sugirió un cambio a la Ley 1818 de la Defensoría del Pueblo, principalmente en lo que se refiere a la elección de esta autoridad. En su criterio, la Asamblea Legislativa debería elegir una terna para que esa autoridad sea elegida por voto popular. Consideró que debería haber cinco defensores adjuntos en diferentes áreas, que no especificó. Asimismo, propuso la formación de redes de los derechos humanos.
Francisco Rodríguez Mamani, abogado
Manifestó que buscará generar políticas públicas y que presentará proyectos normativos basados en temas de derechos humanos. Planteó trabajar en la implementación de brigadas móviles para que la Defensoría no solo atienda a la ciudadanía en el área urbana y consideró que esos grupos también deberían difundir y promover los derechos humanos. A fin de difundir las políticas de esa institución estatal, sugirió la creación de una radio defensorial.
Edwin Richard Claros Zurita, abogado
En su criterio, es necesario que la Defensoría del Pueblo se aplique en la construcción del nuevo Estado Plurinacional. Consideró que esta autoridad tiene que trabajar para acercarse a la ciudadanía a fin de que sea la instancia de coordinación entre el Estado y la sociedad civil, y que se acerque a organizaciones sociales. Planteó incorporar al currículum escolar la materia de Derechos Humanos.
Lydia Apaza Quispe, abogada
En su propuesta hizo notar que un Defensor o Defensora del Pueblo tiene la potestad de coordinar con todos los poderes del Estado y proponer leyes para reformar otras normativas. Manifestó que en su trabajo la autoridad que vaya a ser electa tiene que ser independiente, es decir, no estar ni con el oficialismo ni con la oposición, pues su labor no solo se enmarca en la normativa nacional vigente, sino en tratados y convenios internacionales.
