Debido a que no pudo estar presente físicamente para el inicio de su juicio oral en el caso Decretazo, la audiencia de Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz y detenido en Chonchocoro, se reprogramó por tercera vez. Ahora la audiencia deberá realizarse el 16 de julio.

La información la confirmó su abogado, Martin Camacho, quien además criticó que no se haya trasladado al gobernador electo a Santa Cruz. “Han desobedecido nuevamente a un tribunal pasando por encima de las resoluciones jurisdiccionales”, denunció.

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Falta de condiciones

Pese a que existe una orden judicial para que Camacho sea trasladado de Chonchocoro, La Paz, al penal de Palmasola, en Santa Cruz, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, y autoridades del Ministerio de Gobierno consideran que no existen las ‘condiciones’ para el traslado.

Camacho se encuentra detenido en Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022, a raíz del caso Golpe de Estado I. Este caso investiga los hechos precedentes a la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019. Ese año, Camacho tuvo un rol activo, como él mismo reconoció; promovió cabildos, financió movilizaciones, pactó con militares e irrumpió en Palacio Quemado con biblia en mano.

Justamente por su carácter político, las autoridades consideran que su traslado podría provocar una convulsión social que incluso pondría en riesgo la salud e integridad del propio Camacho.

Audiencia

La audiencia estaba originalmente programada para el 11 de marzo. Sin embargo, siempre por el motivo de que Camacho no podía asistir físicamente, se postergó para el 11 de abril. Llegada esa fecha, se volvió a reprogramar la audiencia para el 27 de mayo. Este lunes se conoció que la audiencia se suspendió hasta el 16 de julio.

El caso Decretazo investiga a Camacho por la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, luego de que el 9 de marzo de 2022, delegara sus funciones a un secretario y no al vicegobernador Mario Aguilera, como establece el Estatuto Departamental.

Además del caso Decretazo y el Golpe de Estado I, Camacho está implicado en otros, como el caso Carro Bombero, cuando presuntamente adquirió un vehículo antiincendios con sobreprecio para la Gobernación, además del reciente caso Firmas, por irregularidades en la firma de un poder. Camacho deberá presentar su declaración en este caso este miércoles, en Chonchocoro.

Con las elecciones judiciales en vilo y las diferentes posturas para continuar con la preselección de candidatos, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, llamó a un “diálogo judicial” para que se decida “constitucionalmente” el devenir de este proceso.

Además, el presidente del Senado restó efectos a la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que resolvió revocar el fallo de la Sala Constitucional de Pando que detuvo todo el proceso el 30 de abril.

“Los ‘comunicados’ de los autoprorrogados no surten ningún efecto jurídico porque son nulos de pleno derecho (…); por ello, extiendo una invitación al Hno. @LaramaDavid (David Choquehuanca) a Israel Huaytari y a representantes de las fuerzas políticas a un nuevo #DiálogoJudicial de complementariedades democráticas que nos permita reconducir constitucionalmente la continuidad del proceso de preselección para garantizar #EleccionesJudiciales2024”, escribió Rodríguez en su cuenta de X.

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Proceso de preselección

Pese a que el TCP revocó el fallo y el oficialismo pidió a las comisiones mixtas continuar con el proceso de preselección, los titulares de éstas afirmaron ya no tener competencia. Esto debido a que, de acuerdo a la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, el Legislativo tenía hasta el 5 de mayo para remitir la lista de los candidatos preseleccionados al Órgano Electoral.

Sin embargo, el proceso se paralizó el 30 de abril, cuando una Sala en Pando falló a favor de una acción popular que denunciaba a la Ley 1549, por no contemplar los derechos de las mujeres indígena originario campesinas.

Así, 404 postulantes se encontraban en la etapa de evaluación oral y escrita y ahora esperan que se retome el proceso.

Por ello, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia, Roberto Padilla, pidió que se elabore una ley corta que permita ampliar la competencia de la Asamblea para concluir con la preselección de candidatos a altos cargos del Órgano Judicial y al TCP.

“Es la CPE la que dispone las atribuciones de los órganos de poder, y su mandato es ineludible”, insistió Rodríguez, en relación a la importancia del diálogo.

Reunión

La reunión a la que convoca el presidente del Senado no es nueva. El pasado 16 de mayo se reunieron Rodríguez; David Choquehuanca, vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea; Israel Huaytari, presidente de Diputados; los representantes de las tres fuerzas políticas, Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos; y los titulares de las comisiones.

No obstante, en aquella oportunidad, el diálogo no tuvo rumbo y los presentes criticaron la postura de Choquehuanca de no convocar a sesión del pleno y recurrir al TCP.

En tanto, debido a la proximidad de Rodríguez con el expresidente Evo Morales, el ala arcista del MAS acusa al presidente de Senadores de “dilatar” el proceso de las judiciales.

El riesgo de que las judiciales coincidan con las elecciones primarias, programadas para la segunda mitad del año, es latente. Si se diera ese escenario, las judiciales no podrían realizarse, puesto que el Órgano Electoral no puede llevar a cabo dos procesos electorales en simultáneo.

El presidente Luis Arce afirmó este lunes que la “antipatria” en el país tiene una “careta democrática” con la que se busca dar un “golpe blando” a su gestión o generar un acortamiento de su periodo presidencial.

“La antipatria se demuestra con careta democrática, escondiendo sus fines abiertos de atentar el orden constitucional mediante planes siniestros que procuran a un corte blando o un acortamiento de mandato”, dijo en el acto en conmemoración por los 215 años de creación del Regimiento de Infantería 1 Colorados de Bolivia, en la Paz.

El Mandatario advirtió nuevamente de “amenazas internas y externas” que suponen un riesgo para la democracia en el país, al territorio y a la soberanía.

Luis Arce

“Hoy, estas formas adoptan formas híbridas e irrestrictas de ataque contra el Estado Plurinacional. Intenta detener la participación del pueblo en la conducción del Gobierno y frustrar los avances del proceso de incorporación de valor agregado a nuestras materias primas”, señaló Arce.

Por otra parte, destacó la “valerosa tarea” de los colorados de Bolivia en la historia del país y en los procesos democráticos. “No tengo duda alguna que los Colorados de Bolivia actuarán a la altura del tradicional amor a Bolivia”.

Arce viene denunciando, desde hace tiempo, un supuesto intento de acortar su mandato. Atribuyó ello a la derecha tradicional y la nueva derecha —como llama a la facción del Movimiento Al Socialismo (MAS) liderada por Evo Morales— de buscar “hacerse del poder”.

“El nuevo teatro de operaciones se libra en la mente del pueblo. La guerra se libra sembrando zozobra y especulación, cambiando la historia, solo podemos vencer si estamos unidos pueblo y Fuerzas Armadas (FFAA)”, sostuvo el mandatario.

«Golpe blando»

Las declaraciones del jefe de Estado coinciden con sus constantes advertencias de un supuesto “boicot” a su gestión, propiciada por la facción evista del MAS y el bloque de oposición, de cuyos miembros advirtió “acuerdos oscuros” para ese fin.

En su justificación, el jefe de Estado fustigó las “trabas” que ponen los miembros de esos bloques, en las cámaras de Diputados y Senadores, a la aprobación de normas de diferentes ámbitos. Uno de los reclamos más fuertes tiene que ver con los ocho créditos “que están durmiendo” en la Cámara Alta. Se trata de proyectos de ley que fueron aprobados en la Cámara de Diputados y que no fueron sancionados por la de Senadores. Todos ellos están destinados a infraestructura, salud, electrificación y preinversión, por un total de $us 645,42 millones.

El principal problema, desde febrero de este año, es la condición de la oposición y del mismo bloque evista del MAS de, primero, abordar los proyectos de ley 073 y 075. Con estas dos normas se busca definir la situación de los magistrados y consejeros electos en 2017.

Tras el planteamiento de Evo Morales sobre salarios mínimos a expresidentes electos por voto, la exmandataria encarcelada Jeanine Áñez se estrelló contra el jefe del Movimiento al Socialismo (MAS) y calificó de vergonzoso el pedido del líder cocalero.

Morales planteó una reducción de rentas vitalicias a exmandatarios de Estado y vicepresidentes al considerar que solo las exautoridades electas por voto debieran recibir esos beneficios, lo que provocó la reacción de Áñez.

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Salarios

“Mientras Evo Morales pide que el Estado le pague doble, una renta que recibe como ex Presidente de 25.000 bolivianos mes y otra que pretende de 1,9 millones por un cargo de senador que no fue, a la ex Presidente Jeanine Áñez le niegan la pensión prevista en la norma. Vergonzoso”, posteó en la red social “X”.

El diputado Juanito Angulo (MAS) señaló el viernes que Jeanine Áñez no puede acceder al reconocimiento pecuniario a expresidentes y exvicepresidentes porque la norma establece la entrega de este beneficio a exmandatarios constitucionales.

Morales se manifestó el domingo en redes sociales tomando la reducción de salarios como parte de su campaña.

“Los expresidentes de Bolivia tienen derecho a tener una renta, pero ésta debe ser de máximo dos salarios mínimos. Ése es mi compromiso ante el pueblo boliviano si llegó a la presidencia”, expresó el exmandatario.

En la actualidad, los expresidentes y exvicepresidentes perciben una renta vitalicia mensual de cerca de Bs 25.000, que equivale a 10 salarios mínimos. Con el último ajuste, el mínimo nacional asciende a Bs 2.500.

Dato

Evo Morales le requirió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que lo indemnicen con unos $us 2 millones por su inhabilitación como candidato a senador en las elecciones del año 2020, a lo que el TSE respondió con una objeción a dicho requerimiento.

“Considero que es un monto exagerado el que se está solicitando, además, se basa sobre el supuesto que, quien fue inhabilitado hubiese sido electo. Y es algo que no se puede determinar, solamente en ese momento quien se ha postulado y quien reciba la confianza de la ciudadanía. Pues se ha podido determinar que ha sido electo. Entonces ahí consideramos que hay cierta ambigüedad”, expuso el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas.

Así el Tribunal fundamentará que el expresidente ya recibe una renta mensual de Bs 25.000, con dinero del Estado.

(27/05/2024)

En una publicación que difundió en redes sociales, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé exhortó a que se implemente una política criminal y reforma judicial ante la problemática que —según él— no se resolverá con el “populismo penal” propuesto por el Gobierno.

Esta problemática “no se resolverá con el populismo penal propuesto por el gobierno de Luis Arce con ley de procesos sumarios (ley Bukele). Urge política criminal y reforma judicial”, escribió en la red social “X”, antes conocida como Twitter.

Rodríguez hace referencia a la ley Bukele con su “Plan Control Territorial”, que logró en El Salvador varios avances en cuanto a seguridad penitenciaria, régimen de excepción y control criminal.

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Política criminal

Sus comentarios surgen ante la coyuntura por el hacinamiento en las cárceles del país. Datos que salieron a la luz en el último tiempo revelan un alza del 40% de presos desde 2022 en los centros penitenciarios del país.

La información la brindó el 26 de mayo el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

“Se han incrementado 13.000 privados de libertad en dos años y algo más. Eso quiere decir que la justicia tiene que hacer una profunda reflexión respecto a la privación de la libertad”, manifestó Limpias.

Por los hacinamientos, el Gobierno apunta a descongestionar las cárceles con el indulto, amnistía y la construcción de más pabellones para ubicar a los privados de libertad.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, le dijo a La Razón que pidió al presidente Luis Arce Catacora que promulgue un decreto presidencial de amnistía e indulto. Asimismo, señaló que ya se dispone de recursos económicos para la edificación de esos pabellones y que los mismos los construirán los mismos encarcelados.

“Si queremos mayor comodidad, si queremos pensar en el hacinamiento carcelario, también tenemos que pensar en que las personas privadas de libertad deben empezar a trabajar dentro de las cárceles”, enfatizó Del Castillo.

Según datos del Gobierno, en el país hay 98 recintos carcelarios, con una población que asciende a 25.000 reclusos.

(27/05/2024)