Con un plan de erradicación sostenido que ya ingresó a áreas del TIPNIS en Cochabamba y las zonas no tradicionales de La Asunta en La Paz, el Gobierno se trazó la meta reducir los cultivos de coca a solo 20.000 hectáreas (ha), unas 2.000 menos de que lo fija la Ley de la Coca.
La Ley General de la Coca fue promulgada en marzo de este año y fijó un límite máximo de hasta 22.000 hectáreas, de las que se reconoce una superficie total de hasta 14.300 hectáreas en La Paz, y hasta 7.700 hectáreas en Cochabamba.
“Nosotros hemos autorizado hasta ahora 22.000 ha de producción (en la ley), 20.000 tenemos en este momento (legales). El estudio de la UNODC nos ha señalado que tenemos 23.000 ha de producción, por tanto tenemos 3.000 ha excedentarias y esas son los que tenemos que erradicar, los resultados tienen que verse por eso es que hay una intensidad de trabajo en la erradicación”, desveló el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, a la red PAT.
Cuatro meses después de promulgada la Ley de la Coca, en julio, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) divulgó el informe anual sobre cultivos de coca en Bolivia.
Tras cinco años de decrecimiento, en 2016 se modificó la tendencia decreciente y la cantidad de cultivos subió a 23.100 hectáreas (ha), lo que representa un alza neta de 2.900 ha (14%) respecto a 2015.
Días después de conocerse esos datos, el Gobierno envió Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) para erradicar unas 100 ha de cultivos ilegales de la hoja en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS) que son desviados a mercados ilícitos.
La semana pasada las mismas fuerzas replicaron esa labor en La Asunta, en Sud Yungas de La Paz, pero encontraron resistencia de los pobladores que devino en violentos enfrentamientos que dejaron como saldo cinco uniformados y varios cocaleros (no hay reportes oficiales) heridos.
Cocarico apuntó este martes a “algunos” dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de entregar “carnets de productor” de manera ilegal a afiliados que no están consignados en un acuerdo con el sector de 2008. Denunció que ampliaron las zonas de cultivo e incrementaron su producción hasta 5 ha, cuando el compromiso fijó, inclusive, menos de una.
“No están en las comunidades reconocidas como productores, son comunidades nuevas o que quieren cultivar recién. A ellos les han seguido dando esos carnets de manera ilegal y tampoco vamos a reconocer ahora”, remarcó la autoridad.
Precisó, además, que el Ejecutivo y las reparticiones del área serán “consecuentes con la normativa”, puesto que “ya no se puede, no vamos a expandir más cocales, más extensiones”. “Estamos ingresando a las zonas ilegales de producción, por tanto los compañeros tienen que entender”, sostuvo. (24/10/2017)