Frente a la anulación del proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales, la Asamblea Legislativa todavía no ha presentado una respuesta institucional. Incluso, existen posiciones contradictorias para asumir una salida al entrampamiento de los comicios.

La semana pasada, la Sala Constitucional Primera del Tribuna de Justicia de Pando determinó dejar sin efecto y anuló el proceso de preselección. El fallo fue emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La acción popular fue presentada por la abogada Yeny Duri el 18 de abril. En primera instancia, esa sala dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

En entrevista con La Razón Radio, los diputados Marcelo Pedrazas, de la facción renovadora de Comunidad Ciudadana (CC), y Juan José Jáuregui, de la facción arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), propusieron una salida política y una salida judicial, respectivamente.

Pedrazas consideró que la discusión en la Asamblea Legislativa sobre las elecciones judiciales es política y no jurídica. Además, lamentó que algunos de sus colegas no contribuyan a viabilizar su solución.

“Sabemos que es un hecho político. No ha habido capacidad de la Asamblea para que políticamente se puedan generar mecanismos de coordinación y comprensión de la crisis judicial”, afirmó.

Con esos acuerdos y mecanismos políticos —según explicó— recién se debería sacar una ley de convocatoria a postulantes a los cargos de los altos tribunales. “Hubo errores garrafales en la ley”.

En su criterio, era fundamental que la oposición establezca un mecanismo que permita generar una posición política de la Asamblea, donde los magistrados también se sientan comprometidos a continuar la elección.

“Tú sabes que este Órgano Judicial ya tiene una visión política, es un error querer entrar a un debate jurídico”, reclamó. 

Consideró que el acuerdo político del 2 de febrero, que viabilizó las elecciones, incurrió en el error de incorporar la discusión de los proyectos de ley 073, de suspensión de plazos procesales, y 075, de cese de funciones de magistrados y consejeros electos en 2017.

En discordancia, Jauregui afirmó que la discusión sobre las elecciones judiciales suspendidas aborda una interpretación constitucional. Reclamó que “el mayor defecto” de la oposición tradicional y la facción evista del MAS fue no comprender que se debe aplicar las leyes de la Constitución de forma minuciosa.

“Los primeros procesos fallidos obedecen a una conducta sencilla: los legisladores de la nueva oposición que incorporaron temas inconstitucionales”, añadió.

Por ello, el legislador negó la existencia de una premeditación o “mano negra” por parte del Órgano Ejecutivo para frenar los comicios. “Lo que ha sido es que no han comprendido que se debe respetar la Constitución”.

“Ahora estamos siendo testigos de declaración solamente políticas para destrabar la elección, ¿eso realmente ayudará a concluir el proceso de preselección?”, cuestionó.

Ratificó la propuesta de la bancada de la facción arcista del MAS en la Cámara de Diputados, encabezada por Jerges Mercado, quien solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una medida cautelar para continuar con el proceso de preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa.

El jueves, Mercado anunció que se presentó un memorial al TCP, en Sucre, para “salvar la preselección y las elecciones judiciales”. “Hemos solicitado que nos otorgue la medida cautelar que permita continuar con el proceso”, dijo.

Es decir, se pretende que el TCP dicte una medida cautelar para que el proceso electoral prosiga más allá de los recursos judiciales en su contra.

El proceso de preselección está paralizado y sin salida. El plazo otorgado por la entrega de listas de postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya se cumplió el 7 de mayo. Ahora, algunos legisladores piden que el presidente nato del Legislativo, David Choquehuanca, convoque a una sesión para que el pleno de los asambleístas defina una posición.

Con la vigencia de la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, se preveía que los comicios se desarrollen al menos hasta la primera quincena de septiembre de este año.

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El vocero presidencial Jorge Richter dijo que la intención de Evo Morales de postular a las elecciones presidenciales de 2025 es “esquizofrénica” y que eso pone en riesgo al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Si no se deja de lado esa esquizofrénica búsqueda de las repostulaciones, entonces, entre otros factores, el final de ciclo es evidente”, dijo en una entrevista con la red DTV.

Richter se refirió a la primera amonestación que impuso el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre el MAS, por el incumplimiento a la renovación de su directiva nacional. Esa decisión fue comunicada el pasado miércoles.

Jorge Richter

Según explicó el vocal electoral Tahuichi Tahuichi a La Razón, el MAS incumplió la resolución de la Sala Plena del 28 de marzo de este año, que dispuso un plazo de 25 días para que la dirección del MAS convoque a un nuevo congreso para la renovación de su directiva. Ese tiempo se cumplió el 22 de abril.

El principal escollo para cumplir con esa disposición del Órgano Electoral es el artículo 13 de estatuto del MAS, que establece que los congresos de ese partido deben ser convocados por la dirección nacional previo consenso con las organizaciones sociales “matrices” de esa fuerza política.

“Tiene que consensuar el congreso con las organizaciones fundacionales, y (Morales) debe tener la grandeza de sentarse en una misma mesa, porque eso dice el estatuto del MAS para determinar cómo llevar ese congreso”, consideró Richter.

Congreso

Por separado, las facciones arcista y evista del MAS presentaron al TSE convocatorias para su congreso. Por un lado, el Pacto de Unidad, que respalda al presidente Luis Arce, convocó y celebró su encuentro nacional el 3, 4 y 5 de mayo, en El Alto.

Ese encuentro eligió a Grover García presidente del MAS, en reemplazo de Evo Morales.

Sobre la validación de ésa y otras resoluciones, el TSE definirá su registro o no con base en un informe de la Secretaría de Cámara sobre el cumplimiento de requisitos.

Por otra parte, el evismo convocó a congreso para el 10 de julio en Villa Tunari, en Cochabamba. Al respecto, el TSE aún no se pronunció.

MAS

“Un MAS fraccionado, con toda la corporación social y popular otorgado por las organizaciones sociales matrices, va a perder la fuerza que lo hizo invencible en tiempos electorales”, advirtió Richter.

Conocida la amonestación, la facción evista anunció la impugnación de la decisión y la calificó de una “estrategia” del Gobierno y del TSE para proscribir al MAS e inhabilitar a Morales como candidato en 2025.

“Evo solo ve lo que le favorece (…). Cuando a Evo le conviene reconoce al TSE, cuando no, lo crítica”, remató el vocero.

La convocatoria al congreso nacional marcó aún más las diferencias entre ambas facciones del MAS, pues cada una reclama la legitimidad y la legalidad de su llamado.

El viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, indicó este viernes que el caso del jefe policial aprehendido por transportar droga está en plena investigación y no descarta ninguna hipótesis sobre más implicados o la existencia de una organización criminal.

“Se está investigando si este sujeto tendría una organización criminal o qué más personas estén implicadas, después tendremos mayores elementos. No se descarta ninguna hipótesis, el caso se encuentra en proceso de investigación”, señaló Mamani en conferencia de prensa.

El teniente coronel Marcelo R. R. está involucrado en el caso de narcotráfico por transportar 23,6 kg de cocaína. El uniformado, al verse descubierto, evadió un puesto de control en la carretera bioceánica, cerca de la comunidad Pozo del Tigre, en el municipio cruceño de Pailón.

Marcelo R. R. evitó la requisa del vehículo en el que se transportaba y arrastró a uno de los policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), después se dio a la fuga. Tras la persecución, la Policía dio con el motorizado en cuyo interior halló pasta base de cocaína, radios de comunicación, documentación y uniformes de la FELCN.

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Jefe policial

El efectivo huyó, pero la FELCN dio con su paradero el miércoles en la localidad de Puerto Quijarro. Al verse rodeado se entregó y quedó bajo custodia policial.

Este viernes de madrugada lo condujeron a dependencias de la FELCN en Santa Cruz y está a disposición de las autoridades jurisdiccionales.

Mamani confirmó que se apertura un proceso oficial para dar de baja al jefe policial.

“Será puesto a disposición de autoridades jurisdiccionales y asimismo se va a realizar la baja inmediata porque este tipo de sujetos daña la imagen de la Policía Boliviana”, complementó la autoridad.

El sindicado fungía como jefe de la Policía en el municipio de Puerto Suárez.

(10/05/2024)

El presidente Luis Arce exhortó este jueves a Evo Morales a “reflexionar” y reunirse con el Pacto de Unidad arcista para convocar a un congreso y evitar que se proscriba la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Arce recordó que el Pacto de Unidad convocó en cuatro oportunidades a Morales a una reunión para convocar a un congreso junto con las organizaciones sociales; sin embargo, el expresidente no atendió el llamado.

“Han sido vanos los intentos de los compañeros (del Pacto de Unidad), (Evo Morales) no acudió a las reuniones y estamos poniendo en riesgo el instrumento político. Esperamos que el compañero Evo reflexione y pueda venir también a sentarse con los hermanos del Pacto de Unidad; realizar una convocatoria donde todos, como militantes de base, estaremos asistiendo; si es necesario de acuerdo con las nuevas reglas de juego que ha planteado el Órgano Electoral”, dijo Arce, en diálogo con periodistas en la Casa Grande del Pueblo.

El Presidente recordó que el congreso del MAS, organizado a comienzos de este mes, fue convocado en el marco del plazo que dio el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la renovación de la directiva del partido oficialista.    

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Pacto de Unidad

Empero, posteriormente se conoció que hubo una ampliación por 120 días para la renovación de los representantes partidarios; por lo que, según Arce, es una “oportunidad” para que Morales se reúna con las organizaciones sociales “dueñas” del MAS.

“Nuestros hermanos del Pacto van a seguir apostando por la unidad, ese es el mejor de los caminos. Que se haga un congreso de unidad en base a lo que ha planteado el pacto y esperamos que el compañero (Evo) reflexione”, puntualizó.

El 8 de mayo, la Sala Plena del TSE decidió imponer una primera amonestación contra el MAS por incumplir la disposición relativa a la renovación de su dirección nacional.

El presidente Luis Arce dejó en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el destino del Decreto Supremo 5143 que reglamenta la ley sobre Derechos Reales, y aseguró que la intención del Gobierno es proteger la propiedad privada.

“Hemos visto que se han presentado algunos recursos (contra el decreto 5143) para que sea el Tribunal Constitucional quien pueda manifestarse al respecto; esperaremos qué dice el Tribunal Constitucional”, afirmó, en un diálogo con periodistas.

Asimismo, lamentó la campaña de desinformación promovida por la “derecha”; para inquietar a la población diciéndole que se les va “expropiar” sus casas.

“Nunca ha pasado por nuestra cabeza la expropiación de viviendas de la población, repito, solamente eso he escuchado de la mente de la derecha en el 2009; y lamentamos que algunos compañeros hayan caído en ese mismo discurso de la derecha”.

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Derechos Reales

Remarcó, más bien, que el objetivo del decreto es “ordenar” a Derechos Reales, contar con un sistema informático único; y no “34 sistemas que están actuando ahí independientemente”, y evitar hechos como los dobles registros y ventas de casas y terrenos sin que los dueños se enteren.

Asimismo, reiteró que la meta del Gobierno es contar con un “Derechos Reales fortalecido, automatizado; y sistematizado, para que no haya posibilidad de que una casa, un departamento o un terreno tenga tres o cuatro dueños”.

Comparó la situación con lo ocurrido en 2009, cuando los políticos de oposición alertaban falsamente a la población que el Gobierno pretendía quitarle sus casas y vehículos con la nueva Constitución Política del Estado.

La bancada del MAS-IPSP, a través del diputado Juan José Jauregui, presentó este jueves al TCP una acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto contra la forma en que se aprobó el decreto; y solicitó la medida cautelar de suspensión en su aplicación hasta conocer una sentencia.

Diversos sectores sociales protestaron esta semana contra la norma; bajo el discurso de que hay el riesgo que les “quiten” la propiedad de sus bienes inmuebles.