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Sunday 26 Mar 2023 | Actualizado a 15:10 PM

Cívicos no entienden las razones del TSE sobre la fecha de los comicios y anuncian procesos

Sin dar alternativa, siguen rechazando el 18 de octubre; desconocen que hay un imperativo constitucional para esto. Irán a la presión y anuncian un proceso el órgano electoral.

/ 17 de agosto de 2020 / 22:56

Luego de haberse reunido con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la tarde del lunes, los representantes de los comités cívicos del país ratificaron su rechazo a las elecciones generales del 18 de octubre, tal como dispuso el órgano electoral.

Al salir de la reunión, el presidente del TSE, Salvador Romero Ballivián, tras afirmar que a los cívicos se les dio una “amplia explicación” sobre el carácter “definitivo, inamovible e impostergable” del 18 de octubre como día de la elección, se excusó de dar su parecer sobre el rechazo cívico a la referida fecha.

Lo mismo que muchos críticos a las elecciones nacionales, el principal argumento de los cívicos es que el TSE no daría las garantías sanitarias suficientes para que el 18 de octubre (18-O) la gente asista a votar sin el riesgo de un contagio masivo por COVID-19. Asimismo, desconocen el imperativo constitucional de que las elecciones deben ser en 2020.

Aunque sin mostrar un contraargumento, los cívicos implicaron que el 18-O será un día fatal para la salud por asistir a votar: “No han podido respaldar científicamente (los del TSE) la fecha de las elecciones, el pueblo boliviano nos puede a nosotros acusar, si hay enfermedad y muertes en Bolivia”, dijo al salir de la reunión el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.

Al respecto, Romero Ballivián señaló que el TSE fijó el 18-O con base en el único criterio válido sobre lo que pasará con la pandemia en el futuro, que es el análisis de la evolución del mal. Se determinó el 18-O, dijo el vocal del TSE, “a partir de un conjunto de informes oficiales, pero también de proyecciones de centros académicos sobre la evolución de la pandemia, que nos indican que ésta tendrá su pico, y de hecho es algo que los bolivianos hoy estamos sufriendo, justamente en estas semanas hasta principios de septiembre”.

Pero los cívicos, tras la reunión, no se quedaron en el desacuerdo; sin precisar el delito en que estaría incurriendo el órgano electoral (así como el Legislativo y el Ejecutivo, que avalaron la nueva fecha de la elección) anunciaron que “demandarán” al TSE: “En cambio, vamos a hacer una demanda al TSE porque no nos da las garantías”, afirmó el cívico Calvo. Más tarde, en entrevista con radio Panamericana, el directivo cívico de Potosí, Juan Carlos Manuel, afirmó que se demandaría al TSE por “estar atentando contra nuestra vida”.

Señalando que “es anticonstitucional que me quieran obligar a mí a arriesgar mi vida para ir a votar”, igualmente los cívicos desconocieron cualquier razón legal o imperativo jurídico para la realización de las elecciones el 18-O.

Al respecto, Romero Ballivián, una vez más reiteró que el 18-O es la fecha límite porque, tomando en cuenta que muy probablemente habrá segunda vuelta, las nuevas autoridades electas sí o sí deben ser elegidas y posesionadas en 2020: “Por otro lado, esa es la fecha impostergable porque tenemos una exigencia constitucional, la de elegir y posesionar autoridades en 2020”, remarcó el vocal.

Nuevamente, como hacen algunos partidos que hoy están en carrera electoral, los cívicos en su reclamo al TSE no dejan de arrogarse la representatividad de “la mayoría”, sino de toda, “la población boliviana”. El Tribunal Electoral, dijo el cívico potosino Manuel, “no está velando el interés de la mayoría de la población boliviana, simplemente está velando el interés de los políticos partidarios caducos”.

Manuel añadió otro factor adicional al sanitario para oponerse a las elecciones: el padrón electoral “siempre hemos dicho nosotros que queremos la anulación de la convocatoria a elecciones, hasta mientras subsanen el padrón electoral y todo lo demás para no tener problemas respecto a fraudes y toda aquella situación”, destacó en radio Panamericana.

Sin dejar ningún rastro de cualquier posibilidad de acuerdo sobre la fecha de la elección, tras la reunión con el TSE, los cívicos anunciaron que en los próximos días se reunirán en la ciudad de Santa Cruz esta vez para definir medidas de presión.

(17/08/2020)

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‘Fracaso’ Cruceño del MAS, efecto de 2021

El verdadero origen de la tendencia ‘renovadora’ en el MAS es el desencuentro partido-organizaciones

IX Congreso departamental del MAS en Santa Cruz.

/ 26 de marzo de 2023 / 08:23

El punto sobre la i

Entre el sábado 18 y domingo 19 de marzo, el Movimiento Al Socialismo (MAS) “fracasó” por segunda vez consecutiva en la conformación de la directiva departamental del partido en Santa Cruz. “Fracasó” en el sentido de que la directiva electa nuevamente fue desconocida por la dirección nacional del partido. La primera vez de este traspié ocurrió en el congreso departamental de diciembre de 2020, en San Julián. Tanto en el encuentro de hace poco más de dos años, como en el de la semana pasada, hubo dos hechos que se repitieron: el presidente departamental del MAS electo fue Marco Fernández López, representante de los interculturales; y, en las dos ocasiones fue ungido “por aclamación”.

En cualquier caso, por más de dos años, la dirección departamental “no reconocida” del MAS pervivió como tal cabeza del partido, sin que la dirección nacional pudiera convocar otro congreso para quitarla de en medio.

El IX congreso departamental masista, el efectuado en Yapacaní el 18 y 19 de marzo de este año, que en su inauguración incluso contó con la presencia conjunta de los presidentes del Estado, Luis Arce Catacora, y del MAS, Evo Morales Ayma, fracasó, apunta el vicepresidente del partido, Gerardo García, por “los malabares” que hizo Marco Fernández para ser reelecto.

Con Fernández intercultural, García apunta hacia lo que parece uno de los principales factores de la división del MAS en el departamento cruceño: la rivalidad entre los interculturales y los campesinos de la “Única”, Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz.

“Vamos a volver a convocar al congreso; va a ser en otro lugar, seguramente; me estaban sugiriendo en los valles, en Vallegrande, o en la Chiquitanía. Tomaremos una decisión coordinando con los de la Única, porque hacia el lado de Vallegrande la mayoría son de la Federación Única de Campesinos de Santa Cruz”.

FALLIDO.

La dirección nacional del MAS ya formalizó el pedido al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de anular el congreso del 18 y 19. Su principal argumento es que la proclamación de Fernández se la hizo sin instalar el congreso con el debido procedimiento. “Ha sido fallido por capricho de Marco Fernández, porque no se ha hecho ninguna comisión, no se ha elegido (un presidium) como corresponde, por eso se ha anulado”.  

Al partido de gobierno, de las nueve organizaciones departamentales que hay en el país, le faltan tres que lleven adelante su congreso y elijan a su nuevo directorio, La Paz, Santa Cruz y Tarija.

Aunque todavía no hay fechas, en La Paz y Tarija la dirección nacional está a la espera de próximas convocatorias a los congresos departamentales. Hoy día hay el apuro de “cerrar” con la realización de los congresos departamentales porque solo una vez superada esa etapa, se podrá convocar al congreso nacional ordinario y elegir al nuevo directorio.

Y es que tanto el MAS como el resto de los partidos políticos (nacionales, departamentales y municipales) están bajo la presión de resolver la elección de su dirección nacional porque tienen hasta la primera quincena de abril para concluir esta renovación, aunque esta disposición aplica solo para las directivas que han superado el periodo de su mandato, según dispuso el TSE. Esta renovación pendiente de la directiva nacional es precisamente el caso del MAS, aunque solo sea para ratificar, como se ha hecho hasta ahora, la presidencia indiscutible de Evo Morales.

Los plazos del TSE tienen su razón de ser: se originan en la Resolución administrativa 0128/2022 del 29 de marzo de 2022, de “Renovación de directivas de organizaciones políticas”. En la misma, básicamente se establece que las organizaciones en todos sus procesos deben ejercer la democracia interna y que deben hacerlo en función de sus propios estatutos, los cuales están registrados en el Órgano Electoral; y que una de las funciones de la autoridad electoral es “regular y fiscalizar el funcionamiento de las organizaciones políticas” de cualquier nivel, nacional, departamental y municipal. Pues bien, en ese marzo de 2022, el TSE dio 180 días para que los partidos que corresponda concluyan con la renovación dirigencial; cerca de cumplirse el plazo, en octubre, a pedido de algunas organizaciones que no habían podido cumplir, el TSE emitió una “ampliación de plazo”, mediante la Resolución 0356/ 2022 del 11 de octubre de 2022, dando otros “180 días calendario”, los cuales precisamente acaban en la primera quincena de abril, en tres semanas.

PAUTA.

Al respecto, García ya dio la pauta de lo que viene, por lo menos para el MAS: “Hemos impugnado. Es que eso es (la) toma de decisiones dentro de cada uno de los partidos políticos; el tribunal no tiene la tuición de que nos pueda obligar a aquello, cuándo renovamos; el problema interno de cada uno de los partidos, toma la decisión cada uno de los partidos: hemos hecho la representación ante el Tribunal, no hemos tenido respuesta todavía, pero yo pienso que esto va a salir de alguna manera positivo a nuestra petición”, destacó el dirigente.

Ahora, lo nuevo de este segundo intento fallido de constituir una directiva departamental reconocida por la nacional, es que se da en medio de la pugna entre evistas y arcistas, entre “radicales” y “renovadores”.

No por nada, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, afirmó en el programa Piedra, papel y tinta, de La Razón, que “lo cierto es que el compañero Marco Fernández ha ganado las elecciones y la dirección nacional debería reconocer aquello”; Fernández se identifica con los “renovadores” del MAS

Ahora, ¿cuál es el origen del segundo fracaso en Santa Cruz?

Para el sociólogo Fernando Mayorga, el problema tiene que ver con la definición de las candidaturas para las elecciones subnacionales de 2021. “En muchos distritos se produjeron reyertas entre las organizaciones sindicales y la Dirección Nacional del partido exponiendo las debilidades de su mapa de poder organizativo. En ese sentido, ¿en qué medida influyeron las pugnas entre la Dirección Nacional del partido      —bajo el mando de Evo Morales— y las organizaciones sindicales para el desempeño electoral del MAS-IPSP? Es evidente que incidieron de manera determinante, puesto que este venció solamente en un tercio de las gobernaciones y perdió en las alcaldías más importantes”, destaca Mayorga en su estudio Resistir y retornar. Avatares del proceso decisional en el MAS-IPSP (2019-2021) (FES-Bolivia, La Paz, noviembre de 2022); una de las investigaciones que más de cerca indaga la, si vale, vida íntima del partido de gobierno.

Si bien el MAS ganó la elección de gobernador en Cochabamba, Oruro y Potosí, no teniendo problemas en la selección de candidatos en los dos primeros, fue en Potosí donde hubo la primera señal —apunta Mayorga— de cuestionamiento del liderazgo de Evo Morales, “poniendo en evidencia la rutinización de su carisma”. (p. 141)

Fue cuando tras un ampliado en Betanzos, Evo tuvo que salir disfrazado del lugar (tras estar oculto varias horas) luego de que hubo el descontento con el candidato a gobernador propuesto por él y se desató la pelea en torno a esta decisión, habiendo otro candidato por parte de otro sector fuerte.

Las pugnas internas en relación con la selección de los candidatos también se dieron en Beni, Pando, Chuquisaca, La Paz y Tarija, “donde el MAS-IPSP fue derrotado”, recuerda Mayorga.

En Beni, lo más significativo fueron los problemas que se dieron respecto a la candidatura a la Alcaldía de Trinidad. “Christian Cámara había sido elegido por consenso como candidato en un ampliado departamental con participación de la Central Obrera Departamental y otras organizaciones sociales”. Sin embargo, —hace notar Mayorga— “la Dirección Nacional del partido optó por postular a otra persona que apenas obtuvo el tercer lugar”. Cámara postuló por el Movimiento Tercer Sistema (MTS).

En Pando, el candidato a gobernador Regis Richter, disidente del MAS que fue a la elección por el MTS, le ganó al MAS en segunda vuelta. “Esa derrota se explica como una reacción de las bases a una decisión de la Dirección Nacional del partido que desconoció las resoluciones de un ampliado del Pacto de Unidad que, precisamente, había elegido a Regis Richter como candidato ‘con la presencia de más de ochenta organizaciones sociales’”, relató a La Razón el 13 de diciembre de 2020, la presidenta departamental del MAS, Aliana Guzmán. Un hecho que exacerbó los ánimos —recuerda Mayorga— es que Evo comunicara la decisión contraria a las determinaciones de las organizaciones sociales, “en un tuit” (p. 142).

DEDAZO.

Fue aquí cuando se empezó a hablar del “dedazo”: “No vamos a permitir más intromisiones ni dedazo”, había declarado entonces el secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de Pando, refiere el sociólogo.

“Los casos de Chuquisaca y La Paz presentan rasgos diferentes pero son análogos. El MAS-IPSP fue derrotado por fuerzas locales articuladas en torno a candidatos con trayectorias disímiles pero sin vínculos con la oposición tradicional. Por una parte, Damián Condori, por Chuquisaca Somos Todos (CST) —un disidente de antaño—; por otra, Santos Quispe, por la agrupación Juntos al Llamado de los Pueblos (Jallalla) que enarbolaba posiciones críticas al MAS-IPSP” (p. 143).

En el caso de las alcaldías, el sociólogo Mayorga recuerda que si bien el MAS ganó en 240 de 336 municipios, “sin embargo, perdió en siete capitales departamentales     —excepto en Oruro y Sucre— y en El Alto”.

Aquí, sobresalen dos mujeres disidentes que le ganaron al MAS: Ana Lucia Reis, alcaldesa electa de Cobija, y Eva Copa, que ganó la Alcaldía de El Alto.

Una vez que Reis decidió postular por el MAS, la Dirección Nacional del MAS descartó su candidatura            —apunta Mayorga— reproduciendo un significativo testimonio que la alcaldesa cobijeña dio a La Razón Radio, programa por internet de La Razón, el 8 de marzo de 2021: “En diciembre me reuní con el expresidente Evo Morales, justamente hablamos de las candidaturas, donde me dijo que las organizaciones sociales no me apoyaban y que era mejor que me invite para que trabaje en alguna institución [pero yo] le dije que no, que tenía que ser candidata, que era un compromiso con el pueblo y entonces me deseó suerte (La Razón Radio, 08/03/2021)” (p. 146). Reis, con la sigla del MST, ganó con 45%  de los votos y una diferencia de 20 puntos sobre el candidato del MAS, hace notar Mayorga.

Pero si hubo una derrota contundente para el MAS en las elecciones subnacionales, esa fue ante la exsenadora masista Eva Copa, que con la sigla de Jallalla venció la elección con 67% del sufragio.

Al margen de la mayor o menor intervención de Evo Morales en la no-candidatura de Copa por el MAS (siempre se dijo que los que la apartaron fueron los dirigentes masistas alteños), su triunfo es significativo de cómo la votación del MAS en El Alto se volcó hacia la candidatura, en vez de seguir la línea partidaria.

“Eva Copa venció con más de dos tercios de la votación, un resultado que muestra, de manera nítida, que el voto en apoyo al MAS-IPSP en las elecciones generales de 2020 se centró en una figura disidente puesto que su principal rival —aquel seleccionado por la Dirección Regional del partido— obtuvo menos del 20% de la votación”, destaca el texto de Mayorga (p. 149)

Con respecto al “dedazo” de Evo, en declaración a Animal Político, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, entiende lo contrario: que Evo más bien respetó las decisiones de las organizaciones sociales locales y que si hay alguna responsabilidad por algo mal hecho es de alguna de esas dirigencias locales: “No he tenido yo el conocimiento (de) que el hermano Evo haya digitado o haya dicho ‘este va a ser y listo’. Más bien dijo que traten de organizar o de elegir lo mejor posible”.

De la degeneración, hay culpables concretos, afirma: “Lamentablemente, en las subnacionales ha habido dirigentes que han sido pagados, coimeados, por algunos candidatos, y el resultado de eso es que ahora no están respetando la disciplina política, y es que no son militantes del MAS. No se ha respetado la decisión política de cada una de las circunscripciones; a pesar de que había compañeros elegidos orgánicamente, algunos dirigentes (regionales o locales) por plata o por capricho, han puesto a otra gente. Resultado de todo eso ahora es el problema de los ‘renovadores’; eliminar la personería jurídica del MAS para renovar con otro partido; eso es en el fondo la palabra ‘renovadores’”.

Y he aquí que el estudioso plantea un punto de enorme urgencia hoy día, la inusitada fortaleza que ha adquirido la corriente “renovadora” en el MAS: “En suma, los resultados negativos en las elecciones subnacionales 2021 expusieron, de manera severa, las disyunciones entre los actores estratégicos del MAS-IPSP cuyas divergencias se manifestaron en un debate en torno a la renovación en las filas del partido”. (p. 148)

A partir de las derrotas en las elecciones subnacionales, apunta, “se inició un debate sobre las razones del débil desempeño electoral del partido de gobierno y algunas críticas se enfocaron en el papel de la dirigencia partidista bajo el mando de Evo Morales como presidente y jefe de campaña” (p. 149). Aunque mucha de esta crítica, precisa, no era directamente a Evo, sino a su “entorno”; o sea, si se planteaba renovar en lo principal era cambiar las dirigencias, sin tocar al líder máximo.

GUTIÉRREZ.

El sociólogo destaca una excepción, la del dirigente minero Orlando Gutiérrez, “una destacada figura en el periodo de resistencia al gobierno de Áñez y en la conducción de los bloqueos de caminos en agosto de 2020”.

En una grabación, difundida en redes sociales —rescata Mayorga— se relata un encuentro con Evo Morales,  “una reunión en la que todos guardaban silencio, que adquirió ribetes de discusión. En esa oportunidad, Evo Morales interrumpe al dirigente minero y le reclama: ‘Cuando hablamos de nuevos liderazgos, ¿dónde quedo yo?’. La respuesta de Gutiérrez fue tajante: No se trata de que a vos te echemos al olvido, se trata de partir; ya has marcado historia, vas a ser el líder indiscutible, ya has marcado huella, pero el tiempo no pasa en vano, hasta el fierro se desgasta. Si no formas liderazgos vas a tener a Bolivia, igual que en octubre y noviembre, sin liderazgo, sin dirección” (p. 149).

Sobre la propuesta de renovación, apunta el sociólogo, Evo Morales siempre fue tajante: esa demanda “era una excusa para propiciar la división en su partido y, sobre todo, estaba dirigida contra su liderazgo. Ante la pregunta de un periodista: ‘¿Qué significa el MAS sin Evo Morales al frente de la organización?’, su respuesta fue: “Usted está apuntando a dividir al MAS-IPSP con esa pregunta, que no voy a responder (…) Renovación viene de la derecha, enfrentarnos entre viejitos y jovencitos. La verdadera renovación [es] de programas, de ideas”  (p. 152).

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Ratifican que la CIDH no llegará al país por casos específicos

No descarta ‘espacios de escucha’ a organizaciones y personas.

CIDH. Los comisionados: Roberta Clarke, Joel Hernández, Margarette May Macaulay, Julissa Mantilla, Edgar Ralón, Esmeralda Arosemena y Carlos Bernal.

Por Iván Bustillos

/ 24 de marzo de 2023 / 06:33

En nota de prensa del organismo, la CIDH anunció que llegará a Bolivia para “observar la situación de derechos humanos en el país”; lo que equivale a decir, según el Gobierno, que no llegará para ver casos específicos, como pretenden sectores y personas.

“Ante informaciones tergiversadas, reiterar que no es una visita para atender denuncias o casos particulares. La visita tiene carácter general; monitoreo de la situación de los derechos humanos en Bolivia”, enfatizó ayer el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.

En su nota de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) especifica que su observación será con un “enfoque en la institucionalidad democrática respecto a las relaciones entre los Órganos del Estado”; verá, además, los retos que hay en el país para el “acceso a la justicia y a las garantías judiciales”; registrará la situación de “los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”; y, tomará especial nota de “la discriminación estructural contra poblaciones en situación de vulnerabilidad”, en especial en relación al género y el origen étnico y racial de la gente.

ESCUCHA.

Pese a que la visita es de monitoreo en general, la CIDH, sin embargo, no deja de señalar que “tendrá espacios de escucha con organizaciones de la sociedad civil, activistas y personas defensoras de derechos humanos que se anunciarán oportunamente”.

En la semana que termina, desde distintos lados se había pedido que la comisión visite a Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, Angélica Sosa, César Apaza, entre otros.

La CIDH, en su nota de prensa, remarca también que el objeto de la visita de la próxima semana no se lo puede confundir con el de la comisión que está siguiendo los hechos luctuosos de 2019.

“La Comisión subraya que esta visita tiene un ámbito distinto al trabajo que viene realizando a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Bolivia sobre los hechos de violencia ocurridos en 2019”, destaca su nota.

Siles señaló que en la práctica hay dos agendas de reuniones y actividades: la “estatal”, que tiene que ver con encuentros con autoridades de los cuatro poderes en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre; y la agenda de los propios comisionados con la sociedad civil, la que depende exclusivamente del organismo.

También puede leer: Siles afirma que la visita de la CIDH será integral y que Bolivia cumplirá sus observaciones

Viceministro y Comisión confirmaron que la visita será entre el 27 y 31 de marzo, y que los comisionados empezarán a llegar desde hoy, según el itinerario de los vuelos hacia el país.

Arribarán cinco de los siete comisionados que conforman la CIDH: la presidenta del organismo, Margarette May Macaulay; Joel Hernández, que también es relator para Bolivia; Esmeralda Arosemena de Troitiño, primera vicepresidenta y relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas; Julissa Mantilla Falcón, relatora sobre los derechos humanos de las mujeres; y, Stuardo Ralón Orellana, relator sobre los derechos de las personas privadas de la libertad.

Sobre los penales que visitarán, Siles confirmó que estarán en San Pedro en La Paz, y Chonchocoro, en el municipio de Viacha.

Entre comisionados y su personal de apoyo, en total se espera la visita de al menos 25 personas.

El lunes 27 la actividad de los comisionados empezará con una reunión con el vicepresidente David Choquehuanca; luego, con el canciller Rogelio Mayta; y, una tercera con el Ministerio de Justicia. “A partir de ahí, comisionados y sus equipos se distribuirán entre las cuatro ciudades”, informó Siles.

Solamente al final de su visita, los comisionados se reunirán con el presidente Luis Arce, y darán una conferencia de prensa.  

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Arce pide condonar deuda de países que invierten en agua

El mandatario boliviano propuso que 2024 sea el Año del Agua.

El Presidente boliviano insistió en considerar a la naturaleza como sujeto de derechos

/ 23 de marzo de 2023 / 06:17

En su intervención en la II Conferencia de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Agua, el presidente Luis Arce planteó que para alentar prácticas sostenibles se condone las deudas de los países en desarrollo que hayan invertido en acceso al agua.

En su participación, el mandatario detalló 10 propuestas de acción encaminadas a enfrentar la crisis mundial del agua.

“Si queremos un futuro viable para las generaciones presentes y futuras, necesitamos redoblar las acciones y los compromisos para cambiar el sistema, concibiendo que otro mundo es posible, si nosotros lo hacemos posible”, indicó en el foro mundial.

Arce instó a comprender la urgencia de complementar la tecnología moderna y los saberes tradicionales en el cuidado del agua. “Se debe encontrar el equilibrio —utilizando recursos económicos, conocimientos científicos y ancestrales de los Estados del mundo y Naciones Unidas— para preservar el agua y el futuro de la vida, garantizando su uso y disfrute por el conjunto de la humanidad y, en particular, de sectores vulnerables que hoy no tienen este derecho”, aseveró.

Una demanda básica en las actuales condiciones de crisis hídrica, dijo, es superar las ideologías para la cooperación. “Hacemos un llamado a todas las naciones, para que por encima de nuestras diferencias políticas e ideológicas, que es normal que existan; trabajemos en la construcción de un futuro cercano donde todas las personas tengan acceso a agua limpia y segura, asegurando la integridad de nuestra Madre Tierra”.

Acciones

Son las 10 acciones pro-agua planteadas por Bolivia: 1) Reafirmar el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial. 2) Reconocer en la próxima Asamblea de la Tierra de 2024 que el agua es el centro de la vida; estableciendo además a los ríos, lagos, glaciares, acuíferos, cuencas, sistemas de vida vinculados al agua y la Madre Tierra, como sujeto colectivo de derechos.

3) Crear un mecanismo intergubernamental permanente del agua en Naciones Unidas, que promueva el manejo, la gestión y la conservación del agua. 4) Solicitar el nombramiento de un enviado especial de las Naciones Unidas para el agua al servicio de los Estados.

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5) Reconocer a las autoridades de la gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico de los pueblos indígena originario campesinos y de las comunidades locales. 6) Establecer la condonación de deudas de los países en desarrollo cuyos recursos financieros hayan sido asignados a la provisión de acceso al agua, a la adaptación hídrica y la resiliencia climática.

7) Exhortar a los países desarrollados a que proporcionen mayores recursos financieros, asistencia y transferencia de tecnología a los denominados “países en desarrollo”. 8) Exhortar a que todos los países actualicen las legislaciones nacionales para garantizar la protección y conservación de las fuentes de agua.

9) Reconocer la importante interrelación entre el agua y la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. 10) Visibilizar al agua como un elemento de paz e integración de los pueblos. Mediante el cual los Estados cooperan para garantizar la protección de las fuentes de agua; además de el uso razonable y equitativo de las cuencas y acuíferos transfronterizos.

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Primer 23 de marzo sin juicios con Chile

Casi 10 años, de 2013 a 2022, Bolivia y Chile estuvieron en juicio en La Haya..

Homenajes. Desfiles por el Día del Mar en la plaza Abaroa. Durante casi 10 años fueron en juicio con Chile.

Por Iván Bustillos

/ 23 de marzo de 2023 / 06:10

Hoy será el primer 23 de marzo sin juicios con Chile, después de casi 10 años de haber estado con causa judicial en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Aún sin embajadas, en este Día del Mar, Bolivia y Chile tratan el problema fronterizo de migrantes.

Fue exactamente hace 12 años, el 23 de abril de 2011, que el presidente Evo Morales dio el inesperado anuncio de que Bolivia acudirá ante tribunales internacionales para resolver el enclaustramiento marítimo desde 1879.

Poco más de dos años después, el 24 de abril de 2013; finalmente el Gobierno presentó en la CIJ la “Solicitud de inicio de procedimiento”; pidiendo que la Corte declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al mar.

“La demanda boliviana está plenamente sustentada en actos unilaterales, convencionales, práctica diplomática y declaraciones oficiales” que a lo largo de la historia desde 1879 hicieron los gobiernos chilenos, lo cual “conforme al Derecho Internacional, generan obligaciones jurídicamente vinculantes”, destaca el sitio oficial de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar).

El “juicio por el mar” duró hasta octubre de 2018. Antes de que termine, el 6 de junio de 2016, fue Chile el que presentó su “Solicitud”, demandando a Bolivia por las aguas del Silala. Le pedía a la Corte que declare que “el sistema del río Silala, junto con sus porciones subterráneas, es un curso de agua internacional, cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario”.

COntrademanda a Chile

El juicio concluyó el 1 de diciembre de 2022. Eso con la interrupción de más de un año por la pandemia de COVID- 19, y con una contrademanda boliviana de por medio,

Luego de la posesión de Gabriel Boric como presidente, en marzo de 2022, la relación se estropeó un tanto debido al rechazo que hubo, por un lado, por parte de Boric de tratar el tema de la reivindicación marítima al inicio de la nueva relación. Por otro lado, la negativa de Bolivia de alentar un acercamiento hacia la reposición de embajadas sin hablar de la demanda marítima.

A raíz de la reciente crisis de masivo ingreso de migrantes a Chile por la frontera boliviana, y la intención de este país de devolverlos y la negativa de Bolivia de aceptarlos porque no hay tratado al respecto, Boric dijo que Chile acudirá a la diplomacia.

“La relación evidentemente hace tiempo no es fácil, pero nosotros tenemos la mejor voluntad para trabajar con todas las herramientas que otorga el derecho internacional. Acá no se trata de que escalemos problemas, sino que busquemos soluciones”, dijo.

Sentencia por el mar: no hay obligación jurídica de Chile

Si bien la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el 1 de octubre de 2018 resolvió que “no está en capacidad de concluir, sobre la base del material que se le ha sometido, que ‘Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia a fin de alcanzar un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico’”, esto no significa, como decía el exagente de la demanda, Eduardo Rodríguez Veltzé, que se haya clausurado la demanda marítima.

Rodríguez cree que “hay instrumentos de los cuales se puede echar mano”; lo dijo en noviembre de 2018 en un conversatorio en Sucre, organizado por la Universidad Andina Simón Bolívar.

“Quiero destacar particularmente uno, en eso el presidente (Evo) Morales ha sido uno de los líderes que ha puesto mayor interés, me refiero a Convemar (Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar). Es la convención más importante sobre el entendimiento de los derechos de los países sobre el mar”, precisó el exmandatario.

Además, dijo el expresidente, la misma CIJ hizo una “invocación que nos abre una ventana, aunque yo diría una puerta muy grande, más ancha que una decisión esperada”.

También puede leer: Con desfiles y actos en cuatro macrodistritos, La Paz conmemorará este jueves el Día del Mar

Los canales artificiales que llevan el agua del Silala a Chile. Foto: Archivo La Razón.
Los canales artificiales que llevan el agua del Silala a Chile. Foto: Archivo La Razón.

 Sentencia por el Silala, la razón a ambas partes

En el caso del juicio por las aguas del Silala, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó no pronunciarse, porque a lo largo del juicio vio que Bolivia y Chile acercaron sus posiciones a tal punto que los jueces ya no vieron materia de controversia jurídica.

La sentencia, dictada el 1 de diciembre de 2022, en los hechos fue una descripción de cómo las posiciones bolivianas y chilenas llegaban a coincidir.

En efecto (lo que fue celebrado en Chile), la Corte encontró que ambos países consideraban al Silala como un “curso de agua internacional”; Bolivia constató este hecho con un estudio que hizo para el país el Instituto de Hidrología de Dinamarca, en especial de las aguas subterráneas.

Pero Bolivia también celebró el fallo, como hizo el presidente Luis Arce; “La Corte Internacional de Justicia ratifica nuestros derechos sobre las aguas del #Silala y nuestra soberanía sobre el desmantelamiento de los canales artificiales”, dijo el mandatario en un hilo en Twitter.

“#Bolivia resolvió la controversia con un pueblo hermano gracias al trabajo basado en estudios científicos y a nuestra estrategia de relaciones internacionales”, escribió Arce.

Para algunos fue una derrota, porque la CIJ no dijo que se trataba solo de un manantial, como se pensaba. Lo que se impuso, sin embargo, fueron los estudios científicos..

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Histórico salto hacia la despenalización de la hoja de coca

Ya son 62 años en que la hoja de coca está en la Lista 1 (de cuatro que hay) de estupefacientes, según la ONU.

El vicepresidente David Choquehuanca, en Viena, Austria, anunció que Bolivia pedirá que se revise la clasificación de la coca como estupefaciente.

/ 19 de marzo de 2023 / 08:25

El punto sobre la i

Lo que sucedió en esta semana en el 66º Periodo de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en Viena (Austria), es histórico: después de 62 años de vigencia de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, en la que desde el principio, en la primera lista de cuatro, la hoja de coca está catalogada como estupefaciente, el país anunció que en dos meses (en mayo) presentará el pedido oficial de revisar la calificación de la hoja de coca como una forma de droga: “Bolivia solicitará a las Naciones Unidas, a la Convención de 1961, a activar el proceso de examen crítico de la actual clasificación de la hoja de coca como estupefaciente en la Lista 1”, anunció el vicepresidente David Choquehuanca en el panel “La hoja de coca y el control de drogas de la ONU: reparando un error histórico”, organizado en Viena por las representaciones de Bolivia y Colombia.

En el mismo escenario, anticipando lo complejo de la tarea, Choquehuanca aseveraba que la campaña que el país empezará en mayo deberá servir para que todos los países miembros “tomen conciencia crítica de la arquitectura jurídica, política y mediática de la Convención de 1961”.

Despenalizar la hoja de coca a nivel internacional, advirtió Choquehuanca, ya no será “elevando quejas”, pues “la libertad de la hoja de coca nadie nos va a regalar”. Por esto, anticipó el Vicepresidente en Viena, “la liberación de la hoja de coca (el sacarla de la lista de estupefacientes) será un efecto dominó del combate en tres frentes: el informativo, el judicial y el político”, remarcó Choquehuanca en Viena, dando un poco la idea de la magnitud de la tarea que se emprenderá en mayo.

Ahora, en el marco de “lo informativo”, el Vicepresidente reconoció que uno de los mayores empeños deberá ser presentar la “evidencia científica” en favor de la despenalización.

La idea base de la campaña ya viene siendo: la reparación del error histórico cometido en 1961.

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EXPERTOS.

Un dato no menor es que son dos las grandes instancias de estudios, análisis y debate sobre la viabilidad del pedido boliviano: la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es la entidad encargada de hacer el citado “examen crítico”, y el “Comité de Expertos en Farmacopea”.

Pero, he aquí que Bolivia no llega desprovista de argumentos en favor de excluir a la hoja de coca de la lista de estupefacientes, aunque tampoco debería tener en menos la fortaleza que tienen y pueden desarrollar quienes se oponen a la despenalización.

Hay una historia de la hoja de coca y las convenciones de la Organización de Naciones Unidas sobre drogas. En lo que sigue, se tratará de resumir esta historia, apuntando lo pertinente acerca de la evolución que tuvo la clasificación, más o menos dura, justa o injusta de la hoja sagrada. Se ofrece esta síntesis en consulta con lo escrito por el politólogo e investigador neerlandés Martin Jelsma, director del Transnational Institute, una de las entidades académicas de mayor autoridad en el tema en el mundo; y, en uno de los textos pioneros, ineludible referencia en el país: Hoja de coca: antecedentes y perspectivas para su exportación, de Patricia Chulver Benítez (coordinadora), publicado por la Fundación Acción Semilla en 2020.

El experto Jelsma remonta los orígenes de la prohibición a dos momentos, 1950 y 1952. En el primer año se publicó el Informe de la Comisión de Estudio de las Hojas de Coca; según éste, “el hábito perjudicial de masticar coca” debía frenarse en unos años; y, en 1952, el Comité de Expertos de la OMS en Drogas Toxicomanígenas concluyó en que “la masticación de la coca presenta unas características tan parecidas a la adicción (…) que debe definirse y tratarse como tal”, reseña Jelsma.

Luego, resume el politólogo neerlandés, “la coca, junto con el cannabis y el opio, se convirtió en uno de los principales objetivos de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, que incorporó restricciones especiales sobre su cultivo, dispuso que su uso tradicional se eliminara en un plazo de 25 años a partir de la entrada en vigor de la Convención y clasificó la hoja de coca en la Lista I, como una sustancia “susceptible de uso indebido”.

En relación a los 25 años que dio la Convención del 61 para extinguir la hoja de coca, no deja de ser llamativa la historia de la disposición; cuenta Jelsma: En 1961, la Convención dispuso “que la masticación de la hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención”; en 1998, al ver que esto no se cumplía, se fijó otros diez años para lograrlo; en 2009, luego de una nueva evaluación, se dispuso diez más, plazo que terminaba en 2019, pero, en marzo de ese año, la nueva declaración política de ministros dejó de lado aquello de un plazo fatal, aunque persiste el objetivo”.

La Convención de 1961, en la Lista 1, “define a la hoja de coca como una ‘sustancia adictiva y de probable uso indebido’”, recuerda Chulver. Añade que este carácter dañino de la hoja en sí misma aún era una fuerte convicción en los organismos internacionales bien entrado el siglo XXI. “La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ( JIFE) en su Informe Anual en 2007, exhortó a Bolivia a modificar su legislación para ‘abolir las actividades que sean contrarias a la Convención de 1961, como el masticado de la hoja de coca y la fabricación de mate de coca y otros productos’”.

MEDICINA.

En 1971, se suscribe el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas. La novedad aquí, señala Chulver, era que la prohibición se hacía más flexible y se abría al “uso médico de la mayoría de las sustancias”; y, algo clave, según Jelsma: que el Convenio del 71 separa el alcaloide, la droga, de la planta como materia prima, dejando fuera del control a esta última, por lo menos, en relación a ciertas sustancias. “El Convenio del 71, por lo tanto, se distancia del criterio de “fácil extracción” de la Convención del 61 que exige que las plantas y sus alcaloides extraídos deben ser tratados con el mismo nivel de control”.

Convención contra el tráfico ilícito de 1988. Aquí hay un giro importante, dice Chulver: Mientras la Convención de 1961 habla de la eliminación de usos tradicionales, culturales y ceremoniales de la coca hasta diciembre de 1989, la Convención de 1988 presenta elementos que implican un avance en cuanto al respeto de los derechos humanos en favor de los usos ancestrales. A pesar de esto, deja en claro que la norma no será menos estricta que la establecida bajo la Convención del 61”; en 2007, Naciones Unidas declara el respeto a los derechos humanos de los indígenas. Así, ahora hay un choque entre este reconocimiento de 2007 (a la práctica del acullico, por ejemplo, como derecho indígena) y la Convención de 1988.

En 1994, en su informe anual, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ( JIFE) introduce la necesidad de emprender “un análisis científico para valorar el hábito de la masticación de la hoja de coca y el consumo de mate de coca”.

En 1995 ocurrió un hecho peculiar: la OMS realizó uno de los más exhaustivos estudios sobre la cocaína, pero que nunca llegó a publicarse. “En 1995, la OMS finalizó ‘el mayor estudio mundial sobre la cocaína hasta la fecha’, que incluía un análisis del uso de la hoja de coca. El estudio concluyó que ‘el consumo de hojas de coca no parece tener efectos negativos para la salud y tiene funciones terapéuticas, sagradas y sociales positivas entre los pueblos indígenas andinos’. Al parecer, uno de los motivos por los que quedó atascado en el proceso de revisión entre pares y nunca llegó a publicarse”, reseña el hecho Jelsma.

En 2009 fracasa una propuesta boliviana de enmendar la Convención del 61. En marzo de ese año, “el Gobierno boliviano propuso enmendar la Convención Única de 1961 eliminando dos subapartados del artículo 49 que prohíben la masticación de la hoja de coca. Un grupo de países encabezado por los Estados Unidos presentó objeciones en el periodo de 12 meses contemplado por el procedimiento, con lo que la propuesta de enmienda quedó bloqueada.

En 2011, resume Chulver, Bolivia se retira de la Convención de 1961 para “re-adherirse” en 2013 con una reserva que permite la masticación, consumo y uso en su estado natural para infusión y con fines médicos y culturales; así como su cultivo, posesión y comercio en la extensión que se requiera con fines lícitos dentro de territorio nacional”. Tras una difícil votación, remarca la autora, “el procedimiento fue aceptado por la ONU y se dio pie a un importante precedente en la flexibilización de las políticas de drogas a nivel local”.

Desde 2013, en rigor, el país es el único en que el acullico es legal.

coca
El Gobierno busca desclasificar la coca de la lista de estupefacientes. Foto: Archivo

Posibilidad de mercados de coca bilaterales

La comunicadora e investigadora social Patricia Chulver apunta que si el país quiere exportar coca, tiene dos caminos: “la solicitud de una revisión crítica a la Organización Mundial de la Salud (OMS)” de la clasificación de la hoja en su estado natural como estupefaciente; o, “los acuerdos y tratados inter se”.

En la primera opción, como se vio, es un camino que apenas empieza, y dada la complejidad del asunto, es incierto su desenlace.

En cambio, los acuerdos inter se, entre pares, sí son posibles al amparo de la propia norma internacional, asegura. Al respecto, el politólogo especialista en la realidad de las drogas en el mundo, Martin Jelsma, recuerda que “La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 dicta en su Artículo 41 que ‘Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas’”.

Precisamente, la experiencia que se va acumulando con el comercio legal del cannabis, va abriendo camino, afirma Chulver: “La factibilidad de aplicar este mecanismo está en fase de exploración en el tema del cannabis entre países interesados en justificar bajo los tratados internacionales un mercado legalmente regulado y la posibilidad de abrir comercio en productos de cannabis entre ellos. De la misma manera, para legitimar el comercio internacional de coca, una posible solución podría encontrarse en un acuerdo inter se entre Bolivia y los países interesados en importar hoja de coca boliviana, ahora producida de forma lícita”, destaca Chulver.

La hoja de coca para su exportación presenta una potencialidad expectable para “su uso en licores, bebidas energizantes, suplementos alimenticios, productos fitoterapéuticos y estimulantes suaves”, destaca la comunicadora.

Hubo o hay expectativa cierta de comercio de hoja de coca, señala, con Ecuador, Argentina, Irán, España y Holanda.

Colombia, de la mata que mata a la planta de la paz

Una de las mayores novedades en la reunión 2023 de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, sin duda fue la diferente presencia de la representación colombiana, que ahora se sumó plenamente a la reivindicación de la hoja sagrada. En el panel “Hoja de coca y control de drogas de la ONU: reparando un error histórico”, el ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, Néstor Osuna Patiño, auguró que de la conocida “mata que mata” (como se conoce a la coca) se pasará a la planta que sirve a la paz.

Colombia apoya la iniciativa boliviana de emprender una campaña de despenalización de la hoja de coca por sus propias razones, apuntó. Y es que el nuevo enfoque de revalorización de la coca y su economía lícita se complementa de lleno con la política de pacificación del país del presidente Gustavo Petro.

“Colombia respalda esta iniciativa, porque hablar de una nueva política de drogas en el contexto de la paz total significa una aproximación distinta a la hoja de coca, pasando de un modelo, en el que se la concebía como ‘la mata que mata’ a un paradigma en que se convierte en una planta al servicio de la paz”.

“En la nueva política de drogas orientada al cuidado de la vida, contemplamos la regulación justa y responsable y sus usos lícitos, como una prioridad. Para ello, estamos trabajando en los cambios normativos que faciliten los usos en el campo medicinal, nutracéuticos, industrial, entre otros”, remarcó el ministro colombiano.

Osuna Patiño afirmó que su país celebra la “posición valiente y el liderazgo de Bolivia por poner presente ante el mundo el valor de los usos de la hoja de coca, y especialmente por su iniciativa de emprender una campaña para la desclasificación de la hoja de coca de la lista de sustancias de la Convención de Estupefacientes de 1961”.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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