Nacional

miércoles 29 jun 2022 | Actualizado a 18:19

Consulta FES: hay desconfianza en que Añez esté comprometida con realizar elecciones en 2020

Éste es uno de los resultados de una encuesta vía online efectuada a 118 actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos entre el 1y 16 de agosto.

/ 20 de agosto de 2020 / 09:20

En un sondeo de opinión efectuado entre el 1 y 16 de agosto entre 118 entrevistados del país, salió a flote una marcada desconfianza en que “el Gobierno de la presidenta Añez está comprometido con la realización de las elecciones generales en el 2020”.

El dato es uno de los resultados de la “Tercera Ronda del denominado Cuestionario Delphi: Escenarios prospectivos”, que periódicamente lleva adelante la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES), Bolivia.

Se trata, aclara FES Bolivia, de un grupo de 118 entrevistados “plural de actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos”, donde hay “un predominio, todavía, de hombres y de personas del eje central del país”. Es más, siendo un informe de carácter cualitativo, restringido a quienes respondieron el cuestionario, “no tiene ninguna pretensión de representatividad”. La consulta fue echa vía online.

En la parte de la encuesta sobre el proceso electoral, a la pregunta de si el entrevistado cree que el Gobierno esté comprometido con la realización de las elecciones en 2020, 68,2% (más de dos tercios) considera que no, 18,7% afirma que sí, y 13,1% que no sabe.

El estudio sobre el capítulo de elecciones generales 2020. Fuente: Fundación FES-Bolivia.

Esta desconfianza de la voluntad del Gobierno interino de efectuar la elección este año, contrasta con la masiva disposición de los entrevistados a asistir a votar el 18 de octubre: 85% dice que sí irá a votar; 8,4% que no decidió todavía; y sólo 6,5% que no lo hará.

Ahora, en cuanto a la participación de la gente en el proceso electoral no solo con el voto, sino de manera directa como jurado electoral, la encuesta revela la persistencia del temor frente al coronavirus.

Cuando a los 118 entrevistados se les pregunta “¿qué cree que harán mayoritariamente las personas que sean designadas como jurados electorales para las elecciones de octubre?”, llama la atención que 26,2% (un cuarto del universo) haya dicho que las personas “aceptarán la designación y participarán en el proceso de capacitación”, o sea, mostrarán plena participación.

Ya viendo un poco más de temor al contagio, 40,2% de los encuestados dice que la gente “aceptará la designación, pero solo cumplirá labores el día de la elección”.

Por el contrario, 28% (otra vez, poco más de un cuarto) definitivamente cree que los designados jurados electorales “no aceptarán la designación y buscarán excusarse y pagar la multa”.

Pese a este elevado porcentaje que cree que el jurado buscará eludir su obligación, en todo caso no es de menospreciar la cierta convergencia de las dos primeras categorías: el jurado en 66,4% asumirá su designación —consideran los encuestados—, de modo pleno (26,2%), y de modo distante, pero participación al fin, 40,2%.

Llamado de atención al Tribunal Supremo Electoral (TSE), al parecer, pues en la siguiente pregunta sobre la información que está dando el TSE sobre el proceso electoral, cuando 1 significa “nada”, y 5 implica “mucho”, los encuestados califican al TSE con un promedio de 2,3: aplazo.

Aunque, es bueno notarlo, cuando se indaga si este TSE va garantizar “elecciones limpias y transparentes”, 70,1% afirma que sí; sólo 16,8% que no; y, 13,1% que no sabe.

Las elecciones dispuestas para el 18 de octubre por el TSE fueron validadas por la Ley 1315, sancionada inicialmente por la Asamblea Legislativa y promulgada después por Áñez.

Los comicios debieron llevarse el 3 de mayo, pero fueros suspendidos debido a la emergencia sanitaria. Luego, la Asamblea Legislativa modificó la fecha hasta el 2 de agosto con la Ley 1297, en vista de la necesidad de anular la anterior, pero el Gobierno la denunció ante el Tribunal Constitucional. Más tarde, a iniciativa del TSE, los legisladores aprobaron el 6 de septiembre y Áñez firmó apenas la ley, 1304, al cuestionar la fecha.

(20/08/2020)

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Jóvenes internos de Qalauma son rehabilitados mediante equinoterapia y canoterapia

En el Centro de Rehabilitación de Qalauma, Viacha, se desarrollará este miércoles una feria en la que se expondrá el trabajo de los jóvenes internos.

El mayor Fernando Susara junto a un recluso y su caballo. Foto: APG

/ 28 de junio de 2022 / 14:10

El director del Centro de Rehabilitación de Qalauma, mayor Fernando Susara, informó que en este recinto carcelario se practica la equinoterpia como un medio de rehabilitación de los jóvenes y adolescentes internos.

La equinoterapia es un tipo de tratamiento que gira en torno al caballo. Se utiliza como soporte terapéutico en enfermedades físicas y psíquicas. Es considerada como una terapia integral, pues incide positivamente al desarrollo cognitivo, físico, emocional, social y ocupacional.

Qalauma cuenta con 360 reclusos, adolescentes en su mayoría.

En entrevista con La Razón Radio, transmisión digital en radio abierta a través de Monumental, Susara destacó que Bolivia es el segundo país en la región que aplica la equinoterapia como un tratamiento psicológico para la rehabilitación de internos.

El centro también recurre a la canoterapia para buscar la reinserción social de los reclusos.

Este miércoles, en inmediaciones del recinto carcelario para jóvenes, tendrá lugar una feria donde se expondrá el trabajo de los jóvenes internos. Susara invitó a empresas interesadas en contratar alguno de los tipos de producción que tienen los internos.

Habrá trabajos serigrafía, agronomía, metalmecánica, panadería, computación, marroquinería, carpintería, cocina, costura, artesanía y electrónica.

“Queremos promocionar lo que ellos están aprendiendo y produciendo”, invitó Susara.

El oficial mostró la producción de muebles modulares, catres, parrilleros, equipos de gimnasia, trabajos de serigrafía (impresión en poleras). En alimentos, incluso están en condiciones de proveer desayuno escolar.

«Este miércoles estamos inaugurando un ambiente para promocionar lo que producen los jóvenes, y que la población pueda comprar y las instituciones realicen contratos, porque aquí se puede producir a escala cualquier tipo de trabajo», destacó Susara.

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Hay nueve procesos por la vía ordinaria por los hechos de 2019

En al menos dos se pedirá incluir a Jeanine Áñez como denunciada por la vía penal ordinaria. 

Propondrán incluir a Jeanine Áñez en al menos tres futuros juicios ordinarios: casos EBA y Sacaba y Senkata

Por Iván Bustillos

/ 26 de junio de 2022 / 16:39

Raza Política

Hasta la fecha, a dos años y siete meses de la crisis política de noviembre de 2019, el Ministerio Público lleva adelante nueve procesos judiciales por la vía ordinaria de la Justicia relacionados con delitos cometidos durante dicha crisis, según la sistematización elaborada por el Ministerio de Justicia. Como es de conocimiento general, uno, el caso Golpe de Estado II, ya llegó a la sentencia en primera instancia, consistiendo este momento (26 de junio) la fase de apelación. Más o menos avanzados, los restantes ocho están en diferentes etapas de la fase preparatoria, previa a la imputación formal, que es cuando la Fiscalía concluye la sustanciación del caso. No será de extrañar, adelantan fuentes del Ministerio Público, que entre julio y agosto ocurran las imputaciones y, con ello, se instalen los “juicios públicos, orales y contradictorios”, como se suele designar a esta instancia judicial.

Los nueve procesos penales ordinarios que impulsa la Fiscalía son: 1) la muerte de un ciudadano en el barrio El Pedregal de la zona Sur de la ciudad de La Paz; 2) la masacre en la zona alteña de Senkata; 3) la masacre en el puente Huayllani, en Sacaba; 4) la aplicación de tortura a los detenidos por el régimen transitorio de Jeanine Áñez; 5) la designación contra la norma que hizo la expresidenta Áñez de una estudiante universitaria como gerente ejecutiva de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA); 6) la introducción y distribución irregular de munición antidisturbios proveniente de Argentina; 7) el “préstamo” irregular de munición antidisturbios de la Policía ecuatoriana el 15 de noviembre de 2019; 8) el caso Golpe de Estado I, con la acusación por terrorismo, en el sentido de derrocamiento de un gobierno constitucionalmente establecido; y, 9) el caso Golpe de Estado II, el más avanzado, pues ya se llegó a la sentencia en primera instancia, estando a la fecha en la fase de apelación por ambas partes.

Los casos de mayor expectativa sin duda son los de las masacres de Sacaba y Senkata, de las que quedaron 20 personas asesinadas. En entrevista concedida a Animal Político, el ministro de Justicia, Iván Lima, explica que en ambos casos “ya se está para acusación; ahí están denunciados militares, policías y ministros, los que han actuado directamente” en la represión, incluidos los tres ministros Luis Fernando López, de Defensa; Arturo Murillo, de Gobierno, y Víctor Hugo Zamora, de Hidrocarburos. Son casos “con el proceso concluido”, hechas “todas las actuaciones” y ya presentadas las pruebas recolectadas hasta ahora.

Es en estos dos casos penales ordinarios que las partes impulsoras plantearán la ampliación de la denuncia hacia la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y su gabinete, por la firma y aplicación del Decreto 4078, que libraba de responsabilidad penal a los militares cuando éstos efectuaran labores de represión de movilizaciones sociales. Aquí lo que toca, insiste el ministro Lima, es que una vez presentada la denuncia contra Áñez, será la Fiscalía la que debe decidir si acepta o no incluirla en ambos casos.

En la provisión irregular de munición antidisturbios proveniente de Argentina y Ecuador en que incurrió el gobierno de Áñez, hay razones específicas para haberlos planteado por la vía ordinaria: “¿Por qué estamos siguiendo estos casos en la vía ordinaria? En el caso de Argentina, porque la aeronave (que traía la munición) llega el 13 de noviembre, pero se autoriza su ingreso antes de que Áñez asuma (la presidencia), el 12 de noviembre, o sea, la autorización de ingreso de la nave es cuando ella era todavía senadora”.

En el caso del material bélico proveniente de Ecuador, si bien ocurrió cuando Áñez ya era gobierno, de todas maneras “se trata de tráfico de armas, por lo que en opinión nuestra (del Gobierno, esta causa) también tiene que ir por la vía ordinaria”.

En el caso de los procesos Golpe de Estado I y II, la vía ordinaria se justifica, reiteró Lima, porque ambas causas tratan de los momentos previos a la toma de la presidencia por Áñez, cuando ésta aún era senadora.

Cuando se pregunta al ministro ¿de qué finalmente depende que Áñez sea incluida en estos procesos penales vía ordinaria?, el abogado en primer lugar insiste en que la posición del Gobierno es que “éste es un tema de la Justicia, no es un tema de los políticos”; el que los casos vayan por la vía ordinaria o por el juicio de responsabilidades, es una decisión que tomarán los jueces en medio del proceso.

Y esto vale tanto si la Fiscalía presenta el caso a un juez de ámbito ordinario como si lo hace ante la Asamblea Legislativa, para un juicio de responsabilidades: “Cuando, por ejemplo, el fiscal presente la acusación contra Áñez, sea en la vía ordinaria o en la de juicio de responsabilidades, la defensa de Áñez dirá que no está de acuerdo, ‘pienso que este tribunal es incompetente, yo no debo ser juzgada por un juez de El Alto o de Cochabamba (la vía ordinaria); a mí me debe juzgar el Tribunal Supremo de Justicia (juicio de responsabilidades, de privilegio)’. Este es el momento en el que la Justicia va a tomar una decisión”, una decisión que en última instancia llegará al Tribunal Constitucional Plurinacional.

Esto, que parece teoría, que algún rato pasará, en realidad ya está sucediendo en el caso EBA. Como ilustra el propio Lima: “Una juez, la juez Claudia Castro, que dijo ‘esto es vía ordinaria, voy a juzgar a Áñez por haber firmado la Resolución 26319 y haber designado a su prima como directora ejecutiva’; Áñez apela y la apelación le da la razón, la Sala Penal Cuarta del vocal Orlando Rojas dice ‘no, acá corresponde que esto vaya por juicio de responsabilidades, no un juicio ordinario, y remite el tema a la Fiscalía General para que ésta siga el proceso en la vía del juicio de privilegio. Pero el Fiscal General, que no está de acuerdo con el vocal, presenta un recurso de amparo constitucional, que actualmente está radicado en la Sala Constitucional Segunda de La Paz; y será esta Sala la que decidirá si se va por la vía ordinaria o por la del juicio de responsabilidades, y eventualmente esa decisión de primera instancia será objeto de revisión por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el cual aún podrá o confirmar o revocar lo que diga la Sala Constitucional Segunda de La Paz sobre este conflicto de competencias”.

Ahora, lo que diga el TCP sobre el caso EBA, si vía ordinaria o vía responsabilidades, sienta jurisprudencia; para el caso, “arrastrará” a todos los procesos con similar planteamiento, de aquí su importancia.

En lo relativo a la “injerencia” en la Justicia en que incurriría el Ministerio de Justicia, ésta se ha probado, según la oposición, en el hecho de que el ministro Lima “sabe de una decisión de los jueces antes de que ésta llegue a los oídos de las partes”. A esto, Lima asegura que en realidad si sabe algo es porque la entidad que patrocina legalmente a las víctimas de las masacres (y a pedido de ellas) es el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), instancia bajo tuición del Ministerio; tal como está también el Sepdep, Servicio Plurinacional de Defensa Pública, que ahora está patrocinando y presentando la defensa de Kaliman y Calderón.

Los únicos procesos en que el Ministerio de Justicia es parte, dice, es en las cuatro proposiciones acusatorias de juicio de responsabilidad que presentó contra Áñez y que hoy día está en la Asamblea Legislativa: los casos Fundempresa, crédito del FMI, decreto contra la libertad de expresión y las masacres de Sacaba y Senkata.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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MAS de Santa Cruz vuelve a mostrarse dividido

Hay una dirigencia regional que es desconocida por la nacional. Gerardo García suspendió su rueda de prensa por la irrupción de “choquehuanquistas”.

Dirigentes del MAS discuten entre sí sobre la línea del partido.

/ 24 de junio de 2022 / 02:35

El MAS no acaba de resolver sus tensiones. Ayer, en Santa Cruz, volvió a relucir la existencia de contrarios a, por lo menos, cierta parte de la dirigencia nacional. Gerardo García suspendió su rueda de prensa por la irrupción de “choquehuanquistas”, dijo.

Mientras García daba una conferencia de prensa en el edificio que ocupa la Brigada Parlamentaria cruceña —relató el periodista de LA RAZÓN en la capital oriental— un reducido grupo de manifestantes llegó para increparlo. Otro sector, de principalmente mujeres, salió a defenderlo y se generó una gresca con empujones, insultos y hasta agresiones con chancletas por parte de algunos militantes que defendían a García.

El jefe departamental del MAS en Santa Cruz, Marcos Fernández, rechazó que haya división en el partido oficialista y mostró una resolución firmada por las diferentes organizaciones sociales dando su apoyo tanto al presidente Luis Arce como al vicepresidente David Choquehuanca, y al jefe nacional del partido, el expresidente Evo Morales Ayma.

A quien más bien Fernández acusaba de “divisionista” era a García. “Es divisionista porque no coordina con las direcciones departamental ni urbana ni mucho menos con las organizaciones sociales”, argumentó el dirigente.

Para García, en cambio, ahora sí se reveló que el vicepresidente Choquehuanca hace tendencia dentro del MAS. A su conferencia, indicó, “no faltaron unos que siempre han estado entorpeciendo, confundiendo, pero creo que se ha esclarecido una cosa: empezaron a gritar ‘Choquehuanca, Choquehuanca’; por eso digo que ya se han desenmascarado”.

En cuanto a la dirigencia del MAS presidida por Fernández, García reveló que éste y otros dirigentes regionales que le siguen “están suspendidos, por una decisión orgánica y política desde la (dirección) nacional, porque solo se están avocando a pelear, dividir, cada quien hace su grupo, su congresito aquí por allá”.

ALCALDES.

García explicó que mientras en un departamento no haya dirigencia elegida, es la nacional la que asume el mando de la organización departamental; por eso, dijo, ayer él estuvo en Santa Cruz firmando los papeles necesarios para presentar candidatos a alcalde en los municipios de La Guardia y San Javier, que tendrán elecciones municipales este año, debido a la muerte de sus alcaldes.

El ampliado del MAS del miércoles 22 en Sacaba, determinó que el partido irá su Congreso Ordinario, en el que se elige a la dirección nacional, en los próximos meses; pero que para hacerlo, primero deben elegirse dirigentes departamentales. A la fecha, faltan direcciones en Santa Cruz, La Paz y Tarija. García adelantó que en los próximos días, “en conversación con organizaciones sociales, se convocará al congreso departamental en Yapacaní”.

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Masacre de San Juan, la del número incierto de muertos por bala

Los muertos conocidos eran del sindicato; había muchos eventuales.

Instantánea del velorio de algunos de los asesinados en la masacre en los centros mineros.

Por Iván Bustillos

/ 24 de junio de 2022 / 02:27

Entre el 23 y 24 de junio de 1967, hace 55 años, ocurrió la Masacre de San Juan, en Catavi y Siglo XX. Si bien se habló de 20 muertos, indagaciones posteriores aseguran que fueron muchos más; sin embargo, hasta hoy no se sabe cuánto más.

Y es que no solo cuentan los cadáveres encontrados, sino también los varios desaparecidos, acaso cuerpos secuestrados.

“Si bien se habla de 20 muertos, el número es indeterminado, porque se tiene información de la época de que después del ataque a Catavi y Siglo XX habrían ingresado caimanes, donde cargaron supuestos muertos y heridos; no existe un dato preciso”, señala a LA RAZÓN el exdirector ejecutivo de la Comisión de la Verdad Fernando Rodríguez.

La Comisión de la Verdad estudió la represión militar de 1964 a 1982. El que hasta hoy no haya una cifra cierta de los muertos a bala o heridos, también se debe, explica Fernández, a que una parte de los mineros, muy relacionada con el área rural, trabajaba a destajo; los muertos conocidos eran los sindicalizados, “pero de los no sindicalizados no se tiene un dato preciso”, afirma.

Además, si hay algo que tomar en cuenta en esta masacre es que el ataque militar no fue selectivo, contra alguna fuerza civil, sino que “alcanzó al conjunto de la población que estaba presente; fue un asalto, en el estricto sentido de la palabra, contra una población que no tuvo posibilidad alguna de reaccionar”, detalla Fernández.

Aunque existen investigaciones sobre la trágica jornada, el paso del tiempo va sellando la incertidumbre del número de muertos, “las fuentes ya resultan muy complejas para poder alcanzar datos más aproximados”.

VIOLENCIA.

También hay que considerar la ferocidad del ataque por parte del gobierno del militar René Barrientos, pues una de las causas de la matanza fue que jornadas antes los mineros habían decidido dar una “mita” (un día de haber) en apoyo a la guerrilla de Ernesto Che Guevara en el oriente- sur del país. Un monto de dinero considerable, si se tiene en cuenta que la minería estatal de la época era sostenida por lo menos por 30.000 trabajadores.

Para echar olvido sobre las muertes también conspiró el ataque a las radios mineras, una verdadera experiencia de voz alternativa a los grandes medios.

“Es importante señalar que era un sistema de radios, no una o dos radios, que se interconectaban entre sí, y que era su mecanismo de comunicación, muy eficiente en la época”, remarca el investigador social.

Ahora, apunta Fernández, el hecho también hay que ubicarlo como parte de la expansión del gran capital privado, de su necesidad de socavar la base de la poderosa clase obrera, fundamentalmente minera de la época, de la gran arremetida “neoliberal”, de desnacionalización de lo hecho por la Revolución del 52, lo cual representaba el régimen de Barrientos Ortuño. Proceso que alcanzó su cúspide precisamente en la dictación del Decreto 21060,

Con Barrientos, además, remarca, empezó una arremetida radicalizada de los poderes económicos conservadores.

“El peligro de la Revolución cubana (1959), el desarrollo de guerrillas en varios países de América Latina y la propia guerrilla en Bolivia, había radicalizado la actitud de los sectores más conservadores en Bolivia ligados a la embajada americana, para destruir los avances producidos con la Revolución del 52, especialmente en el área minera”.

Necesidad económica, cuestión de clase: “El desarrollo del sindicalismo minero era sumamente cuestionado por los sectores conservadores de nuestro país, porque para esa época, una huelga minera realmente paralizaba al país; hablamos de más de 30.000 trabajadores que entraban en huelga a la vez”.

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Economistas instan a que también en la gestión económica haya grandes acuerdos nacionales

Horst Grebe y Gabriel Loza reflexionaron sobre la consistencia de la actual estabilidad boliviana en un contexto de crisis global.

Foto: Oswaldo Aguirre

/ 22 de junio de 2022 / 13:34

Horst Grebe y Gabriel Loza, economistas, exministros columnistas de La Razón, coincidieron en señalar que si algo necesita el país para una mejor gestión económica, son acuerdos, “arreglos institucionales” entre el Estado y diferentes actores económicos; esto, en prevención a la actual crisis global con la guerra entre Rusia y Ucrania tras la crisis sanitaria por el COVID-19.

Urge acuerdos porque algún momento Bolivia también será alcanzada por dicha crisis y el país tendría que estar preparado para el golpe, destacaron los economistas en la primera entrega de La Mesa Económica, nuevo segmento del programa por streaming Piedra, papel y tinta, emitido este miércoles.

En mayo, la revista The Economist, a través de su informe The Economist Intelligence Unit (EIU, por sus siglas en inglés), señaló que Bolivia es el país mejor posicionado en América Latina para resistir los efectos mundiales del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

“Bolivia está ocupando el primer lugar en capacidad de resiliencia y adaptabilidad a los efectos económicos de la guerra entre Rusia y Ucrania, este indicador de 2,14 refleja la menor exposición a los efectos económicos que puede causar este conflicto bélico”, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, según el sitio web oficial del Ministerio de Economía.

Los economistas invitados a Piedra, papel y tinta, empezaron cuestionando los perfiles no siempre señalados de la coyuntural estabilidad económica del país.

En específico, apuntaron a la política de subvención estatal a la producción que se aplica en Bolivia, sus condiciones, posibilidad de persistir y riesgos.

“Yo creo que todavía no estamos recibiendo los impactos tan directamente. Una forma de hacerlo es el manejo de lo que llamamos los ‘precios administrados’ del combustible y de la harina, lo que hace que los precios internacionales no se reflejen inmediatamente en nuestros precios diarios, como pasa en Chile y otros países”, precisó primero Loza.

Si los efectos negativos de la crisis de la guerra siguen, dado el costo que tiene la subvención, “no hay pueblo que resista; económicamente hay ciertos límites”, señaló Loza.

Cuando una de las variables más usadas para mostrar la estabilidad boliviana es su baja tasa de inflación, el economista Grebe llama la atención sobre que eso es insuficiente y da una idea parcial del estado de la economía. Al respecto, dice que lo mínimo que hay que ver en dicha evaluación son tres variables: crecimiento, inflación y empleo.

La actual inflación, por ejemplo, no duda en calificar Grebe, es una “buena señal, pero a corto plazo” la nuestra es una “inflación sofocada”, y una de las explicaciones es el mantenimiento del tipo de cambio fijo desde hace 11 años, “eso se mantiene porque estamos subvencionando a las importaciones que necesitamos para abastecer el mercado interno del país, para hacer las inversiones”.

Se controla los precios sobre todo de los hidrocarburos, dice Grebe, a través de la subvención, pero esto se logra solo con base en un “creciente déficit fiscal; son recursos fiscales que se inyectan a la economía para mantener el nivel de inflación bajo”.

El problema es, interpela el economista, por un lado, el costo que para la economía significa mantener esa baja inflación y, por otro, cuánto tiempo se podrá sostener la situación en el contexto de altas inflaciones en la región: estando Bolivia con 0,77% de inflación, Brasil está con 11,3%; Chile con 9,4%; Colombia con 8,5%; Uruguay con 9,4%; Perú con 6,8%; Ecuador con 2,6%;  Venezuela con 284%; y Argentina con 55%, según datos leídos en el programa.

Loza, sin embargo, introdujo el criterio de que la subvención por sí sola no es negativa, en algunas economías hasta el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional las recomiendan.

El tema es saber ser flexibles en el uso de los distintos instrumentos que da la política económica, afirma Loza, y entre esos instrumentos está el tipo de cambio fijo, uno de los aspectos que menos se piensa tocar en la actual gestión.

Y es que, añade Grebe, un principio de la gestión económica es que “las herramientas económicas necesitan de las herramientas políticas”, la necesidad de ver las medidas económicas como parte de consideraciones sociales, de su costo, y la visión gubernamental del desarrollo.

Por eso, indican ambos expertos, urgen los acuerdos estatal-privados; y la polarización política no ayuda para nada en esto, concluye Loza.

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