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Monday 4 Mar 2024 | Actualizado a 20:21 PM

Jeanine Áñez decidió en 2019 tratar las renuncias de Morales y García Linera

Desde el día de la renuncia del Presidente, la legisladora se sabía su sucesora.

/ 2 de mayo de 2021 / 16:30

Senadora aún, Jeanine Áñez llega a la Asamblea Legislativa con una cápsula de seguridad, de policías motorizados, vehículos blindados y hombres de negro. La recibe el expresidente Jorge Quiroga y sus colegas senadores de Unidad Demócrata (UD).

Es 11 de noviembre de 2019, un día después de la renuncia del presidente Evo Morales y un día antes de su proclamación.

Entonces había llegado de Trinidad a El Alto en un vuelo de emergencia y de El Alto a La Paz, en un helicóptero oficial.

Era señalada como sucesora del mandatario dimisionario, a juzgar por sus declaraciones previas y el operativo policial-militar montado para su llegada a la sede de gobierno en medio de una crisis política derivada de unas cuestionadas elecciones generales por parte de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, lejos de la sucesión constitucional, a pesar de las renuncias verbales de la presidenta de ese órgano legislativo, Adriana Salvatierra, de la bancada de dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS), y del titular de Diputados, Víctor Borda, también del MAS.

Para entonces, incluso había renunciado el primer vicepresidente de Senadores, Rubén Medinacelli (MAS). Solo quedaba en funciones la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero (MAS).

En una entrevista con el streaming La Razón Radio, el 19 de febrero de este año, la expresidenta de la Cámara de Senadores Eva Copa develó que la actuación entonces de la oposición y los detractores del gobierno de Morales fue estratégica: atacar a los cuadros de la sucesión constitucional del MAS: “Adriana nos dijo que la estaban esperando con una citación de aprehensión en el aeropuerto (de El Alto) y tuvo que irse a asilar a la Embajada de México, a Medinaceli le pusieron dinamita en su casa de Oruro, iban a hacer explotar si no renunciaba, y al hermano del diputado Borda lo agarraron y corretearon en la plaza (en la ciudad de Potosí)”.

Morales había renunciado entonces en medio de un conflicto cívico, un motín policial iniciado dos días antes en Cochabamba y la sugerencia de las Fuerzas Armadas de renunciar presentada por su comandante, el general Williams Kaliman.

Eran las 16.50 del 10 de noviembre cuando el mandatario renunció en Chimoré, en el Chapare, acompañado del vicepresidente Álvaro García y la ministra de Salud, Gabriela Montaño.

Esa noche, a las 18.45, Áñez se declaró potencial sucesora de Morales. “Estoy en la Segunda Vicepresidencia (del Senado) y en el orden constitucional me correspondería asumir este reto con el único objetivo de llamar a nuevas elecciones, de pacificar al país y de que todo vuelva a la normalidad”, declaró a la red Unitel.

Según la Constitución Política del Estado (CPE), la línea sucesoria ante la renuncia del mandatario continúa con el vicepresidente del Estado, el presidente de la Cámara de Senadores y, finalmente, el titular de la de Diputados.

A insistencia de la periodista, que preguntó si le correspondería asumir la jefatura del Estado, la senadora respondió que “es correcto, que ésa sería la sucesión”.

Sin embargo, adelantó algo que no ocurrió después. “Tendría que convocarse a una asamblea para poner en consideración la renuncia de los primeros mandatarios; yo espero que tengamos quórum necesario porque el país sabe que el MAS tiene dos tercios”, dijo.

“Primero tengo que convocar a la Asamblea para la consideración de las renuncias, en ese sentido es que viene la sucesión constitucional; así lo establece la propia Constitución”, insistió la legisladora de oposición, quien aclaró que “esto es transitorio”, mientras sean convocadas las nuevas elecciones y sean nombrados los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Al día siguiente, lunes 11 de noviembre, el país se encontraba en vilo; Morales y García habían partido a México, donde se refugiaron después, y se abría un par de días de desgobierno en medio de disturbios sociales.

Un operativo de emergencia fue montado para trasladar a Áñez de Trinidad a El Alto, ella había dicho que “no tenía condiciones” para un vuelo particular. Su ingreso a la plaza Murillo —a las 14.04— fue apoteósico, en medio de fuertes medidas de seguridad, colegas suyos y la expectativa de los medios de información.

Jeanine Áñez junto a Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en el balcón del Palacio.

EL MENSAJE

Nada más al bajar de un vehículo oficial, fue recibida por Quiroga, quien fue el operador político de la transición. Ambos se abrazaron efusivamente.

En segunda línea, su colega senador Arturo Murillo hizo lo mismo, y en medio de ese abrazo tan familiar le dijo algo al oído. El legislador cochabambino se convertiría después en el hombre fuerte del nuevo gobierno.

Luego se sumaron a su entorno, muy sonrientes y emocionados, los también senadores Yerko Núñez, María Elva Pinckert, también ministros después.

Ya dentro del edificio de la Asamblea Legislativa, se instaló en las escaleras que guían hacia la Cámara de Senadores. “Esto es por Bolivia, queremos la pacificación del país. De manera constitucional, voy a asumir primeramente la presidencia del Senado”, adelantó un tanto agitada.

La legisladora manifestó su seguridad respecto de los acontecimientos posteriores en la Asamblea Legislativa. Ya se sabía presidenta del país, insistió en que lo que se viene se trata de una situación “simplemente de transición” y que va a llamar “a alecciones con personalidades probas” y “con la bendición de Dios”.

Ese “mensaje al pueblo” se convirtió luego en una conferencia de prensa. Los periodistas abundaron en preguntas relativas a la sucesión constitucional pendiente.

Y Áñez habló de la recomposición de la Cámara de Senadores. “Vamos a convocar hoy mismo a sesión de senadores para que podamos mañana tratar las renuncias que han sido presentadas”.

Garantizó la asistencia de todos los legisladores. “El momento en que estemos convocándolos, tengan la seguridad de que nada les va a pasar”, afirmó.

Consultada sobre si pudo hablar con el comandante de las Fuerzas Armadas (Kaliman), Áñez dijo: “Ellos están comprometidos con las fuerzas cívicas”.

Esa noche, los disturbios se incrementaron, especialmente en La Paz y El Alto. Un clima de tensión caracterizaba el ambiente.

A través de un video, en el que se atribuyó la presidencia de la Cámara de Senadores, Áñez conminó a Kaliman a desplazar fuerzas militares en las calles. “No queremos muertos en este país; si hay alguna persona que cae después de esta solicitud (…) es de su entera responsabilidad”, advirtió.

Para entonces, la Unión Europea, la Iglesia Católica y representantes políticos, como Quiroga, Samuel Doria Medina y Ricardo Paz, además de activistas como Waldo Albarracín y Juan Carlos Núñez, y algunos embajadores, entre ellos León de la Torre, habían intentado un acuerdo extralegislativo en ambientes de la Universidad Católica, en La Paz.

El cabildeo continúo al día siguiente, 12 de noviembre. En una entrevista con la transmisión Piedra, papel y tinta, de La Razón, Rivero, entonces vicepresidenta de la Cámara de Diputados, denunció que la ignoraron en las negociaciones. Dijo que Doria Medina develó un “plan B” en caso de que el MAS no tome decisiones; ese plan B era Áñez.

En la noche, en cuestión de 11 minutos y 20 segundos, la senadora se proclamó titular de la Cámara de Senadores, primero, y presidenta del Estado, después. No hubo lectura de alguna resolución, tampoco quórum y, como denunció Copa, la bancada del MAS fue impedida de ingresar al hemiciclo, que había cordones de policías, militares y grupos civiles que controlaban el paso.

Un militar le coloca la banda presidencial a Jeanine Áñez, el 12 de noviembre de 2019. Foto: Twitter de Óscar Ortiz

Proclamación de 11 minutos  y 20 segundos

Los sendos actos con los que la otrora senadora Jeanine Áñez se proclamó titular de la Cámara de Senadores, primero, y presidenta del Estado, luego, duraron apenas 11 minutos y 20 segundos.

Aquel 12 de noviembre de 2019,  segundo día de desgobierno en el país luego de la renuncia del presidente Evo Morales, la legisladora beniana se atribuyó la convocatoria a sesiones en su condición de segunda vicepresidenta.

Ese tiempo corto comenzó su cuenta regresiva cuando, en la Cámara de Senadores, Víctor Hugo Zamora fue encargado por Áñez de repasar el quórum. “No está en condiciones, por no existir el quórum suficiente para instalar la sesión”, respondió el legislador.

Enseguida, Áñez suspendió la sesión y acto seguido pidió a sus colegas senadores permitirle hacer una “aclaración a la opinión pública sobre el carácter legal” de sus actuaciones.

Comenzó a justificar sus nuevas funciones. Sin leerlo, apeló al inciso a) del artículo 41 del Reglamento General de la Cámara de Senadores: “Reemplazar a la Presidenta o Presidente (del Senado) y la Primera Vicepresidenta o Vicepresidente, cuando ambos se hallen ausentes por cualquier impedimento”.

“Corresponde a mi persona asumir la presidencia de este ente camaral”, justificó entonces.

Luego bajó por las gradas hacia el hemiciclo de la Cámara de Diputados y allí, poco más de seis minutos después, otra vez sin quórum ni la revisión de la asistencia, y en ausencia de diputados y senadores del MAS, abrió el acto; esta vez solo ella habló. Comenzó directamente a leer los argumentos de la “sucesión constitucional”, en la que, luego de resaltar la ausencia del MAS, hizo un repaso de las movilizaciones cívicas y políticas, el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las ausencias físicas de Morales, Álvaro García y la dimisionaria Adriana Salvatierra.

Áñez siguió con la lectura de su texto; a los 10 minutos y 30 segundos de haber comenzado su periplo en la Cámara de Senadores comenzaba su declaratoria de sucesión en la Asamblea Legislativa. “Como presidenta de la Cámara de Senadores asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país”, arengó.

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A seis días del cierre de postulaciones a las judiciales, hay 31 abogados inscritos

La etapa de presentación de postulaciones tiene una duración de 20 días, para luego ingresar a la verificación de requisitos comunes y específicos por un periodo de cinco jornadas, los cuales deberán ser aprobados por dos tercios de los miembros de cada comisión.

Jhonny Teodoro Canaviri Quispe de 63 años de profesión abogado presenta su postulación al Tribunal Agroambiental.

/ 4 de marzo de 2024 / 20:17

A seis días del cierre de las postulaciones para la preselección de candidatos rumbo a las elecciones judiciales, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural registraron a 31 aspirantes para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y las demás instancias del Órgano Judicial.

El secretario técnico de la Comisión Mixta de Constitución, Marcelo Maldonado, indicó que los postulantes para el TCP son nueve, entre ellos tres mujeres. “Lo que llama la atención es que no tenemos representación a los departamentos de Tarija y Pando”.

Añadió que para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hay 13 registrados. En tanto, para el Tribunal Agroambiental (TA) hay cuatro y cinco para el Consejo de la Magistratura (CM). 

“Consideramos que en estos días va a haber bastante afluencia para participar en estas instituciones”.

La Ley 1549 “Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024” establece que la Comisión Mixta de Constitución elevará un informe a la Asamblea con la lista de un mínimo de 36 y un máximo de 72 postulantes para el TSJ, y similar cantidad para el TCP, garantizando la equidad de género y la representación indígena originaria campesina.

Lea más: ¿Le suena Cyborg Kanashiro? Postulante a Defensor y Contralor, busca ser magistrado del TCP

En tanto, la Comisión Mixta de Justicia Plural deberá elevar un informe a la Asamblea con una lista de un mínimo de 14 y un máximo de 28 postulantes para el TA. Para el CM, el mínimo de postulantes es 10 y el máximo 20, también a cargo de esta comisión. 

Las inscripciones se reciben de 08.30 a 12.00 y de 14.30 a 18.00 de lunes a viernes; los sábados, domingos y feriados, el horario es de 08.00 a 12.00 en el antiguo hemiciclo de las cámaras de Senadores y de Diputados. 

La etapa de presentación de postulaciones tiene una duración de 20 días, para luego ingresar a la verificación de requisitos comunes y específicos por un periodo de cinco jornadas, los cuales deberán ser aprobados por dos tercios de los miembros de cada comisión.

Posteriormente, se llevarán a cabo las impugnaciones, la revisión de éstas, las evaluaciones orales y de méritos, y se emitirá un informe por parte de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural al pleno de la Asamblea.

El proceso de preselección y elección de las nuevas autoridades del Órgano Judicial se realizará en un plazo máximo de 230 días.

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Jáuregui señala que Diputados no perdió competencia para el tratamiento de la 073 y 075

El viernes, en la sesión de Diputado, se conoció que el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez (MAS), remitió una carta a Choquehuanca, en la cual le informa que la Cámara Baja perdió su competencia para debatir las normas antiprórroga.

El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui es entrevistado.

Por Boris Góngora

/ 4 de marzo de 2024 / 18:55

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, señaló este lunes que la Cámara Baja sigue teniendo competencia para tratar los proyectos de ley 073 sobre la suspensión de plazos procesales y la 075 del cese de funciones de los actuales magistrados del poder judicial.

“La semana pasada el presidente de la Cámara de Diputados, (Israel) Huaytari no ha postergado (el tratamiento de ambas leyes), (por lo que) no ha perdido competencia. Lo que ha dicho es aplazamos el tratamiento del día de hoy, porque necesito que este tema que está en controversia entre el Senado y Diputados y el presidente nato de la Asamblea (David Choquehuanca) se resuelva”, dijo Jáuregui.

El viernes, en la sesión de la Cámara de Diputado, se conoció que el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez (MAS), remitió una carta a Choquehuanca, en la cual le informa que la Cámara Baja perdió su competencia para debatir las normas antiprórroga, ya que pasaron los 30 días para que esta instancia se pronuncie, por lo que corresponde su consideración por parte del pleno del Legislativo.

Lea más: Prórroga: Ajpi prevé debate en la Asamblea y Choque defiende agenda en Diputados

Desde el martes, las diputadas del bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos tomaron la testera del hemiciclo, exigiendo que se dé prioridad a las leyes 073 y 075. Incluso el jueves, las pugnas con el ala arcista del oficialismo derivaron en enfrentamientos, con golpes y forcejeos entre los legisladores.

Al final, el presidente de la Cámara Baja, Israel Huaytari, reinstaló la discusión e impuso el orden del día con los restantes seis créditos demandados por el Gobierno como primeros puntos a tratar (un proyecto ya fue aprobado el anterior viernes 23 de febrero). Tras el aval brindado a esos documentos, se esperaba la discusión de las normas antiprórroga, pero la exposición de la carta de Rodríguez provocó la suspensión de la sesión.

Jáuregui reiteró que la Cámara Baja no perdió la competencia y tendrá que tratar los proyectos de ley 073 y 075, pero que la “génesis del problema de estos primeros tres meses de gestión 2024, emergió el 2 de febrero, cuando el bloque de oposición (Comunidad Ciudadana y Creemos) que sufre de dislexia, no entendió lo que leyó y dentro del convenio lo que señala es tratar y aprobar la agenda económica, distinto de lo que sucede con la 073 y 075 que solo se queda en tratamiento. La garantía no es aprobar”.

El 2 de febrero, las tres fuerzas políticas (Movimiento Al Socialismo, CC y Creemos) alcanzaron un acuerdo para garantizar la ley de las judiciales. En este documento se establece que, tras la aprobación de la norma, los proyectos de ley 073 y 075 serán tratados por tiempo y materia, en la sesión siguiente de Diputados.

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Régimen Penitenciario aguarda informe sobre traslado de Camacho a Santa Cruz

El Tribunal 8 de Sentencia de la Capital de Santa Cruz, a través de un auto de apertura, dispuso que Camacho sea trasladado a la cárcel de Palmasola para que participe de manera presencial en el juicio del caso Decretazo.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en audiencia al cese a sus medidas cautelares.

Por Boris Góngora

/ 4 de marzo de 2024 / 17:58

A ocho días del inicio del juicio oral del gobernador Luis Fernando Camacho dentro el caso Decretazo, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que aún se aguarda el informe de Inteligencia para el traslado del privado de libertad desde el penal de Chonchocoro hacia Santa Cruz. Añadió que en esta semana se tendrá la información. 

“Hemos solicitado vía informe formal al director de este centro penitenciario para que informe algunos aspectos respecto a la solicitud que ha realizado. Esperemos que, en estos dos, tres días, ya tengamos la información. Vamos a hacer conocer respecto a los resultados y obviamente esos resultados se harán conocer solo por tema informativo a la autoridad competente”, dijo Limpias.

El Tribunal 8 de Sentencia de la Capital, del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, a través de un auto de apertura, dispuso que Camacho sea trasladado a la cárcel de Palmasola para que participe de manera presencial en el juicio del caso Decretazo, cuyo inicio es el 11 de marzo a las 13.00.

Limpias aclaró que este informe no solo se realiza en este caso, sino en todos los casos de relevancia que genere algún tipo de inseguridad tanto para el privado de libertad o para los policías que lo van a custodiar.

“Nosotros no decidimos, (solo) ponemos en conocimiento y obviamente si hay algún tipo de riesgo con cualquier privado de libertad y con el equipo de seguridad representamos con un informe a la autoridad competente. Ya verá la autoridad competente cuáles son las determinaciones que asuma de acuerdo a la información”, mencionó.

Lea más: Acusan al Gobierno de impedir llegada de Camacho a Santa Cruz

Al ser consultado sobre si un informe policial está por encima de la resolución de un juez, Limpias dijo que “no”, pero que hay una disposición judicial que la administración penitenciaria tiene que cumplir y se esperará que “el juez disponga si ratifica, suspende o cambia su decisión. Eso va a ser una decisión y vamos a tener que cumplir”.

La autoridad cruceña cumple su detención preventiva en la cárcel de Chochocoro de La Paz, acusado en el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes al derrocamiento del entonces presidente Evo Morales, en noviembre de 2019.

En octubre del año pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el Gobernador cruceño en el caso Decretazo.

La autoridad es acusada por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La Fiscalía pide una sentencia de seis años de cárcel contra la autoridad departamental que cumple detención preventiva en Chonchocoro desde diciembre de 2022.

En marzo de 2022, cuando viajó a Brasil a un encuentro de gobernadores de la región, el Gobernador encargó sus funciones al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en vez de hacerlo al vicegobernador Mario Aguilera. Con ese fin, promulgó el Decreto Departamental 373.

Según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, en ausencia del Gobernador, el cargo debe ser ocupado por el Vicegobernador. Entonces, la medida fue cuestionada por el mismo Aguilera, quien dijo que no fue notificado con el reemplazo y que el decreto había sido “bajado” después de la Gaceta Departamental.

Este extremo fue considerado ilegal por los asambleístas opositores del Movimiento Al Socialismo (MAS), mientras la Gobernación de Santa Cruz alegó que fue un “error” el retiro digital del decreto y anunció una investigación.

Actualmente, Aguilera es el gobernador suplente, tras un fallo del Tribunal Constitucional que ordenó su posesión ante la imposibilidad de Camacho para dirigir la Gobernación. Esto fue cumplido a regañadientes por la Asamblea Legislativa Departamental y la alianza política Creemos.

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Comunidad Ciudadana quitará la representación a “diputados tránsfugas”

De acuerdo con la Alianza, fueron 11 los diputados por Comunidad Ciudadana que votaron a favor de los proyectos de ley para la aprobación de créditos del Movimiento al Socialismo (MAS).

/ 4 de marzo de 2024 / 15:41

A través de un comunicado, Comunidad Ciudadana manifestó su postura respecto a los hechos sucedidos en la Cámara de Diputados la semana pasada. Se aprobaron varios proyectos, pero no se trató el tema de los magistrados prorrogados. En el comunicado, se señala que algunos diputados se vendieron al oficialismo y advirtieron de medidas contra los tránsfugas.

“Repudiamos la actuación del gobierno de Luis Arce y el Movimiento al Socialismo que, para mantener su acuerdo con los Consejeros y Magistrados autoprorrogados, ha pervertido al extremo la institucionalidad de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Legislativa”, establece el comunicado.

Desde que se retomó la sesión en la Cámara de Diputados el pasado martes, los bochornos continuaron hasta el viernes. Los diputados de oposición intentaron tomar la testera para que se dé prioridad a los proyectos de ley 073 y 075, sobre la suspensión de plazos procesales y el cese de magistrados y consejeros, respectivamente.

Pese al tumulto, se aprobaron cinco proyectos de ley de los siete que se tenían agendados. El primero fue el 079, destinado a la construcción del tramo Confital-Bombeo, en la doble vía Caracollo-Colomi, en Cochabamba; el segundo fue el 156, Programa de Apoyo de Emergencia para Respuesta a COVID-19; el tercero fue el 255, destinado a la construcción del pavimento en la carretera Faja Norte, en el municipio de Yapacaní, en Santa Cruz; el cuarto fue el 254, para el Programa de Electrificación RuraI; y el quinto, el 45, crédito para la ampliación a ocho carriles en la carretera La Paz-Oruro en el tramo entre Senkata y Apacheta.

Lea más: Tras la aprobación de cinco créditos, Huaytari suspende debate de las leyes antiprórroga

Tránsfugas

Una de las diputadas de CC, Luciana Campero, denunció que los arcistas deberían tener 45 votos, pero la mayoría de créditos se aprobaron con 66. Señaló que los votos restantes venían de “diputados vendidos y disidentes” de su partido o de Creemos, la otra fuerza política.

“Expresamos nuestra decepción e indignación por el transfugio de un grupo de diputados y diputadas de Comunidad Ciudadana, elegidos en 2020 con los votos de la Alianza y de su candidato presidencial, que hoy han decidido traicionar la confianza ciudadana y sumarse a proyectos políticos ocultos y siniestros que les ordenan apoyar las leyes del MAS”, manifiesta el comunicado.

Dentro de la lista de diputados tránsfugas se encuentran 11 nombres: Krupskaya Oña, Mónica Torres, Daniel Prieto, Lucía Condori, Erick Pedrazas, Roxana Vidales, Rosario Torrez, Ana María Saavedra, Doris Torrez, Ronald Huanca y Herbert Taboada.

Los diputados Guillermo Seoane y Enrique Urquidi consideran que la lista podría ascender a 18 diputados de CC que votaron a favor de los proyectos.

Consecuencias

“Nuestra Alianza, en cumplimiento de las leyes y por respeto a los ciudadanos que votaron por un liderazgo y unos principios determinados, va a demandar ante las instancias que correspondan que se les despoje de la representación parlamentaria que irrespetaron y mancillaron al transar sus conciencias y su voto por intereses mezquinos”, advirtieron.

Comunidad Ciudadana concluyó su comunicado con el compromiso de “fortalecer la lucha contra quienes quieren destruir el orden constitucional y democrático”.

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Prórroga: Ajpi prevé debate en la Asamblea y Choque defiende agenda en Diputados

El senador Félix Ajpi prevé que la sesión de la Asamblea Legislativa para debatir los proyectos de ley 073 y 075 se instale esta semana.

El senador Félix Ajpi informó sobre la aprobación del proyecto de ley. Foto: Cámara de Senadores

/ 4 de marzo de 2024 / 12:11

El debate para la aprobación de los proyectos de ley 073 y 075 sigue causando divergencias entre senadores y diputados. La mañana de este lunes, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Félix Ajpi anunció que pedirá al presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, que convoque al pleno para abordar los dos proyectos y previó que la sesión se instale esta semana.

“Nosotros estamos pidiendo ya, y de una vez, al presidente nato que pueda convocar, al haber perdido (Diputados) competencia para tratar estas dos normativas (…), en esta semana, solo es con 24 horas de anticipación, porque así dice el reglamento”, dijo el legislador oficialista en una conferencia de prensa en su oficina en el edificio de la Asamblea Legislativa, en La Paz.

Ajpi dijo que la Cámara Baja “se hizo vencer” con los plazos legislativos para el tratamiento de esos proyectos de ley; por lo tanto, “tenemos que poner a consideración de la Asamblea, (es decir) las dos cámaras y por dos tercios (de votos)”.

Cámara de Diputados

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó un total de seis proyectos de ley destinados a infraestructura; otros a programas de salud, electrificación rural y preinversión para el desarrollo. Un crédito aún está pendiente, pues los diputados decidieron enviar en consulta a la comisión respectiva para completar su análisis.

Por su parte, la diputada arcista Deisy Choque defendió que el debate por la prórroga está en la Cámara de Diputados, porque, según dijo, se agendó antes de cumplirse los plazos establecidos. Además, indicó que ese órgano camaral esperará que el Senado sancione los créditos antes de retomar el debate de la prórroga.

“Esperamos que el Senado avance con los proyectos de ley (de créditos) para que nosotros podamos continuar con los proyectos de ley 073 y 075”, dijo este lunes en una entrevista con La Razón Radio.

El proyecto de Ley 073 plantea la suspensión de plazos procesales y la continuidad jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Entretanto, el 075 propone la suspensión de mandato de los magistrados y consejeros electos en 2017.

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