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sábado 18 jun 2022 | Actualizado a 17:15

‘Me negaron todo’, dice Áñez tras conocer observaciones de NNUU a su juicio

“Me negaron juez natural, me negaron el derecho a defenderme en libertad, a estar presente en mi propio juicio", posteó la exmandataria en Twitter

La expresidenta Jeanine Áñez, antes de escuchar la lectura íntegra de la sentencia en Miraflores.

Por Paulo Cuiza

/ 18 de junio de 2022 / 15:42

La exmandataria Jeanine Áñez aseveró, a través de sus redes sociales, que en su proceso judicial por el caso Golpe de Estado II, que terminó con una sentencia en su contra de 10 años, se le negó todo tras conocer las observaciones que Naciones Unidas presentó el viernes sobre su juicio y donde consideró que el delito de incumplimiento de deberes es «incompatible con el principio de legalidad».

“Me negaron juez natural, me negaron el derecho a defenderme en libertad, a estar presente en mi propio juicio, a que declaren los que huyeron, a garantizar igualdad de partes (4 carteras de Estado contra 1 presa política), a mis pruebas de descargo. Me negaron todo. #JeanineAñez”, posteó la exmandataria desde la cuenta de Twitter que es suya pero que pasó a ser administrada por familiares desde su aprehensión en marzo de 2021.

El viernes, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH-Bolivia) emitió seis observaciones preliminares sobre, lo que consideró, los aspectos “que tienen un efecto” en el debido proceso contra la exmandataria.

La entidad apuntó, en primer lugar, que el tipo penal de incumplimiento de deberes, uno de los delitos por los que fue sentenciada, es “incompatible con el principio de legalidad”.

Lee también: Áñez es condenada por decisión unánime a 10 años de prisión por su proclamación en 2019

“Es incompatible con el principio de legalidad recogidos en varios tratados de derechos humanos, por ser excesivamente amplio y ambiguo”, consideró la entidad internacional a dos días de haberse leído en su integridad la sentencia a 10 años de cárcel contra la expresidenta por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

Lee también: Gobierno dice que NNUU exageró y que juicio de Jeanine Áñez respetó el debido proceso

NNUU también observó “el uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva y el formato virtual e híbrido de las audiencias de Áñez y los otros acusados.

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Gobierno dice que NNUU exageró y que juicio de Jeanine Áñez respetó el debido proceso

"Hay una sensación en el Gobierno, en el Ministerio de Justicia, de que el proceso se ha caracterizado por el debido proceso", dijo el viceministro de Justicia, César Siles.

La exmandataria Jeanine Áñez, durante una audiencia acompañada de su abogada.

/ 18 de junio de 2022 / 14:09

El Gobierno consideró este sábado que la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH-Bolivia) exageró en sus observaciones al proceso contra la exmandataria Jeanine Áñez y otros implicados en el caso Golpe de Estado II, por el cual la expresidenta fue sentenciada a 10 años de prisión.

“Estamos en desacuerdo con algunos temas, yo creo que han exagerado en su pronunciamiento, pero, en resumen, hay una sensación en el Gobierno, en el Ministerio de Justicia, de que el proceso se ha caracterizado por el debido proceso”, sostuvo el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.

Reconoció que “hay temas que hay que mejorar” y apuntó que el juzgamiento por el delito de incumplimiento de deberes corresponde a una decisión asumida por el Tribunal que juzgó a Añez, siendo que este tipo de delito fue modificado por la Ley de Fortalecimiento de Lucha Contra la Corrupción.

“Seguramente va a ser motivo de apelación y veremos que dice el tribunal de apelación y de casación, es más va a llegar con seguridad porque la señora Áñez y su defensa ha agotado las instancias ordinarias y extraordinarias, reitero ha sido una decisión del Tribunal Especializado Primero Anticorrupción de decidir aplicar el delito que estaba vigente en el momento de los hechos que se le acusaban a la señora Áñez y a las otras personas que fueron condenadas”, dijo.

La Oficina de la Alta Comisionada consideró el viernes, a través de un comunicado público, que el delito de incumplimiento de deberes “es incompatible con el principio de legalidad recogidos en varios tratados de derechos humanos, por ser excesivamente amplio y ambiguo”.
Además, emitió otras cinco observaciones preliminares sobre, lo que consideró, los aspectos “que tienen un efecto” en el debido proceso contra la exmandataria Áñez.

Lee además: NNUU sobre juicio contra Áñez: Incumplimiento de deberes es ‘incompatible con la legalidad

Siles sostuvo que “existe la posibilidad” en la Constitución Política del Estado de aplicar “incluso de manera retroactiva ciertos delitos que han sido recientemente (cometidos) como también existe la posibilidad de la ultraactividad de mantener un tipo penal anterior como lo ha hecho este tribunal”.

Añez y otros jefes militares y policiales fueron sentenciados a 10, 4 y 3 años por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Naciones Unidas también observó el uso de audiencias híbridas, es decir, audiencias virtuales y presenciales. Siles dijo que se recurrió a esta modalidad por la pandemia y por “porque estaba en riesgo la salud de la señora Añez”, además de un instructivo dictado por el Tribunal Supremo de Justicia.

Apuntó que en la actualidad rige el principio de virtualidad y que el 90% de las audiencias se realizan bajo ese mecanismo. “Ahí se exageró por no revisar antecedentes”, indicó.

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Sentencia establece que Áñez ‘no se encontraba en la línea de sucesión constitucional’

La expresidenta Jeanine Áñez tomaba decisiones como presidenta del Senado antes de hacerse de ese cargo. También instruía a las FFAA, sin contar con esas prerrogativas

El 12 de noviembre de 2019 Áñez recibe la banda presidencial en el exPalacio de Gobierno.

/ 17 de junio de 2022 / 23:23

La expresidenta Jeanine Áñez “no se encontraba en la línea de sucesión constitucional” y tomó posesión de la oficina de la Presidencia de la Cámara de Senadores la mañana del 12 de noviembre de 2019, cuando no se había declarado presidenta de esa instancia legislativa, establece el fallo que la condenó a 10 años de cárcel por el caso Golpe de Estado II.

Justamente se la enjuició y sentenció por la forma cómo se hizo de la presidencia del Senado, que luego le permitió hacerse del poder, en ese noviembre de 2019, dos días después de la dimisión del expresidente Evo Morales, acorralado por protestas cívicas alentadas por denuncias de fraude electoral, un motín policial y la “sugerencia” militar de renuncia.

“Se ha llegado a establecer que la acusada no se encontraba en la línea de sucesión constitucional de reemplazo del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”, se lee en la sentencia conocida en su integridad el miércoles, donde también se sostiene que se “auto-designó” como presidenta del Senado.

De acuerdo a las pesquisas, Áñez se hizo de la Presidencia del Senado en una sesión sin quórum y siendo de la oposición, lo que no está contemplado en el Reglamento de Debates, que reserva ese derecho solo a la mayoría, en ese caso el MAS. Tampoco, según el documento, verificó la dimisión de la entonces presidenta de los senadores Adriana Salvatierra o la situación en Diputados, donde estaba en ejercicio de la presidencia Susana Rivero.

“Sin encontrarse legalmente habilitada como Presidenta de la Cámara de Senadores, en fecha 12 de noviembre de 2019, a horas 08.30 AM tomó posesión de la oficina de la Presidencia de la Cámara de Senadores” e identificó a quienes deberían recibir la correspondencia.

Aunque ya un día antes, la noche del 11, hacía declaraciones como Presidenta del Senado. “En un medio televisivo Unitel emite una convocatoria a las FFAA, responsabilizando a ese institución de lo que suceda en el país, y la realiza en su calidad de Presidenta del Senado”, incumpliendo, según la sentencia, preceptos constitucionales que solo asignan al Presidente del Estado dar órdenes a la institución armada.

También ya firmaba documentos. A través de una nota dirigida al excomandante de las FFAA Williams Kaliman “instruyó de forma ilegal al general Williams Kaliman Romero el resguardo de los alrededores de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

Áñez fue sentenciada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las layes, al igual que la cúpula de las Fuerzas Armadas, entre ellos Kaliman y de la Policía Yuri Calderón.

Una reunión de cívicos y políticos de oposición en la Universidad Católica Boliviana (UCB) determinó el curso de la sucesión. De hecho desde la sala de esa reunión se habría llamado a Áñez para ofreceré la Presidencia de Bolivia.

La defensa de la sentencia anunció apelaciones e incluso acudir a instancias internacionales.

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NNUU sobre juicio contra Áñez: Incumplimiento de deberes es ‘incompatible con la legalidad’

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH-Bolivia) hizo conocer de forma preliminar seis observaciones al juicio contra Áñez

La expresidenta Jeanine Áñez en una de sus pasadas audiencias. Foto: Facebook.

/ 17 de junio de 2022 / 21:34

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH-Bolivia) emitió este viernes seis observaciones preliminares sobre, lo que consideró, los aspectos “que tienen un efecto” en el debido proceso contra la exmandataria Jeanine Áñez. La entidad apuntó, en primer lugar, que el tipo penal de incumplimiento de deberes, uno de los delitos por los que fue sentenciada, es “incompatible con el principio de legalidad”.

“Es incompatible con el principio de legalidad recogidos en varios tratados de derechos humanos, por ser excesivamente amplio y ambiguo”, consideró la entidad internacional a dos días de haberse leído en su integridad la sentencia a 10 años de cárcel contra la expresidenta por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

Representantes de la OACNUDH-Bolivia hicieron un seguimiento al proceso relacionado a la forma cómo Áñez tomó la presidencia del Senado, que luego le permitió hacerse de la Presidencia del Estado, en una sesión sin quórum y siendo de la oposición, lo que no está contemplado en el Reglamento de Debates.

También observó “el uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva como medida cautelar”. La expresidenta fue aprehendida y enviada a la cárcel en marzo de 2021, desde entonces permaneció en la cárcel.

Según la Misión, el “formato virtual e híbrido de las audiencias” tuvo un impacto en los principios de publicidad e inmediación, “respecto al acceso físico del público en general y de los medios de comunicación” y del juez con todas las actuaciones y los sujetos del proceso.

El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Germán Ramos, decidió que el juicio oral se realice de forma virtual y presencia. Áñez y los coacusados siguieron el juicio de forma virtual, desde la cárcel donde están recluidos, mientras que sus abogados estuvieron presentes en la audiencia de forma presencial. Los jueces solo se vieron físicamente con los ahora sentencia cuando escucharon sus versiones antes de la sentencia.

“Sobre todo, afectó a las tres personas acusadas en detención preventiva que solo estuvieron presentes en las audiencias de manera física cuando el Tribunal se desplazó a los centros penitenciarios para tomarles las declaraciones inicial y final”, observó el organismo internacional.

Otras observaciones apuntan a la realización de juicios en “rebeldía”. La Misión consideró que éstos deben evitarse “por el impacto que ello puede tener en el derecho a la defensa de las personas acusadas”.

Entre los sentenciados en ausencia están los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y de la Policía Yuri Calderón fueron procesados en ausencia y condenados a 10 años de cárcel. Están prófugos.

“El acceso a la prueba testifical por las partes pudo haber sido facilitado en mayor medida. La decisión del Tribunal de no exigir la comparecencia de testigos afectó a todas las partes en sus derechos procesales”, señaló la entidad.

También observó que la numerosa participación de partes acusadoras (Fiscalía, Procuraduría, Ministerio de Gobierno y hasta un senador) afectó el “equilibrio procesal” en la posibilidad de presentación de pruebas, en la confrontación de testigos y en la presentación de alegatos.

“Las presentes observaciones, que no afectan la independencia judicial, reflejan en gran medida los desafíos estructurales del sistema de justicia que requieren una respuesta integral basada en el enfoque de derechos humanos”, aclaró el organismo.

El 10 de junio, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz, por decisión unánime, condenó a 10 años de cárcel a la expresidenta Áñez por el caso Golpe de Estado II, en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

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García: Arce, Choquehuanca y Morales se reúnen para ver ‘cuál el juicio’ contra Áñez por masacres

El vicepresidente del MAS, Gerardo García, informó que la reunión, donde también participarán dirigentes departamentales, se realizará este sábado en Cochabamba

Gerardo García

/ 17 de junio de 2022 / 18:44

El presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, el expresidente Evo Morales y la dirigencia departamental del MAS se reunirán este sábado en Cochabamba para analizar si debe encararse un juicio penal o de privilegio contra la expresidenta Jeanine Áñez y otros por las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019.

La información la dio el vicepresidente del MAS, Gerardo García. Se “va a retomar nuevamente esa reunión (en la que se habló del tema) para poder tomar una decisión, cuál va a ser el juicio que se va a hacer, juicio de responsabilidades o juicio ordinario”, reveló en una entrevista con la red Gigavisión.

“Ahí se va a analizar y se va a definir cuál va a ser el juicio que se va a llevar a los que todavía no están siendo procesados y también a Jeanine Áñez, ahorita se la ha sentenciado a 10 años por el golpe de Estado II”, insistió y explicó que se trata de las masacres de Sacaba y Senkata, donde más de una veintena de personas murió por impactos de bala.

Ese noviembre de 2019, pocos días después de que Áñez tomara el poder y en el marco de un decreto que eximía de responsabilidad penal a los militares por restablecer el orden, fuerzas de la Policía y de las Fuerzas Armadas intervinieron protestas de gente afín al MAS con el saldo de muertos y decenas de heridos de bala.

García explicó que se retomará este sábado la reunión en la que se habló también de Áñez y de la que dio detalles Morales.

“Aquí terminó (el debate sobre) si hubo golpe o fraude, está definido (con la sentencia contra Áñez. Ahora) viene el próximo paso: qué va a ser del genocidio, qué va a ser de los delitos de lesa humanidad; solo quiero comentarles, en una reunión convocada por el hermano presidente Lucho Arce, (donde estaban también) el vicepresidente David Choquehuanca, Iván Lima, la ministra de la Presidencia (María Nela Prada), el Pacto de Unidad, (aunque) no todos, jefes de bancada de senadores y diputados, y presidentes de las cámaras, casi coincidimos que debe ser juicio ordinario y no juicio de responsabilidades”, explicó sobre esa reunión.

A raíz de esa declaración y antes de conocerse la sentencia completa contra Áñez, el relator de la ONU Diego García-Sayan expresó “preocupación” por declaraciones de Morales sobre una reunión en la que se habría definió un juicio ordinario contra Áñez y afirmó que la expresidenta tiene “derecho a juicio de responsabilidades” independientemente de cómo haya llegado al poder.

García negó que sea una injerencia en el Justicia hablar del juicio contra la expresidenta y consideró que “no es correcto que, realmente, sigan campeando aquellos autores que han cometido estos crímenes”.

Morales afirmó que “manipulan” sus declaraciones y que “en un Estado democrático y soberano, la justicia es la única instancia encargada de tomar decisiones sobre temas de su jurisdicción”.

Arce también tiene una reunión con Morales y el resto de la dirigencia cocalera del Chapare el lunes en la Casa Grande del Pueblo, mientras que el MAS se reunirá el 22 de emergencia para hacer una evaluación de la gestión de gobierno. García acusó a Choquehuanca de estar en la formación de una “estructura política”.

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Áñez tras su sentencia: ‘Debo señalar mi pesar por esta decisión, aunque no mi asombro’

La expresidenta Áñez consideró que con la “confesión” del exmandatario Evo Morales “quedó evidenciada” que su condena “estaba ya dictada”.

La expresidenta Jeanine Áñez está detenida en el penal de Miraflores. Foto: Álvaro Valero-La Razón.

/ 17 de junio de 2022 / 14:35

En un primer pronunciamiento escrito en primera persona tras ser condenada a 10 años de prisión por su proclamación en 2019 y ser notificada con dicha resolución, la expresidenta Jeanine Áñez expresó su pesar por esa determinación judicial. 

“Debo señalar mi pesar por esta decisión, aunque no mi asombro, toda vez que este juicio fue sustanciado de manera ilegal, y más al tener ustedes conocimiento, mediante una excepción de incompetencia presentada, donde demandé que me correspondía y corresponde ser procesada mediante juicio de responsabilidades conforme manda la Constitución Política del Estado; situación que además fue ratificada por el Relator de Naciones Unidas, Diego García Sayán”, les dijo la exmandataria a los jueces del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz en un memorial de solicitud de “debida explicación y complementación de la sentencia”, presentada por su defensa en las últimas horas.

También puedes leer: Relator de la ONU está preocupado por dichos de Morales y dice que Áñez tiene derecho a juicio de responsabilidades.

“Asimismo, tampoco me constituye asombro (esta determinación) toda vez que, por confesión del (expresidente) Evo Morales ante los medios de comunicación e inclusive una carta enviada por la Dirección del MAS (fechada en 08/06/22, dos días antes de la sentencia), quedó evidenciada que mi condena estaba ya dictada”, continuó Áñez. 

El 10 de junio, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz, por decisión unánime, condenó a 10 años de cárcel a la expresidenta Áñez por el caso Golpe de Estado II, en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

El 15 de junio, el Tribunal dio lectura a los argumentos de la sentencia y Áñez, en su memorial, precisó que esa misma noche fue notificada con dicha determinación judicial. Además, la exmandataria insistió que es una “presa política en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores”.

Por otro lado, mediante la cuenta en Twitter de Áñez, que es administrada por sus familiares desde que está presa, se aseguró este viernes que “los jueces mandados” omitieron las pruebas que no convenían “al tirano” para sentenciar a la exmandataria.

“La condenaron a 10 años de cárcel diciendo que Adriana Salvatierra no renunció a la Presidencia del Senado. Y ella sí cometió delito al instruir nueva Directiva habiendo segunda Vicepresidenta (en dicho órgano camaral)”, cita otro párrafo del mencionado mensaje en Twitter.

Áñez está detenida desde marzo de 2021 e inicialmente fue capturada acusada por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración dentro del proceso denominado Golpe de Estado I, a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.

Luego fue abierto otro proceso en su contra por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, que se denomina Golpe de Estado II.

Este segundo proceso es el que tuvo mayor agilidad y es en el que Áñez fue juzgada por delitos cometidos antes de que asuma sus funciones como mandataria transitoria en la crisis de noviembre de 2019.

El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo en medio de protestas cívicas que denunciaban un supuesto fraude electoral, un motín policial y hasta una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.

Dos días después, la entonces segunda vicepresidenta del Senado asumió la presidencia de dicho órgano camaral y luego la jefatura del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ese hecho fue calificado como un golpe de Estado.

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