Nacional

Monday 8 Aug 2022 | Actualizado a 22:59 PM

Golpe de Estado I: Mesa anuncia juicio a Evo por incumplir deberes

Morales dijo que le acusan con las manos manchadas de sangre

Ricardo Paz (de chamarra), llega a la Fiscalía paceña acompañado de Carlos Alarcón y Carlos Mesa.

Por Iván Bustillos

/ 30 de junio de 2022 / 02:09

Carlos Mesa anunció que procesará penalmente a Evo Morales por incumplimiento de deberes al dejar la presidencia en 2019; Morales le respondió que le señalan con las manos manchadas con la sangre de los muertos del gobierno de Jeanine Áñez.

El exmandatario Mesa (2003- 2005) manifestó su intención de enjuiciar a Morales luego de que se anunciaran dos denuncias contra él, por participar en la proclamación de Áñez como Presidenta y las consecuencias en muertes que tuvo esto; y lo hace luego de más de dos años y medio del derrocamiento de Morales.

Rechazando el hecho de que él tuviera que defenderse por lo sucedido en 2019, Mesa definió el objeto de su futura denuncia: “Nosotros no nos defendemos. Nosotros acusamos, acusamos a Evo Morales y a Álvaro García de ser responsables de un fraude, lo hemos hecho ya y se nos ha desechado, como no era pensable de otra manera, por el gobierno de Luis Arce; y acusaremos al expresidente Morales en función de algo fundamental: incumplimiento de deberes y dejar vacante el cargo, no cumpliendo su responsabilidad básica, para escapar del país; el culpable es él”.

Sobre la fecha en que lo hará, Mesa solo dijo que “en el momento en que lo hagamos, ustedes lo van a conocer”. Mesa hizo este anuncio en puertas de la Fiscalía, antes de que su asesor Ricardo Paz entre a declarar como testigo en el caso Golpe de Estado I.

Sobre la acusación a Morales, adelantada ya por el diputado Carlos Alarcón, jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, el exmandatario respondió ayer en su cuenta de Twitter: “Carlos Alarcón, el abogado gonista defensor de la mal llamada Capitalización amenaza con enjuiciarnos por el golpe provocado por su jefe, el historiador golpista Carlos Mesa. Nos señala con sus manos manchadas por la sangre de 37 hermanos masacrados por el gobierno de facto”.

Ayer, Mesa volvió a desconocer el caso Golpe de Estado I que lleva adelante la Fiscalía, que el objeto del mismo es perseguirlo: “No reconocemos que este proceso sea legal, este es un proceso político que tiene como objeto perseguir a la oposición política y a mí como líder de la oposición”.

Tras descalificar la investigación fiscal como espuria, “un falso caso, con falsos testigos, falsos acusadores”, acusó al “equipo jurídico” que lo lleva adelante de solo responder a Evo Morales; recordó además los pronunciamientos en contra, dijo, del proceso por parte de organismos internacionales.

“Los golpistas piensan que con mentiras y acusaciones amplificadas por algunos medios que aplaudieron el golpe podrán cambiar la historia y conseguir impunidad. Las masacres y el robo al Estado no se borran con declaraciones políticas. Las víctimas demandan #MemoriaVerdadYJusticia”, publicó por su parte, también ayer, el aludido expresidente Morales.

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Urge volver a pensar la elección judicial

Se vienen los comicios judiciales. Los nuevos altos magistrados deberían empezar su gestión el primer día hábil de 2024. 

Un jurado electoral muestra la papeleta de la elección judicial de 2011. Un pr oceso complejo como pocos, cuestionado por muchos, pero todavía vigente

Por Iván Bustillos

/ 7 de agosto de 2022 / 16:44

El punto sobre la i

En julio ya empezó la planificación de la tercera “Elección de Altas Autoridades Judiciales del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional”, informó a Animal Político el vocal del Tribunal Supremo Electoral Francisco Vargas. Planificación que en general incluye “la definición de un presupuesto para la administración del proceso electoral”, y la previsión que hay que hacer para “presupuestar la difusión de méritos de los candidatos y candidatas al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”, detalló Vargas.

La idea es, dijo, “solicitar el presupuesto requerido para administrar la elección con la antelación debida”; por eso, se tiene previsto “enviar (al Ministerio de Economía) el presupuesto hasta septiembre de este año”.

La elección judicial de 2023 viene precedida por la preocupante característica de las dos anteriores elecciones, de 2011 y 2017: la suma de votos blancos y nulos es superior a la totalidad de los votos válidos.

“Desde el punto de vista de la legitimidad de los elegidos, el resultado fue peor que el de seis años atrás”, señalaba en 2018 el investigador de la Fundación para el Debido Proceso, Luis Pásara, en su informe Elecciones judiciales en Bolivia: ¿aprendimos la lección?

Fue peor porque “la suma de votos en blanco (14,93%) y nulos (50,9%) rozó los dos tercios de los votos emitidos, algo más que en 2011, cuando totalizaron 59,27%. Los votos emitidos por uno o más candidatos descendieron de 40,72% a 34,12%”, destacó entonces Pásara.

Ante la interrogante de si aparte del presupuesto, la próxima elección judicial no amerita otros preparativos, el vocal Vargas señaló que justo ahora el TSE está evaluando “la administración del proceso electoral” para modificar o complementar su trabajo.

REGLAMENTOS.

Además de diseñar un Plan Integral Electoral para cualquier elección, pero ahora enfocado en la Judicial, Vargas adelantó que se ve “la necesidad de actualizar algunos reglamentos” como el de Material Electoral, el Específico para las Elecciones Judiciales, y los protocolos de la Cadena de Custodia y de Medidas de Seguridad Sanitaria, entre otros.

“También consideramos que será necesario revisar el Reglamento de Difusión de Méritos, en este caso se deberá evaluar si los 45 días que establece la ley para la difusión de méritos de los y las candidatas son suficientes, el uso de las redes sociales en campaña, entre otros”, destacó el vocal.

Las últimas elecciones judiciales tuvieron lugar el 3 de diciembre de 2017; teóricamente, las de 2023 deberían ser por la misma fecha. Con todo, Vargas aclara que son dos los grandes pasos que se debe dar: el primero, que la Asamblea Legislativa convoque al “proceso de postulación y preselección” de aspirantes; y, segundo, “después de 25 días de esta convocatoria, el Tribunal Supremo Electoral debe emitir la convocatoria al proceso electoral y publicar el calendario donde se fije la fecha de la elección”.

Pero he aquí el límite: ambas convocatorias deben garantizar que las nuevas autoridades electas deben ser posesionadas “antes de la conclusión del mandato de las autoridades salientes”, y las actuales autoridades “terminan su gestión el 31 de diciembre de 2023”; de modo que las funciones de los nuevos altos magistrados empezarán “el primer día hábil de 2024”, precisa fechas el vocal del TSE.

En cuanto a los plazos, Vargas indicó que la fase de preselección, “a cargo de la Asamblea”, debe durar no más de 80 días calendario; y la organización de la “votación popular”, en manos del TSE, debe efectuarse en al menos 90 días calendario. Ahora, dada la complejidad de esta elección, Vargas se anima a afirmar que “lo óptimo” sería contar con el doble, 180 días.

Hay un hecho que en 2023 adquirirá un enorme significado, acaso trágico: los candidatos que al final designe la Asamblea Legislativa, para ir a la votación popular, deben ser designados por dos tercios del Parlamento.

Dado el encono político existente entre el MAS y CC-Creemos, que se vio en la hasta ahora fracasada elección del Defensor o Defensora del Pueblo, la dificultad prácticamente se multiplicará por 52 (candidatos a altos jueces, titulares y suplentes, que se debe elegir el próximo año). Si no pudieron lograr los dos tercios con una…

Y es que el mecanismo de los dos tercios funcionó para las dos anteriores elecciones judiciales (2011 y 2017) porque el MAS contaba con este caudal de votos; ahora no para 2023.

Al margen del ideal “voto informado” con que la ciudadanía tendría que elegir a los altos magistrados, desde la primera elección, de 2011, el blanco de los cuestionamientos fue el mecanismo de la preselección, en manos de la Asamblea.

Como apunta el Informe Final de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Misión dirigida entonces por el excanciller de Ecuador Guillaume Long, “en 2016, se llevó a cabo la Cumbre Nacional de la Justicia Plural que convocó a la población a aportar ‘propuestas para construir un nuevo modelo de justicia’. Una de las conclusiones de la Cumbre fue fortalecer el proceso de preselección de las altas autoridades judiciales, así como el reglamento de preselección”.

AVANCES.

Con la experiencia de 2011, para las elecciones de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó un “Reglamento para la preselección de las altas autoridades judiciales”. La MOE de la OEA destacaba tres novedades: 1) la participación de académicos y especialistas propuestos por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) para la formulación de las preguntas de los exámenes; 2) prohibiciones expresas para postular, como, por ejemplo, el parentesco cercano a altas autoridades del Ejecutivo y Legislativo; y, 3) requisitos de no militancia política de los candidatos.

Para 2017 también se tuvo que modificar sobre la marcha el reglamento y generar una ley que estableció un “régimen excepcional y transitorio para la preselección”, pues la convocatoria para el Tribunal Constitucional y el Supremo de Justicia tuvo que ser declarada desierta (en junio) porque en algunos departamentos no había la cantidad suficiente de postulantes que cumplieran los requisitos de paridad de género (50% debían ser mujeres) y representación indígena (al menos un candidato indígena en cada departamento); la norma fue flexibilizada. Este hecho motivó que la elección fuera postergada del 22 de octubre al 3 de diciembre de 2017.

La preselección en manos de la Asamblea. Aquí no está demás la protes testa que al respecto hizo el exdiputado Fabián Yaksic en su libro Interpelación silenciosa del voto blanco y nulo. Análisis y resultados de las elecciones de autoridades judiciales. (Muela del Diablo, La Paz, 2012).

Yaksic acusa al MAS y Podemos de haber pactado la introducción del sistema de preselección por dos tercios en la Asamblea, contra lo que señalaba la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente en Oruro en diciembre de 2007. Hay que recordar que en octubre de 2008, el Congreso de entonces asumió el rol de Constituyente modificando en parte el proyecto de Constitución de Oruro. Los acuerdos MAS-Podemos se dieron para viabilizar la ley de convocatoria al necesario referendo constitucional que debía venir para cerrar la reforma total de la Carta Magna.

El mecanismo de preselección que contenía la Constitución de Oruro, detalla Yaksic, era el “Control Administrativo Disciplinario de Justicia” (el actual Consejo de la Magistratura). Era esta instancia la que debía ser la que preseleccione a los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Agroambiental, para luego remitir las listas al “Consejo Electoral Plurinacional”, el actual Órgano Electoral.

“Sin duda ésta era una alternativa institucionalmente interesante destinada a precautelar la independencia del Órgano Judicial y evitar la injerencia de los partidos políticos. Sin embargo, el pacto entre el MAS y Podemos modificó esta modalidad y se volvió al escenario de los partidos políticos estableciéndose hoy que sea la Asamblea Legislativa Plurinacional la que preseleccione las candidaturas”, remarca Yaksic en su texto.

Con respecto a la preselección de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, el proyecto de Constitución de Oruro ciertamente se contradice, afirma Yaksic: por un lado (artículo 199), dispone que se siga el mismo procedimiento efectuado con el Supremo de Justicia, pero el artículo 159 establece que una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa es “preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional”.

SOCIEDAD CIVIL.

Ahora, si la preselección de los candidatos a los tribunales Supremo de Justicia y Agroambiental estaba en manos del Control Administrativo Disciplinario de Justicia (actual Consejo de la Magistratura), ¿cómo se preseleccionaba a los miembros de dicho Control? Es aquí, como dice Yaksic, que los constituyentes “fueron más allá” del marco institucional estatal, pues “definieron que los candidatos a esta instancia del Órgano Judicial sean propuestos por organizaciones de la sociedad civil” (artículo 195), aunque, no deja de apuntar el autor, el proyecto de Oruro “no especificaba ni la metodología ni quiénes serían las ‘organizaciones de la sociedad civil’”.

A menos de un mes de haber asumido la presidencia Luis Arce Catacora (el 8 de noviembre de 2020), el ministro de Justicia, Iván Lima, y la alianza opositora Comunidad Ciudadana, a fines de noviembre coincidieron en que era urgente la reforma parcial de la Constitución apuntando, precisamente, al cambio de la forma de elección de las altas autoridades del sistema judicial.

Lima constituyó un Consejo de Notables (juristas), cuya principal labor sería elaborar una ley de reforma parcial de la Constitución, la cual, se decía, incluso tendría que estar lista hasta antes de fin de año, para que pueda ser aprobada por la Asamblea Legislativa, y así adelantar el proceso. Lima apuntó entonces que la propuesta del Ministerio de Justicia era concentrarse en tres cambios: modificar la elección de las altas autoridades del Órgano Judicial, definir mejor el papel del Tribunal Agroambiental, y constitucionalizar la independencia de los jueces. Aunque la propuesta ministerial no precisaba si se debía o no abolir la elección por voto ciudadano de los altos magistrados.

En el caso de Comunidad Ciudadana, su propuesta era volver la elección a la Asamblea Legislativa, pero modificando la preselección. El proyecto de ley de CC, explicó entonces su jefe de bancada, Carlos Alarcón, incluía establecer en la Constitución el Consejo Ciudadano de Notables, conformado por representantes de universidades, colegios de abogados, periodistas, entidades empresariales, organizaciones laborales e indígenas. Según CC, sería este Consejo que evalúe a los postulantes y envíe ternas a la Asamblea, la cual estaría obligada a elegir a los magistrados de entre dichas ternas.

Con todo, ni el Gobierno ni CC persistieron en materializar sus propuestas al punto de plantear un mecanismo o iniciativa concreta de reforma parcial de la Constitución.

Quienes sí están dando pasos prácticos en dicha reforma parcial son los denominados “Juristas Independientes”, que a fines de julio presentaron al TSE su propuesta de reforma a fin de que éste les entregue los libros para recabar alrededor de 1,5 millones de firmas, para que, mediante esta “iniciativa popular” de reforma parcial de la Constitución, su planteamiento sea puesto a referendo ciudadano. Su propuesta tiene tres pilares: 1) Establecimiento de un nuevo sistema de selección y elección de magistrados, manteniendo el voto popular, 2) La inscripción de un porcentaje mínimo de presupuesto para el Órgano Judicial, y 3) La revitalización de la justicia indígena y la incorporación de la justicia de paz. Respecto al primero, proponen la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones, compuesta por nueve integrantes, la cual deberá ser la que convoque, califique y elabore ternas de postulantes y las remita a la Asamblea Legislativa, misma que por dos tercios de voto debería designar a los candidatos a ser sometidos al voto ciudadano.

 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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El MAS y su peculiar modo de ser partido

Por Iván Bustillos

/ 6 de agosto de 2022 / 02:04

Bolivia, 197 años de independencia

El Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), siempre se dijo, tiene la peculiaridad de ser un partido de los movimientos sociales, especialmente de los que constituyen el Pacto de Unidad (la CSUTCB, las Bartolinas, los interculturales, el Conamaq y la CIDOB). Sin embargo, con el expresidente Evo Morales ejerciendo la presidencia del partido, en los 21 meses de gestión del presidente Luis Arce, se vio con claridad la estructura autónoma que es el MAS como partido.

Este 6 de agosto menos mal que encuentra al MAS en un momento de tregua, esa que vino a mediados de julio, cuando al fin se reunieron las “tres cabezas”, léase Luis Arce, David Choquehuanca y Evo Morales, junto a otras altas dirigencias, y tras lo cual de súbito cesaron las ácidas críticas que Morales hacía al gobierno de Arce, las denuncias de usar al MAS para crear otro partido con que se acusaba al vicepresidente Choquehuanca, el cuestionamiento al liderazgo de Morales que venía desde algunas regiones.

A raíz de un momento de euforia del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo que, en una concentración, dijo que “hay dirigentes y diputados” del MAS “que se están llenando los bolsillos” con la hoja de coca, en marzo de 2022, se desató una verdadera tormenta interna entre el partido oficialista y el Gobierno. Desde la queja de no hacer caso a denuncias por corrupción en el Ejecutivo hasta abiertas críticas a la gestión económica del Gobierno, la niña de sus ojos del presidente Arce, acaso el momento de mayor resentimiento, resquebrajamiento, de la relación fue cuando Evo Morales en una entrevista en una radio de alcance nacional, el 7 de junio, dijera que “jamás Juan Ramón Quintana estaría con este gobierno, jamás”, Quintana, uno de los ministros y acompañantes más cercanos al expresidente. Resentimiento cuando un dirigente del transporte del Trópico amenazó que si Arce no destituía a Del Castillo, vendría el bloqueo de caminos…

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Persiste una lógica de guerra entre oficialismo y oposición

Las peleas en la Asamblea no son nuevas, pero preocupa cada vez el menos contenido ideológico que traen.

Por Iván Bustillos

/ 6 de agosto de 2022 / 02:00

Bolivia, 197 años de independencia

En estos días patrios, se cumple un tercio de la actual gestión, 21 de los 60 meses del periodo de mandato constitucional que hasta noviembre de 2025 tienen tanto el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional, como Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos en la oposición parlamentaria.

6 de agosto, un tercio de la gestión en que oficialismo y oposición en muy pocas cosas han encontrado puntos en común; ese acumulado de distanciamientos con que este sábado se festeja los 197 años de la independencia de la república, hoy Estado Plurinacional.

Solo entendiendo este acumulado de enfrentamientos se puede explicar, por ejemplo, que para una parte del país, más que recordar el 6 de agosto, lo verdaderamente sustancial ocurrirá el 8 y 9, el segundo paro cívico del Santa Cruz, principalmente capitalino, de 48 horas contra la postergación de la fecha del Censo, del 16 de noviembre de 2022 a un día de entre mayo y junio de 2024.

Un paro departamental advirtió el Comité Interinstitucional cruceño por el Censo, con “cierre de fronteras”. Es una cosa de ver, pero muy difícil sin duda cuando la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz, todos los municipios menos la capital), “por congreso” decidió rechazar la medida.

Acumulado de desentendimientos también. Cuando para el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) hay razones para la postergación (las lluvias y la anegación de caminos, la migración interna por temporada de zafra, el COVID- 19, la no socialización de la boleta censal y, acaso lo principal, la ausencia de una cartografía estadística coordinada con los municipios), para la dirigencia cívica cruceña hasta ahora no hay una sola explicación válida para la postergación de casi dos años.

CENSO. Acumulado de contradicciones. Cualquiera duda: cuando hace menos de un mes del 12 de julio (cuando se decidió la postergación), el Gobierno aseguraba que todo iba en cronograma para llegar al 16 de noviembre, de pronto se revelaba que había muchos problemas, varias carencias, evidentes retrasos. Aunque hoy el Ejecutivo reivindica que la Comisión Internacional de Alto Nivel (cinco organismos de peso continental) le congratula haber pospuesto el proceso a 2024, remarcando que dicha comisión incluso recomendó hasta octubre de ese año, esto no hace más que revelar que en verdad faltaba mucho por hacer. Puede que se sobredimensione el problema, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) habría acabado hasta fines de octubre, pero en estas semanas recién se supo que la cartografía estadística estuvo avanzada solo en Cobija, Trinidad, Oruro y Potosí…

El aniversario patrio también llega “pescando” a la Asamblea Legislativa Plurinacional en medio camino de elegir al Defensor o la Defensora del Pueblo.

Todos sabían que los dos tercios en la Asamblea eran la verdadera prueba para el MAS, el partido mayoritario, aunque no lo suficiente; pero no todos insistían con el mismo énfasis que esos dos tercios también debían ser una prueba para la oposición, minoritaria, pero con suficiente poder de veto.

Y pese a que el MAS, CC y Creemos tuvieron su tregua productiva durante la preselección de los candidatos, llegando a obtener siete aspirantes elegibles por la Asamblea, al final volvió la polarización: tras cuatro votaciones, los votos se concentraron en 99 para el aspirante apoyado por la mayoría masista y algunos opositores; 47 para la postulante por la que se inclinó CC; y 2 para una tercera candidatura; en tanto que casi la totalidad de Creemos, 16 votos, en todas las ocasiones optó por el rechazo a la elección, votando en blanco.

Lo peculiar era la construcción de los dos tercios que hacía cada quien: se necesitaba 110 para alcanzar los dos tercios, y el MAS acudía a las individualidades, a la suma inorgánica de adherentes; no pudo. En cambio, CC se aferraba a la idea de que la base de los dos tercios era su votación y que más bien debía ser la mayoría la que se le sume, se quiebre en pos de su postulante.

Pese a que el proceso de designación del Contralor está aún en la fase de preselección por méritos, se prevé el mismo empantanamiento cuando llegue la hora de la elección en el plenario.

JUSTICIA. Otro proceso que lo mismo este 6 de agosto se encuentra a medio camino es la reforma de la Justicia. Desde fines de 2020, el Gobierno intentó al menos tres iniciativas de reforma, desde la invitación a un consejo de notables hasta la realización de cumbres departamentales de reformas. Ahora mismo el último intento está en suspenso, desde abril de 2022, pues se necesitaría de la participación de los dos partidos opositores en la Asamblea; algo impensable a estas alturas de la polarización.

Por el lado de los opositores, si bien CC desde el principio tuvo su propuesta de reforma, lo principal, a modo de candado, era la remoción de, si no todas, casi todas las actuales altas autoridades de los órganos de Justicia y de la Fiscalía. Candado porque invariablemente la reforma debía empezar con esta suerte de borrón y cuenta nueva y porque para cualquier otro avance concreto, como la instalación de los juicios de responsabilidades contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez en la Asamblea Legislativa (agosto de 2021), el partido de Carlos Mesa anteponía como condición que primero se reforme la Justicia desde su documento y perspectiva.

Otro hecho que siendo parte del ámbito judicial se atravesó en la esfera política fueron los procesos judiciales abiertos por los delitos cometidos durante el régimen de Áñez (2019-2020). Al margen de cuatro proposiciones acusatorias de juicios de responsabilidades que presentó la Fiscalía al Tribunal Supremo de Justicia y luego que este los remitió a la Asamblea para que esta los aprobara, hay al menos nueve causas por la vía penal ordinaria abiertas contra autoridades del régimen transitorio. Para la oposición, nuevamente, todo se trata de persecución política, que, otra vez, primero hay que reformar la justicia para proseguir. Lo que mejor ilustró esta tensión fue la negativa de varios personajes opositores a declarar como testigos en dichos procesos, desconociéndolos abiertamente.

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Creemos: Santa Cruz no cede porque tiene problemas especiales de migración

Paola Aguirre, secretaria general de la Asamblea Departamental, deja en manos de la 'convicción ciudadana' el éxito del paro del 8 y 9 de agosto; Amdecruz augura fracaso.

Paola Aguirre, en entrevista con Claudia Benavente y Pablo Deheza.

/ 1 de agosto de 2022 / 13:59

Si la actual dirigencia cívica de Santa Cruz no cede en sus medidas de presión por un censo en 2023, es porque como departamento tiene especiales problemas demográficos, señaló este lunes en Piedra, Papel y Tinta la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental cruceña, Paola Aguirre.

Por este carácter especial del departamento, Santa Cruz se resiste a asumir el punto de vista de los ocho gobernadores que en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) sugirieron postergar el Censo, dijo la funcionaria.

Aguirre, de la alianza Creemos, graficó la situación cruceña así: Si hay un asesinato y nueve de 10 dicen que no fue asesinato, y uno se queda con que sí, pues ésa es la situación de Santa Cruz hoy.

Y el problema demográfico cruceño, que no lo tendrían los demás departamentos es la inmigración desde todos los departamentos, dijo. Es un conflicto que necesita conocerlo de manera urgente mediante el Censo, afirmó.

En su criterio, a los otros departamentos no les interesa el Censo.

Pese a que autoridades de departamento y municipios, como el alcalde de Tarija, Johnny Torres (presidente de la AMB), y el gobernador de Tarija, Óscar Montes, señalaron que el Censo debía postergarse por lo incompleto de la cartografía estadística, la inconveniencia de hacerlo en noviembre por las lluvias y la zafra de la castaña en Pando y Beni, y la necesidad de resolver los problemas de límites entre municipios, para Aguirre hasta ahora no se ha explicado suficientemente las razones de la postergación hasta 2024.

«A necesidades extremas, medidas extremas», ilustró la secretaria general de la Asamblea Departamentel el actual estado de ánimo y las acciones de la dirigencia cruceña.

Ante la interrogante de La Razón de qué éxito le augura al paro y qué viene después, Aguirre solo dijo que se confía en la «convicción del cruceño» para hacer efectivo el paro de dos días.

Hay que recordar que en la cumbre del sábado 30 de julio, cuando se decidió las 48 horas de paro, ya no asistieron ni los transportistas ni los gremiales.

El paro tiene la abierta oposición de los demás municipios cruceños. El vicepresidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Pedro Damián Dorado, también en entrevista con el Piedra, Papel y Tinta de este lunes, señaló que «por congreso» los 54 municipios cruceños (fuera del de Santa Cruz) no acatarán paro alguno.

Aquí, se debe recordar que el paro del lunes y martes viene con la determinación de bloqueo de caminos y cierre de fronteras.

Para Dorado, al gobernador Luis Fernando Camacho en realidad no le interesa el Censo, sino «dar continuidad al golpe de 2019».

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Funcionarios del SIN enjuiciados anulaban procesos de fiscalización en 2020

El presidente de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, informó que al menos 20 funcionarios, entre ellos exgerentes, son procesados por incumplimiento de deberes.

El titular del SIN, Mario Cazón, en La Razón Radio.

/ 1 de agosto de 2022 / 12:46

Por lo menos 20 funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) durante el gobierno Jeanine Añez, en cuatro departamentos, están siendo procesados penalmente por haber causado daños a la gestión tributaria.

En entrevista con La Razón Radio, el presidente de la entidad recaudadores, Mario Cazón, detalló que se trata de funcionarios que anularon procesos de fiscalización en curso.

En el ilícito se sospecha la influencia desde el gobierno central en las gerencias departamentales de La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y Beni.

También se lleva adelante procesos penales contra responsables de haber «borrado» programas de la gestión en línea que el SIN venía preparando desde 2019; por ese retraso, recién este año se pudo implementar esta modalidad, destacó Cazón.

En 2020, apuntó el presidente del SIN, hubo una baja del 30% en la recaudación tributaria. «No hicieron nada de gestión, sin corrupción», sentenció.

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