Durante la crisis de 2019, el entonces líder cívico Luis Fernando Camacho contó con el apoyo de policías y militares cuando llegó a La Paz, donde arribó con el objetivo de “deponer” al gobierno del entonces presidente Evo Morales.
Esos son algunos argumentos que expone el Ministerio Público para fundamentar la “ampliación de imputación formal” que se presentó en contra de Camacho, actual gobernador de Santa Cruz, quien es procesado por el delito de terrorismo, en grado de autoría.
En el documento, al que tuvo acceso La Razón, la comisión de fiscales que investiga la causa detalla una serie de hechos que ahora se indaga, en el marco del caso denominado Golpe de Estado I.
En el proceso se implicó a políticos que promovieron la dimisión del entonces presidente Evo Morales, en noviembre de 2019, además de las protestas alentadas por cívicos liderados por Camacho.
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A esto se suma el motín policial y la “sugerencia” de la cúpula militar para la dimisión presidencial, lo que desembocó en la proclamación de Jeanine Áñez, primero, como presidenta del Senado y luego como mandataria del Estado.
“Un grupo de personas al mando de Luis Fernando Camacho Vaca, en fecha 5 de noviembre del 2019, llega a la ciudad de La Paz, donde el citado ciudadano emite declaraciones ante los medios de comunicación como Red Uno manifestando que logró evadir el bloqueo gracias al apoyo de la policía y militares, quienes le brindaron paso para sus hangares’”, refiere parte la imputación.
Ante ese antecedente, la Fiscalía “presume que un golpe de Estado estaba en desarrollo”, pues el arribo de Camacho a la sede de gobierno tenía “el objeto de deponer a un gobierno electo constitucionalmente en las urnas”, agrega el documento, en referencia al entonces presidente Morales.
Ese 5 de noviembre de 2019, Camacho llegó a La Paz con una «carta de renuncia» para Morales, que fue avalada por el cabildo realizado a los pies del Cristo Redentor, dos días antes.
En ese entonces, prometió retornar con la misiva firmada por Morales, a quien incluso le dio un plazo de 48 horas para que dimita a la presidencia.
Para entonces, el padre de Camacho, José Luis Camacho Parada, ya había establecido los contactos con miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) y también con la Policía.
De acuerdo con la imputación fiscal, el nexo de las conversiones fue Luis Fernando López, quien días después fue nombrado ministro de Defensa por la entonces presidenta Áñez.
El Ministerio Público sustenta ese argumento sobre la base de una declaración que realizó Camacho, en diciembre de 2019, en el aeropuerto de Santa Cruz.
“La persona que fue a hablar con ellos (los militares) fue Fernando López, por eso está de ministro de Defensa, para cumplirle los compromisos. Con la Policía de la misma manera, fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos (la Policía y las Fuerzas Armadas) no iban a salir, fue que dimos las 48 horas (para que renuncie Evo Morales)”, dijo Camacho en esa oportunidad.
De acuerdo con el entonces líder cívico, esa acción fue decisiva para trasladar la protesta de Santa Cruz a La Paz, pues de lo contrario Morales habría “estado mirando todo desde el palco”.
En función al “pacto” con los policías, Camacho les prometió una jubilación con el 100% de su sueldo, como sucede con los militares.
Es así que los policías de Cochabamba, reunidos en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), iniciaron un motín, con múltiples demandas, entre ellas, la renuncia de Morales.
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El mismo día, la policía de Sucre, Tarija, Oruro, Santa Cruz, Trinidad, Beni y Potosí se sumaron al motín, y el 9 de noviembre, también lo hicieron las unidades policiales de Pando y de La Paz.
A esto, se suma que el entonces comandante General de la Policía, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, sugirió “al señor presidente Evo Morales presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia”, como también lo hizo el entonces comandante en jefe de las FFAA, Williams Kaliman.
En la imputación, la comisión de fiscales cita estos episodios y pone en evidencia que la Policía y las FFAA incumplieron su rol constitucional y acataron ordenes de personas que no eran autoridades.
El documento agrega que el pronunciamiento de Kaliman “suprimió, lesionó y que además se constituyó en una figura penal” por desconocer el artículo 245 de la Constitución Política, que señala que las Fuerzas Armadas son “esencialmente obedientes, no deliberan”.
En consecuencia, para la Fiscalía se concretó “un presunto golpe de Estado” liderado por Camacho.
Se asume esa posición, en el entendido que ambas instituciones “que tienen armamento pesado y letal, se deben a los principios de mando y obediencia de sus subordinados, sin embargo deciden no obedecer a una autoridad electa, más, al contrario, obedecen, custodian y protegen a una persona que no tenía competencia ni facultad jurídica para mandar y ordenar a policías y militares”.
Asimismo, el documento legal establece que Camacho y otros actores se “arrogaron facultades que no les corresponden usurpando funciones públicas, sin ser ni siquiera este sujeto y sus coautores y cómplices servidores públicos, y menos demostrar ser autoridad con competencia para mandar a efectivos de las dos instituciones fundamentales de la patria”.
En ese marco, el gobernador cruceño ahora comparece ante un juez de medidas cautelares, que definirá su situación jurídica, que inició cerca de la 18.00 de este jueves.