Nacional

Thursday 23 Mar 2023 | Actualizado a 22:14 PM

Reclaman que Camacho no presente denuncia por espionaje

No se manejó con propiedad la principal prueba, la cámara, señalan.

Circunstancia en que los abogados de Camacho reclaman no poder presentar la denuncia por acoso sexual

Por Iván Bustillos

/ 31 de enero de 2023 / 06:21

Autoridades del Ejecutivo exigieron que Luis Fernando Camacho formalice a la Fiscalía la denuncia por espionaje en su celda, entregando la cámara que habría encontrado; y que muestre que ésta transmitía datos, toda vez que no se halló un cableado.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, ayer, en entrevista en el programa televisivo Piedra, papel y tinta de La Razón, dijo que hasta la fecha no se tiene un registro documentado de la cámara dentro del penal, que ésta salió del mismo de la mano del abogado Martín Camacho, que la mostró por primera vez a los medios.

Y aquí cuestiona Limpias al abogado: terminada su presentación de la cámara, ¿por qué no la entregó al investigador presente allí, el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP)?

“Terminada la conferencia de prensa, cualquiera pensaría que (el abogado) iba a volver a entrar y decir ‘ésta es la cámara, aquí está mi denuncia’; no lo hace así, y hasta ahora desconocemos la cámara y sus características”, detalló.

CABLEADO.

Una vez que el informe elaborado por el IITCUP —reveló Limpias— dio cuenta de que en la celda no había ningún cableado (necesario para transmitir las imágenes y alimentar de energía al aparato), el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, convocó ayer a que los abogados de Camacho entreguen la cámara y muestren si tiene la autonomía de transmitir señal sin cableado:

“La cámara va de mano en mano, menos a donde tiene que ir. Hay que ver si ésta transmitía o no transmitía, porque tendría que ser como un celular, más o menos, que lo pongas y conectes”, inquirió el viceministro.

En cuanto a la autonomía de la cámara, al presentarla a los medios en la puerta del penal, el viernes 27, el bogado Martín Camacho había dicho: “Esto es a cable, tenía corriente, el cable quedó colgado, aparentemente, transmitía, no es una cámara que sea reemplazada porque tenía su corriente, aquí están los lentes, lo pueden ver es una cámara, tiene dos antenas de transmisión y esto estaba transmitiendo a otro lugar”.

El viernes 27, la prima de Camacho, Natalia Ibáñez —según reportó la televisora Unitel— había logrado entrar al penal y hablar con Camacho y su esposa; al salir, ratificó la denuncia de la cámara espía, añadiendo que Camacho tenía testigos del retiro de la cámara: “Vamos a pedir que se presenten como testigos un oficial de apellido Laura, en su delante Luis Fernando extrae la cámara (de la pared); que se presente el médico de turno, delante de él se extrae la cámara; que se presente como testigo el oficial a cargo de la celda y el oficial de seguridad de turno”, afirmó Ibáñez, señala Unitel.

INGRESO.

Bajo la sospecha de que la cámara más bien ingresó irregularmente al penal, Régimen Penitenciario pidió ampliar la investigación a las visitas y funcionarios que podrían haber introducido el artefacto.

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Limpias dijo que al menos un tiempo Camacho tenía visitas sin pasar la correspondiente requisa, lo que se tuvo que hacer para evadir las vigilias de organizaciones sociales. “La familia decía que no podía ingresar, que tenía miedo. (Por eso) hemos permitido el ingreso directo (con automóviles) hasta la Gobernación, pasando por alto los controles”, indicó.

Limpias reveló, además, que la defensa legal del gobernador Luis Fernando Camacho sacó la cámara de Chonchocoro de forma irregular, con la ayuda de “buenos policías”, según los calificó el abogado Martín Camacho.

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Arce pide condonar deuda de países que invierten en agua

El mandatario boliviano propuso que 2024 sea el Año del Agua.

El Presidente boliviano insistió en considerar a la naturaleza como sujeto de derechos

/ 23 de marzo de 2023 / 06:17

En su intervención en la II Conferencia de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Agua, el presidente Luis Arce planteó que para alentar prácticas sostenibles se condone las deudas de los países en desarrollo que hayan invertido en acceso al agua.

En su participación, el mandatario detalló 10 propuestas de acción encaminadas a enfrentar la crisis mundial del agua.

“Si queremos un futuro viable para las generaciones presentes y futuras, necesitamos redoblar las acciones y los compromisos para cambiar el sistema, concibiendo que otro mundo es posible, si nosotros lo hacemos posible”, indicó en el foro mundial.

Arce instó a comprender la urgencia de complementar la tecnología moderna y los saberes tradicionales en el cuidado del agua. “Se debe encontrar el equilibrio —utilizando recursos económicos, conocimientos científicos y ancestrales de los Estados del mundo y Naciones Unidas— para preservar el agua y el futuro de la vida, garantizando su uso y disfrute por el conjunto de la humanidad y, en particular, de sectores vulnerables que hoy no tienen este derecho”, aseveró.

Una demanda básica en las actuales condiciones de crisis hídrica, dijo, es superar las ideologías para la cooperación. “Hacemos un llamado a todas las naciones, para que por encima de nuestras diferencias políticas e ideológicas, que es normal que existan; trabajemos en la construcción de un futuro cercano donde todas las personas tengan acceso a agua limpia y segura, asegurando la integridad de nuestra Madre Tierra”.

Acciones

Son las 10 acciones pro-agua planteadas por Bolivia: 1) Reafirmar el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial. 2) Reconocer en la próxima Asamblea de la Tierra de 2024 que el agua es el centro de la vida; estableciendo además a los ríos, lagos, glaciares, acuíferos, cuencas, sistemas de vida vinculados al agua y la Madre Tierra, como sujeto colectivo de derechos.

3) Crear un mecanismo intergubernamental permanente del agua en Naciones Unidas, que promueva el manejo, la gestión y la conservación del agua. 4) Solicitar el nombramiento de un enviado especial de las Naciones Unidas para el agua al servicio de los Estados.

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5) Reconocer a las autoridades de la gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico de los pueblos indígena originario campesinos y de las comunidades locales. 6) Establecer la condonación de deudas de los países en desarrollo cuyos recursos financieros hayan sido asignados a la provisión de acceso al agua, a la adaptación hídrica y la resiliencia climática.

7) Exhortar a los países desarrollados a que proporcionen mayores recursos financieros, asistencia y transferencia de tecnología a los denominados “países en desarrollo”. 8) Exhortar a que todos los países actualicen las legislaciones nacionales para garantizar la protección y conservación de las fuentes de agua.

9) Reconocer la importante interrelación entre el agua y la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. 10) Visibilizar al agua como un elemento de paz e integración de los pueblos. Mediante el cual los Estados cooperan para garantizar la protección de las fuentes de agua; además de el uso razonable y equitativo de las cuencas y acuíferos transfronterizos.

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Primer 23 de marzo sin juicios con Chile

Casi 10 años, de 2013 a 2022, Bolivia y Chile estuvieron en juicio en La Haya..

Homenajes. Desfiles por el Día del Mar en la plaza Abaroa. Durante casi 10 años fueron en juicio con Chile.

Por Iván Bustillos

/ 23 de marzo de 2023 / 06:10

Hoy será el primer 23 de marzo sin juicios con Chile, después de casi 10 años de haber estado con causa judicial en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Aún sin embajadas, en este Día del Mar, Bolivia y Chile tratan el problema fronterizo de migrantes.

Fue exactamente hace 12 años, el 23 de abril de 2011, que el presidente Evo Morales dio el inesperado anuncio de que Bolivia acudirá ante tribunales internacionales para resolver el enclaustramiento marítimo desde 1879.

Poco más de dos años después, el 24 de abril de 2013; finalmente el Gobierno presentó en la CIJ la “Solicitud de inicio de procedimiento”; pidiendo que la Corte declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al mar.

“La demanda boliviana está plenamente sustentada en actos unilaterales, convencionales, práctica diplomática y declaraciones oficiales” que a lo largo de la historia desde 1879 hicieron los gobiernos chilenos, lo cual “conforme al Derecho Internacional, generan obligaciones jurídicamente vinculantes”, destaca el sitio oficial de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar).

El “juicio por el mar” duró hasta octubre de 2018. Antes de que termine, el 6 de junio de 2016, fue Chile el que presentó su “Solicitud”, demandando a Bolivia por las aguas del Silala. Le pedía a la Corte que declare que “el sistema del río Silala, junto con sus porciones subterráneas, es un curso de agua internacional, cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario”.

COntrademanda a Chile

El juicio concluyó el 1 de diciembre de 2022. Eso con la interrupción de más de un año por la pandemia de COVID- 19, y con una contrademanda boliviana de por medio,

Luego de la posesión de Gabriel Boric como presidente, en marzo de 2022, la relación se estropeó un tanto debido al rechazo que hubo, por un lado, por parte de Boric de tratar el tema de la reivindicación marítima al inicio de la nueva relación. Por otro lado, la negativa de Bolivia de alentar un acercamiento hacia la reposición de embajadas sin hablar de la demanda marítima.

A raíz de la reciente crisis de masivo ingreso de migrantes a Chile por la frontera boliviana, y la intención de este país de devolverlos y la negativa de Bolivia de aceptarlos porque no hay tratado al respecto, Boric dijo que Chile acudirá a la diplomacia.

“La relación evidentemente hace tiempo no es fácil, pero nosotros tenemos la mejor voluntad para trabajar con todas las herramientas que otorga el derecho internacional. Acá no se trata de que escalemos problemas, sino que busquemos soluciones”, dijo.

Sentencia por el mar: no hay obligación jurídica de Chile

Si bien la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el 1 de octubre de 2018 resolvió que “no está en capacidad de concluir, sobre la base del material que se le ha sometido, que ‘Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia a fin de alcanzar un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico’”, esto no significa, como decía el exagente de la demanda, Eduardo Rodríguez Veltzé, que se haya clausurado la demanda marítima.

Rodríguez cree que “hay instrumentos de los cuales se puede echar mano”; lo dijo en noviembre de 2018 en un conversatorio en Sucre, organizado por la Universidad Andina Simón Bolívar.

“Quiero destacar particularmente uno, en eso el presidente (Evo) Morales ha sido uno de los líderes que ha puesto mayor interés, me refiero a Convemar (Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar). Es la convención más importante sobre el entendimiento de los derechos de los países sobre el mar”, precisó el exmandatario.

Además, dijo el expresidente, la misma CIJ hizo una “invocación que nos abre una ventana, aunque yo diría una puerta muy grande, más ancha que una decisión esperada”.

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Los canales artificiales que llevan el agua del Silala a Chile. Foto: Archivo La Razón.
Los canales artificiales que llevan el agua del Silala a Chile. Foto: Archivo La Razón.

 Sentencia por el Silala, la razón a ambas partes

En el caso del juicio por las aguas del Silala, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó no pronunciarse, porque a lo largo del juicio vio que Bolivia y Chile acercaron sus posiciones a tal punto que los jueces ya no vieron materia de controversia jurídica.

La sentencia, dictada el 1 de diciembre de 2022, en los hechos fue una descripción de cómo las posiciones bolivianas y chilenas llegaban a coincidir.

En efecto (lo que fue celebrado en Chile), la Corte encontró que ambos países consideraban al Silala como un “curso de agua internacional”; Bolivia constató este hecho con un estudio que hizo para el país el Instituto de Hidrología de Dinamarca, en especial de las aguas subterráneas.

Pero Bolivia también celebró el fallo, como hizo el presidente Luis Arce; “La Corte Internacional de Justicia ratifica nuestros derechos sobre las aguas del #Silala y nuestra soberanía sobre el desmantelamiento de los canales artificiales”, dijo el mandatario en un hilo en Twitter.

“#Bolivia resolvió la controversia con un pueblo hermano gracias al trabajo basado en estudios científicos y a nuestra estrategia de relaciones internacionales”, escribió Arce.

Para algunos fue una derrota, porque la CIJ no dijo que se trataba solo de un manantial, como se pensaba. Lo que se impuso, sin embargo, fueron los estudios científicos..

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Histórico salto hacia la despenalización de la hoja de coca

Ya son 62 años en que la hoja de coca está en la Lista 1 (de cuatro que hay) de estupefacientes, según la ONU.

El vicepresidente David Choquehuanca, en Viena, Austria, anunció que Bolivia pedirá que se revise la clasificación de la coca como estupefaciente.

/ 19 de marzo de 2023 / 08:25

El punto sobre la i

Lo que sucedió en esta semana en el 66º Periodo de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en Viena (Austria), es histórico: después de 62 años de vigencia de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, en la que desde el principio, en la primera lista de cuatro, la hoja de coca está catalogada como estupefaciente, el país anunció que en dos meses (en mayo) presentará el pedido oficial de revisar la calificación de la hoja de coca como una forma de droga: “Bolivia solicitará a las Naciones Unidas, a la Convención de 1961, a activar el proceso de examen crítico de la actual clasificación de la hoja de coca como estupefaciente en la Lista 1”, anunció el vicepresidente David Choquehuanca en el panel “La hoja de coca y el control de drogas de la ONU: reparando un error histórico”, organizado en Viena por las representaciones de Bolivia y Colombia.

En el mismo escenario, anticipando lo complejo de la tarea, Choquehuanca aseveraba que la campaña que el país empezará en mayo deberá servir para que todos los países miembros “tomen conciencia crítica de la arquitectura jurídica, política y mediática de la Convención de 1961”.

Despenalizar la hoja de coca a nivel internacional, advirtió Choquehuanca, ya no será “elevando quejas”, pues “la libertad de la hoja de coca nadie nos va a regalar”. Por esto, anticipó el Vicepresidente en Viena, “la liberación de la hoja de coca (el sacarla de la lista de estupefacientes) será un efecto dominó del combate en tres frentes: el informativo, el judicial y el político”, remarcó Choquehuanca en Viena, dando un poco la idea de la magnitud de la tarea que se emprenderá en mayo.

Ahora, en el marco de “lo informativo”, el Vicepresidente reconoció que uno de los mayores empeños deberá ser presentar la “evidencia científica” en favor de la despenalización.

La idea base de la campaña ya viene siendo: la reparación del error histórico cometido en 1961.

Lea más: Bolivia activa gestiones para la desclasificación de la hoja de coca como estupefaciente

EXPERTOS.

Un dato no menor es que son dos las grandes instancias de estudios, análisis y debate sobre la viabilidad del pedido boliviano: la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es la entidad encargada de hacer el citado “examen crítico”, y el “Comité de Expertos en Farmacopea”.

Pero, he aquí que Bolivia no llega desprovista de argumentos en favor de excluir a la hoja de coca de la lista de estupefacientes, aunque tampoco debería tener en menos la fortaleza que tienen y pueden desarrollar quienes se oponen a la despenalización.

Hay una historia de la hoja de coca y las convenciones de la Organización de Naciones Unidas sobre drogas. En lo que sigue, se tratará de resumir esta historia, apuntando lo pertinente acerca de la evolución que tuvo la clasificación, más o menos dura, justa o injusta de la hoja sagrada. Se ofrece esta síntesis en consulta con lo escrito por el politólogo e investigador neerlandés Martin Jelsma, director del Transnational Institute, una de las entidades académicas de mayor autoridad en el tema en el mundo; y, en uno de los textos pioneros, ineludible referencia en el país: Hoja de coca: antecedentes y perspectivas para su exportación, de Patricia Chulver Benítez (coordinadora), publicado por la Fundación Acción Semilla en 2020.

El experto Jelsma remonta los orígenes de la prohibición a dos momentos, 1950 y 1952. En el primer año se publicó el Informe de la Comisión de Estudio de las Hojas de Coca; según éste, “el hábito perjudicial de masticar coca” debía frenarse en unos años; y, en 1952, el Comité de Expertos de la OMS en Drogas Toxicomanígenas concluyó en que “la masticación de la coca presenta unas características tan parecidas a la adicción (…) que debe definirse y tratarse como tal”, reseña Jelsma.

Luego, resume el politólogo neerlandés, “la coca, junto con el cannabis y el opio, se convirtió en uno de los principales objetivos de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, que incorporó restricciones especiales sobre su cultivo, dispuso que su uso tradicional se eliminara en un plazo de 25 años a partir de la entrada en vigor de la Convención y clasificó la hoja de coca en la Lista I, como una sustancia “susceptible de uso indebido”.

En relación a los 25 años que dio la Convención del 61 para extinguir la hoja de coca, no deja de ser llamativa la historia de la disposición; cuenta Jelsma: En 1961, la Convención dispuso “que la masticación de la hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención”; en 1998, al ver que esto no se cumplía, se fijó otros diez años para lograrlo; en 2009, luego de una nueva evaluación, se dispuso diez más, plazo que terminaba en 2019, pero, en marzo de ese año, la nueva declaración política de ministros dejó de lado aquello de un plazo fatal, aunque persiste el objetivo”.

La Convención de 1961, en la Lista 1, “define a la hoja de coca como una ‘sustancia adictiva y de probable uso indebido’”, recuerda Chulver. Añade que este carácter dañino de la hoja en sí misma aún era una fuerte convicción en los organismos internacionales bien entrado el siglo XXI. “La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ( JIFE) en su Informe Anual en 2007, exhortó a Bolivia a modificar su legislación para ‘abolir las actividades que sean contrarias a la Convención de 1961, como el masticado de la hoja de coca y la fabricación de mate de coca y otros productos’”.

MEDICINA.

En 1971, se suscribe el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas. La novedad aquí, señala Chulver, era que la prohibición se hacía más flexible y se abría al “uso médico de la mayoría de las sustancias”; y, algo clave, según Jelsma: que el Convenio del 71 separa el alcaloide, la droga, de la planta como materia prima, dejando fuera del control a esta última, por lo menos, en relación a ciertas sustancias. “El Convenio del 71, por lo tanto, se distancia del criterio de “fácil extracción” de la Convención del 61 que exige que las plantas y sus alcaloides extraídos deben ser tratados con el mismo nivel de control”.

Convención contra el tráfico ilícito de 1988. Aquí hay un giro importante, dice Chulver: Mientras la Convención de 1961 habla de la eliminación de usos tradicionales, culturales y ceremoniales de la coca hasta diciembre de 1989, la Convención de 1988 presenta elementos que implican un avance en cuanto al respeto de los derechos humanos en favor de los usos ancestrales. A pesar de esto, deja en claro que la norma no será menos estricta que la establecida bajo la Convención del 61”; en 2007, Naciones Unidas declara el respeto a los derechos humanos de los indígenas. Así, ahora hay un choque entre este reconocimiento de 2007 (a la práctica del acullico, por ejemplo, como derecho indígena) y la Convención de 1988.

En 1994, en su informe anual, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ( JIFE) introduce la necesidad de emprender “un análisis científico para valorar el hábito de la masticación de la hoja de coca y el consumo de mate de coca”.

En 1995 ocurrió un hecho peculiar: la OMS realizó uno de los más exhaustivos estudios sobre la cocaína, pero que nunca llegó a publicarse. “En 1995, la OMS finalizó ‘el mayor estudio mundial sobre la cocaína hasta la fecha’, que incluía un análisis del uso de la hoja de coca. El estudio concluyó que ‘el consumo de hojas de coca no parece tener efectos negativos para la salud y tiene funciones terapéuticas, sagradas y sociales positivas entre los pueblos indígenas andinos’. Al parecer, uno de los motivos por los que quedó atascado en el proceso de revisión entre pares y nunca llegó a publicarse”, reseña el hecho Jelsma.

En 2009 fracasa una propuesta boliviana de enmendar la Convención del 61. En marzo de ese año, “el Gobierno boliviano propuso enmendar la Convención Única de 1961 eliminando dos subapartados del artículo 49 que prohíben la masticación de la hoja de coca. Un grupo de países encabezado por los Estados Unidos presentó objeciones en el periodo de 12 meses contemplado por el procedimiento, con lo que la propuesta de enmienda quedó bloqueada.

En 2011, resume Chulver, Bolivia se retira de la Convención de 1961 para “re-adherirse” en 2013 con una reserva que permite la masticación, consumo y uso en su estado natural para infusión y con fines médicos y culturales; así como su cultivo, posesión y comercio en la extensión que se requiera con fines lícitos dentro de territorio nacional”. Tras una difícil votación, remarca la autora, “el procedimiento fue aceptado por la ONU y se dio pie a un importante precedente en la flexibilización de las políticas de drogas a nivel local”.

Desde 2013, en rigor, el país es el único en que el acullico es legal.

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El Gobierno busca desclasificar la coca de la lista de estupefacientes. Foto: Archivo

Posibilidad de mercados de coca bilaterales

La comunicadora e investigadora social Patricia Chulver apunta que si el país quiere exportar coca, tiene dos caminos: “la solicitud de una revisión crítica a la Organización Mundial de la Salud (OMS)” de la clasificación de la hoja en su estado natural como estupefaciente; o, “los acuerdos y tratados inter se”.

En la primera opción, como se vio, es un camino que apenas empieza, y dada la complejidad del asunto, es incierto su desenlace.

En cambio, los acuerdos inter se, entre pares, sí son posibles al amparo de la propia norma internacional, asegura. Al respecto, el politólogo especialista en la realidad de las drogas en el mundo, Martin Jelsma, recuerda que “La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 dicta en su Artículo 41 que ‘Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas’”.

Precisamente, la experiencia que se va acumulando con el comercio legal del cannabis, va abriendo camino, afirma Chulver: “La factibilidad de aplicar este mecanismo está en fase de exploración en el tema del cannabis entre países interesados en justificar bajo los tratados internacionales un mercado legalmente regulado y la posibilidad de abrir comercio en productos de cannabis entre ellos. De la misma manera, para legitimar el comercio internacional de coca, una posible solución podría encontrarse en un acuerdo inter se entre Bolivia y los países interesados en importar hoja de coca boliviana, ahora producida de forma lícita”, destaca Chulver.

La hoja de coca para su exportación presenta una potencialidad expectable para “su uso en licores, bebidas energizantes, suplementos alimenticios, productos fitoterapéuticos y estimulantes suaves”, destaca la comunicadora.

Hubo o hay expectativa cierta de comercio de hoja de coca, señala, con Ecuador, Argentina, Irán, España y Holanda.

Colombia, de la mata que mata a la planta de la paz

Una de las mayores novedades en la reunión 2023 de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, sin duda fue la diferente presencia de la representación colombiana, que ahora se sumó plenamente a la reivindicación de la hoja sagrada. En el panel “Hoja de coca y control de drogas de la ONU: reparando un error histórico”, el ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, Néstor Osuna Patiño, auguró que de la conocida “mata que mata” (como se conoce a la coca) se pasará a la planta que sirve a la paz.

Colombia apoya la iniciativa boliviana de emprender una campaña de despenalización de la hoja de coca por sus propias razones, apuntó. Y es que el nuevo enfoque de revalorización de la coca y su economía lícita se complementa de lleno con la política de pacificación del país del presidente Gustavo Petro.

“Colombia respalda esta iniciativa, porque hablar de una nueva política de drogas en el contexto de la paz total significa una aproximación distinta a la hoja de coca, pasando de un modelo, en el que se la concebía como ‘la mata que mata’ a un paradigma en que se convierte en una planta al servicio de la paz”.

“En la nueva política de drogas orientada al cuidado de la vida, contemplamos la regulación justa y responsable y sus usos lícitos, como una prioridad. Para ello, estamos trabajando en los cambios normativos que faciliten los usos en el campo medicinal, nutracéuticos, industrial, entre otros”, remarcó el ministro colombiano.

Osuna Patiño afirmó que su país celebra la “posición valiente y el liderazgo de Bolivia por poner presente ante el mundo el valor de los usos de la hoja de coca, y especialmente por su iniciativa de emprender una campaña para la desclasificación de la hoja de coca de la lista de sustancias de la Convención de Estupefacientes de 1961”.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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El mayor desacuerdo sigue siendo quién califica a postulantes

Hay tres propuestas de reglamento para seleccionar a candidatos a las judiciales.

El presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Juan José Jáuregui.

/ 16 de marzo de 2023 / 06:25

El mayor desacuerdo que hay en la Asamblea entre las tres propuestas de reglamentos de selección de los candidatos a las judiciales, sigue siendo quién debe calificar a los postulantes a las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.

En la Comisión Mixta de Justicia Plural, presidida por la senadora Patricia Arce (MAS), se habían presentado tres propuestas de reglamento; una del Movimiento Al Socialismo (MAS), y dos de Comunidad Ciudadana (CC). Además de una presentada por el diputado Carlos Alarcón a nombre de la alianza. Otra ingresada por la senadora Silvia Salame (también de CC), a nombre personal.

El MAS restituye a plenitud el rol central que la Constitución le da a la Asamblea Legislativa Plurinacional de convocar, calificar y seleccionar a los postulantes a los más altos jueces del país.

Se trata de un giro, pues, en el reglamento para las elecciones judiciales de 2017. Tuvo especial protagonismo la universidad pública, que elaboró las más de 700 preguntas para el decisivo examen escrito en las cuatro instancias de competencia; el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura.

Selección

En la propuesta de reglamento del MAS, la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral seleccionará a los candidatos a los tribunales Constitucional y Supremo de Justicia.

Mientras que la de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado se encargará de elegir a los candidatos al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura.

En la propuesta de la senadora Salame, se crea una suerte de asistencia técnica especializada conformada por 16 “profesionales abogados” provenientes del Sistema Universitario Nacional. Se mantiene la conducción del proceso en los diputados y senadores de las comisiones mixtas,

Específicamente docentes universitarios, ocho propuestos por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), en representación de la universidad pública, y ocho enviados por la Asociación Nacional de Universidades Privadas. Son estos “asesores técnicos” que en la práctica dirigirían la calificación de los postulantes.

En una posición más radical al respecto se encuentra la propuesta de Comunidad Ciudadana, que directamente plantea la creación de un Comité Técnico de Calificación y Evaluación Meritocrática, “instancia competente” (artículo 4 del proyecto) que está en el mismo nivel que las dos comisiones legislativas mixtas de Constitución y Justicia Plural.

COMITÉ.

Este comité está compuesto (artículo 9) por “11 notables”; un miembro designado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB); tres representantes designados por el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab); tres representantes designados por los decanos de las Facultades de Derecho del Sistema de Universidades Públicas, “mediante el voto de dos tercios de sus integrantes”; un miembro designado por los presidentes de los nueve comités cívicos departamentales, “mediante el voto de dos tercios de sus integrantes”; dos “representantes de la institucionalidad de la justicia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (un representante de las tierras altas y otro de las tierras bajas), reconocidos por el Estado Plurinacional de Bolivia, designados en el marco de sus usos y costumbres”; y, dos representantes de la Asociación Nacional de la Prensa.

También puede leer: Juristas ‘independientes’ dicen que, si en abril suman las firmas requeridas, se anula la selección de candidatos a judiciales

Este comité prácticamente es autónomo, pues define la “metodología, evaluación y puntuación mínima de aprobación” de los postulantes (artículo 10) .

Así, las comisiones legislativas mixtas solo se dedicarán a revisar la documentación de los postulantes, resolver las impugnaciones, y remitir la lista de los postulantes al Comité de Méritos.

LEGISLATIVO. Comisión de Constitución, parte de los seleccionadores. Foto. Camara de diputados

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OMS apoyará futuro ‘examen crítico’ sobre la clasificación de la coca

Propuesta de Bolivia generó expectativa, según el Gobierno.

La delegación boliviana se reunió con los representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

/ 15 de marzo de 2023 / 06:18

La Organización Mundial de la Salud (OMS) apoyará en apurar el llamado “examen crítico” de la actual clasificación de la hoja de coca como estupefaciente, confirmó desde Austria el secretario de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde.

“La Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que va a esperar la notificación formal del Secretario General de las Naciones Unidas (del pedido de Bolivia del ‘examen crítico’) e inmediatamente va a actuar y va a interponer todas las acciones necesarias para que se inicie el proceso”, señaló Alurralde.

Ayer, el vicepresidente David Choquehuanca sostuvo una reunión con representantes de la OMS, quienes, al concluir la misma —informó Alurralde— reconocieron que “efectivamente Bolivia tiene el derecho de pedir el examen crítico” de la actual clasificación de la hoja de coca, “al igual que otros países que se sumen a esta iniciativa”.

La reunión con la OMS tuvo lugar en medio del 66 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que tiene lugar en Viena entre el 13 y 17 de marzo.

La “mesa de trabajo” que se tuvo ayer con la OMS fue un “paso importante para los bolivianos”, destacó Alurralde, pues es este organismo el encargado de efectuar la citada “revisión crítica”.

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El Gobierno busca desclasificar la coca de la lista de estupefacientes. Foto: Archivo

INFORMACIÓN.

La OMS generará “toda la información técnica, científica, también en la dimensión de lo que es la medicina tradicional y los derechos de los pueblos indígenas para efectuar esta valoración”, ilustró Alurralde, sobre el gravitante papel del organismo internacional en la campaña boliviana por la despenalización de la hoja de coca.

Hay que recordar que a la fecha, desde 1961 (62 años), la hoja de coca es considerada un estupefaciente, y se encuentra consignada en la Lista 1 de la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas.

En 1961, se dispuso “que la masticación de la hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención”; en 1998, al ver que esto no se cumplía, se fijó otros 10 años para lograrlo; en 2009, luego de una nueva evaluación, se dispuso 10 más, plazo que terminaba en 2019.

También puede leer: Bolivia demanda su derecho a industrializar y comercializar la coca en su estado natural

En marzo de ese año, una nueva declaración política de ministros dejó de lado aquello de un plazo fatal, aunque persiste el objetivo, resumía esta controversial historia el politólogo neerlandés Martin Jelsma, una de las mayores autoridades en políticas internacionales con respecto a las drogas, en una entrevista con el suplemento Animal Político de LA RAZÓN, en septiembre de 2019.

EXPECTATIVA.

Por otra parte, ayer, en Viena, Alurralde destacó la gran “expectativa” que habría generado el anuncio del Vicepresidente boliviano respecto a exigir una “revisión crítica de la clasificación actual de la hoja de coca en la Lista 1, de la Comisión de Estupefacientes de 1961”.

Es un avance diplomático el logrado en la reunión internacional, insistió el secretario general de la Vicepresidencia. “Se está empezando a compartir con la comunidad internacional está iniciativa que pretende reparar una injusticia histórica que se produjo en 1961”.

Alurralde informó además de en la reunión que Choquehuanca tuvo con representantes de Francia, país que “está apoyando muchas acciones en desarrollo alternativo; y en el tema del examen crítico, han mencionado que van a estudiar con mucho interés la propuesta de Bolivia. También van a interponer sus buenos oficios al ser miembros de la comisión de estupefacientes, hasta el 2025”, detalló.

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